Decretos que violan la nueva CPE

image Editorial La Razón.

El mecanismo del decreto no es la vía más democrática…Después del difícil camino recorrido para aprobar la CPE, el Gobierno debería concentrarse en hacerla respetar y no ser el primero en quebrantarla con decisiones aparentemente asumidas a la medida de sus conveniencias.

La Constitución Política del Estado (CPE) es la Ley de Leyes, lo que significa que está por encima de toda otra norma que la contradiga. En ese sentido, es absolutamente atendible la amonestación del ministro de Gobierno, Alfredo Rada, cuando advirtió con iniciar procesos legales contra quienes incumplan el texto constitucional. La Carta Magna ha sido votada favorablemente por la mayoría de los ciudadanos bolivianos y eso la hace válida en todo el territorio de la república.



Este comentario llega a propósito del respeto que debe imperar en el país hacia la nueva CPE, comenzando por el Poder Ejecutivo, que la ha impulsado con fervor. El Sí al proyecto constitucional ha obtenido un amplio respaldo en la consulta popular del 25 de enero; esa respuesta de la población se interpreta, ante todo, como un Sí a la democracia y debe plasmarse en la realidad con la aplicación del contenido de la Carta Magna.

Nadie tiene derecho a arrogarse la potestad de atentar contra la voluntad de los bolivianos. Y el Gobierno, como es su obligación, tiene que dar el ejemplo en ese sentido ciñéndose a la norma sin violentarla, sin caer en interpretaciones erróneas, sin pretender que la máxima norma legal sea de su propiedad sólo por el hecho de que ha promovido su aprobación.

Pero, ¿qué está haciendo el presidente Evo Morales? Lo que tanto se ha criticado de anteriores administraciones: gobernar por decreto, como si no hubiera una CPE en la cual basar su accionar. La particularidad del decreto supremo es que pasa por alto la norma suprema de la nación. En rigor, el primer interesado en acatar y respetar una CPE debería ser el Estado, representado por el Gobierno actualmente presidido por Morales.

Con la reorganización del ahora denominado Órgano Ejecutivo, ampliando el número de carteras ministeriales por decreto, se ha vulnerado el artículo 175 de la nueva CPE, que determina que “las atribuciones de los ministros y ministras de Estado se establecerían a través de la ley”. El Gobierno, así, no esperó ni 24 horas para violar el texto constitucional que se esforzó en defender por todo el país.

¿Cómo se puede entender que, después de haber obtenido un apoyo importante —aunque no haya sido del 80 ó 90% esperados por el oficialismo—, se decida gobernar por la vía del decreto y no de la mano de la CPE? Sólo se podría explicar en caso de que se quisieran imponer políticas no concertadas.

El presidente Morales ha optado por el decreto, también, para poner en marcha el voto de los bolivianos en el exterior, que, sin aval congresal, podrían sufragar en el referéndum autonómico del 12 de julio, en las elecciones generales del 6 de diciembre y en los comicios del 4 de abril del 2010 para renovar autoridades departamentales y municipales.

Con este panorama, el analista Jorge Lazarte señaló la vulneración del principio de la legalidad por parte del Gobierno y advirtió que “esto derivará en un conflicto social”.

El mecanismo del decreto, como alternativa a la ley, no es la vía más democrática y mucho menos aconsejable en cualquier coyuntura del país. Después del difícil camino que se ha recorrido para aprobar la CPE, el Gobierno debería concentrarse en hacerla respetar y no ser el primero en quebrantarla con decisiones aparentemente asumidas a la medida de sus conveniencias.