Gobierno admite que sólo coca excedentaria va a circuito ilegal

Viceministro de la Coca anuncia que Fuerza de Tarea Conjunta impedirá cultivos ilegales.

El ex viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, dijo al respecto: “Soy muy radical. Sugiero que el Gobierno estatice la producción de coca. Así no habría necesidad de efectuar controles especiales, pues habría un solo productor y los tributos los pagaría directamente el Estado”.

Los afiliados a Adepcoca se reunirán en un ampliado para decidir si se acepta tributar por la hoja. Dos sectores de cocaleros, el Chapare y de Caranavi, están de acuerdo con pagar impuestos.



image Venta: vehículos cargados con taques de coca salen del mercado de Villa Fátima con destino al interior

La Prensa. El viceministro de la Coca y Desarrollo Alternativo, Gerónimo Meneces, admitió ayer que la producción de las zonas excedentarias no se comercializa a través de los tres mercados legales y no conoce cuál es el destino de la hoja que evade los controles estatales.

Por ello, la autoridad aseguró ayer que efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) evitarán que se planten nuevos cocales en áreas no autorizadas por la legislación vigente.

Estas zonas son los parques nacionales; las provincias yungueñas ubicadas fuera del cordón tradicional, vale decir Inquisivi, Bautista Saavedra y Larecaja, y las regiones de Teoponte y Guanay.

Se entiende por cordón tradicional la región comprendida por los municipios yungueños de Coripata, Chulumani, Irupana, Coroico, Yanacachi y La Asunta, donde el Gobierno pretende que las plantaciones alcancen 12.000 hectáreas, en tanto que en Caranavi debería haber 1.000, y en el Chapare, 7.000, para totalizar 20.000 hectáreas.

La FTC está compuesta por policías y militares que se encargan actualmente de la racionalización y erradicación de cocales en lugares prohibidos.

La Prensa publicó el martes, basada en datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) aceptados por el Gobierno, que 104.414 toneladas de coca no pasaron, entre 2006 y 2008, por los centros de acopio de Villa Fátima, Caranavi y Sacaba.

La Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas establece que las cosechas sólo pueden acopiarse y venderse a través de los mercados de Villa Fátima y Sacaba.

Sin embargo, el actual Gobierno autorizó que la Asociación Provincial de Productores de Coca de Caranavi (Apprococa) cuente con su propio centro de acopio, ubicado en la calle Santa Rosa de La Paz.

No es ése el único punto en el que la mencionada disposición legal fue “flexibilizada”, pues se permite que la superficie de estos cultivos supere las 12.000 hectáreas permitidas y continúen las plantaciones en el trópico cochabambino.

Según la ONUDD, en septiembre de 2008, la coca cubría 30.500 hectáreas en todo el país.

El viceministro Meneces confirmó también que se consensuó con los afiliados a las seis federaciones de cocaleros del trópico de Cochabamba que éstos tributen cinco bolivianos por paquete de 50 libras.

Autoridades de ese Viceministerio mantienen conversaciones con representantes de los Yungas en procura de lograr un acuerdo en este sentido.

Los dirigentes del Consejo de Federaciones Campesinas de Yungas (Cofecay) se reunieron con Meneces, quien expresó ayer que “muchos compañeros y hermanos tienen conciencia de que se debe tributar”.

Empero, Ángel Miranda, vicepresidente de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca de La Paz (Adepcoca), reaccionó con molestia al conocer el posible tributo.

“Lo único que busca el Gobierno con el pago de impuestos es legalizar las plantaciones ubicadas fuera de las zonas autorizadas por la 1008. Yo creo que todos debemos respetar la ley”.

Aclaró que se convocará “a una reunión de todas las bases de Adepcoca, que debemos de ser unas 30.000 personas”, para analizar el tema y “entre todos exponer una posición”.

“Como dirigentes no podemos adelantar criterios ni adoptar posturas. Serán las bases que decidan el camino que seguiremos en éste y todos los casos”.

Desde Chulumani, donde atendía sus asuntos, ayer el presidente de Adepcoca, Hernán Justo, convocó a su directorio a una reunión de emergencia para considerar el tema.

El secretario de Actas de Adepcoca, Nicolás Chincha, informó que probablemente se ofrecerá hoy una conferencia de prensa para exponer una posición al respecto antes de que comience el ampliado.

Por el contrario, los asociados a Apprococa están dispuestos a pagar esta tasa impositiva.

El presidente de esta Asociación, Franz Quispe, explicó que “cuando se trata de políticas de Estado, de acciones que van en bien del país, estaremos dispuestos a dialogar y lograr un consenso”.

ONUDD da cuenta de que en las cuatro regionales de esa asociación (Caranavi, Carrasco La Reserva, Alto Beni y Taypiplaya) había 1.630 hectáreas en septiembre de 2008, el secretario de Actas Sinforiano Cusi dijo que sólo son 1.043 hectáreas cultivadas con coca en toda el área.

Apprococa cuenta con unos 6.000 afiliados, quienes poseen un cato, que en esta región es un área de 2.500 metros cuadrados, a diferencia del trópico cochabambino, donde se considera 1.600 metros cuadrados.

“Sin embargo —anota Quispe— hay compañeros que tienen cortes, o sea, superficies menores”.

A diferencia de lo que sucede en Adepcoca, el Gobierno registra a los afiliados Apprococa, y la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin) autoriza la salida de los taques.

Viceministerio fiscaliza recaudaciones de Digcoin

El Viceministerio de la Coca fiscaliza las recaudaciones de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin) por concepto de autorizaciones para la venta del producto al detalle.

Reynaldo Ledezma, director regional de Digcoin en Sacaba, Cochabamba, negó las afirmaciones del senador oficialista Lino Villca, quien exteriorizó sus sospechas de que ese dinero no es depositado en el Tesoro General del Estado.

“Nuestro cajero recibe los pagos de los detallistas y casi de inmediato deposita ese dinero en la cuenta de nuestra oficina nacional en el Banco Unión y el Viceministerio de la Coca fiscaliza todo el movimiento económico”.

Digcoin cobra a los vendedores al detalle 40 bolivianos mensuales por los diez taques de coca que tienen derecho a colocar en sus puntos de venta.

“No es posible que un senador se exprese de esa manera. Nosotros manejamos sumas de dinero que no son nuestras, son del Estado, por lo que debemos ser muy cuidadosos en su administración. No desviamos un solo centavo”.

Sin embargo, los vendedores al raleo no reciben un recibo por el pago que efectúan, pues la constancia del depósito bancario es canjeada en otra ventanilla por la hoja de ruta que autoriza el traslado de los paquetes desde el centro de acopio hasta su destino declarado.

Digcoin recibe además 15 bolivianos de cada “productor detallista”que trimestralmente tiene derecho a transportar tres taques a cualquier punto del territorio nacional para trocarlos por productos agropecuarios o artesanales.

Se calcula que entre el Chapare, la región yungueña y Caranavi hay unos 90.000 cocaleros, mientras que no existen estimaciones sobre la cantidad de personas que cultivan la hoja en Yapacaní, Apolo y otras regiones externas al cordón tradicional.

“Cultura de tributación”

El director de la carrera de Economía de la Universidad Nuestra Señora de La Paz, Germán Lafuente, explicó ayer que “independientemente del monto que vayan a aportar, es muy importante que todos los sectores que realizan actividades económicas en el país adquieran una cultura tributaria”.

El profesional agregó que es “procedente, si se quiere que el Gobierno cobre impuestos por el cultivo y la venta de hoja de coca, porque se trata de un recurso natural más del Estado”.

Hizo notar, sin embargo, que también es necesario que se establezcan mecanismos confiables para controlar que no haya cultivos sin pagar impuestos.

“Además, cuando una persona paga sus impuestos, tiene el derecho de exigir cosas al Estado”.

El ex viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, dijo al respecto: “Soy muy radical. Sugiero que el Gobierno estatice la producción de coca. Así no habría necesidad de efectuar controles especiales, pues habría un solo productor y los tributos los pagaría directamente el Estado”.

De esa manera se sabría el destino de toda la producción y no habría, salvo gravísimos casos de corrupción y delincuencia común, desvío de la hoja a la fabricación de cocaína.

Las recaudaciones tributarias

SI SE HUBIERA aplicado el gravamen de cinco bolivianos por taque de coca, el erario nacional habría recibido el año pasado 11.959.200 bolivianos por este concepto.

ESA SUMA se basa en la cantidad total de coca producida en el país, que fue de 54.360 toneladas, equivalentes a 2.391.840 taques.

EL IMPUESTO A LA COCA habría generado un ingreso del 0,043 por ciento de la recaudación tributaria nacional generada el año pasado, que alcanzó a 28.199.662.891bolivianos.

EN EL MERCADO DE ADEPCOCA, actualmente el taque de hoja especial cuesta 1.300 bolivianos, en tanto que la “choqueta”, o de inferior calidad, vale 820 bolivianos.

UN GRAVAMEN DE cinco bolivianos sobre esa cantidad equivaldría a menos del 1 por ciento (0,385 a 0,61%) del precio de mercado.

LA ALÍCUOTA o monto de otros impuestos contemplados en la Ley Tributaria es, comparativamente, mucho más alta. El Impuesto al Valor Agregado es del 13%, el Impuesto a las Transacciones alcanza al 3 por ciento, en tanto que los cigarrillos pagan un Impuesto al Consumo Específico, que alcanza al 50 por ciento de su precio de costo.

La venta de la hoja de coca no está gravada por impuestos. Los tributos a este producto fueron anulados con la promulgación de la Ley 1008 el 28 de diciembre de 1988.

Las transacciones de la hoja de coca son libres hasta un volumen máximo de 15 libras, por más de esa cantidad los propietarios deben portar hojas de ruta para el transporte del producto por cualquier punto del territorio nacional.

CON APOYO DE la Unión Europea se levanta actualmente el estudio integral de uso y consumo tradicional de la hoja de coca en los hogares bolivianos, cuyos resultados se conocerán en junio de 2010.

La producción de Caranavi

Las cuatro regionales de Caranavi producen anualmente unas 3.250 toneladas de coca.

El presidente de Apprococa, Franz Quispe, asegura que su entidad tiene unos 6.000 afiliados.

Nadie tiene más de un cato de coca, que en la región mide 2.500 metros cuadrados.

En caso de tributar cinco bolivianos por taque, la contribución sería de unos 100.000 dólares.

Todos los afiliados a esta entidad tienen registro en Digcoin y sus cultivos son orgánicos.

En esa región no se emplean fertilizantes para acelerar el crecimiento de los arbustos.

Recaudaciones

Digcoin cobra cuatro bolivianos por autorizar la salida de un taque de mercados legales.

Adepcoca cobra tres bolivianos a cada productor por llevar su cosecha al centro de acopio.

Cada taque consta de 50 libras de coca. El de mayor calidad cuesta 1.300 bolivianos.