No decir lo que está pasando porque al Gobierno no le gusta sería amparar la corrupción y las irregularidades, sería incumplir con la sagrada misión de informar…
Editorial La Prensa
La corrupción grande, mediana y pequeña es un mal encarnado profundamente en vastos sectores de nuestra sociedad y que, con excepciones, muchas o pocas, se practica en diversos estamentos públicos y privados que por muchos años llevaron a Bolivia a figurar en el ránking de los países más corruptos del mundo; unos dando comisiones ilegales y otros recibiendo, unos ofreciendo y otros exigiendo.
La corrupción que parece derivar de la vida cotidiana del engaño, cuando al comprar algún producto se recibe un peso menor al comprado o menos unidades de las adquiridas, es la expresión de un comportamiento que avergüenza.
Distintos gobiernos de nuestro país hicieron de la lucha contra la corrupción una promesa en sus campañas proselitistas, para acabar con esa lacra que estigmatiza a los bolivianos y que se agudizó cuando el Gobierno dictatorial del entonces general Luis García Meza fue vinculado al narcotráfico y, después, en varios de los regímenes democráticos que los sucedieron. Las promesas fueron incumplidas. Se acuñaron frases célebres, como aquella del MIR de la Revolución del Comportamiento, pero la corrupción fue entusiastamente practicada por muchos funcionarios públicos.
Llegó el Gobierno del Cambio y nada cambió. La imagen corrupta de varios altos cargos se proyectó dentro y fuera de las fronteras. Las páginas de los periódicos están llenas de denunciados actos de corrupción en distintas instituciones y ministerios.
Funcionarios gubernamentales acusan a la prensa de estar contra el Gobierno, simplemente porque no les gusta que cumpla con su misión fiscalizadora y de denuncia de irregularidades, especialmente cuando la sospecha recae en los más cercanos colaboradores del Presidente. Aseguran que esa misión la prensa la cumple sólo por dañar la imagen del partido en el Gobierno, hacerlo quedar mal, para que pierda popularidad, que los medios le están haciendo un favor a la oposición y que, por ello, están en la oposición política.
Pero la prensa debe cumplir con su obligación. No decir lo que está pasando porque al Gobierno no le gusta sería amparar la corrupción y las irregularidades, sería incumplir con la sagrada misión de informar sobre lo que sucede, sería ocultarle la verdad a la sociedad, a la que se debe; sería, finalmente, poner en riesgo la credibilidad que le ha otorgado esa misma sociedad que, según una encuesta de la empresa Mori en nueve capitales departamentales, está en el segundo lugar, después de la Iglesia Católica.
Los medios no son culpables y responsables de los denunciados actos de corrupción en YPFB, o en la Superintendencia de Empresas que obligaron a la renuncia de su penúltimo Superintendente, o de aquellos actos ilegales que hubo antes y durante el actual Gobierno.
Lo que corresponde es que las autoridades no se molesten por las informaciones sobre corrupción; que tomen acciones contra todos aquellos funcionarios públicos que, con sus acciones, están desprestigiando al Gobierno.
Que, en conclusión, luchen efectivamente contra esa lacra.