Órgano Electoral, bajo amenaza del gobierno

- Política

El Ejecutivo le conmina a habilitar a los “observados” y el MAS habla de juicio. Partidos de oposición exigen la depuración definitiva.

image OEP, bajo amenaza.

 Alfredo Rada acusó al órgano de “pretender escamotear el derecho al voto” de 400.671 electores, quienes deben presentar su certificado de nacimiento. El PPB-CN, UN y AS exigen la depuración definitiva.

La Prensa

Gobierno conmina al OEP a habilitar a “observados” y el MAS amenaza

Arremetida: El vocero del MAS, Jorge Silva, advirtió a la entidad electoral que puede enfrentar un proceso si impide que esos ciudadanos emitan su voto. Tres partidos de la oposición piden que se los depure y UN llamó a una cumbre de partidos para tomar una posición conjunta.

El Gobierno conminó ayer al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) a habilitar a los 400.671 electores que no tienen partidas de nacimiento, mientras que el Movimiento Al Socialismo (MAS) amenazó con enjuiciar a los vocales si vulnera el derecho al voto de estos ciudadanos “observados”.

El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, acusó al organismo electoral de “escamotear” el derecho al sufragio de casi medio millón de votantes. “Esas 400.000 personas observadas y de manera ilegal por el OEP son personas de carne y hueso que tienen huellas, fotografías, firmas y datos personales y no por un problema burocrático se quedarán sin ejercer un derecho constitucional”.

El OEP habilitó ayer en su página web (www.cne.org.bo) un consultorio para que los electores verifiquen si está o no observados.

image Comninatoria: el ministro de Defensa, Walker San Miguel, ayer, muestra su certificado de empadronamiento biométrico en una conferencia de prensa

En la mañana, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, conminó al organismo rector de las elecciones a respetar el derecho político de esos ciudadanos observados a sufragar en diciembre porque no han falsificado ni fraguado ningún documento de identidad; sin embargo, el presidente del organismo electoral, Antonio Costas, en declaraciones a la red televisiva Unitel, dijo que sin el certificado de nacimiento no se tiene constancia sobre la nacionalidad de los empadronados.

San Miguel cuestionó: “¿Cómo privarle (de votar) a un ciudadano que ha ido a hacer cola, que se ha inscrito en el padrón… ¿o es que la Corte Electoral quiere hacer fracasar las elecciones del 6 de diciembre?”.

La entidad electoral presentó el lunes su informe final sobre el padrón biométrico, que luego de un proceso de depuración incluye a 5.138.583 ciudadanos habilitados para votar. Entre éstos se encuentran los 400.671 “observados”, cuyas partidas de nacimiento no encontró el OEP en la base de datos del Registro Civil cuando realizó la contrastación de información, por lo que resolvió darles un plazo hasta el 3 de diciembre para que presenten sus documentos.

Para San Miguel, la ausencia de las partidas de nacimiento es un problema que le corresponde asumir al OEP.

“Ya no tendría sentido (presentar el certificado) si ya está ‘biometrizado’ el ser humano, entonces nosotros confiamos en que en la resolución de Sala Plena que emita la Corte (Nacional Electoral) garantizará el derecho al voto del ciudadano, caso contrario, no el Gobierno, la ciudadanía va a poner las cosas en su lugar”.

La conminatoria de San Miguel se realizó a pesar de que el ente electoral se había reunido horas antes con autoridades del Ministerio de Gobierno y de la Dirección Nacional de Identificación Personal, dependiente de la Policía. Según el reporte de PAT, ese encuentro sirvió para analizar los casos observados por el OEP.

A la conclusión del encuentro, el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, afirmó que estos 400.671 ciudadanos “observados” no tienen ninguna relación con el Programa de Carnetización Gratuita y aseguró que otorgaron la cédula con el requisito de la presentación del certificado de nacimiento. Sólo 172.480 personas de las 532.420 documentadas están en edad de votar, el resto son menores de 18 años, por tanto, no están habilitados para sufragar.

El vocero del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jorge Silva, negó que el OEP tenga competencia para impedir que esas 400.671 persona emitan su voto y advirtió que, de hacerlo, los vocales deberán afrontar un proceso conforme al artículo 110 de la Constitución.

Explicó que el artículo 28 de la CPE, describe los tres únicos motivos por los que un ciudadano pueder ser privado de sus derechos políticos: tener una sentencia ejecutoriada; por traición a la patria, o prestación de servicios en Fuerzas Armadas enemigas, y por defraudación de recursos públicos.

El principal aliado del MAS y alcalde de La Paz, Juan Del Granado (MSM), opinó que el OEP no debió arriesgarse a contrastar el padrón con el Registro Civil, aunque éste es un requisito fijado por la Ley Electoral Transitoria.

UN, PPB y AS piden depurar a los 400.671

El candidato a la Presidencia de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, y el vocero de Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), Érick Fajardo, coincideron en exigir que los 400.671 ciudadanos observados por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) sean depurados y no emitan su voto el 6 de diciembre porque no cumplen los requisitos impuestos por el Código Electoral. Esta posición es respaldada por el candidato a diputado plurinominal por La Paz de Alianza Social (AS) David Vargas.

El presidente Evo Morales, en el cierre de su campaña en Beni, dijo que quienes piden la depuración total de estos ciudadanos son “derechistas” y culpó a los opositores de generar este conflicto para evitar que se realicen las elecciones del 6 de diciembre al no contar con el respaldo de sus electores.

En La Paz, Doria Medina opinó ayer que “la aparición de 400.671 personas inscritas que no tienen un certificado de nacimiento en el Registro Civil muestra que ha habido una proceso irregular en la otorgación de documentos por parte del actual Gobierno”. El Ejecutivo negó esa acusación.

Fajardo, por su parte, manifestó que no puede darse una cifra de 5.138.583 habilitados para sufragar y que se encuentre que entre ellos existen 400. 671 identidades de las que no hay manera de constatar que corresponden a ciudadanos bolivianos vivos. “El sólo tener ese número es una aceptación que dentro del vientre de la democracia se está gestando otra vez el fraude. Tienen que estar fuera del padrón hasta que alguno de ellos demuestre si corresponde o no”, matizó.

El candidato a primer diputado por La Paz de Alianza Social, el ex mayor de Policía David Vargas, coincidió con que estos electores observados deben ser depurados y no votar en los comicios del 6 de diciembre; el presidenciable de Bolivia Social Demócrata (BSD), Rime Choquehuanca, manifestó que todos eso casos deben ser investigados por el Ministerio Público.

Doria Medina, asimismo, convocó a los frentes políticos de oposición que participarán en las elecciones generales a una “cumbre” de partidos para asumir una posición única sobre este asunto ante la entidad electoral para solicitarle que inhabilite a los 400.671 observados.

La UE analiza la información

La misión de observación electoral de la Unión Europea aún no tiene un criterio final respecto del nuevo Padrón Electoral biométrico, que en su primera entrega muestra algo más de 400.00 “observados”, quienes tienen poco tiempo para rehabilitar su registro y votar el 6 de diciembre próximo. Empero, se anticipa que el número es elevado.

En una entrevista con ANF, la jefa de la misión, Renate Weber, dijo que “de más de cinco millones (de ciudadanos) fueron depurados como 50.000, que es como el 1 por ciento, pero (el número) de los observados es bastante grande y es como 8 por ciento”.

Weber dijo: “Estamos todavía tratando de entender algunas cosas porque la Corte entregó el padrón solamente hace dos días. Es todavía muy temprano para ver. Hay unas explicaciones que me parecen bastante claras en la depuración, pero este concepto nuevo que apareció de ‘observados’ es de verdad nuevo; no se esperaba que esto apareciera, (pero) también hay razones sobre cómo se hizo el Registro Civil, que es muy antiguo”.

En todo caso, la jefa de misión de observación electoral sostuvo que el proceso debe velar para que cada ciudadano boliviano ejerza su derecho a votar.

“Nadie quiere que personas que no son ciudadanos bolivianos voten”, subrayó, y señaló que es escaso el tiempo para que los “observados” puedan presentar sus documentos, hasta el jueves 3 de diciembre.

El MAS dice que los vocales pueden ser sometidos a un proceso judicial.

Opiniones

“Es la razón de la fuerza contra la razón del derecho. El Gobierno puede tener opiniones y estar acertado o no, pero lo que no puede es decidir por sí mismo qué es legal y qué no, porque no es Poder Judicial. Esta amenaza contra la Corte es una violación flagrante de un principio democrático, es el de recurrir a la fuerza para obtener lo que el Gobierno quiere.

Eso ha querido decir esta mañana (el ministro de Defensa, Walker San Miguel): o hacen lo que el Gobierno quiere o les vamos a obligar. Me parece que las instituciones internacionales en Bolivia no deberían callar ante esta amenaza tan flagrante y antidemocrática. Más alla de si la Corte tiene o no razón, más allá de si la entidad cumple o no con lo que dijo que iba a hacer, porque la verificación de los que están cuestionados no va a ser posible. El Gobierno sabe que la Corte no va a tener otra alternativa que inhabilitar a todos, o al menos a una buena parte de los observados”.

Jorge Lazarte / Ex vocal de la CNE

“No se debería de ninguna manera vulnerar las determinaciones de la Corte Nacional Electoral porque está haciendo todos los esfuerzos para garantizar un proceso creíble y transparente, en ese sentido no es aceptable ni las insinuaciones que la oposición está haciendo y poniendo en duda la verificabilidad del trabajo hecho ni tampoco las observaciones del Gobierno en sentido de que la Corte debería habilitar a estas personas que no tienen documenación legal. Lo que corresponde es convocar a estos bolivianos observados para que puedan regularizar su documentación y ejercer su derecho ciudadano. Me parece inaceptable e inadecuado el cuestionamiento que se le pueda hacer de uno y otro lado en este momento al trabajo de la Corte. Este organismo está preservando los argumentos jurídicos que tiene sobre la observación de un porcentaje de ciudadanos que no cumplen los requisitos que se les está exigiendo al resto de los ciudadanos para que voten”.

María Teresa Zegada / Politóloga

La Corte Electoral está bajo presión por los observados

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Samuel Doria Medina da una conferencia de prensa junto a sus candidatos, para convocar a los partidos opositores a una cumbre en defensa de la transparencia de las elecciones; ocurrió ayer.

La Razón

Ambos sectores exigen a la Corte que cambie su decisión. El MAS amenaza a los vocales con juicios por violar el derecho al voto y los opositores aseguran que se pone en riesgo la transparencia de la elección si se habilita a los observados. La CNE desconoce las quejas.

El ministro San Miguel advirtió que si la CNE no permite el voto de esos ciudadanos, “sería un atentado a un derecho fundamental establecido en la CPE”.

A 10 días de la elección, oficialistas y opositores pusieron contra la pared a la Corte Nacional Electoral (CNE) por su decisión de declarar a 400.671 ciudadanos inscritos en el padrón biométrico como habilitados temporales para la elección general. El Gobierno y el MAS demandaron su inmediata habilitación plena y los opositores su depuración definitiva, bajo amenazas de procesos legales en su contra.

Anoche, a las 23.00 horas, la sala plena de la CNE trabajaba en sesión declarada “permanente”, según reveló la vocal Roxana Ibarnegaray, analizando el proceso electoral. Lo hacía en base a los términos de la resolución que declaró que existen 400.671 ciudadanos observados —que se inscribieron sin tener el aval de un certificado de nacimiento—, quienes ahora deben regularizar su inscripción hasta el 3 de diciembre.

Esta decisión fue rechazada por el Ejecutivo, que exigió la habilitación plena de esos ciudadanos.

“El Órgano Ejecutivo sienta una posición de que debe respetarse el derecho a voto, el derecho a sufragio, el derecho político y ciudadano de quienes no han falsificado ningún documento, no han fraguado ningún documento de identidad”, señaló el ministro de Defensa, Walker San Miguel, en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno.

Advirtió que si la CNE mantiene esa decisión, sería un atentado a un derecho fundamental establecido en la Constitución, en la declaración universal de los derechos humanos, en otras cartas interamericanas de la OEA y otros documentos.

Dijo que ese problema afecta a ciudadanos “en su gran mayoría humildes, ciudadanos de a pie que han ido a empadronarse cumpliendo un deber y un derecho. Los 400 mil que tienen derecho a sufragar son nuestros compañeros: Mamanis, Apaza, Quispe o Rada o San Miguel, quien fuera, de la ciudad y del campo”.

Por su parte, el vocero del MAS, Jorge Silva, advirtió que los vocales de la CNE podrían ser sometidos a juicios si mantienen esa posición.

“Lo que ellos tienen que hacer es emitir una resolución en el marco de la Constitución, de la Ley de Régimen Electoral, del Código (Electoral) y permitir que todas las personas registradas voten, porque si no lo hacen, están sujetos a ser procesados de acuerdo al artículo 110 de la Constitución, por vulnerar los derechos constitucionales”..

En el otro frente, los políticos de la oposición pidieron que las personas observadas sean depuradas.

“Hay que tomar medidas para evitar que haya fraude, que de una vez se pueda depurar esos 400 mil casos observados y que no participen en esta elección porque no cumplen los requisitos que establece la ley”, dijo el candidato a la presidencia por Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, tras convocar a una cumbre de partidos de la oposición, que luego fue rechazada por los frentes aludidos.

El aspirante a la presidencia por el Plan Progreso para Bolivia (PPB), Manfred Reyes Villa, coincidió en que “tienen que depurarlos a los 400.000, no queda más”.

El postulante a la presidencia por Alianza Social, René Joaquino, criticó la posición del Gobierno y pidió respeto a las decisiones de la CNE, aunque su vocero y candidato a diputado, David Vargas, coincidió en respaldar la depuración.

“Los vocales del Órgano Electoral no son empleados del ministro para recibir instrucciones, nosotros confiamos en el trabajo que va a hacer el Órgano Electoral”, afirmó Joaquino. Los opositores coincidieron en que la causa del problema es el programa de carnetización gratuita que impulsó el Ejecutivo. “Han carnetizado de manera irresponsable con un tinte enteramente político, la carnetización de los venezolanos ha sido negativa”, dijo Joaquino.

“Tenemos información de que el Gobierno está tratando de postergar las elecciones debido a que es el responsable ante esos 400 mil ciudadanos de haber emitido documentos que no son legales”, coincidió Doria Medina.

San Miguel deslindó responsabilidad del Ejecutivo en esos casos y culpó a la CNE, que maneja el Registro Civil, de ser la causante de este problema por las deficiencias en la administración de esta institución. El ministro incluso se preguntó si es que el Órgano Electoral quería hacer fracasar las elecciones del 6 de diciembre al no permitir el voto de esas personas. Los vocales de la CNE no se pronunciaron.

Las decisiones de la CNE se revisan sólo en 2 casos

El Código Electoral dispone que se puede acudir al Tribunal Constitucional.

De acuerdo con el artículo 28 del Código Electoral, las decisiones de la Corte Nacional Electoral (CNE) son “de cumplimiento obligatorio, irrevisables e inapelables”, excepto en algunos casos específicos.

La norma dice que las decisiones de la CNE no pueden ser revisadas “excepto en materia que corresponda al ámbito de la jurisdicción y competencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, una resolución de la CNE sólo podrá ser revisada cuando afecte derechos legítimamente adquiridos por un ciudadano, partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza”.

A continuación especifica que la revisión se efectuará “cuando los documentos que sirvieron de fundamento para dictar la resolución resulten legalmente falsos” y “cuando con posterioridad a la resolución, sobrevengan hechos nuevos o se descubran hechos preexistentes que demuestren con pruebas de reciente obtención que la resolución fue dictada erróneamente”.

La Razón se comunicó con la vocal Roxana Ibarnegaray para consultarle si una resolución de la CNE podría ser modificada y ella derivó la consulta al secretario de Cámara, Fernando Arteaga, quien respondió: “Hay condiciones para la revisión que están en el artículo 28 del Código Electoral, si se cumplen esas condiciones recién se pasaría a la revisión, pero la regla es que las resoluciones son irrevisables”.

Según analistas, la CNE tomó la mejor decisión

Aseguran que la Corte tiene la competencia necesaria para realizar la depuración.

Cuatro analistas políticos opinaron ayer que la Corte Nacional Electoral (CNE) tomó una decisión salomónica y correcta al decidir que los 400.671 observados en el padrón biométrico deban regularizar su situación hasta el 3 de diciembre.

Además, Jorge Lazarte, Carlos Cordero, Marcelo Varnoux y Ricardo Paz coincidieron en señalar que el Órgano Electoral tiene la competencia necesaria para realizar la depuración correspondiente.

La CNE presentó el lunes el padrón con 5.138.583 electores habilitados, de los que 400.671 fueron observados porque no se encontraron sus partidas de nacimiento cuando se realizó el cruce de datos con el Registro Civil, en el marco del proceso de depuración.

El Gobierno, a través del ministro de Defensa, Walker San Miguel, manifestó ayer su desacuerdo con la actuación de la CNE y demandó la habilitación de estas personas.

Lazarte dijo que, con ello, el Gobierno confunde el derecho constitucional con las condiciones legales para ejercer este derecho.

Varnoux y Cordero coincidieron en manifestar, por separado, que esta fue la mejor decisión y que la CNE siguió el camino indicado.

Por su parte, Paz opinó que el Órgano Electoral no sólo tiene la competencia necesaria para la depuración, sino que es su deber.

OPINIONES DE LOS ANALISTAS

Jorge Lazarte

DECISIÓN • “El Gobierno confunde el derecho constitucional con las condiciones legales de ejercicio de ese derecho constitucional. Entre las condiciones legales se dice que para registrarse hay que presentar el documento de identidad, pero ese documento sólo puede ser otorgado con el certificado de nacimiento, y lo que la Corte ha observado es exactamente eso. El Gobierno está apostando por la peor solución, como si con eso quisiera ocultar lo que ha ocurrido en el pasado y poner en riesgo lo que pueda pasar en diciembre”.

Carlos Cordero

ECUÁNIME • “Lo hecho por el Órgano Electoral en sentido de observar y condicionar la participación de los más de 400 mil ciudadanos fue una decisión muy ecuánime y muy sabia porque, primero, no los ha depurado como hubiera querido cierta oposición política y, por otra parte, no los ha legalizado como ahora quiere un funcionario gubernamental; por lo tanto, es muy sabio en sentido de que no los depura, pero les da la oportunidad de demostrar su derecho a votar y que pruebe que es una persona viva y que tiene los documentos”.

Marcelo Varnoux

OPORTUNIDAD • “La salida que ha establecido la Corte es la más política, es decir, darle un tiempo a esa gente para que presente una comprobación, porque lo que debía haber hecho la Corte es depurar a esa gente directamente y presentar el padrón, y ahí se terminaba el problema. La Corte se encontró con una gran cantidad de gente que no tiene el certificado y optó por la decisión más salomónica que es darle una opción a esa gente”.

Ricardo Paz

COMPETENCIA • “La Constitución, la Ley Electoral Transitoria y el Código Electoral ratifican que la máxima autoridad en materia electoral y que sus decisiones no admiten ningún tipo de recurso es la Corte. El Órgano Electoral no sólo que tiene la atribución, sino el deber de exigir que los ciudadanos observados puedan regularizar su situación. No creo que exista un riesgo para las elecciones, la Corte está haciendo su trabajo contra viento y marea”.