La manera como está siendo administrada la principal riqueza de nuestro país ya no deja lugar a ningún tipo de dudas
Editorial Los Tiempos.
Si hay algo en lo que los más serios analistas económicos del país han coincidido de manera unánime durante los últimos tres años, es en cuestionar severamente la política hidrocarburífera del gobierno del MAS. Ya el 1º de mayo de 2006, cuando se promulgó el Decreto Supremo 28701 mediante el que se “nacionalizó” el sector, se advirtió sobre lo funestas que serían sus consecuencias para la principal base económica de nuestro país.
No está demás recordar a estas alturas, y a la luz de los resultados obtenidos, que este caso fue uno de los muchos en los que los parlamentarios opositores se aplazaron de manera vergonzosa. Ninguno de ellos cuestionó tan deplorable medida y, por el contrario, se sumaron al coro de elogios y la aplaudieron con la esperanza de que les llegue algo del entusiasmo popular con que la malhadada “nacionalización” fue recibida.
De nada sirvieron las críticas de quienes saben del asunto. YPFB fue reorganizada y puesta en manos de gente incapaz e inescrupulosa y los primeros resultados no tardaron en manifestarse. La falta de transparencia con que se administró la empresa desde el primer día ya anunciaba que la corrupción sería la principal de sus características y no pasó mucho tiempo antes de que las sospechas sean confirmadas por los primeros desfalcos.
La reacción gubernamental ante cada uno de los casos de corrupción que salieron a la luz, que sin duda no son todos los que se produjeron, fue siempre la misma. Todos sus esfuerzos se dirigieron a socapar a los autores. Muchos de ellos fueron removidos de sus cargos pero no para ser sometidos a las correspondientes investigaciones, sino para ser premiados con importantes cargos en el exterior. Se puso así en evidencia que la tan anunciada lucha contra la corrupción estaba lejos de estar entre las prioridades gubernamentales.
Los resultados prácticos de tal estado de cosas ya son evidentes. Pero, además de eso, quedó claro que la tendencia central del proceso “nacionalizador” sería la conformación de poderosas mafias dedicadas a apropiarse de los cuantiosos recursos económicos puestos a su disposición.
Era eso tan evidente, que en este espacio decíamos hace ya algunos meses que “no cabe esperar otra cosa que el descalabro total. Los resultados hasta ahora obtenidos son de por sí alarmantes, pero lo son mucho más las perspectivas futuras pues al paso actual, fácil es prever lo que le espera no sólo a YPFB, sino a todo el país”.
El escándalo desencadenado durante los últimos días, una vez más, confirma las más pesimistas previsiones. La manera como está siendo administrada la principal riqueza de Bolivia ya no deja lugar a ningún tipo de dudas. Estamos sólo ante las primeras muestras de lo que será el “nuevo Estado” en construcción.