La Prensa.
Hubo dos instancias de diálogo: el Gobierno con los prefectos y con los legisladores de oposición. La población estaba cansada de la conflictividad en Bolivia, revela la encuesta del PNUD. El estudio revela que gran parte de la población estaba preparada para que se logren acuerdos.
Seis de cada 10 bolivianos y bolivianas están de acuerdo con las modificaciones hechas por el Parlamento al proyecto de nueva Constitución Política del Estado (CPE), según revela una encuesta realizada por Equipos Mori por encargo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en las nueve ciudades capitales del país y El Alto.
El estudio señala que el 56 por ciento de los consultados está de acuerdo con los cambios realizados al proyecto aprobado por la Asamblea Constituyente el 9 de diciembre de 2007 en Oruro.
Las modificaciones al texto original entregado por la presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, al mandatario Evo Morales, el 14 de diciembre de 2007, se efectuaron en dos momentos.
En el diálogo Gobierno-prefectos en septiembre en Cochabamba se modificó el capítulo de Autonomías, rediseñando la estructura del Estado en cinco regímenes de gobierno: nacional, departamental, municipal, regional e indígena.
Los cambios finales se hicieron en la negociación entre representantes de partidos políticos en el Congreso, donde se modificaron alrededor de 150 artículos del proyecto constitucional. El documento reformado fue aprobado la madrugada del 21 de octubre y promulgado por el Jefe de Estado por la tarde.
En los encuentros, el bloque de la llamada “media luna” cedió en las competencias de los estatutos autonómicos y, por otro lado, similar situación ocurrió en la población del occidente del país con relación al proyecto de nueva Constitución Política del Estado. Las divergencias regionales se fueron relativizando a medida que el conflicto aumentaba.
Según la encuesta del PNUD, la convocatoria a referendos dirimidor y aprobatorio es apoyada por el 66 por ciento de los consultados en las nueve capitales y El Alto.
Sin embargo, en las ciudades capitales de la llamada “media luna” la aprobación de las modificaciones al proyecto de nueva Carta Magna y de la convocatoria a la consulta del 25 de enero de 2009 está dividida.
En Trinidad, un 54 por ciento de los encuestados aprueba ambos procesos; en Cobija, 59 por ciento; mientras que en Santa Cruz y Tarija sólo lo hace el 33 y 36 por ciento, respectivamente, que son las más bajas.
En el resto de las ciudades los resultados son los siguientes: Cochabamba, 55 por ciento; La Paz, 70 por ciento; El Alto, 85 por ciento; Oruro, 59 por ciento, y Potosí, 65 por ciento.
La aprobación de los bolivianos a la convocatoria a un referéndum para aprobar o rechazar el proyecto de Constitución es elevada. Dos tercios de los ciudadanos consultados (66 por ciento) dicen aprobar la convocatoria al referéndum y sólo un 26 por ciento desaprueba la convocatoria.
De hecho, en ambos casos las calificaciones más altas se encuentran en las urbes de La Paz y El Alto, cuyos pobladores vivieron en “carne propia” las jornadas previas a la promulgación de la Ley de Convocatoria a Referéndum Constitucional. Ambas ciudades recibieron la marcha de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) el 20 de octubre, un día antes de la aprobación de las consultas.
En Oruro y Potosí, dos de los bastiones del Movimiento Al Socialismo (MAS), la aprobación de las modificaciones no alcanza los niveles de La Paz y El Alto pese a ser ciudades donde el presidente Evo Morales fue ratificado con amplia votación en el referéndum revocatorio del 10 de agosto.
Para el PNUD, los resultados de la encuesta evidencian una corriente de la opinión pública, en todas las regiones, mayoritariamente favorable a la convocatoria de un referéndum constituyente.
Incluso los datos indican que la demanda masiva de los bolivianos por el diálogo y la pacificación no es necesariamente incompatible con la existencia de una pluralidad de visiones diferentes sobre lo que es Bolivia y sus problemas.
Durante los meses previos a la instalación del diálogo, los actores políticos de la “media luna” se mostraron reacios a modificar los estatutos autonómicos aprobados en referendos en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.
Los prefectos y la dirigencia cívica exigían que se respeten sus textos autonómicos (fundamentalmente las competencias exclusivas) argumentando que éstos habían sido aprobados en consultas.
En tanto, el Gobierno y los movimientos sociales afines al MAS cerraron filas en torno al proyecto de nueva Carta Magna.
Según el organismo de la ONU, el pedido de reanudar el diálogo y negociar hasta lograr un acuerdo aparecía muy asociado a un cansancio de la población de la situación de alta conflictividad que estaba viviendo el país desde mediados de 2007.
En las conclusiones de la encuesta se lee que “la permanente tensión era el reflejo de que ni el Gobierno ni los prefectos, por sí solos, podían consolidar sus respectivos proyectos (nueva Constitución y estatutos)”.
También indica que gran parte la población boliviana, de todas las regiones, ya estaba preparada para el acuerdo incluso antes de que los actores políticos encararan este complejo proceso.
La predisposición de oriente y de occidente a modificar los textos, constitucional y autonómicos, aumentó notablemente entre enero y agosto de este año (ver gráfico).
En las capitales del oriente del país la predisposición a modificar los estatutos autonómicos subió del 57 al 65 por ciento. Además, estas urbes en agosto se mostraban plenamente favorables a cambiar lo necesario del proyecto de CPE para arribar a un acuerdo con los prefectos. En el occidente, menos de la mitad de los encuestados estaba de acuerdo con modificar el proyecto de nueva Carta Magna en enero, pero en agosto la situación dio un vuelco.
La conflictividad aumentó en época democrática
Contrariamente a lo que podría suponerse, la ola de democratización en los países de América Latina iniciada en la década del 80 no redujo la conflictividad de éstos. La ampliación y el respeto de los derechos políticos y constitucionales trajeron consigo mayores espacios para la participación y diversas formas de manifestación social, siendo el sufragio sólo una de ellas.
Bolivia es un país con alta intensidad de conflictos políticos y sociales, y esto no es sólo un rasgo de los últimos años. Una estadística histórica de los eventos conflictivos, realizada por la institución cochabambina Ceres a pedido de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), evidencia que en los últimos 38 años se ha generado un promedio de 28 conflictos nuevos por mes, lo que equivale a cerca de 336 conflictos por año. Esto significaría que el Estado en todos sus niveles estaría gestionando, aproximadamente, un nuevo conflicto cada día desde hace cuatro décadas.
Desde el inicio de la democracia, el promedio “normal” de conflictividad en Bolivia pasó de 20 —durante las dictaduras— a 32 conflictos nuevos por mes. Esta conflictividad recurrente en las democracias no necesariamente indica que una gestión fue más o menos caótica o si fue más o menos democrática o si fue más o menos popular.
A partir de estos datos se puede pensar que el ciudadano boliviano está relativamente acostumbrado a situaciones de conflictividad intensa y de alta incertidumbre. Sin embargo, en ciertas coyunturas aparecen con mucha fuerza corrientes de opinión pública que demandan a los actores políticos la pacificación del país. Algo de esto sucedió en septiembre y octubre del presente año, cuando una gran mayoría de los bolivianos esperaba de los liderazgos políticos acciones enérgicas a favor de la pacificación del país.
Es posible atribuir esta característica a la persistencia en Bolivia de graves problemas de inequidad y de exclusión social, y a la debilidad histórica de las instituciones estatales. Frente a los ciudadanos de otros países de la región, es evidente que los bolivianos tienen una mayor propensión a participar activamente en las decisiones políticas o sociales que les conciernen. Más aún, es particularmente fuerte su involucramiento en movilizaciones activas, manifestaciones callejeras o acciones de hecho (como bloqueos o huelgas).
En promedio, la gestión del presidente Evo Morales tuvo que afrontar 39 nuevos conflictos por mes, con un rango que va desde 16 hasta más de 60 acontecimientos por mes. Los picos de conflicto de esta gestión se han concentrado en momentos o sucesos relacionados con el proceso constituyente o las demandas autonómicas (octubre-noviembre de 2006, abril-mayo de 2007, octubre-noviembre de 2007 y febrero-septiembre de 2008) como los enfrentamientos de La Calancha (Sucre) que dejaron tres personas fallecidas y más de 100 heridas, la “guerra del estaño” en Huanuni (Oruro) que se cobró 13 víctimas y la toma de instituciones.
Pero la generación de nuevos conflictos por mes es sólo un lado de la medalla —explica la encuesta— que la manera como la gente evalúa la coyuntura, el otro lado está dado por la percepción que se tiene sobre la cantidad e intensidad de los conflictos. Y es que no siempre hay correlación entre el número real de conflictos y la percepción pública de éstos: muchas veces la gente tiende a responder ante la pregunta sobre la cantidad de conflictos sociales existente en el país, tomando como referencia el grado de tensionamiento político-social del momento, lo que no necesariamente tiene que ver directamente con el número de conflictos que se generaron en esta última coyuntura.
Acuerdos
La encuesta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indica que los ciudadanos apuestan por las salidas concertadas a los problemas del país, por eso un 97 por ciento de los consultados dijeron estar “muy de acuerdo o de acuerdo” con la frase “es importante que los bolivianos apoyemos la reanudación del diálogo” en septiembre de 2008.
De hecho, entre diciembre de 2007 y septiembre-octubre de 2008, el porcentaje de personas que apoyaban posiciones extremas sobre el proceso constituyente y autonómico disminuyó significativamente, ganando espacio las opciones conciliatorias.
Mientras que en enero de 2008 menos de la mitad de los consultados (46 por ciento) opinaban que el Gobierno nacional debía introducir “todas las observaciones necesarias al proyecto de Constitución para llegar a un acuerdo con los prefectos”, en agosto seis de cada diez ciudadanos apoyaban esta opción (58 por ciento).
Algo muy parecido pasaba con relación a los estatutos autonómicos: mientras en enero de este año la mitad de los bolivianos opinaban que éstos debían “modificarse todo lo necesario para llegar a un acuerdo con el Gobierno” (50 por ciento), ese porcentaje aumentó en agosto en casi 20 por ciento y recientemente, hasta el 69 por ciento.
Opiniones
“Me parece que se ha cumplido el objetivo de pacificar al país y de reencauzar la agenda política. La necesidad de los cambios mediante el diálogo, en democracia y en unidad, era lo que la población exigía y fue lo que el Parlamento cumplió. El resultado de estas encuestas es fiel a la magnitud del trabajo realizado. No significa que la población vaya a votar mayoritariamente a favor del nuevo texto. Las encuestas reflejan lo que buscaba la población, resolver la confrontación por la vía del diálogo y conservando la unidad del país”.
Alejandro Colanzi
Diputado de UN
“La ciudadanía en ese momento vivía muy preocupada por la violencia reinante en el país. El diálogo, sin duda, sirvió para que la gente sienta una especie de alivio, el peligro es que ese alivio se torne en preocupación nuevamente. Nosotros ya no nos encontramos satisfechos, puesto que el Gobierno incumplió los compromisos del diálogo. Si volvemos a medir, seguramente la aprobación de la convocatoria al referéndum no obtendría un margen tan amplio a su favor. Algo positivo puede volverse en algo negativo para el futuro”.
Mario Justiniano
Diputado del MNR
“Los acuerdos en el Congreso le han dado una gran tranquilidad al país. Los pactos han recogido las aspiraciones, inquietudes de gran parte de la población, tal vez no de algunos grupos de dirigentes, pero sí de las mayorías. El acuerdo genera un clima de paz que favorece a todos para que trabajemos hacia adelante. La encuesta refleja el mayoritario acuerdo de todos los bolivianos respecto del proyecto de nueva Constitución. Esperemos que siga ese ejemplo de conducta entre los políticos”.
Luis Revilla
Presidente del Concejo Municipal de La Paz – MSM
Ficha técnica de la encuesta
La encuesta sobre la valoración del acuerdo nacional fue realizada entre el 27 de octubre y el 5 de noviembre de 2008 en nueve ciudades capitales y en El Alto a una muestra de 2.310 personas (hombres y mujeres) mayores de 18 años.
Los resultados totales de la encuesta tienen un margen de error de +/- 2,03 por ciento. La encuesta fue realizada por la empresa Equipos Mori por encargo del PNUD/PAPEP.
Los datos citados de encuestas de fechas anteriores tienen un diseño muestral y una cobertura parecidos.
Conflictos
En promedio, la gestión del presidente Evo Morales tuvo que afrontar 39 nuevos conflictos por mes, con un rango que va desde 16 hasta más de 60 por mes. Los picos de conflicto de esta gestión se han concentrado en momentos o sucesos relacionados con el proceso constituyente o las demandas autonómicas planteadas por Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.