Comicios. Un ministro y un viceministro anunciaron un nuevo recurso de complementación y nulidad del fallo de la CNE, que avala la campaña de Fernández en San Pedro. También recurrirán a un juez
Disputa. El ex prefecto de Pando ha citado a conferencias de prensa en la cárcel de San Pedro, pero el Gobierno le impide darlas
El Deber (Pablo Ortiz. El proceso electoral se seguirá viendo la cara con la justicia. El Gobierno decidió interponer un recurso de complementación y nulidad a la resolución de la Corte Nacional Electoral, que le exige respetar los derechos constitucionales de Leopoldo Fernández y dejarlo hacer campaña desde la cárcel de San Pedro, donde guarda prisión preventiva, acusado de terrorismo por los hechos del 11 de septiembre en Pando.
Pero eso no es todo: una vez que la CNE responda a este requerimiento -el Gobierno está seguro de que se ratificará- enviará los documentos al Juez Séptimo de Sentencia de la Corte Superior de Distrito de La Paz para que éste sea el que decida qué hacer. Así lo aseguraron ayer el ministro de Defensa, Walker San Miguel, y el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez.
Según los argumentos de San Miguel, este juzgado es el que tiene las atribuciones para resolver los aspectos derivados de la detención de Leopoldo Fernández, entre ellos si tiene derecho a hacer campaña desde la cárcel. Sin embargo, para la CNE, el ex prefecto de Pando no tiene sentencia ejecutoriada y su único derecho constitucional que está suspendido es el de la libertad de locomoción, por lo que tiene derecho a hacer campaña desde la cárcel de San Pedro, donde está recluido desde octubre del año pasado.
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Desde hace tres semanas, el compañero de fórmula de Manfred Reyes Villa, por el Plan Progreso para Bolivia, ha convocado a conferencias de prensa que no han sido autorizadas por el Gobernador de San Pedro.
Consultado al respecto, el abogado defensor de Fernández, Karlo Brito, calificó la decisión de ‘estúpida’ y otro desacierto del Gobierno en lo que se refiere a la determinación de la CNE, porque está llevando un tema electoral, inapelable al ámbito penal. “Creo que el MAS está tratando de desorientar a la población y hay algo que se les debería pregunta: si éste es un tema de la justicia ¿por qué se meten y opinan? Lo primero que tienen que hacer es cumplir con la determinación de la CNE y dejar de instar a la población a incumplir la ley. En ningún lugar del mundo se ha visto eso de un Gobierno”, dijo el abogado.
Por su parte, el vocero de campaña de PPB, Eric Fajardo, consideró que San Miguel o es muy cínico o es demasiado ignorante. Lo primero lo intenta sustentar en que conociendo la ley sabe que no se puede llevar una resolución de un poder del Estado, como lo es la Corte Nacional Electoral, a que sea resuelto en una instancia de poder menor, como un juzgado. “El Gobierno interpondrá el recurso a sabiendas de que es ilegal, y eso es demasiado cinismo. Si es ignorancia, es una lástima que alguien como San Miguel haya sido presidente del Colegio de Abogados”, sentenció.
Busca una salida al embrollo
Jorge Lazarte | Politólogo y ex vocal de la CNE
Parece ser que el Gobierno está intentando salir del embrollo en el que se metió. Empezó desacatando una decisión del organismo electoral, que está en el ámbito estrictamente electoral y es de cumplimiento obligatorio para todas las autoridades nacionales. Esta resolución de la CNE sólo recordaba los derechos constitucionales de un candidato y eso no tiene que ver con la jurisdicción de un juez ordinario.
El Gobierno recurrió esta resolución, pero la Corte se ratificó y ahora no puede ser revisada. El Ejecutivo ha reaccionado desacatándola, una vez más, pero queriendo salir de este enredo, remitiendo los documentos a un juez para que éste se dé por enterado de lo que resolvió la CNE. Con ello intenta no prolongar un conflicto de poderes que seguramente ya ha sido advertido por los observadores internacionales, que le han hecho llegar sus objeciones al Gobierno.
Además, con ello será el juez el obligado a obrar en consecuencia y no el Ejecutivo, con lo que se quitan un peso político de encima.
Esto es judicializar la política, algo que es recurrente en la historia boliviana, pero que este Gobierno ha amplificado en los últimos años. Esto conlleva el riesgo de tener una justicia que no hace lo que debe y que es manipulada por el poder político. Con ello se instrumentaliza la justicias a favor de los intereses del poder.
Pese a que intenta salir del embrollo, el Gobierno no se da cuenta de que con ello sigue desacatando la decisión de la Corte.
Antecedentes
– Pedido. El ex prefecto de Pando y candidato a la vicepresidencia por el Plan Progreso para Bolivia, Leopoldo Fernández, solicitó a la Corte Nacional Electoral que defina si puede hacer campaña o no desde la cárcel de San Pedro.
– Resolución. Hace tres semanas, una reunión de Sala Plena de la CNE definió que el único derecho constitucional suspendido a Fernández por su detención preventiva es el de libre locomoción, por lo que definió que sí podía hacer campaña desde San Pedro.
– Acusación. Al recibir el memorial, el Gobierno acusó a la Corte de parcializarse con el candidato a vicepresidente de Manfred Reyes Villa y decidió no acatar la medida y presentar un recurso de complementación del fallo. Sugirió a Fernández que acuda ante un juez cautelar para que haga valer sus derechos.
– Cochabamba. En paralelo, la Contraloría General del Estado, encabezada por el diputado oficialista Gabriel Herbas, inició un juicio por supuesta malversación de fondos contra Manfred Reyes Villa cuando era prefecto de Cochabamba. Un juzgado dispuso la anotación preventiva de la mitad de sus bienes y su arraigo. Por ello no podrá hacer campaña en el exterior.
– Ratificación. La Corte Nacional Electoral rechazó el pedido del Gobierno de anular su resolución y la ratificó, calificando, además, de temeraria las afirmaciones del Ejecutivo, que acusó a la CNE de parcializarse con Fernández.
PPB también demanda
El candidato a diputado por la circunscripción 50 por el Plan Progreso para Bolivia, Carlos Subirana Gianella, decidió iniciar una querella judicial en contra del diputado del Movimiento Al Socialismo y vocero de la campaña oficialista, Jorge Silva, que el viernes, en el programa televisivo Que no me pierda, conducido por Enrique Salazar, aseguró que Subirana se había pasado a las filas del MAS.
Acompañado de su padre y abogado, también llamado Carlos Subirana, el candidato presentó la querella en la Fiscalía de Santa Cruz, en la cual exige al parlamentario oficialista probar sus declaraciones. Aseguró que no retirará la demanda y llegará a las últimas consecuencias.