Presidenciables aún no saben cómo financiar su campaña; cuestionan la ventaja electoral del oficialismo

Elecciones. Los aspirantes al sillón de Palacio Quemado diseñan sus estrategias para tener dinero y hacer proselitismo. Para enfrentar este proceso se requiere, al menos, $us 6 millones

image

Afiches. En la propaganda y en los medios de comunicación es donde se invierte la mayor cantidad de dinero



El Deber, Christian Peña y Lillo H.

Mientras el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) perfiló algunas de sus estrategias para obtener financiamiento para la campaña de reelección del presidente Evo Morales (una libra de coca por cada cocalero de Chapare y los aportes del 10% del salario de los parlamentarios), los opositores que aspiran al sillón de Palacio Quemado todavía trabajan en las variables que pueden utilizar, y todos afirman que transparentarán la obtención de recursos económicos.

Pese a las críticas que recibió Morales por el ofrecimiento de los cocaleros, para los masistas esto es una actividad normal y no reciente. Gustavo Torrico, diputado paceño por el MAS, afirmó que este tipo de apoyo se ha realizado en campañas anteriores.

De igual forma, el diputado precisó que ministros, viceministros y los congresistas masistas también aportarán con un 5 o el 10% de sus salarios para los fondos que el partido utiliza durante estos procesos.

A decir de Jorge Landívar, ex militante de ADN y ahora dedicado al análisis político, para una campaña presidencial modesta se requieren de por lo menos $us 6 millones.

Ese monto, según Torrico, el MAS no conoce y aseguró que en el partido en función de Gobierno se hablará de “miles y no de millones”.

Sin embargo, el aspirante presidencial y ex prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, coincidió con Landívar   en la cantidad de dinero que se necesita para enfrentar un proceso eleccionario como el del 6 de diciembre.

“Eso es más o menos lo que costará nuestra campaña”, puntualizó Reyes Villa, y agregó que en las actividades preliminares que ha hecho en diferentes puntos del país, ya ha gastado más de $us 10.000.

Por su lado, el ex dirigente campesino por el MAS y también candidato a la Presidencia, Román Loayza, reveló que hasta la fecha gastó alrededor de Bs 10.000 en sus recorridos por el país, pero aseguró que todavía no ha calculado la cantidad de dinero que requerirá para encarar la recta final del proceso electoral.

“Es un hecho que el Gobierno recibirá apoyo de fuentes extranjeras, al menos eso escuché en una anterior campaña”, indicó Loayza. Al igual que Reyes Villa, el disidente masista aseguró que los recursos que utilizará los captará de la población.

A su vez, el ex líder cívico y precandidato a la jefatura de Estado, Germán Antelo, dijo desconocer cuánto gastó hasta el momento, pero aseguró que utilizará los recursos con responsabilidad y transparencia, aunque hasta el momento no tiene un presupuesto de campaña. “Buscaremos mecanismos para la participación de la gente”, indicó.

Otro postulante que tampoco tiene claro cuánto de dinero destinará a su campaña es el ex vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas, que hasta el momento ha gastado cerca de $us 3.000.

“Se está concluyendo el plan de financiamiento de la campaña. Buscaremos la fiscalización pública”, apuntó.

Para Peter Maldonado, también postulante presidencial, lo más importante no es el monto de dinero que se necesita, sino las propuestas y apoyo de la población. Según él la movilización que ha realizado es financiada en su totalidad con sus ahorros, aunque no precisó el monto.

Gastos durante el proceso 

Publicidad. Uno de los mayores gastos está en la propaganda electoral, a través de los medios de comunicación, y la impresión de afiches, volantes, pancartas y gigantografías.

Movilización. Los candidatos deben tener dinero para llegar a la mayor cantidad de poblaciones y capitales de departamento en el país. Este ítem debe ser multiplicado entre 3 ó 5, que es la cantidad de personas que generalmente acompañan al postulante.

Encuestas. Fuentes vinculadas a empresas encuestadoras, señalaron que un operativo eleccionario nacional llega a costar alrededor de $us 80.000 y que el pago por una encuesta nacional tiene un costo promedio de $us 8.000.

Personal. Si bien hay gente que trabaja sin salario en las campañas, es indispensable crear equipos de profesionales y asesores a sueldo para diferentes tareas.

Coca para dar en concentraciones

En medio de las críticas que han surgido de la oposición al Gobierno, después de que los cocaleros del trópico de Cochabamba comprometieran como apoyo a la campaña del MAS una libra de coca por afiliado, ayer el senador Lino Villa, uno de los dirigentes de los productores de la zona de Yungas, dijo que ellos también aportarán con coca, pero que ésta será utilizada para entregar a la gente en las concentraciones de campaña.

Respecto al destino que tendrán las libras que se lograrán juntar en la zona de Chapare, el diputado masista Gustavo Torrico aclaró que de toda la cantidad de coca que se junte, una parte será monetizada y la otra también se usará para regalar a su militancia durante sus concentraciones.

“Este aporte también podrá ser entregado en dinero, ya que los afiliados venden la libra de coca en Bs 5 a los comercializadores y ese monto será cedido a la campaña. Seguramente habrá otro tanto de coca que se juntará y se envasará en bolsas plásticas para regalar a la gente en las reuniones, concentraciones y seminarios que realizaremos”, explicó Torrico.

Para los políticos opositores a la gestión gubernamental, esta acción sólo es una forma más de tratar de tapar el financiamiento venezolano al MAS y cuestionan lo que llaman la narcotización de la política.

Óscar Urenda, presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, aseguró que la coca que se obtenga a través de este método será vendida al mercado negro del narcotráfico y que estas acciones muestran la total dependencia del Gobierno hacia un movimiento irregular que se geste en Chapare, donde denunció hay cada vez más fabricación de sustancias ilícitas.

Se hace difícil conseguir los recursos

Róger Tuero | Politólogo

Los partidos políticos antes tenían al Tesoro General de la Nación como una de sus fuentes de financiamiento, ya que formaban parte del funcionamiento del sistema democrático del país. Una segunda fuente importante de apoyo a los procesos electorales es la empresa privada, que tienen su propio interés.

La entrega de recursos gubernamentales tenía como finalidad evitar las fuentes de financiamiento dudosas, lo cual cambió con las modificaciones que se hicieron a las Ley Electoral y a la de Partidos Políticos.

Debido a esto, veo muy difícil que los actuales aspirantes a la Presidencia puedan conseguir los recursos necesarios para desarrollar una campaña, ya que éstas son bastante costosas. Uno de los mayores gastos es el pago de la propaganda en los medios de comunicación, porque las campañas modernas en todo el mundo se hacen a través de estos canales.

Al ser esto muy caro, en muchos casos deja a algunos de los aspirantes presidenciales sin posibilidades de hacer conocer sus propuestas.

La supresión del financiamiento estatal fue una forma de impedir la participación en la vida democrática de varios actores políticos, que no conseguirán los recursos necesarios para una campaña con colectas ciudadanas. El Gobierno parte en esta campaña con mucha ventaja.

Cuestionan la ventaja electoral del oficialismo

Elecciones. Plantean que el Estado entregue bonos o vales a los partidos políticos para los gastos de publicidad. Piden a la población ser vigilantes de los comicios del 6 de diciembre

image Campaña. Los partidos no contarán con financiamiento estatal para cubrir los gastos del proselitismo. Surgen propuestas

El Deber, ­Aideé Rojas C.

La ventaja electoral en el aspecto económico con la que llegará a las elecciones del 6 de diciembre el MAS no sólo es criticada por sectores sociales y políticos, sino también por ex vocales de la Corte Nacional Electoral (CNE) y analistas políticos que plantean la aprobación de una ley para obligar a los beneficiados y a los benefactores a que rindan cuenta del dinero que aportan para una campaña y el uso de esos recursos o, en su defecto, que el Estado otorgue financiamiento estatal a los partidos políticos.  

El objetivo de la propuesta es evitar que los partidos políticos y candidatos reciban aportes econó- micos ilícitos para financiar sus campañas y tener cierta ‘ventaja’ con relación al partido oficialista, explicaron, por separado, el politólogo Carlos Cordero y el ex vocal de la CNE Jorge Lazarte. 

Ambos profesionales coincidieron en que, de aprobarse esa normativa, ayudará a transparentar la utilización de los recursos y el origen de los mismos. Es decir, que informen a los electores sobre quiénes son sus cooperantes y en qué se gastó el dinero.

Cordero dijo que si bien la Ley de Partidos Políticos permite las donaciones y contribuciones de sus afiliados y simpatizantes, las organizaciones políticas se ven en desventaja porque ya no cuentan con el financiamiento estatal, porque esa figura fue abrogada el 21 de agosto de 2008 por el Congreso y que se determinó crear un fondo para las personas con discapacidad. 

En criterio de Cordero, la otra alternativa es que el Estado considere la posibilidad de entregar vales o bonos para publicidad a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas o pueblos indígenas a fin de promocionar sus propuestas electorales.

Sobre la polémica que se originó por la donación de 20.430 kilos de coca de los productores de Chapare para apoyar a la campaña del MAS, el ex vocal de la CNE Jorge Lazarte opinó que tanto  la Corte Electoral  como la sociedad civil deberán vigilar el proceso comicial, ya que se corre el riesgo de que las autoridades gubernamentales utilicen los bienes públicos para respaldar la campaña del MAS que buscará la reelección del presidente Evo Morales.

Además, manifestó que no es ético que funcionarios públicos dejen sus fuentes de trabajo para hacer campaña electoral en favor de un determinado candidato.

A su vez, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Erwin Rojas, consideró que las autoridades judiciales están llamadas por ley para investigar si la cantidad de coca que darán los sindicatos no excede a lo permitido y si no viola la ley de sustancia controlada.

En campaña 

Denuncia. El ex dirigente cívico de Tarija, Jorge Blacutt, denunció que el prefecto de esa región Mario Cossío  instruyó descontar obligatoriamente, cada mes, el 2,6% del salario a los funcionarios de la administración departamental para financiar las actividades de su agrupación Camino Al Cambio.

Aportes. El asesor de la Prefectura de Cochabamba, Rolando Ramos, informó de que los funcionarios públicos del MAS determinaron realizar aportes económicos para la campaña electoral a favor de Evo Morales, que buscará su reelección en diciembre.

Lo prohibido. El art. 51 de la ley de Partidos Políticos establece que los dirigentes políticos no podrán recibir aportes de Gobierno o entidades estatales extranjeras, de personas jurídicas extranjeras, salvo la asistencia técnica y de capacitación. De organizaciones no gubernamentales, de origen ilícito, de agrupaciones o asociaciones religiosas.

Abrogación. El financiamiento estatal fue anulado por una ley que crea un fondo para discapacitados.

Corta historia  del aporte  estatal

Salvador Romero | Ex Pdte. de la CNE

Sobresaltada, rica en peripecias y corta fue la historia del financiamiento público a los partidos políticos. Su aprobación mediante reforma a la Ley Electoral en 1997 resultó difícil por el rechazo de muchos sectores.

No bastó que la subvención pública se inscribiese y precisase en la Ley de Partidos Políticos ni que la fiscalización fuese estricta para acallar las críticas. En 2003, el Gobierno de Carlos Mesa ignoró la norma y no entregó recursos para el año no electoral: los partidos, aún golpeados por la renuncia de Sánchez de Lozada, apenas mascullaron su molestia, lo suficientemente bajo como para que no se escuche en la sociedad.

En 2004, algunos partidos renunciaron a los fondos públicos, en 2005; acomplejado y sin que nadie lo pidiese expresamente, el Parlamento recortó el aporte estatal y para seguir haciendo buena letra entregó el manejo de los recursos a la Corte Electoral.

En 2008, llegó sin debates parlamentarios; por iniciativa del MAS y con la venia opositora, el Congreso aprobó en horas la ley que en su primer artículo suprimió el financiamiento público,  y para que no se dude que el pasado era tan oscuro como solidario el futuro, se dispuso que la entrega de los recursos va a un fondo para los minusválidos. Así, Bolivia se convirtió, con Venezuela, en los únicos países de Sudamérica sin subvención estatal a los partidos.