Los escenarios de las reformas a la ley 1008 y la lucha antidroga en 2010.
El columnista explica el cambio negativo de paradigma en la lucha antidrogas con el actual gobierno, lo cual convierte al país en un paraíso para la actividad del narcotráfico. Lanza un planteamiento para controlar el mercado y distribución de la coca, con la creación de un fondo de reconversión que maneje una bolsa de unos 300 millones de dólares anuales.
Autor: Ernesto Justiniano Urenda. Diputado nacional y ex Viceministro de Defensa Social. Publicado en la Revista Proceso – La Prensa – 28 de diciembre de 2009. Nota: Los gráficos y cuadros incorporados en este artículo no fueron publicados en la revista.
En narcotráfico, al igual que en otras áreas, la política esta signada por la voluntad del Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) sin un equilibrio de poder o de visión diferente.
Esto implica que habrá un incremento del narcotráfico de magnitud mayor de la que pudo haber en alguna época de la historia de este flagelo en nuestro país. Ello, sin duda, por la experticia lograda por los narcos en productividad, tecnología, distribución y otros factores que atingen a elevar el poder del mismo.
Si repasamos un poco la historia…en 1986 se descubre una gran fábrica de cocaína que cambia el paradigma de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia. En ese entonces los narcotraficantes mataron a Don Noel Kempff Mercado, luctuoso hecho que generó el rechazo generalizado de la población boliviana al tráfico de cocaína. Así se empezó a luchar en todos los frentes contra este flagelo y como consecuencia se dictó en 1988 la ley 1008, vigente todavía,.
El paradigma ha cambiado desde que Evo Morales asumió el poder porque ha permitido una política de fomento a la coca y por ende del narcotráfico, como nunca se vio desde 1986.
Los efectos de la política antidrogas gubernamental se siente con el aumento de las incautaciones de droga no solo en Bolivia sino también en los países vecinos. (Ver http://eju.tv/2009/12/coca-para-ele-cocana-para-ns/ )
La acumulación ilegal de riqueza calculada nos da en los últimos tres años una cifra de movimiento económico del narcotráfico en Bolivia de entre 1.162 y 2.500 millones de dólares por solo la venta de coca legal y de la cocaína. La diferencia estriba en función del lugar de venta dentro del territorio boliviano y de la calidad de la cocaína.
El 60% de estos valores los recibe el Chapare.
Desde el 2007 se vienen descubriendo fábricas con tecnología y narcotraficantes colombianos, en mayor cantidad que el pasado. Es que Bolivia se ha convertido en un paraíso del narcotráfico porque ofrece mejores condiciones que Colombia y Perú en la flexibilización de sus leyes, en la disminución de la potencia de interdicción con la salida de la DEA (agencia antinarcóticos de Estados Unidos) y por el aumento de la materia prima, la coca.
Los resultados son elocuentes: Colombia disminuyó su producción de cocaína anual en un 32.8% mientras Bolivia lo aumentó en un 50% en el mismo periodo 2005-2008.
En diciembre del año pasado según fuente de noticias y editoriales del periódico Clarín de Argentina se empezó a hablar de la presencia de las mafias mexicanas en tráfico de droga de origen boliviano, pasando por Argentina y con destino Europa.
Esta presencia se confirma días atrás porque el Director de la policía antidrogas boliviana informó a la opinión pública de operaciones en territorio boliviano del Cartel de Michoacán.
En el país, el incremento de la coca en la actual gestión gubernamental, 2005 – 2008, es de un 20%, lo que se traduce en un 50% de alza en la producción de cocaína. Los cultivos de coca superan al 2009 las 32.000 hectáreas y de este volumen sólo 12.000 son legales.
Chapare produjo el año pasado 26.258 toneladas métricas ™ de coca de un total nacional de 54.000. Mas del 90% de esta coca se destinó a la producción de cocaína.
Yungas produjo en coca, 27.661 tm. La diferencia con el Chapare es que, de esta coca, un 38,5 por ciento se fue a la producción de cocaína. O sea, en 2008 se produjeron alrededor de 120 toneladas de cocaína. Aproximadamente 75 eran del Chapare.
La hoja de coca debe pasar por los mercados legales de Villa Fátima (La Paz) y Sacaba (Cochabamba).
Menos del 1% del comercio de coca ilegal es decomisado. Es muy fácil obtenerlas en grandes cantidades.
Se ha perdido el control del cultivo de coca porque al permitir para los “compañeros cocaleros” la siembra en áreas que debieran por ley ser erradicadas ha generado un efecto dominó y parecido en otras áreas a nivel nacional por el “principio de igualdad”. Así hay otras zonas, como el norte del departamento de La Paz (donde Evo permitió otras 6.500 hectáreas), Yapacaní en Santa Cruz, Beni, Pando y zonas protegidas como parques nacionales, que están recibiendo nuevos cocaleros y sembradíos. Con todo esto, el narcotráfico va viento en popa.
¿Qué va a suceder?
Tarde o temprano la comunidad internacional hará caer el peso de la justicia sobre los responsables del aumento del narcotráfico en Bolivia. Evo Morales conoce muy bien los alcances perniciosos que está generando su política en el consumo nacional e internacional, sabe de los ejemplos en México o Brasil, de ciudades destruidas socialmente por las mafias del narcotráfico.
Mientras tanto existen dos posibilidades: a) que no se modifique la Ley 1008 y al igual que en los últimos años se siga violando la misma y “le sigan metiendo nomás”, autorizando más hectáreas no sujetas a erradicación en áreas no permitidas legalmente; b) que se modifique la Ley y aumenten el techo legal a las 20.000 hectáreas de coca continuando con la misma política de aumento de cultivos.
Y si se diera lo segundo, mi planteamiento es el siguiente:
Lograr estatizar y desprivatizar los cultivos de coca con detalles que deberán discutir las partes: Gobierno, oposición, cocaleros, cooperación internacional, sectores preocupados y ocupados de la sociedad en esta temática.
Con esto se controlará definitivamente el mercado y la distribución de la coca en el país, logrando el estado satisfacer las necesidades sociales antes que las privadas ilegales del tráfico de cocaína.
Luego de un estudio técnico de la demanda de la coca, el Estado definiría un territorio y la cantidad a sembrar de coca con administración estatal del predio y de toda la cadena de comercialización de la coca.
El privado cocalero solo tendría obligatoriamente la opción de erradicar en un tiempo determinado su coca cultivada para poder acceder a la compensación prometida.
Esta compensación consistiría en lo siguiente: el cocalero deberá comprobar que está sembrando un cultivo alternativo de una lista de posibles y obtendrá una renta periódica estipulada en función de lo que recibiría si tuviera un cultivo de coca. La fuente de este ingreso vendría de los ingresos del Estado por la administración de la coca y por una renegociación con los organismos internacionales.
Considerando que el 2008 se produjeron 54 mil toneladas de coca y con un precio promedio de 5,55 dólares por kilo de coca la magnitud de este fondo para la reconversión de la coca privada estaría en alrededor de 300 millones de dólares anuales.
Así, Bolivia podría volver a internacionalizar su lucha antidrogas con la participación de organismos internacionales especializados porque el problema de fondo con este Gobierno del MAS y con los cocaleros – la erradicación o racionalización – habría sido resuelto.