Recursos frenan a Corte cruceña en caso Rózsa

Fiscal presentó acción de amparo y recusó a vocales cruceños. La Viceministra de Justicia dijo que el juez cruceño Luis Hernando Tapia Pachi actuó ilegalmente.

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Investigador: el fiscal Marcelo Soza en el Juzgado Décimo Cautelar



La Prensa

Una acción de amparo constitucional y una recusación planteadas el 5 de agosto y ayer por el fiscal paceño Marcelo Soza impiden cualquier decisión de la Corte Superior de Santa Cruz sobre la disputa de jurisdicción entre un juez cruceño y una juez paceña para conocer el caso de la célula irregular dirigida por el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores.

La viceministra de Justicia, Cecilia Rocabado, explicó ayer que como consecuencia del primer recurso judicial planteado por el investigador del tema, la Sala Penal de La Paz dispuso que nadie pueda conocer el caso.

La acción de amparo debe ser resuelta por los vocales Blanca Alarcón y William Alave.

Además, Marcelo Soza recusó ayer a todos a los magistrados cruceños, pues presume que no actuarán con plena independencia e imparcialidad.

Soza explicó que basa su argumentación en el hecho de que estos jueces acataron un paro cívico decretado por el Comité pro Santa Cruz, cuando este organismo era conducido por Branko Marinkovic, y dio a entender que, de esta manera, se supeditan a los mandatos de quien interpuso el recurso para generar el mencionado conflicto.

Ante un recurso planteado por el juez cruceño Luis Hernando Tapia Pachi, a solicitud de Marinkovic, la Corte Suprema decidió que el conflicto de competencia sea resuelto por la Corte de Santa Cruz.

Este tribunal debía decidir si el caso es procesado por Tapia Pachi o la juez paceña Betty Yañíquez, pero esa posibilidad se mantiene, ahora, en suspenso.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, el expediente del caso fue remitido a Santa Cruz.

La decisión de los supremos fue cuestionada por el Gobierno, que anunció un juicio de responsabilidad contra los magistrados del máximo tribunal de justicia del país.

La presidenta en funciones de la Suprema, Beatriz Sandoval, explicó que el fallo fue adoptado en sujeción a la ley y aseguró “no temer” un eventual enjuiciamiento en su contra.

El ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, argumentó: “Aquí hay un accionar político, hay una convivencia política entre algunos actores vinculados a los comités cívicos de Santa Cruz con algunos jueces”. El vicepresidente Álvaro García afirmó que el sistema judicial de Santa Cruz “es uno de los peores del país”.

La viceministra Rocabado explicó que la medida cautelar planteada por Marcelo Soza “consiste en que cuando un tribunal de garantías, en este caso la Sala Penal de la Corte de Distrito de La Paz, tiene conocimiento de una acción de amparo, hasta que se resuelva esa acción” puede impedir que otras instancias jurídicas tomen conocimiento e intervengan en la causa.

Los magistrados cruceños decidieron el miércoles que la Sala Penal Primera, compuesta por los jueces Teresa Lourdes Ardaya, Teresa Vera de Gil y Jacinto Morón, resuelva la jurisdicción del proceso en el plazo de 72 horas.

Soza —dijo la viceministra Rocabado— “ha presentado una acción de amparo denunciando un indebido proceso en cuanto hace al trámite del conflicto de competencia”, pues el recurso para que la causa radique en la capital oriental fue planteado por Marinkovic, ante el juez Tapia Pachi, sin ser parte en el proceso investigativo, aunque sí fue mencionado por los investigadores, testigos e imputados.

La autoridad sostuvo que “cuando alguien que no es parte presenta un recurso en un proceso, ningún juez debe acceder a tal solicitud. Imagínese, yo estoy pasando por la calle y presento una solicitud. Es totalmente incorrecto. Haber admitido esa solicitud es un hecho totalmente ilegal en el que incurrió el juez Tapia Pachi, de Santa Cruz”.

Ese hecho es “un mal de origen” que debe corregirse.

En el computador personal de Rózsa Flores, Soza informó que se encontraron referencias a que Marinkovic y el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, y otras tres personalidades de esa región, formaban el “Mando Supremo” de la célula irregular, a quienes Eduardo Rózsa Flores identificaba como “los tíos”.

En una entrevista con el periodista húngaro Andras Keppes, Rózsa dijo que viajaba a Bolivia para crear una milicia armada a fin de “defender” al departamento de Santa Cruz o, en su caso, separarlo de Bolivia. Esa grabación fue conocida luego de la muerte del presunto terrorista.

El tema puede ir a Cochabamba

Si los magistrados Blanca Alarcón y William Alave declarasen improcedente la acción de amparo planteada por el fiscal paceño Marcelo Soza, la recusación planteada contra los vocales cruceños por el mismo representante del Ministerio Público debería ser ventilada por la Corte Superior de Distrito de Cochabamba.

La norma vigente determina que cuando se presenta esta figura, el tema debe ser conocido y resuelto por la Corte más cercana geográficamente a las dos en conflicto, que en este caso sería la que funciona en la capital del valle.

En declaraciones hechas ayer por el fiscal Soza, “mientras esta cuestión no sea resuelta, la Corte de Santa Cruz no puede actuar” para resolver el conflicto de competencias por el caso Rózsa.

El Fiscal aclaró que el recurso de recusación fue planteado tanto contra la Sala Plena como contra todos los magistrados de la Corte cruceña, pues considera que pueden respaldar la posición sustentada por el ex presidente cívico de esa región Branko Marinkovic.