Editoriales de periódicos

El Deber y La Prensa / El difícil oficio

La Estrella del Oriente / Senadores, expertos salvavidas

El Nuevo Día / El transporte en su ley



El Mundo / Peligro el presidente Morales no se parece a Fidel Castro

La Patria / Competencia china

Opinión / Un millón de dólares por kilómetro, el costo del camino Villa Tunari-Beni

Los Tiempos y Correo del Sur/ Un presidente inimputable

El Diario / Más asaltos

La Razón / El cumpleaños de la ciudad de El Alto

El Nacional / Permanentes agresiones a los periodistas


El Deber y La Prensa / El difícil oficio

A los periodistas, en general, se les ha puesto harto complicado y no exento de peligros crecientes e inabordables el cumplimiento de su tarea en éstos tan enrarecidos como desapacibles tiempos en que discurre la vida nacional. Es tan delicada la situación que confrontan en el país los hombres y las mujeres de la comunicación que el hecho de recoger la información y transmitirla se ha convertido en un oficio de alto riesgo. Vaya a saberse si éste tendrá algo que ver con aquél que el galardonado hombre de letras y periodista colombiano, Gabriel García Márquez, definiera como el más bello del mundo. Pero ni despistados ni aguantadores que fueran los comunicadores bolivianos para que les parezca emocionantemente ‘bello’ que los insulten y los atropellen cada dos por tres, tal como viene ocurriendo en Bolivia. Como si por estas latitudes la misión de informar se hubiera transportado, de golpe y porrazo, a las épocas de las peores dictaduras. O que la prensa libre e independiente, aquélla cuyos códigos no conjugan con la complicidad ni la condescendencia, le esté resultando urticante e insoportable a cuantos sujetos ensimismados, soberbios, intolerantes, torpes, abusivos, desquiciados y otras vainas, aparecen emborrachados de poder. En la siempre circunstancial función de mandantes en la que ni siquiera son capaces de reconocerse como servidores públicos que el ciudadano paga con sus impuestos.

Vale una puntual evocación: el que pasó fue calificado como el peor año para la prensa en Bolivia, donde el propio Presidente de la República la identificó como su ‘enemiga’ al momento de iniciar su tormentosa gestión, que lleva ya tres años. Desde entonces, no han cesado los torpes e infundados señalamientos presidenciales contra los medios de comunicación y los periodistas, a quienes acusa de mentir, de humillar ‘al indio’ y de alentar en su contra afanes desestabilizadores, entre otras lindezas.

En 2008, el mayor porcentaje de los ataques y agresiones contra medios de comunicación y periodistas se registró en Santa Cruz de la Sierra, donde -para mayores desventuras de los comunicadores locales- se están dando por doble partida. Y es que el Jefe de Estado parece tener una especie de ‘émulo’ en el siempre impredecible alcalde municipal de la ciudad, que últimamente y en uno de sus frecuentes y siempre deplorables desbordes increpó, con inaudita torpeza y vulgaridad, a la reportera de un canal de televisión.

Lo más preocupante de todo es que, a estas alturas y cuando hace rato las cosas han pasado de castaño a oscuro, no parece haber una barrera de contención a tanto dislate de los empoderados de turno y que invariablemente deriva en las intolerables y siempre condenables agresiones verbales o de hecho contra los periodistas.

La Estrella del Oriente / Senadores, expertos salvavidas

Los senadores acaban de realizar un verdadero salvataje, deslindando de toda sospecha al presidente Evo Morales en el bullado caso de corrupción de la estatal YPFB.

Sabemos que se peca por acción y también por omisión y el fallo de los senadores puso a buen recaudo al Presidente de no caer en sospecha de falta, ni por omisión, menos por acción.

No es que quisiéramos ver al Presidente involucrado en un caso de tan graves características, pero nos parece que se debe ser muy responsable con el país, mucho más en un momento como el actual en el que el llamado “proceso de cambio” se asemeja a un auto de carrera Fórmula Uno piloteado por un adolescente alborotado, intrépido, sin límites y además inexperto en la conducción del coche al que le exige una alta y peligrosa velocidad más allá de la capacidad que tiene el motor de este y de su experticia como conductor. En esta comparación, podríamos decir que el Senado debería hacer el papel de padre rector, de guía, de principio legal y de realidad, para que el intrépido corredor tome de una vez por toda una experiencia que le exija ver y medir la consecuencia de sus acciones.

El senado ha hecho el único papel que sabe hacer que es el de instancia permisiva, de paternidad también irresponsable, propia de los eternos clareadores, que no quieren jugarse por nada, que nunca pondrán la piedra en el zapato de nadie; prueba de ello es que ya le dieron alargue a la Asamblea Constituyente, le aprobaron al gobierno el famosillo referéndum revocatorio y fueron así ayudando a encaminar al país al estado de shock y de peligro en el que se encuentra.

Eso es lo que tenemos dentro del parlamento, el congreso es en realidad una juntucha de opositores que juegan a hacer una política pasa pasa, una política atemperada para ganar puntos, para dejar puertas, ventanas, techos y cimientos abiertos.

Sabemos que tal vez no se puede determinar el grado de responsabilidad que ha tenido el presidente en tamaño orificio que se le ha hecho a la nacionalizada YPFB, pero existen antecedentes de muchas sindicaciones que se realizaron y a las que el Presidente tapó y tapó, hizo oídos sordos, creó cortinas de humo, insultó y castigó a los que denunciaban premiando a los que eran señalados por actos de supuesta corrupción. Esto ya reviste un grado de responsabilidad porque no se actuó con eficiencia, como también reviste un grado de responsabilidad el haber generado los famosos fideicomisos mientras el mandatario se llenaba la boca en cuanta circunstancia daba, diciendo que su gobierno no usaba gastos reservados, que estaba tras los corruptos de las capitalizaciones, etc, etc.

Nos cuesta creer que el Presidente no haya sabido nada de lo que estaba ocurriendo al interior de YPFB, o que no se haya preocupado por todos los malos manejos que ya se hacían evidentes, la falta de carburante, los cambios y recambios al interior de la petrolera muestran que sabía que las cosas no andaban bie3n; en realidad en todas estas situaciones vemos acciones muy irresponsables desde el mismo Mandatario que se ha dedicado a correr en su auto de carreta y no le importa cuántas averías hace o cuántos accidentes causa, o por último, cuántas desgracias se van desencadenando a causa de tan alocada forma de gobernar y dirigir la otrora Nación, que ahora ha transformado en un Estado a secas, una carretera que en medio de sus curvas sinuosas le ofrece la posibilidad de segregar un alto monto de adrenalina y practicar con los bolivianos un deporte de alto riesgo.

Los senadores se han cenado el caso antes que este sea analizado como debería, bueno, tal vez creen que ya basta con el banquetito de haber tomado preso a Santos Ramírez, y de sumariar a tres ministros, un superintendente y a todo el directorio de YPFB. Sin embargo, dejaron para el postre y el aperitivo del Ejecutivo los catorce fideicomisos que seguirán haciendo de las suyas y sirviendo de degustación para los gourmets de las arcas del Estado boliviano. Esto nomás ya nos sabe a seguir perseverando en la ruta del descuido, a seguir el lema de hagamos como queremos y luego lo arreglamos, total para eso están los abogados del Presidente y los Senadores del Presidente, que son buenos para arreglar todos los desperfectos y para ponerle chapa y pintura al auto que sigue porfiado en correr a altísimas y peligrosísimas velocidades, arrollando todo lo que tiene a su paso, con la venia y el aplauso de los senadores expertos salvavidas.

El Nuevo Día / El transporte en su ley

Los gremios del servicio del transporte urbano han decidido que a partir del 16 de marzo comenzarán a cobrar nuevas tarifas. En el caso de Santa Cruz, el pasaje de micros podría llegar a los tres bolivianos, el doble de lo que se paga en la actualidad. Los dirigentes del sector se han negado a escuchar los insistentes pedidos del Gobierno y la Superintendencia de Transportes, de esperar antes de tomar esta decisión, resistida también por las juntas vecinales, los municipios y por la Fiscalía del Distrito, que ha amenazado impedir el incremento con el uso de la fuerza pública.

Pocas veces se ha visto en los últimos años a las autoridades nacionales, locales y municipales coincidir en un tema de interés público; el problema es que lo hacen cuando el conflicto está encima, con amenazas de violencia y paros. Justamente los transportistas quieren ejecutar una autorización para la actualización de tarifas que les dio la Superintendencia, otorgada sin consultar a los municipios, llamados a ser los primeros responsables de este servicio. En otras palabras, el ciudadano viene soportando un sistema de transporte que es fruto de la descoordinación, del caos y la ausencia de regulación.

El transporte es el servicio peor regulado del país. Más allá de la autorización de funcionamiento y la asignación de líneas, son los mismos dueños de los micros los que manejan el sector a su antojo. Salvo algunas acciones aisladas de la Policía, nadie controla regularmente la seguridad y el estado de los micros, la idoneidad de los choferes ni la calidad del servicio que prestan. ¿Quién fija por ejemplo, el número de unidades que deben trabajar en cada línea? El único criterio que se aplica en este caso, obedece al comercio de espacios manejado por los propietarios de los recorridos, dependiendo de la rentabilidad. Cuando existe algún conflicto entre dos sindicatos, ellos mismos los arreglan a palos. Las autoridades no hacen más que contemplar cómo el sistema de transporte se debate de acuerdo a leyes primitivas.

Lo mismo ocurre con las distancias que recorren los micros. ¿Quién las establece? El caos reinante no impide que los micreros diseñen sus propios tramos, los acorten, los desvíen o los alarguen de acuerdo a su conveniencia. ¿Quién puede asegurar que el usuario de Santa Cruz no está pagando demasiado por un recorrido de unos pocos kilómetros? La experiencia indica que cada vez es más necesario hacer trasbordos para llegar de un punto a otro en una ciudad que aún no tiene las dimensiones de Buenos Aires o San Pablo, donde seguramente, lo que se paga por kilómetro recorrido es más bajo.

Los transportistas son también hábiles políticos y saben detectar muy bien el momento en que son capaces de menear la olla de los conflictos. El hecho de amenazar con decretar unilateralmente el incremento de tarifas obedece a la misma lógica con la cual se manejan los 365 días del año, es decir, afianzar su soberanía como sector libre de cualquier condicionamiento estatal y exento de obligaciones frente a la ciudadanía. Las autoridades han perdido por completo su capacidad para ordenarlos.

El transporte es el servicio peor regulado del país. Las autoridades contemplan cómo se aplican entre micreros leyes primitivas.

El Mundo / Peligro el presidente Morales no se parece a Fidel Castro

Todos los que conocemos un poco el proceso de la revolución cubana por conocer y saber cada uno de los procesos en los que los cubanos se ven inmersos, soy poco frecuente de realizar análisis de la política interna de las naciones (por respeto a las naciones y de la misma forma discrepo de los análisis que realizan desde fuera a favor o contra la política interna de Bolivia) pero no salimos del asombro de los motivos que llevaron a que el médico Carlos Lage y al historiador o maestro Felipe Pérez Roque fueran destituidos de forma abrupta, más tarde nos enteramos por medio de una reflexión de Fidel que: “Ninguno de los dos mencionados por los cables como más afectados, pronunció una palabra para expresar inconformidad alguna.

No era en absoluto ausencia de valor personal. La razón era otra. La miel del poder por el cual no conocieron sacrificio alguno, despertó en ellos ambiciones que los condujeron a un papel indigno. El enemigo externo se llenó de ilusiones con ellos.” (Granma 4-3-09), posteriormente ayer leí las cartas de la renuncia al Partido y los cargos que mantenía Carlos Lage donde señala: “reconozco los errores cometidos y asumo responsabilidad. Considero que fue justo y profundo el análisis realizado en la pasada reunión del Buro Político” de una forma parecida Felipe Pérez Roque en una misiva de renuncia a todos los cargos que mantenía señala: “reconozco plenamente que cometí errores” nos deja sin posibilidad de hacer algún tipo de cuestionamiento, como se dice en materia jurídica: confesión de parte relevo de pruebas.

La sorpresa en la isla se la debe entender como la más importante en los últimos 20 años, desde que estalló el caso 1-89 (caso Ochoa) y la destitución del anterior Ministro de Relaciones Exteriores Roberto (Robertico) Robaina quien en una entrevista que se le realizó CNN tres años después de su destitución este dijo: “Yo cometí errores políticos y sobre todo éticos muy graves. Reconozco no haber sido lo suficientemente transparente con mis compañeros, quienes tienen motivos suficientes para sentirse traicionados por mí “.

Se puede discrepar con Cuba y pueda que existan elementos para ello, lo que no se puede cuestionar es la actitud ética de los miembros del gobierno, recuerdo que una vez Fidel pasaba por una zona y le llamó la atención una construcción lujosa y preguntó de quien es dicha casa y le respondieron es de Landy quien no era nada más que su ex secretario personal y dirigía algo de la aeronáutica, Luís Orlando Domínguez, quien esa misma noche fue destituido y condenado a 20 años de cárcel, me imagino que en Cuba en este momento entre la población la duda debe ser qué hicieron Carlos Lage y Felipe Pérez Roque para que hubieran sido separados de la forma en la que se lo realizó, para que Fidel se exprese con tanta dureza contra ellos, la confesión de errores cometidos por los aludidos, y es política de estado no hacer escarnio con los funcionarios destituidos a no ser que hubieran cometido delitos, no nos olvidemos que toda una estructura militar y del ministerio del interior fueron juzgados y fusilados por estar involucrados en el tráfico de droga , en esa oportunidad el Ministro del Interior Abrantes fue encarcelado, murió de un infarto el general Arnaldo Ochoa y otros tres militares de alto rango fueron fusilados no sin antes reconocer cada uno de sus delitos.

El Presidente Morales siempre anda haciendo comparaciones (que resultan odiosas) con Cuba y su revolución, copia no en forma exacta algunos logros en educación y salud que fortalecieron en Cuba, de existir en Bolivia y en el Presidente Morales una conciencia ética y moral similar a la de Cuba y Fidel en estos momentos en Bolivia hubieran sido de hecho que Margarita Terán y sus hermanas narcotraficantes y el Dr. Ferrara hubieran sido fusilados por sus conexiones en el mundo de la droga, que Santos Ramírez , Saúl Ávalos, y Guillermo Aruquipa estuvieran pagando en prisión sus delitos de haber cometido acciones fraudulentas contra el estado, contra la salud de los pobres y la educación de la juventud, estuvieran pagando con cárcel el actual Ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana por sus acciones en casos como el contrabando de los 33 camiones denunciados por el presidente de la aduana el General López, estuvieran en la cárcel los que derrocharon más de 20 millones de dólares en el fondo de hacer creer la construcción de viviendas solidarias, existen funcionarios que hacen gala de viaje oficiales, en Cuba sucedió algo similar con el ex Ministro de Educación (Luís Ignacio Gómez ) que aprovechando el pretexto de cooperación internacional realizó 70 viajes al exterior y esto fue motivo para su destitución, hace menos de un año. Ayer en el Senado se encontró responsabilidades en el tema de la corrupción de YPFB a los ciudadanos Aruquipa, Villegas, Arce y Ávalos que actualmente son funcionarios del gobierno, este informe no fue elaborado por la oposición sino fue hecho por los Senadores del MAS Peredo y Díaz quienes mas allá del concepto de protección demostraron ética y moral, eso que debe demostrar el gobierno, sino corre el riesgo este gobierno del Presidente Morales de no parecerse en nada a Fidel Castro sino de convertirse en una copia de algún corrupto gobierno neoliberal de los que abundan por la América latina.

La Patria / Competencia china

Sin la menor intención de causar malestar en nuestras relaciones con la potencia asiática y amparándome en aquello de que “lo cortés no quita lo valiente”, hay que decirlo así de claro, la calidad de buena cantidad de los productos que nos llegan desde ese extremo del mundo simple y llanamente no tiene “aguante”, aunque tiene poco precio pero por lo mismo poca duración.

Mencionamos este asunto de la mercadería china, porque se ha convertido en una abierta competencia a la producción nacional, de manera particular en el rubro de las manufacturas, al punto que algunos talleres en El Alto y en otras ciudades están efectuando un fácil cambio de etiquetas en las prendas de vestir y las presentan como “Made in Bolivia”, sin darse cuenta que por la mala calidad de materiales y por las deficiencias de elaboración tales prendas son rechazadas por la población.

Para la gente de escasos recursos una alternativa sustitutiva en precio resulta la ropa a medio uso, cuya procedencia no siempre es “americana”, pero según comentan quienes acuden a esos grandes mercados de prendería usada, esos productos son también baratos, pero de mucha más duración.

Sucede entonces que se menosprecia la producción nacional y con justa razón, por mala calidad y peor confección, sin darse cuenta que en realidad se trata de material y elaboración china, por tanto prácticamente “desechable”.

Cuando realmente se trata de producción nacional, con material seleccionado y con garantía de producción, la cosa cambia, primero porque sube el precio y se justifica, luego posiblemente por la carencia de modelos en ciertas líneas especialmente de uso juvenil, pero hay que reconocer que en la fabricación de atuendos deportivos en nuestro país ya se compite con sellos internacionales, esto significa que muchos productores nacionales exportan alta calidad.

Frente a ésta realidad y las distorsiones que se presentan en lo que significa contrabando de ropa usada, producción nacional de eficiencia y calidad pero con la competencia de la ropa china que vende cantidad a menor precio y sin ninguna garantía, hay necesidad de aplicar medidas de resguardo para los micro productores nacionales, sabiendo que su trabajo es reconocido en el exterior y puede bajar de precio si sube la demanda interna, una vez que se elimine por otra parte la prendería usada, que si bien sirve temporalmente a un sector social, no puede ni debe permanecer por más tiempo frenando el avance de los productores bolivianos.

El Gobierno a través de sus ministerios de área tiene la obligación de esbozar un adecuado plan de incentivos para los micro y medianos productores pero partiendo del cumplimiento de las disposiciones legales y algunos decretos en vigencia, como los que prohíben la internación de ropa usada y determinan plazos para acabar su comercialización, por otra parte, adecuar de manera objetiva la “reconversión” de los contrabandistas en productores eficientes, de ese modo se puede defender el sello de calidad que tiene Bolivia, eliminando con más producción la desleal competencia china y de la ropa usada.

Opinión / Un millón de dólares por kilómetro, el costo del camino Villa Tunari-Beni

Lo que aparenta ser un negociado millonario, debe ser objeto de análisis del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y de la Contraloría. De lo contrario, el discurso del cambio queda en la más burda demagogia, para frustración de una gran masa del electorado.

No hay nada que hacer que aquello de que las carreteras de Bolivia, son las más caras del mundo, resulta una verdad de peso.

La explicación de que en un país pobre como el nuestro, las carreteras sean las más caras, se encuentra en que estas obras, sencillamente son fuente de corrupción y de latrocinio de todos los gobiernos, neoliberales y lo que no lo son o proclaman no serlo. La corrupción ha estado presente en Caminos, salvo durante un período durante el gobierno de Jorge Quiroga, cuando la entidad fue institucionalizada.

Después, la constante ha sido la misma. Y parece no variar cuando actualmente los bolivianos se enteran que la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) ha adjudicado la construcción del camino Villa Tunari-San Ignacio de Moxos a la brasileña OAS, que ejecutará la obra por un costo de 306 millones de dólares, es decir, que cada kilómetro costará

1.356.210 dólares, pero sin pavimento, porque la brasileña no proveerá el cemento asfáltico, lo hará la propia ABC.

Los últimos meses, ingenieros colegiados y eméritos, alertaron oportunamente de lo que podría ser otra “carretera de la estafa”, como lo fue el tramo Cochabamba-Villa Tunari. El Gobierno ha hecho oídos sordos a dichas afirmaciones que, además, fueron técnicamente documentadas y al parecer, la obra llena de dudas y claras anomalías, seguirá adelante.

En el proceso de cambio proclamado por el actual Gobierno, uno de los primeros aspectos que esperaba la ciudadanía sea modificado en la estructura del Estado, tenía relación precisamente con la administración y ejecución de obras camineras. Sin embargo, por lo que se puede evidenciar, nada ha cambiado y por el contrario las prácticas se repiten y mucho más graves aún, en medio de conductas que pretenden obviar las críticas y las denuncias, atribuyendo las mismas a supuestas situaciones políticas y pretendidos desprestigios al Gobierno.

Se ha insistido una y mil veces, que la única manera de frenar la corrupción en las entidades públicas, que tienen que ver con el proceso de desarrollo del país y que manejan enormes sumas de dinero a través de la contratación de obras de gran dimensión, es mediante la institucionalización. Esto quiere decir el nombramiento de las más altas autoridades bajo procesos parlamentarios, como una forma de evitar la toma de estas entidades por el partidismo político y como un mecanismo que garantice, en alguna medida, el profesionalismo y la honestidad, más allá de los apetitos personales y las consignas del prebendalismo político.

La historia en las carreteras de Bolivia se repite: obras caras, sobreprecios, anexos que obligan al Estado, es decir, a los ciudadanos que tributan, a correr con gastos extras, e influencias de alto nivel, para retribuir favores electorales. Así, el discurso del cambio, queda en el papel o en la más burda demagogia, para frustración de una gran masa de electorado que esperaba renovadas conductas políticas y de administración.

Los Tiempos y Correo del Sur/ Un presidente inimputable

De acuerdo a la interpretación de la comisión del Senado, Bolivia estaría siendo gobernada por un individuo inimputable

El pasado 13 de febrero, bajo el título “La dimensión profunda de la corrupción”, al referirnos al caso YPFB-Catler-Uniservice, nos preguntamos en este espacio editorial: “¿Estarán los “investigadores”, tanto los del oficialismo como los de la oposición, dispuestos a ir más allá de lo estrictamente necesario para que el asunto se entierre con discreción? ¿No tendrán, a pesar de sus aparentes diferencias políticas, suficientes intereses comunes para coincidir en la conveniencia de que todo se resuelva mediante un “chivo expiatorio” cuyo sacrificio resulte tan útil a unos como a otros?”

Al justificar las interrogantes que nos hacíamos, decíamos que “por la manera como está siendo tratado el tema, todo parece conducir a que se lo reduzca a la mala calaña de un individuo y, en el peor de los casos, de sus más estrechos allegados”. “Sin embargo -añadíamos- resulta evidente, aunque no para los “investigadores”, que todo lo hecho por Santos Ramírez no es la causa de un mal, sino sólo la consecuencia de uno mucho mayor…” Nos referíamos a “todo un conjunto de disposiciones adoptadas por el Gobierno.”

Muy a nuestro pesar, debemos lamentar que los hechos nos hayan dado la razón. Una vez más se ha puesto en evidencia que hay senadores que en nombre de la oposición, por razones que algún día tendrán que salir a la luz, en los hechos actúan como salvadores del Gobierno cada que éste se pone en aprietos.

No puede entenderse de otro modo que la comisión especial del Senado Nacional que investigó el caso YPFB haya presentado un informe en el que exime de toda responsabilidad al presidente Morales.

Los argumentos con los que se justifica tal decisión fueron expuestos por quien encabezó la comisión investigadora, Walter Guiteras, según quien “El Presidente no participa de los Conapes y en el gabinete son los ministros los que solicitan y el Presidente sólo administra (…) y hemos encontrado que por cómo se desarrollan el Conape y los gabinetes, el Presidente aparentemente no está contaminado”.

Así, de acuerdo a esa interpretación, Bolivia estaría siendo gobernada por un individuo inimputable. Es decir, por una persona que por no poder comprender la licitud de un hecho punible, debe ser eximida de toda responsabilidad.

La dimensión ética y legal de esa manera de valorar los hechos es evidente. Pero no menos importantes son sus efectos políticos, pues contribuyen a neutralizar la iniciativa de la oposición cívica de someter a un juicio de responsabilidades al Presidente de la República por haber sido él quien promulgó los decretos supremos que dieron lugar al caso YPFB.

Estamos pues ante una muestra más de lo lejos que ha llegado en nuestro país el envilecimiento de las élites políticas, y especialmente de una fracción de la oposición parlamentaria.

El Diario / Más asaltos

En los últimos días la población boliviana ha sido conmocionada por una ola de asaltos y atracos, sobre todo en capitales de departamento, en especial en aquellas que cuentan con mayor número de pobladores, donde los delincuentes llegan a matar a sus víctimas y se movilizan en vehículos previamente robados. Como muchos de estos casos no son esclarecidos, la ciudadanía pierde confianza en instituciones como la Policía Nacional, porque se pone al servicio del partido de gobierno y se dedica a reprimir manifestaciones y marchas de protesta contra la administración gubernamental, o para resguardar la seguridad física de ministros y sus familias, dejando desamparada a la población. De nada sirven las campañas de publicidad sobre mejoras en la infraestructura de la institución del orden, con la entrega de automóviles, motocicletas y ambulancias o la construcción de módulos policiales y la ampliación y refacción de los inmuebles que posee, además de las dotaciones de otros equipos e incluso alimentos. Al no haber eficaz control policial o patrullajes por zonas conflictivas, los delincuentes hacen de las suyas a plena luz del día, inclusive a pocas cuadras de las unidades policiales. La respuesta de la Policía a los reclamos es que no cuenta con el personal suficiente para cumplir con eficiencia el rol que le corresponde.

En los últimos días varios asaltos fueron perpetrados por avezados delincuentes, apropiándose de grandes cantidades de dinero, como de una sucursal bancaria de la ciudad de El Alto, donde comercializadores de una bebida alcohólica depositaron sus ganancias de carnaval. Los delincuentes que huyeron con más de un millón de bolivianos usaron dos vehículos robados para cometer el delito. Como las autoridades han visto por conveniente mantener en reserva las investigaciones, nadie sabe lo que está pasando. Parecería que se pretende distraer la atención de la opinión pública sobre ese hecho delictivo, el mismo que con el tiempo puede pasar al olvido, como muchos otros, lo que sería un mal antecedente de los representantes del Ministerio Público que dirigen las averiguaciones.

Poco después fue asaltada una estación de servicio, de donde los asaltantes sustrajeron más de 50 mil bolivianos. Más tarde se produjeron dos asaltos, uno en la zona de San Pedro en un locutorio – internet, y en una agencia bancaria en Alto Obrajes. Después de las primeras investigaciones existen tres detenidos y por las características del vehículo y la ropa que utilizaron no se descarta que sean quienes cometieron esos asaltos. Es de esperar que las autoridades, tanto de la Policía como de la Fiscalía, no den brazo a torcer para que los malhechores sean beneficiados con las medidas cautelares. Si no se actúa con energía, la población en corto tiempo estará a merced de los malhechores.

Existen similares problemas en Cochabamba y Santa Cruz. En la capital oriental la delincuencia hace de las suyas; antes de carnaval un taxista fue asesinado por robarle su vehículo y el dinero de la renta. Felizmente los policías, el fiscal y el juez actuaron como corresponde y en menos de diez días de cometido el delito los autores y cómplices del crimen fueron a parar a la cárcel de Palmasola. Otro asalto se produjo en el Plan Tres Mil de la ciudad de Santa Cruz, donde una mujer fue asesinada, por robarle 15 mil bolivianos que tenía consigo, en el interior de un ómnibus, a plena luz del día y cuando cumplía con su servicio de rutina. Policías están movilizados para dar con los delincuentes. Un caso parecido ocurrió en El Alto cuando una señora en estado de gravidez fue asaltada por un delincuente que le arrebató su cartera donde guardaba 5.000 bolivianos, el delincuente cruza la calle como si nada hubiera ocurrido, abordó un vehículo en el que se dio a la fuga. La Policía llegó con cierta demora y dice que está investigando, pero la ciudadanía exige resultados prontos y positivos.

Llama la atención que las fuerzas del orden sean muy efectivas para resolver algunos casos, como el del robo de 450 mil dólares y asesinato de un joven empresario tarijeño, pero cuando los afectados son personas humildes o sin influencia política no hay similar celeridad. En las últimas horas se reveló que militantes del grupo terrorista Sendero Luminoso estarían realizando esos asaltos, entonces se debería comenzar a expulsar a todos los extranjeros indocumentados que ingresan subrepticiamente a Bolivia con fines delictivos, sobre todo de aquellos que han hecho de la ciudad de El Alto su bastión, por la falta de seguridad ciudadana.

La Razón / El cumpleaños de la ciudad de El Alto

Después de cosechar en esa ciudad un apoyo que, en varias ocasiones, superó el 80 por ciento de los votos, lo lógico sería que el Primer Mandatario de la Nación se ocupe de mejor manera de sus necesidades. El Alto requiere bastante más que regalos de ocasión.

En el cumpleaños número 24 de El Alto, la segunda ciudad más poblada del país, los ojos de los bolivianos vuelven a aquella urbe conocida por sus aguerridos habitantes e incansables trabajadores, por la variopinta composición de su gente —llegada, al principio, del área rural de distintos departamentos—, por sus fríos intensos y, también, por su notable como desordenado crecimiento urbanístico.

Las circunstancias de ubicarse en el umbral de su primer cuarto de siglo de vida, desde que fuera reconocida como ciudad a través de una ley, deben inducir a los alteños y paceños, en general, a repensar el desarrollo de su “casa mayor”.

Sus dirigentes vecinales coinciden en que El Alto tiene un crecimiento sostenido, pero caótico. Tratándose de una ciudad con más de un millón de habitantes y con características singulares, merece una conducción administrativa de primer nivel y una planificación seria, lo que actualmente no tiene.

Entre las principales preocupaciones de los alteños figura un crecimiento urbano y poblacional que, día a día, causa efectos contraproducentes. En el primer caso, el descontrol municipal es inquietante; en el segundo, la gradual migración campo-ciudad se produce sin orden ni concierto. Entonces, todo está librado al azar, antes que a una organización y a un desarrollo racional.

Esta situación no puede continuar porque, de lo contrario, mientras más tarde se reaccione, la urbe alteña corre el riesgo de que cualquier esfuerzo que se pretenda desplegar, en materia de reconducción administrativa, caiga en saco roto. La Alcaldía local y el Gobierno nacional no deben perder de vista que allí se concentra una muy importante cantidad de bolivianos que apenas sí sobreviven en su cotidianidad, dentro de un panorama en el que salta a la vista el alto índice de la pobreza.

En este 6 de marzo de fiesta, el presidente Evo Morales vuelve a pisar suelo alteño para entregar modestos proyectos, en comparación con las grandes necesidades de una población que, desde el inicio del proyecto del MAS, especialmente de la aparición de Morales en la arena política, se ha constituido en la principal base social del partido de Gobierno. Quizá este momento le sirva al Presidente para admitir que, en tres años de gestión, no ha cumplido con su promesa de una mejor vida para quienes le dieron el más grande apoyo cada vez que han sido convocados a procesos electorales desde que él llegó al poder.

Después de cosechar en esa ciudad un apoyo que, en varias ocasiones, superó el 80 por ciento de los votos, lo lógico sería que el Primer Mandatario de la Nación se ocupe de mejor manera de sus necesidades. El Alto requiere bastante más que regalos de ocasión. La ampliación de una planta de tratamiento de aguas residuales y la inauguración de planes de agua potable y alcantarillado por supuesto que ayudan, pero no son suficientes.

Lo cierto es que gran parte de los alteños, muchos de los cuales son, todavía, los bolivianos más leales al gobierno del MAS, celebran este aniversario con una sensación de abandono y frustración. En lo municipal, muchos extrañan el buen pasar de la ciudad en los tiempos de José Luis Paredes. Tanto el actual alcalde, Fanor Nava, como el presidente Morales tienen una importante cuenta pendiente con El Alto.

El Nacional / Permanentes agresiones a los periodistas

El pueblo boliviano en general, y todos quienes trabajamos en los medios de comunicación del país, vemos azorados como día tras día los periodistas son vapuleados, no solo como tales, sino también como personas. De ese modo la dignidad de los periodistas como profesionales y como seres humanos, ven mellados sus derechos y se convierten en el blanco de la agresión permanente como una forma de comportamiento de determinados políticos, que con su accionar nos demuestran su poca o ninguna educación, además de una completa intolerancia a las opiniones o a las preguntas que les hacen los comunicadores, dentro de la labor que tienen de informar al pueblo, sobre todo lo que acontece y es de interés local o nacional.

En este orden de cosas, el Alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, demostrando descontrol propio de personas que ya no están en su sano juicio, ante la interrogante de una periodista sobre el problema de la epidemia del Dengue, que atraviesan los cruceños, arremetió contra ella de la forma más grotesca, con gruesos adjetivos, que solamente pueden ser proferidos por los ignorantes y los prepotentes, y no por autoridades que merecen respeto.

Recordemos una actitud similar, aunque menos grosera, que tuvo el Jefe de Estado contra un periodista en Palacio de Gobierno, la que ha sido superada ampliamente por el Burgomaestre citado, situaciones que, nos debe hacer reflexionar seriamente sobre esta clase de atentados en contra de la dignidad humana.

Desde ese ángulo digamos que el problema que existe en Santa Cruz, con la epidemia de dengue que azota a un gran número de ciudadanos orientales, se debe, esencialmente, a la imprevisión de las autoridades municipales y de salud de esa región, las que de manera oportuna debían trabajar y hacer campañas para evitar la propagación del mosquito transmisor de esa enfermedad y no solamente, como se lo está haciendo ahora, cuando el mal se ha extendido de manera alarmante.

Además, es obligación de los alcaldes y también de los prefectos, el ofrecer a la ciudadanía hospitales con adecuada infraestructura, con mayor razón en esa región oriental del país, en la que la población ha crecido en forma impresionante, la misma que, además, tampoco cuenta con los elementales servicios básicos que se deben ofrecer en una ciudad.

Sin dudad alguna, estas son fallas atribuibles a las autoridades locales, las que, en caso necesario, deben recurrir a las nacionales, sin concretarse solamente a asfaltar o a embellecer la ciudad, sino a contribuir a una buena educación de niños y jóvenes, con adecuada infraestructura escolar, y a la preservación de la salud del pueblo, brindando a todos los hospitales y postas sanitarias, suficiente capacidad y equipamiento, para que no suceda lo que pasa actualmente, que los nosocomios no pueden atender a los pacientes que acuden a los escasos centros hospitalarios, por estar sobresaturados.

Es lamentable que el “señor” Fernández continúe con esas actitudes ahora agravadas con características clínicas, que no son recientes, por cuanto en varias oportunidades se “salió de las casillas”, mostrando poses solamente comparables con quienes han perdido el juicio y la razón y que son internados en alguno los hospitales especializados de nuestro país, en los que se tratan casos de esquizofrenia.

Finalmente y como no podía ser de otra manera, con esas actitudes se atenta contra la libertad de prensa, lo cual mereció ya el repudio y pronunciamiento de la Asociación Nacional de la Prensa, de los sindicatos del ramo y de unos pocos parlamentarios, repitiendo, aunque sea como loros, las críticas que oportunamente lanzaron en contra del Presidente de la República, cuando éste cometió un error similar, aunque no de las características del que hoy comentamos.