Dicen que fue por la oposición del ex prefecto paceño Paredes, pero el acto se realizó cuatro días después del revocatorio, cuando “Pepelucho” ya era ex prefecto.
Calificó como “falsa” la declaración de la ministra Suxo, sobre la legalidad de la firma.
Prefecto Aguilar acepta que protocolizó el polémico documento de YPFB el 14 de agosto de 2008
La Patria
El prefecto de Oruro, Alberto Luís Aguilar, admitió ayer que la protocolización de contratos con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), se firmó en Oruro, el 14 de agosto de 2008, seis meses antes que estallara el escándalo de corrupción en la empresa estatal del petróleo.
Asimismo, criticó las declaraciones de la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción Nardy Suxo quien aseguró que la firma de esos documentos no debió efectuarse en Oruro, porque no es el domicilio legal de YPFB.
Aguilar dijo que en esa oportunidad, (14 de agosto de 2008), no participó la empresa Catler Uniservice, principal implicada en los casos de corrupción en YPFB descubiertos tras el asesinato de su gerente Jorge O’ Connor el 27 de enero; desmintiendo las acusaciones que hizo el Senador por Poder Democrático Social (Podemos), Walter Guiteras.
“Es un mentiroso (Walter Guiteras), (…) no hay la seriedad, no hay la veracidad (en las investigaciones) y miente el senador Guiteras al hacer conocer a la prensa acusaciones, en la campaña de desprestigio contra nuestra institución”, dijo.
Aguilar, sostuvo que “no es el Senado el que investiga, sino un solo senador de Podemos (Walter Guiteras), que investiga el proceso de protocolización que se ha realizado en la ciudad de Oruro”; asegurando que Guiteras se encuentra solo en la comisión de la Cámara Alta que investiga el caso de corrupción de YPFB y Catler Uniservice.
La firma de protocolización de YPFB en Oruro, se realizó entre Yacimientos, el Ministerio de Hacienda -denominado aquella vez- y el Banco Unión, el 14 de agosto de 2008, seis meses antes del escándalo en la estatal, que tuvo un costo de 7.500 bolivianos depositados en la cuenta de la Prefectura de Oruro, dijo la autoridad.
La protocolización fue informada a la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción Nardy Suxo, el 2 de marzo de 2009, dijo Aguilar.
El Notario de Hacienda y Gobierno de la Prefectura de Oruro, Alvaro González, explicó que “era un trámite de fideicomisos, (se trataba) donde el Estado entregaba dinero al Banco Unión, para que este administre a favor de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en términos corrientes”.
El secretario departamental de Asuntos Jurídicos, Fidel Gutiérrez, informó que el costo del trámite de protocolización fue de 7.500 bolivianos, siendo la tarifa tope máxima para la protocolización de estos documentos, acotando que “el trámite fue normal”.
El Notario de Gobierno, Gonzáles, mencionó que la protocolización fue a pedido del abogado de YPFB en Oruro, Roberto Gironás. En relación a los fideicomisos de la estatal, aseguró “nunca hemos protocolizado un protocolo de la Catler-Uniservice, con Yacimientos y el Banco Unión”.
INVESTIGACIONES
El prefecto aceptó que se realice cualquier investigación del Senado, y pidió al senador Guiteras que lo invite personalmente para declarar y esclarecer el caso de la protocolización del contrato de YPFB. “Estamos prestos como prefectura a cualquier carta de investigación, así de la oposición e informaremos todo este proceso de la protocolización firmado en Oruro”, expuso, acotando que “Cuando la oposición busca desprestigiar al gobierno y a sus instituciones, lo hará, porque esta en oposición”.
SUXO
Respecto a las declaraciones de la Ministra Suxo, que YPFB no debió realizar los contratos de protocolización en Oruro, porque su domicilio legal se encuentra en La Paz, Aguilar explicó que eso es falso:
“Totalmente falso, ustedes saben que un acto de protocolización se puede hacer en cualquier departamento, de acuerdo a la normativa tienen la potestad de hacer protocolizaciones, y sabiendo que tienen su sucursales en todos los departamentos.”
Agregó que “YPFB, tiene acá su representación legal, sus oficinas públicas en la administración de YPFB, y tiene todo el derecho de hacer todas las representaciones, porque a nivel nacional, las prefecturas tienen esa tuición esa potestad de realizar protocolizaciones cuando la institución solicitante así requiera”.
Prefectura sólo cumplió una solicitud al protocolizar el contrato de YPFB
Dicen que fue por la oposición del ex prefecto paceño José Luís Paredes
Pero el acto se realizó cuatro días después del revocatorio, cuando “Pepelucho” ya era ex prefecto
“La Prefectura del Departamento a través de la Notaría de Gobierno simple y llanamente ha cumplido una solicitud y ha transcrito los documentos presentados por los interesados y partir de ahí se han protocolizado los mismos”. Con esa declaración a la agencia de noticias del Gobierno, ABI, el secretario general de la Prefectura de Oruro, Tomás López admitió ayer que ese gobierno departamental facilitó la suscripción del contrato entre YPFB y la irregular Catler-Uniservice, que provocó la destitución y encarcelamiento del ex presidente de la estatal petrolera Santos Ramírez con un daño económico al Estado de casi 70 millones de dólares.
El lunes, el presidente de la Comisión del Senado que realiza la investigación de la presunta corrupción en YPFB, Walter Guiteras (Podemos), denunció que la protocolización del contrato con Catler-Uniservice fue realizada en Oruro “en una notaria que ha facilitado este proceso de inscripción”.
Guiteras justificó su “sospecha” y argumentó que el domicilio legal de YPFB es La Paz y no existía una razón jurídica para realizar la protocolización en Oruro.
El Código Civil establece que el lugar de la suscripción del Contrato es donde se realiza la aceptación de las partes, en este caso, La Paz.
JUSTIFICACION
López dijo que se aceptó la protocolización en Oruro porque en La Paz se corría el riesgo de obstaculización del entonces prefecto opositor José Luís Paredes, que, según el funcionario de la prefectura orureña, estaba alineado a Podemos. “En ese momento había una posición intransigente y de obstaculización de los prefectos de la oposición en ese tiempo, como el caso el prefecto José Luís Paredes, del mismo partido del senador Guiteras”, dijo López.
“No querían absolutamente nada para obstaculizar la gestión del Gobierno nacional”, insistió.
Pero la empresa Catler – Uniservice recién se registró en el Registro de Comercio el 30 de septiembre de 2008, casi un mes y medio después del referéndum de revocatoria de mandato del 10 de agosto de 2008 que derivó en la pérdida de mandato del Prefecto Paredes. Es decir, Paredes ya no estaba en la prefectura cuando Catler – Uniservice se anotó como empresa en el Registro de Comercio.
Las obras para la edificación y puesta en funcionamiento de una planta separadora de líquidos que se adjudicó a Catler-Uniservice fueron adjudicadas el 11 de julio de 2008 por un valor total de 86,35 millones de dólares y con un plazo de entrega de 340 días.
El 14 de julio se firmó el contrato con la participación del presidente de la Republica Evo Morales, pero hasta la fecha no se ha “movido ni siquiera un ladrillo”, según el Ministerio Público que investiga el caso.
El contrato del fideicomiso a favor de YPFB para pagar a Catler-Uniservice fue firmado el 14 de agosto del 2008, por un total de 45 millones de dólares.
López dijo que de acuerdo con el procedimiento de suscripción y protocolización de contratos, cualquiera de las notarías de Gobierno que funcionan en las nueve prefecturas del país, tiene facultades para protocolizar, como en este caso, actos de fideicomiso.
El Secretario General de la Prefectura de Oruro dijo que sólo se cumplió con la solicitud de protocolización.
CONTRADICCION
Pero el asesor jurídico de la Prefectura de Oruro, Fidel Gutiérrez, contradijo a su colega López. Según Gutiérrez, la protocolización se hizo cuatro días después del referéndum de revocatoria de mandato, el 14 de agosto y anuló el argumento de supuesta oposición del Prefecto Paredes.
“Este trabajo de protocolización se ha realizado el 14 de agosto de 2008, entonces es mucho antes de que se hayan dado los problemas en Yacimientos y que son de conocimiento público, de esta manera la Prefectura del departamento (de Oruro), quiere dejar por sentado que no se ha cometido ningún tipo de irregularidad” dijo Gutiérrez.