Cívicos en alerta por persecución a líderes; demandan independencia del Poder Judicial y rechazan la Ley corta

Los comités cívicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija denunciaron que se pretende concentrar los poderes en el Presidente Evo Morales. Creen que se intenta controlar el TC para revertir los estatutos autonómicos.

image

Encuentro. Núñez, Galarza, Guzmán y Carvallo dirigen los comités de la media luna y se reunieron ayer en Santa Cruz



EL DEBER

Aidee Rojas/Pablo Ortiz

Los cívicos de la media luna rechazan la ‘ley corta’

Temor. Creen que se intenta controlar el TC para revertir los estatutos

Los comités cívicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija se reunieron ayer en Santa Cruz y se pronunciaron en contra de la Ley de Necesidad de Transición del Órgano Judicial, aprobada el martes en Diputados y que está en tratamiento en la Cámara de Senadores, por considerar que reúne los poderes en el Presidente del Estado, Evo Morales, y va en contra de la Constitución Política del Estado.

La reunión cívica del bloque de la media luna se realizó ayer por más de tres horas donde cada representante cívico expuso sus propuestas de medidas de presión en rechazo a la propuesta gubernamental. En la cita participaron dirigentes del sector empresarial y cívicos provinciales de Santa Cruz, además de los presidentes cívicos de Beni, Felcy Guzmán; de Tarija, Patricia Galarza; de Pando, Henry Carvallo y el cruceño Luis Núñez. Los representantes de Tarija y de Pando estaban dispuestos a iniciar medidas de presión de inmediato, pero se decidió posponerlo por la cercanía del Carnaval y por los efectos de las riadas que se sufre en los cuatro departamentos. Por ello, los representantes pidieron unir esfuerzos para asumir la defensa de los recursos de las regalías por el IDH y demandaron mayor atención para los damnificados por las inundaciones.

También manifestaron su preocupación por el proceso autonómico, rechazando el anteproyecto de Ley de Autonomías del oficialismo y pidiendo respeto a los estatutos autonómicos aprobados por los cuatro departamentos entre mayo y junio de 2008.

Sobre ese particular, el senador de PPB Germán Antelo y el candidato a la Gobernación cruceña Juan Carlos Urenda coincidieron en advertir que uno de los peligros de la llamada ‘ley corta’ es que el oficialismo dominará el Tribunal Constitucional. En esta institución se encuentran los recursos de las instituciones de la media luna que permitieron realizar los referéndums por los estatutos. Si éstos son declarados nulos, también se declarará la invalidez de estas normas locales. Urenda considera que no se deben anular sino que hay que compatibilizar tanto los estatutos como la Constitución.

El Senado la aprobará hasta el fin de semana

Los senadores calculan que el viernes será aprobada la denominada ley corta en la Cámara Alta. La congresista tarijeña María Elena Moldes (PPB-CN) explicó que durante la jornada de ayer ambas fuerzas parlamentarias analizaron el proyecto aprobado el martes en Diputados y que hoy por la tarde se reunirán en comisión para tratar de compatibilizar las diferencias entre el oficialismo y la oposición.

Las divergencias se centran en quién debe designar a las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional y Consejo de la Judicatura.

El oficialismo ya aprobó que sea el Presidente, pero la oposición tratará de que sea el pueblo a través del voto en una elección que debería realizarse el 4 de abril, junto con la votación para gobernadores y alcaldes.

   La resolución  

1. La independencia de los órganos del Estado constituye el equilibrio indispensable para evitar la concentración del poder, que conduce a la dictadura y a la negación a las libertades y derechos democráticos. Reiteran que sin justicia independiente no hay libertad; por lo tanto, el movimiento cívico rechaza esta ley que contradice los fundamentos de una sociedad protegida por un sistema de justicia autónomo que garantice los derechos humanos, la libertad de expresión, el derecho al disenso y la libertad económica y política. Instan a todas las instituciones democráticas a unirse en acciones de rechazo a la ley arbitraria.

2. Condenan que el oficialismo haya copado abusivamente el Ministerio Público, convirtiéndolo en instrumento de persecución de ciudadanos que, desde el campo cívico, defienden la legalidad y los intereses de la ciudadanía (…) Se propone recurrir a la alerta y a la movilización ciudadana en defensa de los derechos humanos.

3.- Denuncian las acciones del Gobierno que tienden a destruir esa conquista mediante el recorte de los recursos del IDH y de las regalías petroleras que constituyen una conquista histórica. De la misma manera, denunciamos que el Gobierno central intenta usar su mayoría congresal para aprobar una ley de autonomía que equivale a restringir las atribuciones de las regiones autónomas burlando la voluntad popular.

Cívicos en alerta por persecución a líderes

image

Jueves,  11  de Febrero, 2010

EL DÍA

El Gobierno señala que la Ley Corta se aprobará en estos días y será de cumplimiento obligatorio. Cuatro Comités amenazan con movilizare.

El vicepresidente Álvaro García Linera anunció ayer desde Santa Cruz que el proyecto de Ley Corta, para que el Mandatario elija interinamente las acefalías en el Poder Judicial, seguirá adelante y que una vez aprobada se iniciará “la depuración judicial”, para lograr una justicia sin extorsiones, mientras que más temprano los cívicos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija mostrando unidad, anunciaron movilizaciones para defender la independencia de los órganos del Estado y evitar más recortes a los recursos.

La jornada arrancó con la reunión de emergencia de los cívicos, quienes debatieron por tres horas la posición que asumirían frente al Gobierno. Algunos ya estaban resignados a que el MAS tenga todo el control en la Asamblea Legislativa Plurinacional como el cívico del Beni, Felcy Guzmán, señalando que lo único que les queda es apoyarse en las instituciones de cada región.

El pronunciamiento que leyó el presidente cívico de Santa Cruz, Luis Núñez, siguió esta línea de convocatoria a las institucionales nacionales para unirse a las acciones de rechazo a la “ley arbitraria”, denunciando un intento de concentración del poder.

“Demostrando una unidad bastante grande y vamos a continuar con este tipo de reuniones, vemos que este Gobierno atropella todo lo que significa nuestras libertades y derechos. Nosotros tomaremos en su momento las medidas, pero tengan la certeza que sí vamos a hacer medidas, no nos vamos a quedar quietos”, sostuvo Núñez.

Por su parte el Vicepresidente pidió a los Comités Cívicos no encubrir a delincuentes y dejar de lanzar amenazas, refiriéndose al proyecto de Ley de investigación de fortuna que continúa en el Senado. Nombró al ex cívico Branko Marinkovic y al vicepresidente Guido Náyar por haber cometidos delitos.

“Hay una ley y se tiene que cumplir la ley, cumple la Constitución que es para reformar una justicia podrida, quienes defienden el actual sistema judicial defienden un sistema podrido, agresivo, extorsionador de ciudadanos”, sostuvo el Vicepresidente aclarando que una vez aprobada los bolivianos deben acatarla.

De igual forma justificó que el presidente Evo Morales nombrará interinamente en las acefalías mientras se elabora las nuevas leyes, donde se construya la institucionalidad  para convocar a elecciones, que puede tardar entre seis meses a un año, por tanto aclaró que es la mejor salida constitucional.

Pronunciamiento

Rechazo • Reafirmar convicción por la independencia de los órganos del Estado, para tener un equilibrio indispensable y evitar la concentración del poder, por tanto rechaza esta ley y convoca a las instituciones nacionales a unirse a la acción de rechazo.

Denuncia • El oficialismo ha copado abusivamente el Ministerio Público, convirtiéndolo en instrumento de persecución de ciudadanos que, desde el campo cívico, defienden la legalidad y los intereses de la ciudadanía, así como quienes se oponen al avance, por tanto declaran la alerta y la movilización ciudadana en defensa de los derechos humanos.

Sin autonomía • El régimen de autonomía para los departamentos es un mandato ciudadano que el oficialismo procura desvirtuar. En consecuencia, denuncian las acciones arbitrarias del gobierno central que tienden a destruir esta conquista, mediante el recorte del IDH y las regalías petroleras que constituyen una conquista. Además intenta usar su mayoría congresal.