Corrupción: Mario Uribe ordenó a los fiscales que tramiten medidas cautelares para impedir la huida de los presuntos autores de irregularidades y, en su caso, iniciar gestiones para la extradición de los autoexiliados.
Fiscales: José Calle, Camilo Medina, Williams Dávila y Julio Sandoval en su posesión. Deben evitar fugas de sospechosos
La Prensa
Fiscal acepta pedido del MAS y pide evitar fuga de sospechosos
Al día siguiente de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) solicitara el arraigo de dos opositores por presunta corrupción, el fiscal general del Estado, Mario Uribe, ordenó a fiscales de Distrito y a quienes investigan estos casos que requieran medidas cautelares contra los sospechosos.
El sábado pasado, el presidente Evo Morales declaró su intención de “combatir personalmente a los corruptos, porque la corrupción hace mucho daño”.
En tanto, el vocero político del MAS, Jorge Silva, solicitó que opositores como Mario Cossío, candidato a gobernador de Tarija, y su ex aliado Juan Del Granado, jefe nacional de Movimiento Sin Miedo (MSM), sean arraigados porque “se teme que posteriormente, cuando se les inicie un proceso de investigación por actos de corrupción”, emprendan una precipitada fuga.
El diputado oficialista por Tarija y líder campesino Luis Alfaro denunció un día antes al Ministerio Público que “por información de personal de inteligencia” conoció que la familia de Mario Cossío viajó a Estados Unidos.
“No están en Tarija ni en Bolivia y sabemos también que el próximo en irse es él, o sea que (Cossío) está preparando una huida”, pero ayer el candidato se presentó en una conferencia de prensa con sus familiares.
Ante ello, Mario Uribe emitió el martes un instructivo dirigido a los fiscales de Distrito y a los asignados a investigar estos hechos para que tomen los recaudos necesarios para evitar su salida de Bolivia.
El primer punto de ese documento establece que “de concurrir los requisitos del peligro de fuga, requerir la adopción de medidas cautelares reales y personales, para asegurar la presencia del o los imputados en el desarrollo del proceso, para la averiguación de la verdad y para la aplicación de la ley, sin dilación alguna y con la celeridad que corresponde”.
El segundo inciso señala: “En caso que el imputado se haya dado a la fuga y se tenga noticia que haya salido fuera del territorio del Estado, activar la solicitud de cooperación penal internacional que corresponda, así como solicitar la cooperación a Interpol y realizar el trámite de extradición correspondiente”.
Finalmente, Uribe advierte que “la inobservancia del presente instructivo, dará lugar a la responsabilidad disciplinaria, de acuerdo con lo determinado por el artículo 101 de la Ley Orgánica del Ministerio Público”, que permite a la principal autoridad de este organismo aplicar suspensiones por indisciplina.
Hasta el momento, los ex funcionarios opositores Manfred Reyes Villa, José Luis Paredes, Guido Nayar y Guillermo Fortún huyeron, después de que el Gobierno anunciara que eran investigados por supuestos actos de corrupción en el ejercicio de su labor pública.
Reyes Villa salió de Bolivia por Cobija, Pando, y está en Estados Unidos, desde donde solicitó que su caso sea conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sobre el ex Prefecto de Cochabamba pesan 14 juicios por supuestas irregularidades en obras camineras y la adquisición de vehículos de lujo con recursos originalmente destinados a la compra de maquinaria pesada.
El ex ministro de Gobierno Guido Nayar (1997-1999) es investigado por haber transferido 1,8 millones de bolivianos de fondos estatales a la cuenta bancaria personal de su hijo.
Hasta el momento no se ha podido determinar el lugar actual de residencia de Nayar, quien ejerce también la vicepresidencia del Comité pro Santa Cruz.
José Luis Paredes es sospechoso de haber malversado recursos provenientes de las recaudaciones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
El también ex Alcalde de El Alto se halla en la actualidad en España.
El ex director administrativo del Ministerio de Gobierno Peter Sueldo, declaró a la Fiscalía que junto con el ex jefe administrativo Luis Alcázar retiró 18 millones de bolivianos de gastos reservados y los entregó, en dos partidas, al ex ministro Guillermo Fortún, quien está en Santiago de Chile en condición de turista, la que mantendrá 90 días.
Sueldo y Alcázar están detenidos preventivamente en el penal de San Pedro de La Paz, bajo la imputación de malversación de gastos reservados.
El Gobierno anunció ayer que efectuará las gestiones diplomáticas necesarias para lograr la entrega de Fortún para que responda por el destino que dio al dinero perteneciente al Estado.
Pese a su situación de autoexiliado, Fortún se mantiene como candidato a la Alcaldía de La Paz por Acción Democrática Nacionalista (ADN).
Al menos cuatro ex funcionarios huyeron para evitar procesos penales.
Ley Anticorrupción recibe críticas
Según la Agencia de Noticias Fides, el constitucionalista Carlos Alarcón dijo ayer que la retroactividad, planteada en la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, que será promulgada hoy, viola principios universales de derechos humanos y comparó la norma con acciones de Adolfo Hitler. “En ningún sistema de derechos humanos se permite la aberración de aplicar retroactivamente leyes. Eso se hacía en la Segunda Guerra Mundial, durante el régimen nazista de Hitler”.
El presidente Evo Morales promulgará esta ley hoy a las 10.00 en el Palacio Quemado, después de que fue sancionada por el Senado el lunes.
Según esta ley, corrupción es “el requerimiento o la aceptación, el ofrecimiento u otorgamiento directo o indirecto, de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado”.
Esta norma dispone la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por los servidores públicos, “que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico” y “no admiten régimen de inmunidad”.
Permite, además, que “cuando se declare la rebeldía de un imputado dentro del proceso penal por los delitos establecidos en esta ley, el proceso no se suspenderá con respecto del rebelde. El Estado designará un defensor de oficio y el imputado será juzgado en rebeldía, juntamente con los demás imputados presentes”.
Autoriza al juzgador confiscar los bienes del acusado y la inviolable protección del denunciante, salvo si se demuestra la inocencia, en cuyo caso se podrá llevar adelante una acción judicial recriminatoria.
Los senadores de oposición plantearon al menos 15 observaciones al proyecto, pero los oficialistas argumentaron que el Reglamento de Debates permite a la Cámara de origen aprobar o rechazar las modificaciones introducidas por la Cámara revisora, que no puede incluir texto o modificarlo.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia solicitó, hace un mes y medio, a la Asamblea Legislativa que considere al menos cinco observaciones, “que podrían ser problemáticas desde la perspectiva de los derechos humanos”, según Denis Racicot, representante del organismo internacional.
Racicot destacó la semana pasada como “importante” la iniciativa del Gobierno de impulsar una ley anticorrupción pero dijo que preocupan la presunción de inocencia, la retroactividad en la aplicación de nuevos delitos, la carga de la prueba sobre el enriquecimiento ilícito y el enriquecimiento ilícito de particulares.
Reprimenda a Peralta
Por haber declarado que el cardenal Julio Terrazas figura en una nómina de 33 personas que recibieron dinero de los gastos reservados, el fiscal general del Estado, Mario Uribe, llamó la atención al fiscal investigador del caso, Félix Peralta.
“El Fiscal no debe poner en peligro la investigación y tampoco ésta debe vulnerar los derechos de los involucrados”.
Por ello, Peralta se abstuvo ayer de formular declaraciones relativas a la investigación sobre el uso dado a los gastos reservados y tampoco dará a conocer el cronograma de declaraciones.
Empero, la Autoridad de Supervisión y Control Social de Empresas solicitó una prolija indagación a todas las firmas incluidas en el listado de beneficiarios de gastos reservados.
Incineraron informes
En una conferencia de prensa ofrecida ayer, el contralor interino Gabriel Herbas denunció que, sobre la base del Decreto 27055, promulgado el 30 de mayo de 2003, cinco de sus antecesores incineraron las rendiciones de cuentas del manejo de los gastos reservados y no dejaron un acta en la que debía constar el monto empleado con esta finalidad.
Por esa razón no se encontraron documentos relativos al manejo de esas sumas en los archivos de la entidad fiscalizadora.
Carlos Mesa promulgó otro decreto, que dispone la confidencialidad del manejo de estos recursos y que los informes sobre el particular deberán ser considerados como secretos e incinerados, después de ser aprobados.
Presidente cívico cruceño en ayuno
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Núñez, se declarará hoy a las 10.30 en ayuno voluntario, “como símbolo de la protesta ciudadana ante los atropellos a la dignidad y la libertad, llamando a la ciudadanía a solidarizarse en esta lucha por la paz y la democracia”, según un comunicado emitido por el organismo.
La decisión del líder cívico es respaldada por el directorio del Comité, que decidió ayer aplicar un plan de acción “destinado a defender las libertades democráticas, repudiar las violaciones a los derechos humanos, denunciar el desconocimiento de la independencia de los poderes y el constante deterioro del estado de derecho”.
Rubén Darío Méndez, portavoz oficial del civismo cruceño, explicó que Núñez aguarda que representantes de otros sectores de la sociedad civil se sumen a la pacífica medida de presión, que será levantada cuando “cese el terrorismo de Estado en Bolivia, acaben las persecuciones políticas y la justicia recobre su independencia”.
El Cardenal se siente atacado
El cardenal Julio Terrazas, en su homilía de ayer, sin entrar en detalles sobre las acusaciones y posteriores retractaciones del fiscal Félix Peralta, pidió fuerza especial para soportar “estos días difíciles” en los que está siendo “atacado por los grupos de poder”.
“Que esa fuerza especial recaiga en nuestros pecados e inclusive en nuestros delitos”. Ayer desde las 18.00 se congregaron estudiantes de unidades educativas de convenio, quienes formaron una multitudinaria cadena humana con pañuelos blancos y con pancartas en apoyo al Cardenal.
El desagravio fue consecuencia de la sindicación de que en mayo de 1999 recibió 115.000 bolivianos provenientes de los gastos reservados.
Al inicio de la misa, los feligreses esperaban su llegada y aplaudiendo sin parar por más de diez minutos mientras pasaron más de un centenar de diáconos y sacerdotes. En sus primeras palabras, Terrazas hizo alusión a los obstáculos por los que está pasando la Iglesia y agradeció por la solidaridad recibida.
Hizo énfasis en que la justicia se debe hacer con la verdad y no la mentira y la fantasía propia de la charlatanería.