La Asociación de Comerciantes Minoristas Tumusla y Codeina harán protestas todos los días. Los industriales anuncian juicio.
Codeina aceptó reunirse hoy con el Gobierno, pero recalcó que no apoyará la venta de prendería usada.
Comercialización: dos vendedores de prendería de segunda mano acomodan su mercadería en una de las galerías afectadas en la calle Figueroa
La Prensa
Las denominadas “mañaneras” de la Asociación de Comerciantes Minoristas Tumusla, que venden prendas nacionales en la avenida del mismo nombre y cerca de la plaza Eguino, efectuaron ayer una marcha de protesta en contra de la nueva ampliación de la venta de ropa usada después del 31 de marzo. En su recorrido atacaron tiendas donde se comercializan esas prendas y anunciaron que radicalizarán sus protestas todos los días.
Cerca de las 10.00, la marcha partió de la avenida Tumusla y descendió hasta la calle Figueroa y alrededores de la plaza San Francisco, donde arrebataron prendas que se exhiben en puestos y galerías de prendería usada que hay por el lugar.
Portando un ataúd, las “mañaneras” llegaron hasta el frontis del Palacio de Comunicaciones, donde funciona el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, y quemaron ropa usada y un muñeco que representaba a la titular de esa cartera de Estado, Patricia Ballivián, a quien exigieron su renuncia al cargo.
El sector anunció que se movilizará periódicamente hasta que el Ejecutivo retroceda.
Según un estudio del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el ingreso de esas prendas en un 93 por ciento es de contrabando y ocasiona un daño económico de 513 millones de dólares al sector productivo.
La Federación de Fabriles informó que esta actividad provocó la pérdida de 107.000 puestos de trabajo, 56.000 de ellos del sector textil y confecciones.
Para hoy, encabezadas por el Comité de Defensa de la Industria Nacional (Codeina), alrededor de 30 organizaciones de microproductores marcharán desde la zona del Cementerio General en rechazo a la continuidad de la venta de prendería usada después del 31 de marzo.
El Gobierno suscribió el 20 de marzo un convenio con la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) y la Comisión Nacional de Defensa de la Ropa y Prendería Usada (Conaderpu) para impulsar el Programa de Fortalecimiento Productivo. Éste sustituye al de Reconversión Productiva que, según admitió el Gobierno, fracasó.
En Oruro, el gerente general de la Cámara de Industrias, José Peñaranda, anunció movilizaciones en caso de que se apruebe otra ampliación, ya que esa actividad ocasionó que se cierren 42 de 45 textileras.
El presidente de Codeina, Porfirio Quispe, desconoció a Conamype porque no representa a la micro y pequeña empresa.
Por el contrario, acusó a sus dirigentes de haberse beneficiado de manera irregular de los recursos del Programa de Reconversión Productiva que el Gobierno implementó en 2007 para insertar al sector productivo a los vendedores de ropa usada.
La ministra Ballivián invitó a Codeina a una reunión para hoy, con el fin de que se sume al convenio firmado con Conamype y Conaderpu. Quispe confirmó su asistencia, aunque después de participar en la movilización programada desde las 09.00 de este martes. Subrayó que irá pero no para aceptar el convenio, sino para hacer respetar el plazo del 31 de marzo como fecha límite de la comercialización de ropa usada. “Nuestra posición es que se respete la ley y que ya no haya más ampliación”.
La Ministra insistió ayer en negar que el acuerdo firmado el 20 de marzo amplía la venta de ropa usada, pero tampoco desmintió que el 1 de abril la comercialización quedará prohibida.
Su viceministro de Micro y Pequeña Empresa, Ramiro Elizondo, ese día había anunciado que mientras se implementa el nuevo programa continuará la venta de unas 11.000 toneladas de prendas de segunda mano que aún existen en el territorio nacional.
El presidente de la Conamype, Marco Antonio González, admitió que el Gobierno pretende ampliar la comercialización para que se termine ese stock de prendas, aunque explicó que a cambio promoverá la reconversión con el respaldo de un decreto supremo. Este sector apoyó la decisión a pesar de que les afecta por la competencia desleal que representa esta mercadería.
Los industriales anuncian juicio
El presidente de la Cámara Departamental de Industrias de Cochabamba, Laureano Rojas, anunció ayer el inicio de un juicio de responsabilidades en contra de la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Patricia Ballivián, por violar el Decreto Supremo 28761 (que prohíbe la importación de prendas usadas) y dar paso a una nueva ampliación para la venta de esta mercadería.
“Es una vergüenza lo que está pasando en el país, (con esto) se pone en evidencia que la corrupción está empezando a campear libremente; lamentablemente vamos a tener que recurrir a plantear un juicio de responsabilidades contra la Ministra de Desarrollo Productivo”.
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Daniel Sánchez, también cuestionó una nueva ampliación y criticó que la Aduana Nacional no hubiera controlado el paso de 11.000 toneladas de prendas usadas al país, las que deberían ser decomisadas y luego remitidas a un hogar de niños pobres. “Han sido espantosas las cifras que ha dado el viceministro (de Micro y Pequeña Empresa, Ramiro Elizondo) de que existen 11.000 toneladas de ropa usada todavía para comercializar, lo que significa que han entrado 550 camiones o más de contrabando y que la Aduana no ha hecho nada al respecto”.
Decreto avala el convenio
El convenio suscrito el 20 de marzo entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) y la Comisión Nacional de Defensa de la Ropa y Prendería Usada (Conaderpu), que da paso al Programa de Fortalecimiento Productivo, tendrá el respaldo de un decreto supremo que se prevé sea aprobado el 25 de marzo en una reunión de gabinete.
El proyecto de decreto indica que este programa será creado con el dinero del fideicomiso del anterior Programa de Reconversión Productiva que alcanza a 80 millones de bolivianos, de los que quedan 65,1 millones y otro saldo de 14,8 millones que fueron entregados a beneficiarios para su proceso de reconversión, los que serán recuperados por el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (Fondesif) a través de las entidades de intermediación financiera que administran esos recursos.
El documento no menciona una ampliación de la comercialización de la ropa usada; no obstante, el presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Marco Antonio González, afirmó que el Gobierno pidió un plazo para que se termine de comercializar las 11.000 toneladas de prenda a medio uso que aún quedan en el país.
Según dijo, el Ejecutivo tiene que tomar la decisión de ampliar o no el plazo que vence este 31 de marzo.
Más datos
El Gobierno, junto a dos asociaciones de microempresarios, validó el acuerdo el viernes.
La medida deja en suspenso la prohibición de la venta de prendería usada desde el 1 de abril.
La decisión es criticada por los productores textiles y la industria en general.