Los encapuchados vuelven a Pando y raptan a opositores

Dicen que Quintana es el artífice. Arremetida en Pando aleja más al Gobierno de los autonomistas. La oposición cree que fue una venganza. Iglesia Católica y la ONU critican uso de la violencia.

imageEN LA PAZ • Uno de los siete autonomistas traídos desde Pando ingresa a la Fiscalía. Fue detenido en short.

La Razón



Actuaron por instrucción de la Comisión de Fiscales que investiga los enfrentamientos de Porvenir. Realizaron las capturas entre las 3.00 y 5.30 y en medio de disparos, según testigos. El Gobierno asegura que desconocía el operativo.

Un irregular operativo de seguridad conmocionó nuevamente a Pando. Entre las 3.00 y 5.30 de ayer, un número indeterminado de hombres encapuchados y armados, según varios testigos, capturó a 15 ciudadanos en las poblaciones de Porvenir y Cobija, siete de los cuales fueron trasladados a La Paz y posteriormente interrogados por su presunta participación en los hechos violentos del 11 de septiembre del 2008.

Tal como ocurrió la segunda quincena de septiembre de ese año, cuando decenas de autonomistas fueron capturados por personas con los rostros encubiertos y luego confinados tras que se dictara el estado de sitio en Pando, la madrugada de este miércoles los encapuchados vestidos con uniformes camuflados reaparecieron en esa región y secuestraron a 15 ciudadanos, ocho de los cuales fueron liberados en el trayecto, entre ellos al menos un menor de edad de 15 años.

A las 6.30, los informativos de radio y televisión abrieron sus ediciones con esta noticia, pero en la noche, luego de que los detenidos prestaran sus declaraciones en La Paz, Eduardo Morales, uno de los fiscales que atiende el caso y que participó en los operativos, aseguró que éstos “comenzaron a las siete de la mañana”. Cuando los periodistas le hicieron notar que esto era imposible, insistió: “Fue a las 7.00”.

Durante la mañana, desde Cobija, el senador de Podemos Paulo Bravo dijo que, luego de enterarse de los secuestros, permaneció en las puertas del aeropuerto de Cobija desde las seis hasta las ocho de la mañana, junto a decenas de personas. El Código de Procedimiento Penal establece que las aprehensiones se podrán realizar sólo entre las 7.00 y 19.00.

A las 6.35 Pablo Ventura, hermano de Edwin Ventura Börth, alcalde de Porvenir y uno de los detenidos, conversó con la red PAT y contó que “la violencia fue como cuando el estado de sitio. Derrumbaron puertas un grupo de 50 efectivos que rodearon las casas. Esto ha sucedido como a las tres y tres y media de la mañana y llegaron a la casa de mi hermano a las cuatro”.

Dijo además que “nos han gasificado y nos han hecho disparos a quemarropa”.

Además de Ventura fueron detenidos los concejales Willma Benegas Becerra, Germán Justiniano Negrete y Wilson Da Silva Ramallo, éste último incluido en la lista de muertos del informe que elaboró la Unión Suramericana de Naciones.

Junto a ellos fueron detenidos el oficial mayor de la Alcaldía de Porvenir, Roberto Rea Ruiz, y los periodistas Marcial Peña Tomia y Hugo Mopi Soliz.

La esposa de éste último, Helen Franco, contó que “llegaron encapuchados, patearon la puerta e incluso le apuntaron con un arma a un niño de cuatro años”. Al igual que Ventura, aseguró que los uniformados eran militares y que actuaron sin orden de aprehensión.

En la noche, después de las declaraciones de los detenidos y antes de que éstos fueran conducidos a celdas de la Policía, los periodistas preguntaron al fiscal Morales dónde estaban las órdenes de aprehensión y la autoridad explicó que éstas “se quedaron (en Cobija) con los investigadores”.

El abogado defensor de los detenidos, Freddy Castelú, denunció que en este caso “se ha actuado sin un mandamiento de aprehensión del juez cautelar”, pero además sin haber emitido notificaciones previas para que los acusados se presenten a declarar, al menos en dos casos.

Explicó que en los otros cinco, los acusados enviaron un memorial solicitando a los fiscales que se les postergue la fecha para sus declaraciones, “pero nunca recibieron respuesta”. Por ello, denunció que “en este caso se actuó al margen de la ley”.

Según informaron los testigos del hecho en Pando, los uniformados capturaron a 15 personas en Porvenir y Cobija, pero al final liberaron a ocho de ellas, entre las que se encontraba el hijo de la concejal Benegas, según Pablo Ventura. Cuando Morales fue consultado por qué se detuvo a menores de edad, molesto, evitó responder la consulta.

Los siete detenidos, según el fiscal Morales, son sospechosos de haber participado en la llamada masacre de Porvenir y hoy se definirá si son imputados, luego de evaluar sus declaraciones.

“La violencia fue como cuando el estado de sitio. Derrumbaron puertas un grupo de 50 efectivos”

Pablo Ventura, vecino de El Porvenir.

Dicen que Quintana es el artífice

COBIJA • Un parlamentario anuncia que presentará una demanda.

El senador pandino de Podemos, Paulo Bravo, sostuvo que presentará una demanda judicial contra los autores de la “captura ilegal” de siete ciudadanos de su región el día de ayer, entre los que identificó como principal responsable al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

El presidente del Senado, Óscar Ortiz, coincidió en que detrás del operativo policial se encuentra esta autoridad, involucrada en un caso de contrabando de 33 camiones en esa región.

«Todos sabemos que Quintana está detrás de todo lo que implica atropello por parte de este Gobierno, todo lo que implica pisotear los derechos de los ciudadanos, ya que está muy nervioso por las evaluaciones que están saliendo en las investigaciones que se desarrollan sobre el contrabando de los 33 camiones», afirmó el parlamentario.

El ministro acusado rechazó las insinuaciones de los senadores podemistas y aseguró que en este caso actuó la Fiscalía con “absoluta independencia”.

«Las denuncias son una actitud por demás lamentable de la ultraderecha pandina, orquestada por el senador Paulo Bravo, que no termina de entender que el tema de la detención de las personas involucradas en la masacre de Pando es responsabilidad de la Fiscalía», argumentó el ministro Quintana.

Agregó que «absolutamente el Gobierno no tiene nada que ver en estos operativos de detención que corresponden a los fiscales” y rechazó que en las acciones hubieran participado militares.

La oposición cree que fue una venganza

Pando

La oposición política aseguró que el operativo de detención en Pando es una venganza por el triunfo del No al texto constitucional en ese departamento y un acto que busca distraer a la población de la corrupción develada en YPFB y del contrabando, donde se involucra al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

El presidente del Senado, Óscar Ortiz, aseguró que las detenciones en Pando “atropellan la democracia y los derechos humanos”, y fueron, aseguró, promovidas por Quintana en su intención de tapar los hechos de corrupción que aquejan al gobierno de Evo Morales.

Mientras que el diputado de UN Arturo Murillo afirmó que estas acciones responden “a un fracaso militar y político” vinculado al triunfo del rechazo al texto constitucional que fue sometido a la aprobación del soberano el 25 de enero.

“El presidente Evo Morales encubre los actos delincuenciales de quienes hoy día están en la cárcel”, acusó el senador de Podemos Róger Pinto, quien es oriundo de la capital pandina.

En respuesta, Quintana calificó las acusaciones de “cantinflescas” y, por el contrario, denunció que “la zona franca está vinculada a la estructura del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien junto a Paulo Bravo y Róger Pinto (ambos senadores de Podemos) tienen que responder al país por la malversación y corrupción en Pando”.

Para el secretario general de la Prefectura de Santa Cruz, Roly Aguilera, el prefecto interino, Rafael Bandeira, y el vicepresidente Álvaro García “buscan venganza, ya que no pudieron domar a un pueblo que simplemente se expresó y rechazó un modelo totalitario impuesto”.

Arremetida en Pando aleja más al Gobierno de los autonomistas

Operativos. La segunda sesión del Consejo Nacional Autonómico fue convocada para el 3 de marzo. El Ejecutivo pide a los prefectos que asistan, pero los líderes regionales se resisten

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Consejo. La segunda sesión fue convocada para el 3 de marzo. La incógnita de los opositores se mantendrá hasta entonces. Sigue la tensión entre Gobierno y regiones

El Deber

Henrry Ugarte A.

La arremetida del Gobierno contra ciudadanos y autoridades ediles y cívicas de Pando, aleja más la posibilidad del diálogo con los prefectos opositores para concretar la implantación de las autonomías, en el marco de la nueva Constitución Política del Estado.

Después de conformar el Consejo Nacional Autonómico, el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, conminó a los prefectos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca a que acudan al diálogo para expresar sus ideas y defender sus principios.

“Los convocamos a abandonar actitudes de confrontación, porque la violencia no conduce a ningún lado”, dijo García Linera, ayer en La Paz,  en la rueda de prensa en la que también deslindó responsabilidad del Gobierno por las detenciones en Pando. 

En el acta firmada en la primera reunión el martes pasado en La Paz, el Consejo Autonómico encomendó al ministro Carlos Romero, hacer las gestiones necesarias para que las autoridades regionales acudan al proceso de concertación. Romero incluso dijo estar dispuesto a visitar a los prefectos para invitarlos al diálogo.

La respuesta del prefecto cruceño Rubén Costas fue  contundente: “mientras no haya condiciones, que son contrarias a lo que busca el Gobierno con este tipo de abusos, no vamos asistir a ningún tipo de encuentro”.

Antes de partir a la zona de Alto Parapetí, Costas expresó que siempre estará dispuesto a dialogar, pero con la participación de todos los sectores de la sociedad civil, política y municipios, y con la garantía de la comunidad internacional.

Entre tanto, el prefecto de Tarija, Mario Cossío, criticó ayer al Gobierno por convocar al diálogo por las autonomías, mientras sigue peleando, agrediendo y persiguiendo ciudadanos bolivianos que no comulgan con las ideas del MAS. “Nos pondremos de acuerdo qué vamos hacer, si dialogamos o confrontamos; el Gobierno está en la obligación de adoptar una posición clara”, dijo Cossío.

Si bien el Gobierno convocó a la segunda sesión del Consejo Autonómico para el 3 de marzo, los tarijeños mantienen su decisión de realizar un encuentro regional entre el 2 y 4 de marzo.

Por su lado, la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, mantiene su posición de no asistir al diálogo por todos los abusos que viene cometiendo el Gobierno. 

Anoche, en Trinidad, se informó que los cívicos de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Pando y Tarija, se reunirán de emergencia este jueves en Sucre, para analizar las detenciones de ciudadanos bolivianos en Pando, y definir acciones al respecto.

Oficialistas y opositores se acusan

Mientras sectores de la oposición acusaron al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de promover la detención de siete personas en Pando, el funcionario de Estado sindicó a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga el caso de contrabando en Pando de impedir su exposición sobre la ‘historia’ del paso de 33 camiones con mercadería ilegal el 24 de julio de 2008.  

Para el senador tarijeño Roberto Ruiz, este nuevo hecho de violencia en Pando denota un interés de un grupo palaciego que apunta al ministro de la Presidencia. “Este señor (Quintana) no puede inmiscuirse en temas relacionados con las autonomías, cuando existe un ministro asignado al ramo que debe tomar contacto con las regiones”, dijo.

Según el ex presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Carlos Pablo Klinsky, el tema de fondo pasa porque el Gobierno no le entiende al proceso de autonomías y encima quiere distraer la atención para frenar las investigaciones de los hechos de corrupción como el de YPFB y los camiones con contrabando.

Para el senador Fernando Rodríguez, la convocatoria al diálogo debe darse sin discriminación, pero también sin cortinas de humo para tapar la corrupción.

Ante las acusaciones de los opositores, Quintana dijo que los diputados le impidieron agotar su exposición sobre la historia del contrabando, a tiempo que el vicepresidente, Álvaro García Linera, señaló que el Gobierno no tenía nada que ver con las detenciones en Pando.

   El consejo autonómico   

Integrantes

Son 35 miembros, entre prefectos, representantes de las asociaciones de municipios, movimientos sociales y la Asamblea del Pueblo Guaraní. La directiva está integrada por el Vicepresidente, Álvaro García, y el ministro de Autonomías, Carlos Romero; el tercer miembro será elegido de entre los demás integrantes. 

Agenda

El Consejo Nacional Autonómico se encargará del régimen de transición hacia las autonomías, comprendiendo el régimen electoral transitorio, la adecuación de los estatutos, los referendos por las autonomías en Chuquisaca, La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí; y las normativas para el proceso de transición.

Normas

También creará la ley marco de autonomías y descentralización, la  del pacto fiscal y todos los acuerdos necesarios para la organización territorial. El acta de la primera reunión fue firmada por los miembros del CNA y en breve se promulgará el decreto supremo que sustente la creación de este nuevo organismo.

El diálogo es necesario, a pesar de todo

Róger Tuero / Politólogo

Con este tipo de acciones, lamentablemente, el Gobierno no da buenas señales como para entablar un diálogo sincero y franco para implantar las autonomías.

Más allá de las acciones militares y policiales, el Gobierno debería dar señales certeras y buenas condiciones para dialogar con los prefectos opositores, porque el diálogo tiene que existir le guste o no a los sectores más radicales que todavía sobreviven en ambos bandos.

Lo de Pando es otra muestra de soberbia radical, porque se ve que en el Gobierno quedan sectores a los que no le importa la paz social ni los temas importantes que se debaten para superar problemas de las regiones y del país en su conjunto.

Ojalá lo de Pando se quede como un hecho aislado y no se convierta en el punto de partida para el rebrote de la violencia política que marcó al pueblo boliviano los últimos dos años. Hay una necesidad de diálogo para darle certidumbre al país.

El Consejo es parte de un gran cálculo

Hugo Laruta / Analista político

La primera razón del Gobierno para conformar el Consejo Autonómico y apurar la asignación de recursos a las regiones para hacer buena letra, formaparte de un cálculo político que tiene que ver con las elecciones generales de diciembre.

La segunda razón es que, ahora que está fuerte, puede negociar e imponer sus condiciones. Y la tercera, pasa por otro cálculo en el cual muestra, con las detenciones en Pando, lo que puede hacer con los prefectos rebeldes si finalmente se resisten a acudir al diálogo para implantar las autonomías.

Otro elemento que habría que tomar en cuenta en esta suerte de diálogo versus detenciones de ciudadanos pandinos, es la estrategia que usa el Gobierno, de forma permanente, para distraer la atención. El caso de corrupción en YPFB está creciendo como una bola de nieve y ya salpica a las más altas esferas del Poder Ejecutivo y hasta a algunos familiares del entorno palaciego. 

Los cívicos se reúnen por las detenciones

Cita • El encuentro se realizará hoy en Sucre. Anticipan acciones de hecho ante lo sucedido.

La Razón

Los cívicos de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Pando y Tarija acordaron reunirse de emergencia hoy en Sucre, para analizar la situación emergente de las detenciones en Porvenir y Cobija, y definir las acciones al respecto, informó el presidente cívico pandino, Herbert Salvatierra.

Su colega de Chuquisaca, Jhon Cava, confirmó la cita de hoy entendiendo que es necesario asumir una posición conjunta respecto a lo sucedido en el departamento de Pando.

Salvatierra, desde Cobija, informó que, desde las 3.00, un contingente de militares encapuchados se dirigió a la localidad de Porvenir con la finalidad de detener a autoridades y ciudadanos de esa población, entre ellos el alcalde Edwin Ventura, cuatro concejales y un periodista, además de otras personas, entre ellas una mujer.

Posteriormente, los encapuchados se dirigieron a la capital, donde detuvieron a otro periodista; una vez en el aeropuerto y por mediación del senador Paulo Bravo, se logró que 10 personas sean liberadas y siete fueron trasladadas a La Paz.

Salvatierra reveló que se observó el viernes la llegada de un avión con militares que por las noches salían con las caras pintadas y armamento pesado por las calles, lo cual no ocurre desde que se dictó el estado de sitio.

“Lo que quieren es intimidarnos para que nos callemos y no digamos nada, pero desde que se reabrió el comité cívico la gente perdió el miedo”, afirmó y, en consecuencia, calificó de importante la reunión de hoy. ANF

Posición

Rechazo • La forma cómo se detuvo a siete personas en Pando generó el rechazo de diferentes sectores de la sociedad, entre ellos la Iglesia Católica. Se denuncia que militares participaron en el operativo.

Justicia • El Ministerio Público emitió los mandamientos de aprehensión en el marco del juicio destinado a establecer responsabilidades por los hechos de septiembre.

Iglesia Católica y la ONU critican uso de la violencia

GarantÍas • Ambas exigen respeto al debido proceso y a los derechos humanos.

La Razón

La Iglesia Católica denunció que la forma en que se detuvo a siete personas en Pando constituye una violación al marco legal y a los derechos humanos, mientras la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, Yoriko Yasukawa, demandó que en las investigaciones no haya “ni violencia ni agresiones”.

La madrugada de ayer, un operativo en Porvenir y Cobija, donde las víctimas denunciaron presencia militar, ingresó y sacó con violencia de sus domicilios a siete acusados por los hechos del 11 de septiembre, donde perdieron la vida 13 personas. Los aprehendidos fueron trasladados a La Paz, donde prestaron sus declaraciones informativas.

“Recordamos a las autoridades de Gobierno y militares que no rige ningún estado de excepción y que nada puede justificar estos procedimientos”, señala un pronunciamiento de monseñor Luis Casey, Vicario Apostólico de Pando. Denuncia, en función a testimonios de familiares de los detenidos, que los militares ejecutaron el operativo con “rostros cubiertos y fuertemente armados”.

“Formulamos un fuerte llamado de atención a las entidades públicas responsables, porque estos hechos constituyen un grave antecedente de violación del marco legal vigente y de las libertades y derechos fundamentales de toda persona”, añade el Vicario del departamento.

Esta preocupación fue compartida por la Conferencia Episcopal de Bolivia. “En Bolivia rige un estado de derecho y normas legales correspondientes para asegurar los procedimientos más adecuados en la administración de justicia y nada puede justificar los métodos empleados en estos hechos”, cuestiona en un comunicado de prensa titulado “Por la vigencia plena de un estado de derecho en Bolivia”.

Aunque aclaró que no conoce en detalle los hechos, Yasukawa dijo que si “han habido delitos, deben ser investigados, pero sí, lo importante es que se respete el proceso y que no haya violencia ni agresiones en el proceso”.

Consultado sobre si se violaron los derechos humanos en la aprehensión en Porvenir y Cobija, el viceministro de Gobierno, Marcos Farfán, se limitó a señalar que se actuó en función a un proceso legal para dar con los responsables de los hechos de septiembre.

La Iglesia Católica, en su comunicado, expresa su solidaridad con los familiares de las personas detenidas ayer y reflexiona que la “reconciliación y unidad de los pandinos deben ser fruto de un verdadero diálogo y una correcta administración de justicia y no de medidas de imposición y violencia que generan más enfrentamientos”.

Como producto de la investigación de los hechos de septiembre, fue detenido y trasladado a la cárcel de San Pedro el entonces prefecto Leopoldo Fernández.

Violencia

Porvenir • Esta población de Pando fue escenario de un hecho que cobró la vida de 13 personas; 11 campesinos, un evangélico y un funcionario.

Indagación • Misiones internacionales, del Congreso y el Ministerio Público investigan lo sucedido. Unasur dijo que hubo una masacre.