El Nuevo Día / ‘No somos tontos’
Opinión / En el libre juego de las masas la violencia es inevitable
La Razón / Un piloto de juguete
La Prensa y El Deber / Coca y acullico en las Naciones Unidas
Los Tiempos / Una republiqueta indígena
La Estrella del Oriente / Liberemos la verdad
El Mundo / La moralidad periodística
La Patria / La prendería usada
El Diario / 1. Ante la fragmentación política, jurídica y territorial. 2. Enfrentamientos armados
El Nuevo Día / ‘No somos tontos’
Los campesinos que saquearon la casa de Víctor Hugo Cárdenas hacen justamente lo que necesita Evo Morales. Han decretado “estado de sitio civil” (¡qué locura!) y desde el sábado nadie ajeno a la comunidad y a sus simpatías políticas puede pisar ese territorio, donde casi el 100 por ciento de la gente votó a favor del MAS. Con un operativo tan simple, el oficialismo es capaz de conseguir en el Altiplano, algo que no ha logrado en Pando, ni siquiera con el terrorífico y gigantesco aparato político y militar que desplegó en septiembre del año pasado. Como se sabe, el oficialismo obtuvo un pobre desempeño en las urnas el 25 de enero pasado y es posible que los pandinos no se dejen convencer ni a palo para las elecciones de diciembre.
Los políticos opositores saben eso y conocen bien que para Evo Morales es tarea casi imposible “robar” más votos de los que ha conseguido en los departamentos del oriente del país. No es casual entonces, que los únicos nombres que suenen como candidatos para diciembre pertenezcan al occidente, entre ellos Víctor Hugo Cárdenas, que además tiene el plus de ser indígena aymara.
En el MAS por su parte, conocen perfectamente el daño que les causó en Chuquisaca una candidata como Savina Cuéllar. Pese a que ganó con un apretado margen en las elecciones departamentales del año pasado, la prefecta logró consolidar un apoyo imbatible en la ciudad de Sucre y lo mismo podría lograr René Joaquino, por ejemplo, en Potosí. Todas son malas noticias para el oficialismo, que además de estas amenazas, observa que existen precandidatos con posibilidades de ganar apoyo no sólo entre los indígenas y campesinos, sino también en las ciudades y las clases medias del occidente, donde Evo Morales puede asegurar un holgado e indiscutible triunfo, siempre y cuando no tenga competidores de peso.
Evo Morales no logró convencer a la gente de la Media Luna que es un auténtico autonomista y eso se vio en la votación de enero. Pero también se observó que el MAS ha tenido un notorio bajón en algunos centros urbanos, especialmente en las ciudades de La Paz y Cochabamba. Esos indicativos deben llevar al MAS a tomar medidas enérgicas para asegurar su “votación dura”.
El vicepresidente, García Linera, rechazó las acusaciones que le atribuyen al MAS el atentado contra la casa de Víctor Hugo Cárdenas. Dijo que no son tontos para “victimizar” a un posible rival electoral. Claro que están lejos de ser ingenuos, pues un hecho como el del sábado es capaz de despertar sentimientos de rechazo sólo en el oriente y entre los que ya son opositores al MAS, pero sin duda alguna, tiene un efecto capaz de despertar algarabías entre los “incondicionales”, a quienes les gusta ver a un Evo peleador, expulsador, expropiador y encarcelador. Lo del sábado es un mensaje para los Cárdenas, los Joaquinos y todo aquel que tenga pensado asomar las narices en los “campos minados” del MAS. Ha sido también la orden para que los vigías del régimen, armados de chicote y de “justicia comunitaria” tiendan las barricadas y no dejen pasar ni siquiera a los que tienen la responsabilidad de controlar que se lleven a cabo elecciones limpias.
Ante el surgimiento de candidatos en occidente, el MAS se protege con campos minados, feudos impenetrables para los rivales.
La ley del embudo
bajo el penoco
Salvo honrosas excepciones, los gremios periodísticos del país no han actuado a la altura de las circunstancias en estos tres años. Un periodista muerto, cientos de apaleados, varios medios de comunicación han sufrido atentados y muchos no han dicho ni mu. En Santa Cruz, los representantes de los trabajadores de la prensa no han sido la excepción, aunque las críticas y las quejas de los propios afiliados no se han dejado esperar. La única que no puede quejarse es la reportera de televisión que hace unos días fue agredida verbalmente por el alcalde Percy Fernández. La presión del gremio local obligó a Percy Fernández a disculparse públicamente, acción que no ha sido suficiente ya que la intención es iniciarle un juicio penal. Es verdad que algunos están “cabreados” por las agresiones del Alcalde, pero son más los que esperan la misma vehemencia frente a los que reparten palos sin contemplación.
Opinión / En el libre juego de las masas la violencia es inevitable
La nueva Constitución Política del Estado, paradójicamente, es base para que las corrientes deformadoras, bajo la cobertura de una cierta corriente social, hagan daño y ofendan a los más débiles. En la mera correlación de fuerzas, los que ganan, casi siempre, son los más audaces y crueles, que no dudan de hacer lo que mejor les parece aun más allá de su compromiso público.
Seguramente, Bolivia es el único país del mundo, en el que la propia Constitución Política del Estado, proclama el derecho de los grupos sociales a intervenir, en cualquier lugar y momento de la administración pública, para impedir o supuestamente rectificar decisiones de las autoridades correspondientes. Los artículos 241, 242 y siguientes legislan la forma de actuar, paradójicamente, fuera de la ley, es decir, en la lógica simple del más fuerte, planteada en las calles sin ningún límite ni orientación preestablecida.
Lo que ha sucedido en una provincia del departamento de La Paz, es el ejercicio de ese derecho. Muchas personas, no sabemos si en pleno dominio de sus facultades, decidieron invadir una vivienda privada, castigar violentamente a sus habitantes y decidir el destino posterior del inmueble. Posteriormente, los que forman parte de la corriente política, denominada los ponchos rojos, decretaron un Estado de sitio en esa región. No ha de ser fácil demostrar que tales actos, ciertamente aterradores, se llevaron a cabo más allá o en contradicción con el espíritu de la nueva Constitución Política del Estado.
En trabajos anteriores, hemos demostrado que una de las mayores deformaciones e insuficiencias de la nueva Ley Fundamental está, precisamente, en esa extraña forma de liquidar el orden estatal establecido por un amplio conjunto de normas y enunciados. Los gobernantes actuales, en la proyección de una extraña concepción del socialismo, dejan en manos de los grupos populares emergentes la coherencia, estabilidad y vigencia del propio Estado. La famosa participación social no es sino esa forma primitiva de resolver diferencias, en la dinámica de los enfrentamientos sin normas ni consideraciones humanas.
Lo curioso y, al mismo tiempo, indignante, es la conducta de ciertas autoridades gubernamentales, para las que algunas acciones sociales represivas y antidemocráticas son legítimas o responden a situaciones adversas del pasado y otras que no favorecen a sus propósitos, resultan siendo acciones delictivas que deben ser aplastadas por la fuerza. Así la famosa participación o control social no pasa de ser otro instrumento al servicio de las pretensiones totalitarias y prorroguistas del régimen imperante. En el marco de esa nueva moral, unos tienen derecho a invadir y destruir y otros, sólo a soportar resignadamente semejante represión.
Algo, ciertamente preocupante, es la conducta de ciertas personas instaladas en el poder. La indignación que se expresa en hechos violentos y desprovistos de toda comprensión, verazmente democrática, en relación con cualquier acto disidente o libre de compromisos serviles y oportunistas, es no sólo la prueba clara e innegable de la intolerancia, sino la pretensión de representar la perfección y el derecho a no ser criticados por nadie y por nada. El totalitarismo tiene diversas formas de manifestación en el ejercicio del poder. La dominación creciente que ejercen algunas personas, gracias a la sumisión casi ilimitada de militares y policías, es no sólo una repetición del pasado, sino un nuevo conjunto de ideas y acciones anacrónicas.
La Razón / Un piloto de juguete
Esta experiencia piloto es irrisoria. Contemplará una muestra mínima de los habilitados para votar y no resolverá los problemas suscitados en las últimas consultas: el padrón seguirá contaminado y, con toda razón, volverán a surgir las susceptibilidades, cualquiera sea el resultado.
El Órgano Electoral anunció que las elecciones generales previstas para el 6 de diciembre se realizarán con el actual padrón, pero, a manera de experimento, un número todavía indeterminado de personas —que no pasaría de las 30 mil, en total— votaría con un nuevo registro en áreas urbanas, rurales y en el exterior del país.
La insistencia de mantener el padrón para el resto del electorado nacional echa por tierra el compromiso del presidente del Órgano Electoral, José Luis Exeni, de contar con un nuevo padrón para los comicios de fines de este año.
En consecuencia, la continuidad de las denuncias que se presentaron en los anteriores procesos electorales, lamentablemente, por falta de una acción más decidida de parte de Exeni y de dicho organismo, está garantizada.
Se adelantó a demostrarlo el periodista Carlos Valverde, la noche del martes, en su programa de televisión Sin Letra Chica, que se transmite por Cadena A, desafiando incluso a que las autoridades desmientan la existencia de 70 mil homónimos “perfectos” en el actual padrón. La característica de estos homónimos es que se repiten nombres y fechas de nacimiento, con un número distinto de carnet de identidad.
Valverde, sobre la base de su información, dijo que en el referéndum constitucional del 25 de enero hubo un fraude electoral. Definitivamente, la depuración de ese registro no se hizo como corresponde, porque continúan las anomalías.
Resulta inaceptable que se pretenda realizar las elecciones de diciembre en tales condiciones. Figuradamente, sería como jugar al póker con cartas marcadas, irónicamente, bajo la aceptación de todos los jugadores. Sería, por lo demás, una ofensa para la ciudadanía boliviana y un bochorno internacional.
El mismo martes, el Órgano Electoral presentó un plan “piloto” que se comenzaría a aplicar en las elecciones de diciembre y que forma parte de la reingeniería del padrón nacional. En la oportunidad, el director nacional de Informática de esa institución, Marcelo Villegas, anunció que “las localidades (piloto) serán de cinco, ocho y diez mil ciudadanos habilitados, una rural, una urbana y otra en el extranjero”. Esto significa que el reempadronamiento, con vistas a los comicios generales de este año, abarcaría a menos del uno por ciento del padrón actual, que tiene más de cuatro millones de inscritos.
Evidentemente, esta experiencia piloto es irrisoria. Contemplará una muestra mínima de los habilitados para votar y no resolverá los problemas suscitados en las últimas consultas ciudadanas: el padrón seguirá contaminado y, con toda razón, volverán a surgir las susceptibilidades, cualquiera sea el resultado.
La confianza de los ciudadanos en los registros son fundamentales para el ejercicio democrático del voto. Tanto se ha denunciado y se ha demostrado, hasta el cansancio, y sin embargo qué poco se ha hecho por cambiar esta situación.
Exeni debe repasar la historia de la Corte Nacional Electoral e imitar a los vocales probos e intachables que, para orgullo de los bolivianos, ha tenido ese organismo.
Respete y proteja la institucionalidad del país, señor Exeni, porque esas dos acciones son condiciones indispensables para ocupar el cargo que desempeña actualmente.
La Prensa y El Deber / Coca y acullico en las Naciones Unidas
Pero hasta para esa paciencia infinita que el mundo parece tenerle ahora al Presidente boliviano hay y habrá límites. Uno de ellos, sin duda, es el de la coca.
Para sorpresa de los delegados de los 53 países miembros de la Comisión de Estupefacientes de la ONU reunida en Viena, el presidente Evo Morales sacó hojas de coca y las masticó ante el plenario. Pretendió así demostrar su “uso ancestral” en las culturas andinas. Agregó desafiante: “Si es droga, métanme preso”.
Morales visita Viena en su doble condición de Jefe del Estado boliviano y presidente de los productores de hojas de coca. Su interés es obviamente comercial —él mismo asevera que tiene su cato de coca— como también político, pues su presencia allí es parte de una campaña para “despenalizar” la coca, considerada sustancia peligrosa por la comunidad internacional desde 1961.
No parece la mejor manera de convencer a una audiencia global el presentarse con la controvertida hoja y masticarla desafiante. Las percepciones locales —sobre todo en Chapare y el altiplano— difieren de las del resto del mundo, donde la coca es considerada materia prima para elaborar la cocaína, droga que envilece mentes y cuerpos, al mismo tiempo que genera crímenes y dinero sucio.
Años atrás, otro Presidente boliviano realizó campaña parecida. Posteriormente, ese ex Mandatario estuvo acusado de tener vínculos con narcotraficantes. El mundo puede observar hoy a Evo Morales como un producto “pintoresco” o como un indígena que merece ser escuchado por ser la “primera vez que su raza llega al poder”, como se repite y ha calado, aunque no sea verdad. Pero hasta para esa paciencia infinita que el mundo parece tenerle al Presidente boliviano hay y habrá límites. Uno de ellos, sin duda, es el de la coca. Entidades como el Comité Olímpico Internacional (COI), la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) y otras de similar calibre consideran “dopaje” una simple dosis de mate de coca. Por su lado, el acullico genera efectos similares a los de la droga (aunque en plazos mayores) y eso está científicamente comprobado. Por infinitesimal que sea la proporción, cada hoja de coca lleva en sí al temible estupefaciente que se deriva de ella.
En la Colonia, los españoles explotaron el uso de la coca para forzar trabajos de servidumbre en las minas. La fórmula era trágicamente ideal: los indígenas eran atiborrados de coca para que no tengan hambre y trabajen como bestias. De ahí vino la costumbre de masticar, algo que no es “ancestral” sino de lúgubre origen colonialista. Por otro lado, los publicitados “nutrientes” de la hoja de coca se pueden encontrar en cualquier otra hoja, pasto o vegetal y sin las complicaciones de una droga letal.
Lo mejor para Bolivia sería cooperar con el mundo en la erradicación de la hoja de coca y encontrar progresivamente métodos de desarrollo alternativo. El mundo no está contra Bolivia. Sí lo está —en contra y en lucha frontal— contra todo aquello que sea fuente de narcóticos o de violencia. La coca forma parte de ese grupo. Seamos francos y realistas. No hay que cegarse ni caer en fanatismos.
Tres en Uno
A los violentos no les pisan el poncho
Vaya uno a saber con qué se pincha o se corta eso del ‘estado de sitio civil’ decretado por los inefables ponchos rojos de Omasuyos, que hasta han tenido el tupé de formular el anuncio de la aplicación de esa medida anticonstitucional nada menos que en los mismísimos ambientes del Congreso Nacional. Como ha ocurrido en oportunidades anteriores, la arbitraria e irracional medida tiende a obstaculizar por la fuerza el accionar de la justicia, en relación con la cobarde y violenta agresión perpetrada contra el domicilio y la familia del ex vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas, a quien, por poco, no se le exige que pida disculpas y bese las ojotas a sus agresores. Y hasta ahora, sobre el vidrioso asunto, el Gobierno se ha limitado a justificar el ataque a Cárdenas, lo que ya es mucha dosis, y a solicitar, de paso, su ‘comprensión’ a los hermanos comunitarios para que sean buenitos y dejen a fiscales y policías hacer su tarea.
Piraí y segundo anillo
Es de no acabar y, por el contrario, tiende a agravarse el drama de más de un centenar de personas de todas las edades, desde niños hasta ancianos, hombres y mujeres, librados de la mano de Dios, que, como parte del calvario en que se ha tranformado su existencia por el abandono y el efecto de las drogas, viven en los canales de drenaje de la ciudad. Robar, en muchos casos, equivale a subsistencia para esa desventurada gente que, con una frecuencia cada vez mayor, se ve involucrada en actos delictivos.
Los vecinos entre el segundo anillo de circunvalación y la avenida Piraí, donde el serio y preocupante problema tiene su epicentro, anticipan ‘medidas’ cuya aplicación, sin embargo, podría empeorar el estado de cosas ante la ausencia de soluciones integrales y definitivas que corresponden plantear de forma urgente a las autoridades e instituciones locales.
Seis meses después…
A seis meses de los luctuosos sucesos de Pando, que derivaron en la que se conoce como la matanza de Porvenir, los ciudadanos pandinos siguen viviendo con el Jesús en la boca porque las jaurías de encapuchados y armados hasta los dientes continúan la cacería implacable de opositores del Gobierno de Evo Morales.
Una última nómina incluye a un buen número de periodistas que, no obstante el clima de temor e incertidumbre, continúan cumpliendo su tarea.
Bajo ese ambiente de tensiones, se hace difícil entender al prefecto interventor de Pando, Rafael Bandeira, cuando sostiene que se ha recuperado la ‘normalidad’ y ‘hay más seguridad’ en Pando que, según él y antes de su imposición en el cargo en reemplazo de Leopoldo Fernández, era tierra de nadie donde los narcotraficantes (¿también los contrabandistas?) hacían de las suyas…
Los Tiempos / Una republiqueta indígena
“Achacachi es “la capital de una republiqueta indígena (…) que ha replanteado el significado de lo que se ha de entender como democracia y república en las siguientes décadas”
Las provincias del altiplano paceño, pero muy especialmente Achacachi y sus alrededores, están siendo objeto de atención del mundo entero que, azorado, observa cómo una sociedad avanza a paso firme por el camino que conduce a la barbarie al despojarse, alentada por sus gobernantes, de todo rasgo de civilización.
El hecho no puede pasar desapercibido pues la humanidad ha sido testigo ya muchas veces, incluso en tiempos muy cercanos, de fenómenos similares que desembocaron en crímenes masivos. El recuerdo de Camboya, Ruanda o Darfur está todavía muy fresco y quienes estudiaron la génesis de esos fenómenos saben ya cómo se inician y a qué conducen.
Los actos rituales en los que fueron torturados y matados perros que representaban a líderes de la oposición, los ya numerosos actos de tortura y asesinato cometidos impunemente en nombre de la “justicia comunitaria”, y más recientemente los ataques contra la propiedad y familia de Víctor Hugo Cárdenas, son acciones que sólo pueden ser comprendidas en su justa dimensión si se las ve en el contexto político y cultural que las hizo posibles.
Entre los antecedentes, no puede dejar de recordarse que el actual Vicepresidente de la República, cuando todavía se hacía llamar “Qhananchiri”, que en aymara significa “el que da luz”, hizo durante muchos años de esa región altiplánica el núcleo de su actividad práctica y teórica.
En lo práctico, fundó ahí el llamado Cuartel General Indígena ubicado en K´ala Chaca, donde se impartió instrucción política y militar a los jóvenes reclutas de lo que por entonces era el Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK), base de los actuales “Ponchos Rojos”, organización que desde hace muchos años gobierna esa región. A eso se refería el actual Vicepresidente cuando en un discurso en Warisata, cerca de Achacachi, hace algún tiempo dijo: “Aquí hemos aprendido a matar”.
“Qhananchiri” dedicó también gran parte de sus esfuerzos intelectuales a dar consistencia teórica a lo que desde su visión ya era el embrión del nuevo Estado. Cabe recordar que entre las conclusiones de uno sus más conocidos textos, afirmaba que Achacachi es “la capital de una republiqueta indígena (…) que ha replanteado el significado de lo que se ha de entender como democracia y república en las siguientes décadas.”
Lo que está pasando en esa zona no puede pues ser visto como una anomalía aislada. Es, nada más pero nada menos, que la consecuencia lógica, la única previsible, de un largo proceso que está comenzando a dar sus primeros frutos.
Hacer algo al respecto antes de que sea demasiado tarde no es sólo obligación de los bolivianos sino, y sobre todo, de la comunidad internacional, pues es algo cuya magnitud y peligrosidad supera las fuerzas de la débil oposición interna.
La Estrella del Oriente / Liberemos la verdad
Ayer hizo su primera aparición pública una organización que está conformada por familiares de presos y perseguidos políticos, quienes ahora desgraciadamente han pasado a ser parte de la triste pero palpable realidad de Bolivia.
Nunca hubiéramos pensado llegar a esta situación, porque creímos que después de haber conquistado la democracia en la década del 80, que después de haber derrocado al que creímos sería el último dictador y que ahora paga en la cárcel su aventura de pretender instaurar en Bolivia una tiranía vitalicia, nunca más tendríamos la amarga experiencia de temer por nuestra seguridad, de sentir miedo por nuestra vida y de sentirnos observados y vigilados al punto de estar en vilo ante el hecho de emitir alguna opinión que sea contraria a la del Gobierno, pues esto nos puede valer la pérdida de la libertad.
Creímos entonces que nuestro país le había dado vuelta a la página, que las dictaduras eran asunto del pasado y que nunca más nos volveríamos a sumir en un régimen que conculque libertades y que condene a las personas a brutales formas de persecución, e incluso al extremo de recluir en una prisión a todos aquellos que planteen ideas contrarias a las que profesa el actual Ejecutivo.
Pues bien, la pérdida de la libertad de más de una veintena de personas que se encuentra actualmente en calidad de presos políticos, que han sido secuestrados y capturados ilegalmente por el Gobierno, que sufren violaciones a sus derechos y que no gozan de garantía ni del derecho a un juicio justo o al debido proceso, ha llevado a que los familiares cansados de ir de Herodes a Pilatos, cansados de peregrinar sin resultado alguno, desalentados porque los fallos de la justicia son anulados por el gobierno sin explicación alguna, cansados de los excesos y de que el país esté al margen de las leyes, han decidido hablar frente a la opinión pública, decir su verdad, dejar de callar, de peregrinar a solas y buscar la compañía y el respaldo del pueblo que ha visto como se han ido cayendo sus instituciones y como la justicia es burlada y vulnerada día a día.
Han hecho bien, ¿porque quién más puede velar y sufrir, pedir, llorar y exigir justicia que la familia? Cuando alguien cae en desgracia todos siguen sus afanes, los compañeros políticos toman sus propios recaudos y a veces incluso la debida distancia para no sufrir las mismas consecuencias o para no correr el peligro de sufrir la misma suerte de persecuciones. Los únicos que nunca cejan, que no pueden desalentarse, que tienen que sobreponerse, arriesgarse y buscar todos los mecanismos y canales para encontrar justicia son las madres, los esposos y esposas, los hijos, estos nunca dejarán caer sus manos, nunca dejarán que el desaliento o el miedo les impida seguir exigiendo la aclaración de la verdad.
Los familiares de las personas hoy privadas de libertad por haber hecho oposición al Gobierno del presidente Evo Morales han expresado que les preocupa la violencia política que hoy se expande en Bolivia y que ha provocado muertes y que está llevando a la prisión y a todo tipo de agresiones a los que piensan diferente.
Es verdad que se están cometiendo muchos atropellos y es hora que esto pare, que no se permita que la violencia se institucionalice y se normalice porque esto sería no sólo grave sino imperdonable, porque después de la violencia no queda nada; la violencia destruye los principios, distorsiona la realidad y lleva a los pueblos a la locura.
También debemos recordar que en la presente etapa la persecución se ha hecho extensiva a quienes antes fueron afines o correligionarios y se apartaron del redil, o a quienes siendo de la misma raza no coinciden con el ideario masista. Ellos ahora están siendo despojados, perseguidos. Hay ensañamiento contra aquellos que se alejaron de las filas oficialistas. Estos también son perseguidos políticos y seguramente también tendrán que buscar tener voz pública, hacerse escuchar, pedir apoyo y ayuda, tanto como necesitan ser escuchados y apoyados los que están siendo perseguidos por haber formado parte de las filas de la oposición, sobre todo los autonomistas de corazón.
Estas acciones de denuncia son un derecho que asiste a las víctimas y deben ser respaldadas adecuadamente por la población sensible y lastimada por tantas injusticias que se están cometiendo.
Liberemos la verdad, es sano, es el único camino para encontrar la paz.
El Mundo / La moralidad periodística
Por primera y última vez me referiré al ingrato debate que planteó el Lic. Hernán Cabrera a raíz de la publicación de una lista de las personas e instituciones con las que se reunió la delegada presidencial, lo cual no es un delito, lo cual puede ser considerado parte de sus actividades. Nos llamó la atención que en dicha reunión el Lic. Cabrera hace referencias sobre un programa televisivo que es de responsabilidad de la Federación en el que el Lic. Cabrera no podía realizar coordinación alguna, hoy nos explicamos las sendas entrevistas al Ministro actual de Gobierno, de la misma forma nos llamó la atención la nota que envió el Lic. Cabrera al director del canal 11, llamándole la atención por darle cabida a los grupos regionales y cívicos y no actuó de la misma forma con las prácticas del Canal 7, el Lic. Cabrera está realizando protestas por el trato que algunos medios de comunicación con el retraso de pagos a sus trabajadores y mantiene un silencio con los contratos de consultoría a los reporteros de canal 7 que cada tres meses son renovados para no cumplir con los mandatos que exige la ley del trabajo, el Lic. Cabrera actúa como el embudo: angosto para los empresarios privados y ancho para el gobierno.
Luego señaló que quien dirige este diario no es periodista, en este específico deseo puntualizarle que no es la primer persona que usa dicho argumento para descalificar la denuncia, lo hicieron casi todas las personas o instituciones que denuncié, pero para darle satisfacción quiero decirle que yo soy simplemente un poeta que soñó ser carpintero (para hacer sillas) y la vida me sentó frente a una máquina de escribir a narrar escenas de la vida cotidiana; luego manifestó el señor Cabrera que mi denuncia era una cortina de humo para favorecer al alcalde (con quien mantengo una amistad) en un juicio que le sigue la Federación de la Prensa, rara acusación ya que quien escribe no tiene cargo ni relación con el ministerio Publico o un juez para tal hecho, deberíamos separar una cosa de la otra, hoy aparecen denuncias que las debe aclarar en su seno y no lanzar cortinas de pretextos y hacer de esto una bufonada de mal gusto.
El Señor Cabrera tiene la legitimidad de participar en cualquier tienda política, nadie lo puede crucificar por hacer uso de este derecho constitucional, de la misma forma es reprochable que una vez alcanzado un cargo de representación del gremio al que pertenece no puede ponerlo al servicio de su agrupación política de su preferencia en dicho momento, de la misma forma planteé personalmente que él no es la persona indicada para echar barro sobre el alcalde ya que hace años atrás fue designado por el ex alcalde Johnny Fernández como su colaborador (hoy Cabrera manifiesta que entró a dicho cargo por recomendación de su amigo, un ex ministro de Banzer, derecho que tiene ya que cada uno elige sus amigos, solo que yo no le pido pegas a los míos), y de pronto se le acabaron los argumentos.
Hoy el señor Cabrera me envía una carta donde me exige el derecho de la réplica de acuerdo a la nueva CPE y su derecho de rectificación, misma que no publico solo por respeto a las otras personas que firman esta carta ya que el Cabrera en esta carta dejó de ser señor para convertirse en un hombre indigno porque en ella FALSIFICA la firma de la Periodista Lic. Ingrid Justiniano quien es parte de la federación con la salvedad que hace más de un año no asiste al Sindicato (por sus recargadas labores), al ser consultada por mi persona ella niega el tenor y manifiesta que la firma que aparece en dicha carta no le corresponde, le realicé la consulta a Ingrid porque me llamó la atención por la relación que tengo con ella -es mi sobrina carnal a quien respeto por sus valores morales-, no quise realizar mayores averiguaciones porque un botón sirve de ejemplo.
Por lo tanto ya que publicar esta carta implica sintomáticamente incredulidad por el hecho de la falsificación de una firma, ya que ello es un delito tipificado en el código penal, de la misma forma tengo que agradecer a la Federación de Periodista por haber hecho causa cuando alguna vez fui encarcelado, ellos protestaron y tengo respeto por periodistas que pasaron por dicha casa como lo fue Magy Talavera, Luis Alberto Domínguez, Antonio Miranda y otros que dignificaron el gremio de los trabajadores de la prensa.
Existen una serie de diferencias que tengo con Cabrera, quien escribe estas líneas trabaja dignamente hasta 14 horas al día (no es servidumbre sino por decisión propia) y no gozo de beneficio alguno como el del Cabrera que una vez ingresó a la Federación de la Prensa, hace cuatro años lo primero que realizo fue hacer declarar en comisión ganando un salario de varios miles de dólares (que le paga un diario local) mientras el realiza consultorías pagadas, es muy cómodo beneficiarse de los derechos sindicales para ejercer o buscar palestra política y seguir ganando sin trabajar, pero esa también es una opción legítima de Cabrera y si hago uso de estas líneas para referirme a este ingrato hecho, es que anoche escuché a Cabrera (en su programa que se emite en el canal de Salvador Ric ¿será otra casualidad?) hacer uso de malabarismo verbal para escabullirse de los temas planteados.
La Patria / La prendería usada
Algo incuestionable es que Oruro sigue siendo la puerta para el ingreso al país de gran cantidad de fardos de prendería usada, que se comercializa en todos los mercados distritales habilitados de manera particular para este comercio que se instauró como un “paliativo mixto”, es decir para reemplazar fuentes de empleo que el Gobierno no puede dar y por otra parte para compensar la aguda crisis económica que soporta la mayoría ciudadana.
Hay varias disposiciones en vigencia que no se cumplen o son modificadas por la presión que ejercen miles de personas dedicadas al negocio en todo el país y que venden por lo menos unas ocho mil toneladas de ropa usada anualmente por un valor que sobrepasa los cincuenta millones de dólares.
El único problema, porque así lo reconocen las autoridades, es la desleal competencia a la producción textil boliviana, especialmente por los precios bajos, pero además por la calidad de las prendas si están elaboradas con material chino, situación que es conocida y admitida entre los productores nacionales, empeñados en mejorar su producción, pero difícilmente competir con los precios de la prendería usada.
Pese a que desde abril del 2007 se prohibió la importación de ropa usada los comerciantes mayoristas de este negocio se han dado modos para seguir con el aprovisionamiento de ese material por la vía del contrabando, lo que además les significa ahorro tributario, no pagan a la aduana y siguen con la provisión de la ropa usada que llega por toneladas, cada una a razón de 1.200 dólares y que en destino sirve para una distribución de fardos con ropa considerada de primera clase, otros sólo con pantalones, fardos con variedad de prendas femeninas y los más baratos con surtido de ropa e inclusive zapatos y carteras.
Los contrabandistas de ropa usada corren sus riesgos, pues se estableció que el COA, dependiente de la aduana, incautó cerca de nueve mil fardos por un valor millonario que no disminuyó la acción ilícita, lo que demuestra que se trata de un gran negocio, que continúa y por lo visto se prolongará con autorización oficial.
Los comerciantes de prendería usada han pedido una nueva prórroga a las autoridades de Gobierno, señalando que existen miles de fardos para su comercialización, por tanto es “mercadería que no se puede perder”, bajo tal argumento la situación está lejos de ser solucionada hasta abril de este año.
En el otro frente, se afirma que la industria textil perdió más de 300 millones de dólares, el comercio legal unos 80 millones, el transporte más de 15 y los servicios financieros dejaron de percibir unos 20 millones de dólares, sin evaluación de cifras la pérdida del Estado por evasión impositiva, una cadena de perjuicios que lamentablemente no se consideran en la dimensión de defender la producción y la economía nacional sino, como han señalado algunos políticos, que la parte intencional es mantener el privilegio de miles de comerciantes ropavejeros en un año electoralista. El asunto va por ese lado.
El Diario / 1. Ante la fragmentación política, jurídica y territorial. 2. Enfrentamientos armados
Ante la fragmentación política, jurídica y territorial
Sank’a Jawira, parte de la provincia Omasuyos, se declaró “territorio libre”, después de la violenta ocupación de la residencia del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, y mediante una resolución decretó su expulsión definitiva de la provincia como emergencia de haber cogobernado con Gonzalo Sánchez de Lozada y realizado campaña por el “No” en el último referendo. Son motivos que dicha comunidad considera suficientes para éstas y muchas otras medidas en el marco del ‘Estado de Sitio’ que los dirigentes campesinos asumieron a la cabeza de Justino de la Cruz, a partir del día 9 de los corrientes, sin que se hubiese excluido la “expropiación” de la casa de la familia Cárdenas, según dicen apoyados en la nueva Constitución, en sus artículos 190, 191 y 192, sobre la Jurisdicción Indígena, Originaria, Campesina. En este mismo sentido, conminaron al Ministerio Público y a la Policía Nacional a no pretender efectuar investigaciones de los hechos a tiempo de aconsejarles que lean los indicados artículos de la CPE.
Colateralmente se decretó un “pacto del silencio”, la prohibición de ingreso de la prensa al lugar de los hechos y la habilitación de fiscales y policías propios. En suma, Sank’a Jawira acaba de adoptar todas las facultades de un Estado soberano, como un adelanto viviente de lo que le espera a Bolivia bajo la plurinacionalidad, es decir, bajo las características de fragmentación política, jurídica y territorial hijas de los afanes de “cambio” del actual régimen. El asalto, toma de la vivienda y agresión a mujeres y niños en la misma, no es el único caso ni mucho menos al que se suma la ocupación de unas 13 minas después de la vigencia del nuevo texto constitucional, inclusive con enfrentamientos entre mineros y comunarios, prevalidos éstos en la jurisdicción originaria, con saldos de muertos y heridos de bala.
No es difícil imaginar el cuadro de desintegración que espera a nuestro atribulado país dentro de poco tiempo, cuando se generalicen los atropellos bajo la protección de la nueva Constitución, cuadro que necesariamente desembocará en una anarquía incontrolable para cualquier Gobierno. Obviamente en semejante caos sucumbirán los más elementales derechos humanos y garantías, al punto que el atropello y el crimen avivados por la venganza social, étnica y el enfrentamiento entre el occidente y el oriente, nos retrotraerán a la barbarie más primitiva, sufriendo la sentencia de que “el hombre es lobo del hombre”. Quizá los más fundamentalistas forjadores de la actual Constitución, conociendo los antecedentes truculentos de los enfrentamientos étnicos que registra nuestra historia, no vacilaron en abrir las puertas de su repetición creando una vecindad incompatible entre el campo y las ciudades a través de una legislación propicia y divisionista.
Frente a esta precipitada carrera hacia el abismo, creemos que estamos a tiempo de frenarla y toca al Gobierno dar los primeros pasos de avenimiento y concordia, instruyendo a sus bases hacer un alto y volver por los caminos de la convivencia pacífica. De la mayoría parlamentaria debe partir la iniciativa para dictar una ley interpretativa que deja en suspenso todas las disposiciones constitucionales que avalan las jurisdicciones originarias-campesinas en vista de los hechos de conocimiento público, entretanto sean dictadas las leyes reglamentarias. De lo contrario, si no son adoptados estos o parecidos recaudos, los hechos pueden hacer tardía cualquier previsión futura.
Enfrentamientos armados
La violencia con la que actúan los militantes y dirigentes del Movimiento Al Socialismo y los enfrentamientos armados que se están produciendo en el territorio nacional demuestran que los gobernantes están perdiendo el control de la administración del país. Tales problemas, que pueden agudizarse, no sólo afectan la gobernabilidad sino a toda la población, además que datan de mucho tiempo atrás, pero no fueron tomados en cuenta, a pesar de que las agresiones y avasallamientos estaban amenazando la convivencia nacional. Por el contrario, buscaron la confrontación entre el campo y la ciudad; las consultas populares alentadas por los gobernantes han incidido para que el país se polarice y se note una división entre occidente y oriente. No se debería desde Palacio de Gobierno alentar el enfrentamiento entre bolivianos, castigando a quienes hacen uso de su derecho a disentir, imponiendo la discriminación y el racismo. Lo más grave es que gente ajena al MAS y que ocupa cargos ejecutivos de importancia, está cometiendo abusos e ilegalidades por el poder coyuntural que tiene, como en los casos de la emisión de decretos antipopulares, la autorización para que sean liberados más de 30 camiones cargados con mercadería de contrabando, la planificación y organización de enfrentamientos armados, por ejemplo en Porvenir – Pando, y otros. Son anormalidades que tienen que ser tomadas en cuenta por el Jefe de Estado, que no debería actuar como el presidente Hernán Siles Zuazo, que fue prisionero de un entorno palaciego que le ocultaba la realidad del país, durante el gobierno de la Unidad Democrática y Popular, del que participaron políticos que actualmente “cooperan” con el Ejecutivo.
No se puede admitir que por la intemperancia de un Viceministro, el Jefe de Estado entre en una confrontación con la Iglesia Católica, o por sugerencia de un Ministro se abran frentes de confrontación con diferentes estamentos de la sociedad y del Estado, como es el Poder Judicial, los propietarios y trabajadores de los medios de comunicación, los dirigentes cívicos, la empresa privada y otros sectores sociales. Todo indica que ante la falta de propuestas valederas y coherentes y un programa de gobierno, quienes administran el país apelan al enfrentamiento con la finalidad de distraer la atención de la opinión pública.
Desde la asunción del mando del presidente Evo Morales en Bolivia se vive un clima de violencia peligroso para el Estado de Derecho. El caso más reciente es el de la cobarde agresión a la familia del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y el asalto a su casa, lo que significa que la propiedad privada no está garantizada, ¿o será que es otro indicio de que está en marcha una política comunista? A 24 horas de ese acto repudiable, en la comunidad de Cocamillupaya, cercana a Sorata, en la provincia Larecaja del departamento La Paz, se produjo un enfrentamiento entre comunarios y mineros que trabajan en la mina Lipichi, con el trágico saldo de un muerto y cuatro heridos, todos por impacto de bala. El motivo de la pelea es el oro que se explota en el lugar, que es muy apetecido por los campesinos de la región, quienes el año 2006 tomaron por la fuerza la mina, reclamando el derecho que les corresponde porque los recursos naturales son de propiedad de la comunidad. El asunto llegó hasta los estrados judiciales, donde se reconoció el derecho de los que la explotan.
Como no pueden demostrar que son propietarios de la mina, los comunarios han recurrido al ardid de protestar por el daño que se está haciendo al medio ambiente, sobre todo por la contaminación de los ríos y riachuelos que pasan por la región. El reclamo sería justo si estuviera bien sustentado, pero el caso es que los comunarios quieren ser los que exploten dicho oro, por lo tanto ese es el móvil de ese enfrentamiento armado. Los trabajadores del subsuelo afirman que se hizo grandes inversiones y por ello no pueden dejar la mina a los comunarios.
Los ministros tanto de Gobierno como de Defensa conocían los problemas que se estaban generando en la mina Lipichi, pero poco hicieron para solucionarlos y evitar el enfrentamiento armado. Recordemos que en 2006 un miembro de la Policía perdió la vida en enfrentamientos armados entre mineros y comunarios de Cocamillupaya. Si las autoridades no actúan oportunamente, las agresiones proseguirán porque los campesinos creen tener derecho sobre el filón aurífero que existe en esa comunidad.
Lo cierto es que muchas minas en el occidente del país han sido asaltadas por los comunarios con el pretexto que todos los recursos naturales que existen en sus comunidades les pertenecen y por lo tanto pueden apropiarse de los mismos. Las autoridades deben estar alertas ante esos avasallamientos, porque puede ocurrir lo mismo que en el cerro Posokoni, en las cercanías de la Mina Huanuni, donde cooperativistas y mineros se enfrentaron por la posesión de yacimientos mineros, con un saldo trágico de muertos y heridos.