Los servidores públicos temen perder su trabajo si no apoyan al MAS. El gobierno se da modos para sortear la ley electoral que prohíbe descuentos. Se definieron escalas de aportes en función del nivel salarial y categoría de los empleados.
La Prensa
Al menos cinco empleados públicos de diferentes niveles de la administración estatal afirmaron que son obligados a dar aportes económicos “voluntarios” para la campaña electoral del presidente Evo Morales.
Dos funcionarias, una del Ministerio de Salud y otra del de Minería, que pidieron guardar sus nombres en reserva, denunciaron a La Prensa que esos aportes fluctúan entre 20 y 400 bolivianos, dependiendo de los niveles salariales.
El “aporte voluntario”, según los testimonios, es obligatorio y se constituye en una presión para los empleados que temen perder sus fuentes laborales si no erogan el monto indicado.
La pasada semana, el vocero de la Presidencia, Iván Canelas, aseguró que no se obliga a los trabajadores a dar aportes, sino que ellos contribuyen de manera libre y voluntaria.
Este dinero no es descontado por planilla salarial, para evitar infringir la ley. Según las fuentes consultadas, se dispuso que una persona, bajo lista, recoja los aportes y los entregue al Jefe de Unidad o Director y éstos lo deriven a un recaudador del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La Ley de Régimen Electoral Transitoria, en su disposición final octava, “prohíbe el descuento económico por planillas de los salarios de los funcionarios públicos para el financiamiento de campañas electorales”. Este apoyo “obligatorio” también alcanza al bono del “funcionario público” de 1.000 bolivianos, que el Jefe de Estado aprobó su pago único en mayo.
Un empleado del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural contó que luego de recibir esa bonificación le descontaron 100 bolivianos.
“A principios de julio nos pagaron el bono y de esos 1.000 bolivianos que recibimos tuvimos que entregar 100”.
En esta cartera de Estado aún no definieron el monto que deberán aportar de sus sueldos para la campaña. En los ministerios de Salud y Minería, según las quejas recibidas, quienes ganan hasta 2.000 bolivianos tendrán que aportar 20 bolivianos y los que perciben 4.000 deberán entregar 40 bolivianos mensuales. Los funcionarios cuyos sueldos lleguen a 6.000 aportarán 100 y quienes ganen entre 7.000 y 10.000 su “apoyo” económico será de 400 bolivianos cada mes hasta diciembre.
En la Prefectura de La Paz, dirigida por el MAS, existe una escala de entre 15 y 350 bolivianos. Según funcionarios de esa entidad, el prefecto Pablo Ramos aporta 350 bolivianos, el secretario general Félix Patzi, 300; los secretarios departamentales, 250; los directores, 200; los jefes de Unidad, 100 bolivianos; los profesionales, 75, y entre 15 y 50 bolivianos los técnicos y personal administrativo.
Patzi negó que él personalmente erogue ese monto, aunque indicó que entregar aportes es una decisión voluntaria de cada militante.
En el Servicio Nacional de Telefonía Rural (Senater), los empleados antiguos no aportan, sólo los militantes del MAS. El aporte sería el 10 por ciento de su salario. Asimismo, de su bono “al funcionario público” entregaron, al parecer, 20 bolivianos.
Hay algunas excepciones en algunas reparticiones como la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), donde no se exige ningún aporte.
La instrucción, según las fuentes de los ministerios de Salud y Minería, fue emitida por las jefaturas de Recursos Humanos y tendría carácter retroactivo. La orden corre desde mayo.
Este matutino buscó hablar con el ministro de Salud, Ramiro Tapia, al respecto, pero no fue posible porque tenía el teléfono celular ocupado. Una de las denunciantes contó que existen empleados que se negaron a hacer los pagos y éstos habrían sido amenazados con que no se les renovará el contrato.
“Es una presión psicológica porque si no das, seguro que van a decir que no apoyas al partido y eso trae consecuencias”.
Similar situación ocurre en un ministerio del área económica. Un funcionario dijo que los servidores que no están en planillas son presionados bajo amenaza de no renovarles su contrato laboral.
Una de las denunciantes recordó que para la ratificación del presidente Morales en el referéndum de agosto de 2008, también se hizo circular una lista de aportes “voluntarios”.
El Mandatario pidió que los empleados que sean obligados a hacer aportes denuncien a sus extorsionadores; sin embargo, ella está convencida de que si lo hace puede perder su empleo porque sería su palabra en contra de los dirigentes.
El Ministerio de Transparencia, hasta la fecha, según informaron en esa repartición, no recibió denuncias al respecto. La ministra Nardi Suxo, en radio Erbol la pasada semana, dijo que instruirá una investigación cuando reciba una queja escrita.
Lo que dice la norma
La Ley de Régimen Electoral Transitoria, aprobada el 14 de abril de este año, en su disposición final octava establece estas prohibiciones para los funcionarios y el uso de bienes públicos:
I. Se prohíbe a los funcionarios públicos, bajo pena de destitución, dedicarse durante las horas de trabajo a actividades relacionadas con propaganda o campaña política. Se prohíbe la publicidad gubernamental, en todos los niveles de Gobierno, durante los 30 días anteriores a la fecha de votación.
II. Asimismo, queda terminantemente prohibida la utilización de bienes públicos de cualquier tipo en actividades partidarias, electorales o proselitistas. Si se comprobara la violación de esta disposición, las cortes electorales solicitarán la suspensión inmediata del funcionario infractor y la remisión de antecedentes ante el Ministerio Público para el inicio de las acciones legales correspondientes. De igual forma, se prohíbe el descuento económico por planillas de los salarios de los funcionarios públicos para el financiamiento de campañas electorales.
III. En todo proceso electoral, 30 días antes del acto de votación, ningún servidor público, sin que importe su jerarquía, podrá publicitar ni difundir los actos públicos de entrega de obras por ningún tipo de medios de comunicación social.
Datos
El Gobierno asegura que ningún empleado es obligado a aportar que es “voluntario”.
Los servidores públicos temen perder su trabajo si no apoyan al MAS.
No presentan denuncias al Ministerio de Transparencia porque temen represalías.