Himalaya y el nuevo estado

La “nacionalización” de la mina Himalaya se suma a los muchos ejemplos de lo que en los hechos significa el “nuevo Estado”

clip_image002Editorial Los Tiempos



Si hay algo que ya tendría que estar claro a estas alturas del proceso político que se inauguró con el ascenso del Movimiento al Socialismo al Gobierno, es que no se trata de un simple relevo de élites burocráticas en la gestión del aparato estatal. Mucho más que eso, es la destrucción premeditada y sistemática del Estado republicano y su paulatina sustitución por otro Estado, uno que va construyendo su propia estructura institucional.

Muestras de lo que eso significa en el plano teórico se las puede encontrar en abundancia en las elucubraciones hechas durante los últimos años por los principales ideólogos del nuevo régimen. Ellos, franca y abiertamente, postulan la necesidad de reducir a escombros la “vieja estructura estatal” para sobre ellos erigir una nueva.

En lo práctico, eso se manifiesta cada vez con mayor claridad en la consolidación y proliferación de enclaves en los que las instituciones del Estado republicano son expulsadas y su lugar va siendo ocupado por las del que está en proceso de construcción.

La “republiqueta de Achacachi”, así definida por el Vicepresidente de la República, es un buen ejemplo pero no el único. Lo que está ocurriendo en El Alto es parte del mismo proceso, sólo que en una etapa aún no tan avanzada.

Otro ejemplo, no menos elocuente, es el que durante los últimos días ha vuelto a salir a luz en el cantón Cohoni, en la provincia Murillo de La Paz, donde se encuentra la mina Himalaya. Allá, hace ya 17 meses, los comunarios “indígena originarios campesinos” decidieron “nacionalizar” esa mina, así como muchas otras de las que fueron expulsados los cooperativistas.

El argumento con que justifican sus actos es muy simple. “Los recursos naturales existentes en el país pertenecen a los originarios y deben ser explotados y manejados por los originarios; estamos decididos a eso. Estamos 1 año y 4 meses (en la mina) y ellos (la empresa) estaban 23 años explotando a nuestros hermanos”, dicen. No se refieren a una empresa transnacional, sino a una cooperativa perteneciente a mineros bolivianos tan pobres como ellos pero que, según sus parámetros, no merecen el privilegiado título de “originarios”.

Como se sabe, ni la Policía Nacional, ni las instancias judiciales, ni otra institución del “viejo Estado” puede intervenir. Han sido impunemente expulsados, de modo que quede claro quién tiene el poder y quién está demás. Y ante ello, más allá de irrelevantes declaraciones líricas que ni siquiera logran disimular sus verdaderas intenciones, los constructores del “Estado Plurinacional” no disimulan su beneplácito. Es que así se da un paso más hacia el logro de su principal objetivo que no es otro que la consolidación de un poder de facto ante el que nada pueda la legalidad “colonial”.