Comisión de fiscales aceleró la presentación de una acusación formal para que Leo sea procesado en tribunal ordinario. Fiscalía es funcional al Gobierno. Leopoldo clama por juicio justo
EL PPB DICE QUE CON EL JUICIO SE BUSCA DESLEGITIMAR A SU CANDIDATO A “VICE”
En su celda (foto). A juicio. El ex prefecto Leopoldo Fernández será presentado ante un tribunal de sentencia de La Paz.
El Día, Martes, 13 de Octubre, 2009
Acusan a Fernández para evitar su traslado a Pando
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Una comisión de fiscales presentó una acusación formal para que el ex prefecto sea procesado en un tribunal ordinario. La determinación fue apoyada por el Gobierno cuando existía la orden de una juez de Porvenir, Pando, de llevar hasta allá el caso.
La comisión de fiscales que investiga la llamada “masacre de Porvenir” aceleró el juicio ordinario ayer contra el ex prefecto pandino y candidato a Vicepresidente por Convergencia Nacional, Leopoldo Fernández, presentando una acusación formal, en una actitud que es observada por sus abogados y los opositores como una clara muestra del Gobierno de Evo Morales de anular su aspiración política de cara a las elecciones de diciembre.
«El Ministerio Público acató el procedimiento; la imputación, la etapa preparatoria y la acusación”, dijo el fiscal Eduardo Morales.
Morales afirmó que en el juicio oral el Ministerio Público probará que Fernández «no es preso político sino, con probabilidad, autor intelectual de la matanza de al menos 16 personas, el 11 de septiembre del año pasado».
La decisión se tomó luego que la Corte de Distrito de Pando determinara el traslado de estas personas que guardan detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz, a Cobija.
Las reacciones no se dejaron esperar. El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, saludó la decisión de la Fiscalía y aseguró que con esta determinación se confirma que el proceso se debe quedar en La Paz y rechazó de forma tajante la intención de trasladar al candidato vicepresidencial de Manfred Reyes Villa a Pando.
“El Gobierno acudirá a todos los recursos legales para exigir que Leopoldo Fernández, permanezca detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro hasta que sea condenado”, dijo el diputado y vocero de campaña del MAS, Jorge Silva.
La abogada de las víctimas de Porvenir, Mary Carrasco, informó que se cumplió el paso procedimental previo para que se inicie el proceso en sí, donde deberán demostrar como defensa la culpabilidad de los imputados: Los delitos son terrorismo, homicidio, asesinato, asociación delictuosa y lesiones graves y gravísimas, informó Carrasco.
El partido de Reyes Villa reaccionó ante la presentación de la acusación y la hija de Fernández, Pamela, aseguró que esto demuestra el grado de injerencia que tiene en la justicia paceña el Gobierno.
El vocero del binomio, Erick Fajardo, por su parte insistió en que estas decisiones no se aceptarán porque lo único que pretenden es inhabilitarlos.
Según el procedimiento penal, después de la acusación se conforma un tribunal compuesto por dos jueces técnicos y tres ciudadanos hasta llegar a un juicio oral en un periodo de tiempo aún no establecido y cuando faltan dos meses para el 6 de diciembre. /Agencias
Leopoldo clama por juicio justo
El candidato vicepresidencial del Plan Progreso para Bolivia (PPB-CN), Leopoldo Fernández, goza de caso de corte en su condición de ex prefecto de Pando, por lo que no es legal su procesamiento por la vía ordinaria, según, Erick Fajardo, vocero del presidenciable Manfred Reyes Villa.
«Lo que Fernández clama es justicia y transparencia en su proceso y no su libertad, como especulan algunos dirigentes del Movimiento al Socialismo», dijo, a tiempo de sostener que la decisión judicial de trasladar su caso a Pando tampoco es lo correcto y legal.
Reiteró que el ex prefecto pandino, detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro de La Paz, goza de caso de corte y lo que corresponde es un juicio de responsabilidades en la Corte Suprema de Justicia.
Los acusados
Leopoldo Fernández • Encabeza la lista de 27 personas acusadas por terrorismo, homicidio, asesinato, asociación delictuosa y lesiones graves y gravísimas
En la lista • Figuran también Olman Pino Soria, Jorge Lengua Áñez, Rosendo Domínguez, Melitón Brito, Hermen Blanco, Delfín Fernández, William Mosuco, Ronald Mosuco, Néstor Da Silva, Danilo Guari, William Terraza, Juan Marcelo Megido, Abel Franco, Adhemar Guerrero, Hugo Apaza, Felipe Bigabriel, Máximo Ayllón, Agapito Vira, Oswaldo Valdivia, Nilad Benegas Becerra, Hugo Mopi, Germán Justiniano, Marcial Peña, Roberto Rea, Dixon da Silva y Eddy Ventura.
Punto de vista
‘Cualquier acto será anulado’
EDWIN ROJAS
COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS
El procedimiento que ha elegido la comisión de fiscales que investiga el caso de Porvenir es ilegal desde todo punto de vista y cualquier actuación en ese sentido está viciada de nulidad absoluta en primer lugar porque el juez del control jurisdiccional no es competente para procesar a una autoridad electa.
Seguramente el paso siguiente será convocar a un tribunal de sentencia para que procese al prefecto de Pando en actos que igualmente van a ser nulos de pleno derecho.
De igual manera si en el futuro ese tribunal dicta una sentencia ésta estará viciada de nulidad porque no causa ningún estatus jurídico un fallo emitido por autoridades que no tienen competencia porque en este caso se está fallando a un principio que es el derecho que tiene cualquier ciudadano, como un derecho humano, a tener un juez imparcial que le garantice un fallo justo.
Los pasos correctos en este caso, no son ni siquiera trasladar los expedientes y los detenidos a Porvenir, si no remitirlos directamente a la Fiscalía General de la República para que ésta elabore la proposición acusatoria ante la Corte Suprema de Justicia para que se ventile el juicio de responsabilidades como le corresponde a una autoridad electa. Hacer lo contrario puede representar un efecto boomerang.
Leopoldo es acusado de asesinato y terrorismo
Judicial. La imputación fue presentada ayer por la Fiscalía de La Paz. La defensa responde que la acusación no tiene argumento y fue entregada por una jueza que ya recusaron. Hay otros 26 sindicados
Procesado. El ex prefecto Fernández en una audiencia en su contra. Asegura que intentó prevenir el enfrentamiento
Pablo Ortiz | EL DEBER
La comisión de fiscales que investiga los hechos del 11 de septiembre de 2008 en Porvenir acusó de asesinato, homicidio, terrorismo, lesiones graves o leves y asociación delictuosa al ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, por la muerte de 13 personas en el enfrentamiento entre campesinos y autonomistas. La querella o acusación formal fue interpuesta ante el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal, a cargo de la jueza Marcela Siles, e incluye a otros 26 acusados (leer en el recuadro). Para Karlo Brito, abogado de Fernández, la acusación es demasiado débil y sin argumentos y fue presentada ante una jueza que no podrá llevar el caso porque ya fue recusada por la defensa.
En página y media, la Fiscalía sostiene que Fernández es autor mediato de los hechos del 11, 12 y 13 de septiembre, que causaron 13 muertos entre Tres Barracas, Porvenir y Cobija. Como principal argumento de su acusación, el Ministerio Público argumenta que nada importante pasaba en el territorio pandino sin que el ex prefecto tenga conocimiento y que además utilizó estructura institucional para el enfrentamiento, en referencia a la maquinaria y personal del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam).
En una entrevista concedida a EL DEBER, Fernández aseguró que autorizó el uso de la maquinaria de Caminos para evitar un enfrentamiento en Cobija, ya, según él, el objetivo de los campesinos era tomar la Prefectura de Pando. Además dijo que hizo las gestiones para que tanto la Policía como las Fuerzas Armadas intervengan en la situación antes de que se produjeran muertes.
El 11 de septiembre, el choque armado entre grupos afines a la Prefectura y campesinos leales al Gobierno, provocó la muerte de seis labriegos, tres normalistas y dos autonomistas en los alrededores de Porvenir.
Un día más tarde, cuando el Gobierno retomó el aeropuerto Aníbal Arab de Cobija, bloqueado por los autonomistas desde el 5 de septiembre, se produjeron otros dos decesos, el de un pastor evangélico y un conscripto.
En la acusación contra el resto de los imputados, sobre los que no pesa el cargo de terrorismo, se sostiene que ellos estaban en los lugares de las muertes armados con rifles, escopetas y pistolas, todos de calibre 22, “bajo la consigna de impedir a como diera lugar el paso de campesinos hasta Cobija”.
La acusación se limita a la autoría de 10 de los 13 decesos y no abunda en la muerte de los dos autonomistas ni en la del pastor evangélico. Tampoco se indica si eso merecerá una ampliación de la imputación. En las referencias a los otros 26 acusados se incluyen sus cargos políticos (hay alcaldes, consejeros, concejales y ex constituyentes), sus puestos en la Prefectura o su militancia cívica. Sin embargo, de esta acusación se ha excluido a la ex presidenta cívica Ana Melena, al ex vicepresidente Ricardo Shimokawa y al ex director del Sedcam Jorge Villalobos, todos refugiados en Brasil.
La jurisdicción también está en litigio
Karlo Brito, abogado defensor de Leopoldo Fernández, sugirió a la Fiscalía enviar su proposición acusatoria ante el Juzgado Mixto de Instrucción de Porvenir, que es el tribunal natural de este caso y que además ha dispuesto el traslado de los cuatro detenidos al penal de Villa Busch. Brito asegura que la jueza Marcela Siles, además de estar recusada, no tiene jurisdicción para tratar el tema.
Sin embargo, la abogada de las familias de los tres normalistas asesinados el 11 de septiembre en Porvenir, Mary Carrasco, anunció que iniciará una acción penal contra la jueza de Porvenir, María Eugenia Romero, por el delito de prevaricato y pedirá que sea citada a la ciudad de La Paz para prestar sus declaraciones informativas ante la Fiscalía. Para Carrasco es un delito que la jueza haya ordenado el traslado de Fernández y el resto de los detenidos por este caso de la cárcel de San Pedro a Pando y calificó a Romero como “una aberración jurídica”.
“Lo que se va a hacer es la acción penal contra la jueza Romero, vamos a convocarla a La Paz para que preste declaración por los actos ‘prevaricadores delincuenciales’; si se resiste vamos a pedir al fiscal su detención, pase lo que pase tiene que venir a responder por sus actos”, dijo a la red Erbol.
La Fiscalía es funcional al Gobierno
Juan Edmundo Jacobo / Abogado Penalista
Lo que está haciendo la Fiscalía es ser funcional al Gobierno y pisotear toda la institucionalidad y nuestras leyes. Con la presentación de esta proposición acusatoria quieren arreglar lo que han hecho mal durante un año. Se está vulnerando el proceso especial o de responsabilidades que como autoridad elegida merece el ex prefecto Leopoldo Fernández.
Como se dice, lo que el Ministerio Público quiere es arreglar la carga a medio camino a través de un ardid legal, que además puede tener cierto tinte electoralista.Una prueba de que el Ministerio Público está siendo funcional, por no decir servil al Gobierno, es el fiscal General del Estado falló en su intento de procesar a Fernández ante la Corte Suprema de Justicia por un error de procedimiento (no presentó una proposición acusatoria). Es lógico, tratándose de un interino debe estar amenazado si no baila al son del Gobierno.
El Gobierno está vulnerando ésta y la anterior Constitución. Ya no existe el derecho al juez natural e insisten en llevar todo a La Paz, donde tienen la certeza de que los jueces y fiscales bailan a su ritmo.
Otros acusados
Dilson da Silva Ramallo
Nilma Banegas Becerra
Hugo Mopi Soliz
Hernán Justiniano Negrete
Marcial Peña Toyama
Roberto Rea Ruiz
Ervin Ventura Vogth
Máximo Ayllón Martínez
Jorge Lengua Áñez
Juan Marcelo Mejido Flores
Olman Pino Soria
Rosendo Domínguez Deromedis.
Melitón Brito Ferreira
Homer Polanco Ventura
Felsín Fernández Medina
Willan Mozuco Rodríguez
Adhemar Herrera Guerra
Hugo Apaza Saonero
Néstor da Silva Rivero
Ronald Mozuco Rodríguez
Abel Janco Cáceres
Danilo Huari Cartagena
Willan Terrazas López
Felipe Bigabriel Villarroel
Agapito Vira Cuéllar
Oswaldo Valdivia Avarriega
La Fiscalía presenta acusación formal contra “Leo” Fernández
EL PPB DICE QUE CON EL JUICIO SE BUSCA DESLEGITIMAR A SU CANDIDATO A “VICE”
Detenido: el ex Prefecto de Pando, en el interior del penal de San Pedro habla con un reo, fue a principios de este año
La Prensa
Una juez de Porvenir ordenó el traslado de la ex autoridad departamental a la justicia de Cobija.
Trece meses después de la detención del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández y ahora candidato vicepresidencial por el Plan Progreso para Bolivia (PPB), el Ministerio Público presentó acusación formal en su contra y otras 26 personas involucradas en la “masacre de Porvenir”.
La acusación formal contra el ex Prefecto de Pando fue presentada a los seis días de que María Eugenia Romero, juez mixta de Instrucción en lo Penal de Porvenir, ordenara el traslado de Fernández y los otros detenidos por los hechos del 11 de septiembre a la cárcel de Cobija.
A Fernández se le acusa por los delitos de terrorismo, asesinato, homicidio, lesiones graves y leves y asociación delictuosa. El memorial fue presentado ayer por el fiscal paceño Eduardo Morales, según informó la abogada de las víctimas, Mary Carrasco.
La demanda se encuentra en el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal Cautelar y sólo resta que se sortee y se forme el Tribunal de Sentencia para iniciar el juicio oral en contra del candidato vicepresidencial.
No obstante, uno de los abogados de Fernández, Johnny Castelú, dijo que ese Juzgado y el Primero de Instrucción en lo Penal fueron recusados por su defendido y por tanto no se puede realizar la formación de un Tribunal; sin embargo, la abogada Carrasco aseveró que esta recusación es la número 32 y que no preocupa porque la etapa preparatoria para el juicio oral ya concluyó y al Juzgado Instructor sólo le resta formar el Tribunal.
La acusación alcanza también a funcionarios prefecturales de la gestión de Fernández y ex dirigentes cívicos, como Olman Pino Soria, Jorge Lengua Áñez, Rosendo Domínguez, Melitón Brito, Hermen Blanco, Delfín Fernández, William Mosuco, Ronald Mosuco, Néstor da Silva, Danilo Guari, William Terrazas, Juan Marcelo Megido, Abel Franco, Adhemar Guerrero, Hugo Apaza, Felipe Bigabriel, Máximo Ayllón, Agapito Vira, Oswaldo Valdivia, Nilad Benegas Becerra, Hugo Mopi, Germán Justiniano, Marcial Peña, Roberto Rea, Dixon da Silva y Eddy Ventura
El vocero del PPB, Érick Fajardo, expresó que esa acusación busca en el fondo impedir que Fernández participe en las elecciones generales y que no se la acepta porque corresponde “un caso de corte”. Pamela Fernández, hija del ex Prefecto, dijo que esto muestra la injerencia que el Gobierno tiene en la justicia paceña.
Además, Fajardo dijo que el Gobierno supuestamente quiere deslegitimar la imagen de Fernández, quien en varias ocasiones expresó que es inocente porque antes de los hechos violentos del 11 de septiembre habría alertado a la Policía y al Ejército.
En esos incidentes fallecieron al menos 11 personas, la mayoría campesinos que iban a Cobija a reunirse en una asamblea para rechazar las tomas de instituciones como el INRA por parte de activistas cívicos.
La acusación no inhabilita al ex Prefecto de Pando como candidato porque no tiene una sentencia ejecutoriada.
Antecedentes
El ex Prefecto de Pando se encuentra detenido desde el 18 de septiembre de 2008.
La defensa de Fernández exige que la ex autoridad pandina sea juzgada con privilegio.
Una comisión parlamentaria determinó que debe ser procesado en la justicia ordinaria.