Ex mandatarios critican «ley guillotina» de Morales y «agenda de destrucción»

Advierten que los jueces que les procesarán no son imparciales al haber sido nombrados por su "acusador", el presidente Morales; la nueva norma no garantiza el "debido proceso".

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Los ex presidentes bolivianos Carlos Mesa (d), Jorge Quiroga (i) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2i), y el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (2d), llegaron ayer a una rueda de prensa.



Los ex mandatarios bolivianos que denuncian la ilegalidad de los juicios que se promueven contra ellos acusaron hoy al Gobierno de Evo Morales de poner "en riesgo" la Justicia, llevar a cabo una "agenda de destrucción" y pretender "linchar" a los opositores con una "ley guillotina".

Los ex gobernantes Jorge Quiroga y Carlos Mesa, así como el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas aparecieron hoy en varios canales de televisión para explicar los fundamentos de la denuncia pública que formularon ayer junto al ex mandatario Eduardo Rodríguez Veltzé contra la norma que persigue acelerar sus procesamientos.

Denunciaron que esa norma viola los derechos humanos, la propia Constitución boliviana y tratados nacionales e internacionales, por lo que piden que se corrija antes de ser definitivamente aprobada por la Asamblea Legislativa.

Argumentan además que los jueces que eventualmente les procesarán no son imparciales al haber sido nombrados directamente por su "acusador", el presidente Morales, y que la nueva norma no garantiza el "debido proceso" porque no establece derecho a la apelación ante una sentencia condenatoria.

Hoy, el ex presidente Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002) acusó al Gobierno de plantear una "agenda de destrucción completa y total" con una ley para que quienes hayan ocupado puestos públicos en el Estado "colonial" se fuguen o acaben "en el cementerio o enjuiciados y apresados".

"Queremos un sistema de derecho y vamos a defendernos", apostilló Quiroga en entrevista con canal Uno.

Víctor Hugo Cárdenas, vicepresidente en el primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) destacó en ese mismo canal que la ley para acelerar esos juicios "es realmente una guillotina que solo busca linchar".

Por su parte, el ex presidente Carlos Mesa (2003-2005) advirtió en entrevista en el canal ATB de que en Bolivia "está en riesgo la Justicia", no solo la vinculada a estos juicios de responsabilidades a autoridades "sino a los principios básicos que se establecen para juzgar a cualquier ciudadano".

Mesa opinó que el Gobierno de Morales está armando una "tramoya para judicializar la política".

"No nos asustemos. El Gobierno pretende amedrentar al conjunto de los ciudadanos de este país y pretender decir que si alguien levanta la voz, que si alguien establece una observación a un proceso se declara culpable", advirtió.

Insistió en que tanto él como los otros ex presidentes van a continuar en Bolivia y que no tienen intención de eludir cuestionamientos a sus respectivas gestiones.

"Cuánto le gustaría al Gobierno que Rodríguez, Quiroga, Cárdenas o Mesa estuvieran fuera de Bolivia porque entonces repetiría lo que dice: aquel que se va es culpable. Aquí la culpabilidad está definida por el Gobierno, el Gobierno decide quién es culpable y quién inocente independientemente de los juicios y esto no puede ser", manifestó Mesa.

Destacó que "frente al autoritarismo" hay que establecer "la valentía" y defendió el derecho al disenso en un marco democrático y sin tratar de desestabilizar al Gobierno "por mucho que crea que comete arbitrariedades".

Los ex presidentes Jorge Quiroga (2001-2002) y Carlos Mesa (2003-2005), fueron acusados en el año 2006 (primer año de Gobierno de Morales) por la Fiscalía General de violar la ley e incluso la Constitución, por la suscripción de contratos petroleros con multinacionales.

Por su parte, Rodríguez Veltzé (2005-2006) fue acusado también ese año de sometimiento a dominio extranjero y espionaje, por haber autorizado en su gestión la destrucción por Estados Unidos de 41 misiles de las Fuerzas Armadas bolivianas.

En cuanto a Víctor Hugo Cárdenas no está imputado por la Fiscalía, pero en 2006 el Gobierno de Morales lo demandó en la reapertura del llamado caso Enron, donde se acusa al primer Gobierno de Sánchez de Lozada de la presunta firma ilegal de un contrato para construir un gasoducto a Brasil en 1994. La Razón digital