Hacia la nueva ley de pensiones

Sólo queda esperar que los augurios pesimistas no se cumplan. pues dada la pasividad con que la sociedad avala los cambios, nadie tendrá derecho a reclamar

Los Tiempos

Editorial



Después de casi un año de arduas negociaciones entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana, en una sesión que por la oportunidad en que fue realizada puede ser calificada como poco menos que clandestina, la Cámara de Diputados aprobó, el domingo, el proyecto de la nueva Ley de Pensiones que, si es sancionada por el Senado, regirá el futuro de los jubilados de nuestro país a partir del próximo año.

El tema merece ser comentado desde una doble perspectiva: la de la forma y la del fondo. Lo primero, porque llama la atención que siendo una de las cuestiones que más hondas consecuencias traerá sobre el futuro de todos los bolivianos, pues lo que está en juego es la seguridad de los últimos años de nuestras vidas, ha sido muy poca la participación ciudadana en los debates previos. Sólo el gobierno y la Central Obrera Boliviana negociaron durante casi un año el contenido de la nueva ley, pero el resto de la ciudadanía se mantuvo ausente. Asimismo, sólo algunos expertos se pronunciaron, pero sus opiniones no tuvieron impacto en el resultado final.

No menos llamativo es el hecho de que la sesión en que se aprobó tan importante cambio se haya realizado en un domingo, en vísperas de las fiestas de fin de año, a horas de cerrarse la labor legislativa y sin que hayan participado, ni siquiera para dejar testimonio de sus opiniones, los parlamentarios de la oposición. Quienes no están de acuerdo con las modificaciones, que sin duda son amplios sectores de la sociedad, no tuvieron quién los represente.

En lo que al fondo del asunto se refiere, todo parece indicar que la nueva ley pone en serio riesgo el futuro de quienes hasta ahora hicieron sus aportes a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones. El documento aprobado propone sustituir el sistema en actual vigencia por uno mixto; elimina a las actuales AFP, reduce la edad de jubilación a 60 años, abre un régimen especial de jubilación para el sector minero, endurece las penas corporales para los empleadores que no depositen los aportes de los trabajadores y crea la Gestora de Seguridad Social de Largo Plazo Pública, entre otras determinaciones cuya viabilidad, dada la experiencia que al respecto se tiene, resulta cuestionable.

Entendidos en la materia han advertido que las modificaciones que se quiere imponer pueden tener consecuencias funestas para los futuros jubilados del país. Está en duda la posibilidad de que el nuevo sistema sea sustentable, y se teme que, más pronto que tarde, el Estado termine echando mano de los aportes privados. Y aunque cabe esperar que esos augurios no se cumplan, dada la pasividad con que la sociedad avala los cambios, nadie tendrá derecho a reclamar si un día se diera el caso.