La justicia en Irán y Bolivia

Editorial de Los Tiempos.

El caso iraní, en lo que a la justicia se refiere, no es muy diferente al boliviano, también atrapado entre la “justicia comunitaria” o las prácticas y procedimientos jurisdiccionales modernos

Desde que al inicio de la actual gestión gubernamental se adoptó como uno de los fundamentos de la política exterior de nuestro país el acercamiento hacia otros como Irán, con el que nunca antes habíamos tenido vínculos de ninguna naturaleza, han sido muchos los intentos hechos en el afán de buscar justificaciones para tan inusitado giro.



¿Qué es lo que une a ambos países? ¿Qué intereses son compartidos? Ya que no es la historia, ni una cultura común, ni intereses derivados de la complementariedad económica, sólo quedó claro que los vínculos de “hermandad” entre los respectivos gobiernos se explican por ciertas coincidencias de carácter ideológico y de objetivos políticos comunes.

Entre ellos, hay sin duda uno que se destaca. Es los dos regímenes, el islámico de Irán encabezado por Mahmoud Ahmadinejad y el de Evo Morales, comparten una profunda aversión por los valores básicos de la cultura occidental y de la modernidad en general. En efecto, ambos consideran que la mejor manera de encarar el futuro consiste en dar la espalda a todo lo que pueda asociarse con la “modernidad occidental” y revalorar todo lo relativo a las prácticas ancestrales de sus respectivos pueblos.

Es tan honda esa coincidencia, que no resulta por eso casual que durante los últimos días Irán y Bolivia compartan titulares de la prensa internacional alrededor de un tema similar: el conflicto entre los valores, principios y prácticas correspondientes a procedimientos premodernos de administrar justicia, y los que son propios de sistemas judiciales modernos.

En el caso de Irán, el tema se manifiesta a través del conflicto entre la figura islámica de qisas (ley del talión o pena del talión), que da a la víctima de un hecho delictivo, o a sus herederos, el derecho de vengarse con un castigo equivalente al delito. Durante estos días, la polémica alcanzó su apogeo a raíz de que al menos 150 jóvenes están a punto de ser ejecutados por delitos que cometieron cuando aún no habían cumplido los 18 años. Otro de los condenados deberá ser enceguecido mediante ácido vertido en sus ojos.

La posibilidad de que esas penas se apliquen está respaldada en que según la justicia tradicional, revalorizada por los fanáticos islamistas, las familias afectadas tienen derecho a la venganza, y el sistema judicial estatal no puede interferir. Próximamente, el Estado iraní deberá decidir si opta por sus tradiciones, o por adherirse a los valores universales de la justicia moderna.

Como se ve, no es muy diferente al caso boliviano también atrapado, como Irán, entre la “justicia comunitaria” tal como la entienden sus ejecutores, o las prácticas y procedimientos contemporáneos de administración de justicia