Armas en Bolivia

- Opinión

Y mientras siga el descontrol en la portación y venta de armas, la población seguirá escuchando reportes sobre atracos a mano armada, tiroteos en los hoteles, disparos a quemarropa en los buses, balaceras a plena luz del día, choferes acribillados, ajustes de cuentas, en fin.

laRazon Editorial La Razón

La Policía halla armas y explosivos en la Feria Exposición. Un grupo fue detenido con explosivos de tipo C4. Los asaltantes portaban armas de guerra. Los Ponchos Rojos aceptan cambiar sus fusiles. Campesinos de Cuatro Cañadas muestran sus armas para presionar a los cívicos cruceños. El líder de la Conalcam, Fidel Surco, aparece en fotos con gente armada. Esas frases son titulares de informaciones que La Razón y otros medios difunden los últimos meses; son datos de una realidad: la facilidad con la que las armas de fuego circulan en el país, sin ningún control, pese a un decreto supremo que restringe su tenencia y comercialización y pese a que se pone en riesgo la seguridad de la población boliviana.

Un amplio trabajo realizado por este diario comprobó que el negocio ilegal de la venta de armas tiene al menos cuatro rutas de ingreso y distribución en el territorio boliviano, la más importante —por la extensión de la frontera— es la de Brasil, pero además están los accesos por Argentina, Paraguay y Perú, todos limítrofes. Una vez dentro se distribuyen por todo el país.

Fusiles, escopetas, revólveres y pistolas circulan dentro de las fronteras sin ningún control y, muchas veces, a vista y paciencia de las autoridades nacionales, departamentales y locales. Pero además del tráfico ilegal, que viene desde fuera del país, está la comercialización y/o robo de armas de reglamento usadas por los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Al margen de esas armas “convencionales”, en varias oportunidades las fuerzas del orden y los órganos de inteligencia del Estado anunciaron el hallazgo de cantidades considerables de explosivos, tanto dinamita como el de tipo C4, cuyo uso y comercialización de éste último es altamente restringido y bajo estrictas medidas de seguridad y control.

Lo cierto es que estos objetos circulan libremente por el país sin que ninguna autoridad ni jerarquía pueda evitarlo y el resultado es una sociedad vulnerable ante el irresponsable uso del armamento o, como sucedió en un hotel de Santa Cruz, expuesta a un operativo en el que la Policía debe usar la violencia para controlar a quienes las portan.

En cualquier caso, el tráfico de armas no tiene fines lícitos ni favorece al país, solamente responde a los intereses de grupos interesados en cometer delitos comunes, narcotráfico o terrorismo, los grupos organizados en torno a esas actividades son los que tienen la capacidad para adquirir y vender estos objetos.

Entretanto, el Senado guarda bajo siete llaves un proyecto de Ley de Armas debido a que las Fuerzas Armadas y la Policía se disputan el derecho de extender el certificado de portación; esa discusión estéril frena la norma aunque en el territorio boliviano la portación, circulación y venta es casi libre.

Un decreto aprobado el año pasado, que está en vigencia y que debe ser aplicado por el Ministerio de Defensa, tampoco frena la circulación indiscriminada de armas; es más, los planes para cambiar los fusiles de los autodenominados Ponchos Rojos tampoco funcionaron y éstos aún empuñan los máuser para apoyar alguna acción del Gobierno, porque son afines al MAS.

Y mientras siga el descontrol, la población seguirá escuchando reportes sobre atracos a mano armada, tiroteos en los hoteles, disparos a quemarropa en los buses, balaceras a plena luz del día, choferes acribillados, ajustes de cuentas, en fin.