Pronunciamiento: El Colegio Nacional de Abogados de Bolivia envió una carta pública al Vicepresidente observando que la Asamblea Legislativa está violando la independencia de poderes. El Gobierno la rechaza.
En desarrollo: los diputados debaten la “ley corta”, ayer en la Cámara de Diputados
La Prensa
El Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab), en una carta abierta al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, advirtió de que la denominada “ley corta” viola el artículo 12 de la Constitución Política del Estado (CPE), pues permite que el Órgano Legislativo delegue sus facultades al Ejecutivo para la designación de autoridades judiciales transitorias, lo que afecta la independencia de poderes.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, en contacto telefónico con La Prensa, dijo que el pronunciamiento del Conalab es una posición personal “de alguien que viene del MNR” y lo calificó de “ataque político” y aseguró que no existe vulneración alguna.
La nota, firmada por el presidente y secretario general del Conalab, Edwin Rojas y Jorge Aillón, respectivamente, señala que “la norma constitucional tiene taxativamente prohibido al Poder Legislativo el ‘delegar’ sus facultades y que tiene como uno de sus deberes fundamentales el preservar la ‘independencia’ de los órganos de administración pública”.
El artículo en cuestión indica que “el Estado se organiza y estructura su Poder Público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos”.
El Conalab le recordó al vicepresidente Álvaro García Linera que el mismo artículo, en su apartado II, establece que “las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”.
El titular de la institución, en contacto con los medios de comunicación, pidió al Gobierno “reflexionar” y afirmó que una designación de autoridades judiciales transitorias sería “un retroceso muy grande” en la administración de justicia.
El jueves pasado, el Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que faculta al presidente Evo Morales a designar a las autoridades del Poder Judicial y el Ministerio Público de forma transitoria hasta que sean elegidos los titulares el 5 de diciembre a través de voto popular, lo cual fue cuestionado por la oposición que considera que el oficialismo vulnera la Carta Magna que fue elaborada por la mayoría oficialista en la Asamblea Constituyente.
El viceministro Chávez dijo que no se viola ningún artículo de la CPE, porque ésta no le faculta a la Asamblea Legislativa a designar a autoridades judiciales.
“No está vulnerando ninguna atribución ni está delegando una atribución propia de la Asamblea. Quien elige ahora es el pueblo mediante el voto popular”.
Lo que plantea esa norma, dijo, es que “ante un vacío legal” por la ausencia de la Ley del Órgano Judicial que viabilice la elección, “se lo está llenando por costumbre constitucional” y que sea el Presidente quien pueda ejercer esa función; sin embargo, al hacer esto, según Rojas, el Jefe de Estado se está atribuyendo un derecho constitucional propio del pueblo como es elegir mediante sufragio popular a las autoridades del Órgano Judicial, como establece la Constitución.
El Gobierno insiste en que no vulnera ningún artículo de la nueva CPE.
Habrá designaciones inmediatas
El Movimiento Al Socialismo (MAS) prevé aprobar en el Senado la llamada “ley corta” de designación de autoridades judiciales transitorias hasta el jueves o viernes de esta semana e inmediatamente, luego de promulgarla, según los oficialistas, el presidente Evo Morales puede comenzar a hacer los nombramientos y cubrir las acefalías que existen en el Órgano Judicial.
El senador del MAS Isaac Ávalos indicó ayer que existe la “necesidad imperiosa” de aprobar esa ley para cubrir las vacancias que superan las 140 en los nueve departamentos, sobre todo en la Fiscalía General y fiscalías de distrito. En estas últimas sus autoridades ya cumplieron su mandato de un año.
La “ley corta” faculta al Mandatario a designar autoridades en la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura, que opera con uno de cuatro miembros, y la Fiscalía General, cuyo titular Mario Uribe cumplió su mandato el 26 de enero. El vicepresidente Álvaro García Linera manifestó entonces que esta autoridad debía permanecer en sus funciones.
Datos del Consejo de la Judicatura señalan que hay seis acefalías en la Corte Suprema, diez en el Tribunal Constitucional, tres en la Judicatura y más de 120 en las cortes superiores de Distrito de los nueve departamentos.
La Constitución Política del Estado (CPE) estipula que estas autoridades deben ser elegidas por sufragio universal de una terna preseleccionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. La “ley corta” fijó para el 5 de diciembre la realización de las elecciones de magistrados y supremos.
Para destacar
En el Órgano Judicial existen al menos 140 acefalías que han generado la acumulación de procesos.
Según el MAS, en el Tribunal Constitucional hay al menos 5.000 causas que no fueron resueltas.
En el Consejo de la Judicatura existen otras 1.000 denuncias contra funcionarios judiciales que está paralizadas.
La Corte Suprema de Justicia tiene procesos que datan de hace cinco años y no fueron resueltos hasta la fecha.
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