El caso Rosza involucra a otros como el húngaro Tibor Révész, Gabor Dudog, Daniel Gaspar y Nagy Tamás Lajos, que se presume están también en Hungría.
Caso Rózsa y sus financiadores será desentrañado: Gamarra
Fiscalía exhibió una galería de 58 fotografías de los supuestos terroristas abatidos por la policía a mediados de abril en Santa Cruz.
La Paz, 3 sep (ABI).- La Cancillería y el Ministerio Público coordinarán las acciones penales que se seguirán en el exterior del país, en el marco de la investigación de los vínculos de la desarticulada célula terrorista encabezada por el croata-boliviano Eduardo Rózsa, en contra las personas que fugaron para eludir las pesquisas y extranjeros que abandonaron el país, informó el jueves el fiscal Marcelo Soza.
«En esta semana coordinaremos con la Cancillería la posibilidad de plantear en el exterior las acciones legales», señaló a los medios.
Explicó que uno de los objetivos es tomar declaraciones a los ciudadanos extranjeros que según las investigaciones llegaron al país con Rózsa y por otra parte lograr la extradición de los bolivianos que fugaron para eludir a la justicia.
«En la investigación por el delito de terrorismo está incluido el húngaro, Tibor Révész, por su participación con el grupo irregular de Rósza», precisó Soza.
Agregó que pretende indagar a otros sospechosos: Gabor Dudog, Daniel Gaspar y Nagy Tamás Lajos, que se presume están también en Hungría.
Según Soza, Révész tiene una amplia formación militar porque comandaba la Legión Szekler, organización paramilitar creada el 2002 en la ciudad de Palhalma (Hungría).
También, dijo, que «existen indicios de que el ciudadano español Alejandro Hernández Mora, experto en explosivos y sabotaje, estaría vinculado a la banda mercenaria del boliviano-húngaro-croata».
Mora habría sido contactado por Rósza para conformar un grupo de especialistas en explosivos para preparar bombas y perpetrar atentados terroristas contra personalidades e inclusive reuniones masivas de ciudadanos.
El español tendría igualmente la misión de entrenar a otras personas para preparar explosivos de alto poder destructivo en base al C-4 y el napalm, según el Fiscal.
Caso Rózsa y sus financiadores será desentrañado: Gamarra
La Paz, 3 sep (ABI) – El Ministerio de Gobierno reconoció el jueves la competencia de la jueza Betty Yañíquez y el fiscal Marcelo Soza y comprometió sus esfuerzos para llevar a buen puerto la investigación judicial de los nexos y financiadores locales del grupo de mercenarios europeos contratado para encender una guerra civil en Santa Cruz y fragmentarla de Bolivia, sostuvo el director jurídico del Ministerio de Gobierno, Rubén Gamarra.
«El Ministerio de Gobierno en defensa del Estado y la sociedad no bajará los brazos en la investigación del caso (Eduardo Rósza, cabeza de la banda de milicianos) hasta encontrar a los que financiaron a la célula de mercenarios para que planifiquen la secesión del país con actos terroristas», advirtió.
Gamarra dejó establecido que para el Ministerio de Gobierno no existe problema de competencia, entre las jurisdicciones de La Paz, donde arrancó la indagación, y Santa Cruz, donde fueron abatidos tres miembros del grupo, entre ellos el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa) porque (tanto Yañíquez cuanto Soza, que administran el caso) están amparados en la Constitución Política del Estado y la Resolución del Tribunal de Garantías de la Corte Superior de La Paz.
De acuerdo con la Constitución -en que se basó el fallo de la resolución de la Sala Penal Tercera de La Paz, que sentó definitivamente la jurisdicción de La Paz para la verificación de la investigación- «la decisión final que conceda la Acción de Amparo Constitucional será ejecutada inmediatamente y sin observación. En caso de resistencia se procederá de acuerdo con lo señalado en la Acción de Libertad. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto, quedará sujeta a las sanciones previstas por la ley».
Por ello, Gamarra expresó que la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz violó la Constitución al emitir una resolución disponiendo que el cuestionado juez, Hernán Luis Tapia Pachi, asuma la administración del caso Rózsa.
Como querellante del proceso contra el húngaro Elöd Tóasó, el boliviano Mario Tadic y otros, Gamarra recordó que la Corte Suprema de Justicia, en Sucre, también dispuso, en forma ilegal, que la Corte Superior de Santa Cruz defina la competencia en el caso.
Ante esa decisión «ilegal» de la Suprema el fiscal primario de la causa, Marcelo Soza, interpuso una acción de amparo constitucional «contra esa viciada resolución», argumentó Gamarra.
En arreglo al procedimiento, se ordenó, como medida cautelar, a la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz «que se inhiba y abstenga de emitir cualquier resolución o pronunciamiento», prosiguió a tiempo de explicar el desarrollo de las acciones judiciales.
«En definitiva con esa resolución del Tribunal de Garantías Constitucionales que es superior a la decisión de la Sala Penal Primera de Santa Cruz se ha resuelto el conflicto artificial creado por Pachi que se subordinó al ex cívico Branco Marinkovic», agregó Gamarra.