Terrorismo. Secuestran y torturan a empleado de casa Asbún; querían que inculpe a Branko

Justo Romero Limón fue retenido y golpeado durante más de cuatro horas para que hable de Rózsa. Cruceños exigen investigar a funcionarios de gobierno. Ejecutivo cree que operan otras células.

Terrorismo: “Basta de impunidad, ¿dónde está  Andrade?, ¿dónde está Clavijo?, ¿dónde está Marilyn? y ¿dónde está el Viejo?”, dijo la diputada de Convergencia Nacional, Jéssica Echeverría, quien tenía en sus manos un cartel donde pedía la investigación de estas personas.

El Día



Torturan para que un hombre culpe a Branko

Agentes secuestraron a un funcionario de la casa Asbún. Querían que hable del caso Rózsa.

Un trabajador de la casa Asbún fue secuestrado y torturado ayer por desconocidos que  intentaron obligarlo a punta de golpes a confesar las vinculaciones de sus patrones con el caso terrorismo y que  pretendían que relaciones al ex presidente del Comité Cívico, Branko Marinkovic, con la célula comandada por Eduardo Rózsa Flores.

Justo Romero Limón fue llevado a la fuerza desde la tienda dedicada a la venta de armas para cacería a las 9.30 de ayer y fue liberado por la tarde con señales de haber sido golpeado.

La dueña de la casa Asbún, que la semana pasada fue intervenida por el fiscal Marcelo Soza, relató el momento en que fue secuestrado Romero. “Llegó una vagoneta con vidrios negros, color azul y se lo llevaron. Es un simple muchacho, muy humilde, lo golpearon, yo vi que se lo estaban llevando, la gente vestida de policías, había uno con una polera roja y gorra roja, tenía unas insignias, no sé si decía Delta”, dijo Iveth Cortez, explicando que están intentando relacionar la detención de su esposo en Estados Unidos por un supuesto tráfico de armas ilegales con el caso Rózsa. Explicó que también fue citada a declarar por este hecho pero que no asistió.

Una vez libre, Romero Limón contó que fue llevado a una habitación oscura donde lo cubrieron con una bolsa negra y lo golpearon, mientras le preguntaban dónde estaban las armas. Trataban de que implique a su jefe con el caso terrorismo y también le pedían datos sobre Marinkovic, a quien dijo no conocer. El joven trabajador mostró contusiones en el estómago  y cicatrices en las muñecas que le dejaron las esposas que le pusieron mientras lo tuvieron cautivos, presuntos agentes de seguridad. Dijo que en varias ocasiones, sus captores repetían “ya viene el fiscal” en alusión a Marcelo Soza, quien lleva adelante la investigación del caso terrorismo.

En este momento, el dueño de la casa Asbún, Alfredo Asbún, enfrenta cargos en Estados Unidos.

Secuestran y torturan a empleado de casa Asbún

Terrorismo. Justo Romero Limón fue retenido y golpeado durante más de cuatro horas. Le exigían que confiese quién tiene las armas del caso Rózsa. Cree que lo llevaron a un motel

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Agredido. Así quedó el abdomen de Justo Romero Limón, por los golpes que le dieron en la boca del estómago

Pablo Ortiz, El Deber

Justo Romero Limón, empleado de la tienda de caza y pesca Asbún, despegaba los candados de las personas del lugar cuando tres sujetos vestidos de negro le mostraron rápido una credencial, le ordenaron que diga su nombre, lo enmanillaron y lo subieron a una vagoneta Toyota Runner plateada. Ahí comenzó el calvario de este hombre de 40 años, que fue secuestrado y torturado por desconocidos durante más de cuatro horas.

Con la boca del estómago, las pantorrillas y las muñecas moreteadas, Romero contó  que ni bien subió a la movilidad le pusieron una bolsa negra en la cabeza y al cabo de unos minutos lo bajaron en un cuarto oscuro, ubicado en un segundo piso. Por los olores, él presume que estaba en un motel de los del norte. Ahí lo comenzaron a golpear en la boca del estómago. “Me decían que confiese, que diga dónde están las armas. Me preguntaban por el caso Rózsa y yo no sé nada, sólo soy un empleado”, relató.

La casa Asbún fue allanada el jueves 6 por el fiscal Marcelo Soza, que cree que este establecimiento puede estar ligado a la compra de armas para  Rózsa. Su dueño, Alfredo Asbún, está detenido en EEUU acusado de tráfico de armas.

Según Romero, sus captores tenían acento paceño y le decían que ya llegaría el fiscal y que frente a él iba a hablar. Luego, tomaron uno de sus celulares y comenzaron a hacer llamadas a la familia Asbún, a su esposa y a su sobrino. Lo amenazaron con que si no confesaba, se meterían con su familia. Romero había sacado en consignación 20 salones calibre 22 para comercializarlos y cuando le preguntaron por las armas, dijo que las tenía en su casa. Hasta allí fueron los captores y sólo encontraron las culatas de madera. Volvieron a la habitación y lo golpearon de nuevo. “Me alzaban de las manillas, me ponían la cabeza entre sus piernas y me pateaban en las pantorrillas”, contó.

Luego de que entregó los caños de los salones de cacería, lo volvieron a torturar preguntándole por ametralladoras Uzi y por la documentación de la tienda. Le ponían una pistola en el cuello, mientras una voz decía: “Teniente, el arma está cargada”.  “No importa, éste tiene que confesar”, respondía uno de los captores. Eran cinco, según cree.

Todo terminó pasadas las 13:30, cuando lo dejaron tendido por la zona del Urubó. Se llevaron los Bs 600, un reloj y el chip de uno de sus dos teléfonos. “Esto lo has comprado con las ventas ilícitas”, le gritaron.

El abogado de la familia Asbún, Abel Montaño, aseguró que su equipo jurídico recorrió las instalaciones policiales y en ellas les aseguraron que no había ninguna orden contra Romero. Él ya sentó la denuncia ante la Policía. “Si son funcionarios públicos, esto es muy grave, porque atentan contra el Estado de derecho. Esto es una arbitrariedad”, dijo.

Policía cerca la casa de Chichi Castedo

La Policía rodeó ayer la casa de Ronald Castedo. El arquitecto y ex presidente de Cotas conocido como Chichi, debía presentarse el jueves a declarar en La Paz por el caso Rózsa, pero una afección cardiaca le impide viajar a ciudades de gran altitud. Envió un memorial solicitando ser evaluado por un médico forense para certificar su enfermedad y en principio el fiscal Marcelo Soza lo aceptó, sin embargo ayer por la mañana desde la oficina de Soza informaron de que se había librado orden de detención contra Castedo.

Por la tarde, los policías que hacían guardia en torno a la casa aseguraban que sólo esperaban un fax de La Paz con la orden de allanamiento para ingresar al inmueble y capturar a Castedo, pero eso no sucedió. Por la noche, cerca de las 21:00, se hizo presente en el lugar un médico para evaluar a Castedo. Producto de ello, se conoció el certificado forense del ex presidente de Cotas, que indica que en 2005 sufrió un infarto seguido de cuatro episodios de fibrilación. Ese año fue sometido a dos cateterismos y a un procedimiento de bypass. Por ello el médico forense Carlos Ciro Ortiz recomienda que Castedo no viaje a ciudades de gran altitud por “consecuencias imprevisibles para su vida”.

El Comité se acerca al Poder Judicial

El directorio del Comité pro Santa Cruz comenzó ayer la ejecución del plan definido en la Asamblea de la Cruceñidad, que determinó conformar una comisión para asumir la defensa legal contra los abusos por el caso de supuesto terrorismo. 

Ayer, el líder cívico, Luis Núñez, visitó al presidente de la Corte Superior de Justicia de Santa Cruz, Adhemar Fernández, al que entregó una carta pidiendo una reunión de sala plena para aclarar por qué la jurisdicción del caso Rózsa está en La Paz, pese a que se definió que se trate en Santa Cruz.

“Mientras no haya un Tribunal Constitucional con competencias plenas, no será posible determinar la jurisdicción natural del caso de terrorismo”, respondió Fernández.

El objetivo del acercamiento de los cívicos a la Justicia es buscar una solución jurídica a los conflictos de jurisdicción. La dirigencia cívica anunció que abrirá 10.000 libros para recolectar firmas y pedir un referéndum. Además hizo conocer que no es cierto que el vicepresidente Guido Nayar nunca se haya presentado a declarar. Recordaron que lo hizo en una oportunidad en la ciudad de La Paz, pero Soza interrumpió la declaración y lo volvió a citar. En dicha ocasión no asistió por considerar que la jurisdicción pertenecía a Santa Cruz.

El Gobierno cree que operan otras células

Terrorismo. Pide que la Fiscalía y la justicia sancionen a los culpables

image Gráfica. Andrade (izq.) y García Linera (al otro extremo) con varios policías

El Deber

El Gobierno considera que los hechos que se suscitaron en el hotel Las Américas fueron para desarticular a una de las células terroristas en Bolivia y que en la actualidad existen otros grupos que están activos y que amenazan al país.

El viceministro de Gobierno, Gustavo Torrico, dijo que el problema no desapareció con la desarticulación del supuesto grupo de Eduardo Rózsa. “Para nosotros, el caso está vigente, y creemos que hay algunos que están sueltos; se dio fin a una de las células, las otras están intactas”.

El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que el Estado cumplió con la primera parte de los hechos al haber desmontado al grupo de Rózsa (con la muerte de Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer) y que ahora corresponde a la Fiscalía y al Órgano Judicial la detección y la sanción de los autores intelectuales del intento de división del territorio nacional. “Se tiene que saber cómo y de dónde recibían dinero para su desplazamiento a diferentes puntos del país y quiénes estaban por detrás”, añadió el Vicepresidente.

Respecto a las acciones de los policías de la desarticulada Utarc, el viceministro Torrico afirmó que no habrá ningún tipo de información y se negó a revelar el paradero del capitán Wálter Andrade y de la policía Marylin Vargas Villca, “porque esa información es seguridad nacional y no creo que la CIA tenga una planilla pública de dónde actúan sus agentes, la información de los policías es seguridad nacional”, reiteró el funcionario, al ponderar la acción de los uniformados el 16 de abril de 2009.

Los diputados opositores insisten en que este caso es politizado por el Gobierno y aseguraron que nunca se logará saber la verdad porque mataron al principal actor que pudo revelar los detalles de su llegada a Bolivia./MCh

Más detalles

– Comparendo. Fuentes de la Policía aseguran que ayer se entregó una citación para que declare Ronald Paz, un empresario que fue mencionado en la declaración de Marco Antonio Monasterio. Él prefirió no hacer comentarios al respecto.

– Denuncia. Pese a que Mario Tadic negó que haya escrito una carta, la senadora de PPB Eva González aseguró que éste le había escrito que conoció a García Linera en los 90.

– Demanda. El Ministerio de Gobierno iniciará un proceso contra el diputado Tomás Monasterio, lo acusa de uso de instrumento falsificado por la denuncia que hizo sobre un supuesto informe de Andrade al jefe de Inteligencia.

Terrorismo: piden investigación de los funcionarios de gobierno

A un año hubo protesta afuera del hotel Las Américas y el Gobierno anunció juicio contra el diputado Rafael López que denunció con informes policiales un complot contra Santa Cruz. Evo dijo que lo quieren hacer pelear con García Linera.

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EL DÍA

Sábado,  17 de Abril, 2010

Un grupo de diputadas y activistas cruceñas protestaron ayer en las puertas del hotel Las Américas  en Santa Cruz, exigiendo que también investiguen a los funcionarios de Gobierno que participaron en el operativo de intervención la madrugada del 16 de abril, donde murió Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer.

“Basta de impunidad, ¿dónde está  Andrade?, ¿dónde está Clavijo?, ¿dónde está Marilyn? y ¿dónde está el Viejo?”, dijo la diputada de Convergencia Nacional, Jéssica Echeverría, quien tenía en sus manos un cartel donde pedía la investigación de estas personas.

La diputada explicó que no sólo debe haber acusaciones para los líderes cruceños sino también para los funcionarios de Gobierno que participaron en el operativo y que habrían sido “introducidos” en la organización de Rózsa.

Explicó que luego de un año aún no se ha citado a declarar al capitán Wálter Andrade, quien ya estaría en Venezuela y fue el jefe de la UTARC, unidad que intervino en el hotel; también nombraron a la dragoneante Marilyn Vargas Villca, que habría hecho el trabajo de inteligencia con Andrade; Luis Nolberto Clavijo, un funcionario de Gobierno que se hospedó en este lugar, y finalmente el testigo clave al inicio de la investigación, Ignacio Villa Vargas, que desapareció luego de denunciar por intermedio de un diputado opositor que fue obligado a relacionar con el caso a las autoridades cruceñas.

Por su parte la diputada de oposición, Vanesa Moreno, señaló que no están rechazando que se realice una investigación pero que sea en Santa Cruz, respetando la jurisdicción. “¿Dónde están los hombres?, queremos que vengan a defender su tierra. Santa Cruz no se rinde”, gritaba Moreno con apoyo de un grupo de activistas cívicas.

Mientras que el ex candidato a la Alcaldía,  Gary Prado, que tiene arresto domiciliario, pidió una investigación internacional de la Corte Penal de La Haya para tener la certeza que el proceso judicial sea imparcial.

“Por los intereses de las personas afectadas con los artefactos explosivos, por los intereses de los familiares nacionales y extranjeros y por los intereses de los ciudadanos que estamos siendo injustamente imputados por el Gobierno”, dijo Prado.

En Cochabamba, el presidente Morales lamentó que algunas organizaciones protejan a separatistas y dijo que lo quieren hacer pelear con el vicepresidente Álvaro García Linera. Asimismo el viceministro de Gobierno, Gustavo Torrico, dijo que iniciará un proceso penal contra el diputado opositor Rafael López, quien mostró un informe de Andrade al Comandante Nacional de la Policía y al de Inteligencia, denunciando complot gubernamental.

La autoridad mostró el informe del ex director Nacional de Inteligencia de la Policía Boliviana, coronel Jorge Santiesteban, referidos a los sucesos del 16 de abril de 2009, requeridos por el fiscal Marcelo Soza y aclaró que los que entregó López a los medios de comunicación estaban “fraguados”.

Además explicó que él también puede hablar de supuestos y señaló que el hijo de la senadora Centa Reck, de nombre José Alejandro Durán, trabaja en el Consejo de Administración de la CRE y es parte de la logia “Toborochi”.

Cívicos buscan jurisdicción

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Núñez,  entregó ayer una carta a la Corte Superior de Justicia solicitando una audiencia con los miembros de la Sala Plena, con el objetivo de buscar una solución jurídica a los conflictos de competencia jurisdiccionales que afectan a los procesos penales iniciados por el gobierno central contra líderes autonomistas, empresarios, cívicos y dirigentes políticos de la oposición.

“Mientras no haya un Tribunal Constitucional con competencias plenas, no será posible determinar la jurisdicción natural del supuesto caso de terrorismo”, dijo el presidente de la Corte Superior de Justicia de Santa Cruz, Adhemar Fernández, quien recibió a los cívicos.

El caso de presunto terrorismo ha neutralizado la oposición al presidente Evo Morales, coincidieron ayer al cumplirse un año del hecho.

Detalles

Operativo

El 16 de abril del 2009 Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer fueron abatidos a tiros por el grupo de élite Utarc, liderados por Wálter Andrade.

Conexiones

Salieron fotografías y videos que relacionan a Wálter Andrade, de la Utarc, y la dragoneante Marilyn Vargas Villca con el grupo de Eduardo Rózsa. La oposición denunció que estaban como “infiltrados” en está organización, aunque el Gobierno lo negó.

Detenidos

Hay once implicados en el caso. Siete con detención en la cárcel de San Pedro y Palmasola. Otros cuatro que están con arresto domiciliario.

Torrico entrega documento adulterado

Dice que los informes escritos que presenta la oposición son falsos

La Razón

El viceministro de Gobierno, Gustavo Torrico, dice que entregó a la prensa documentos adulterados sobre el caso terrorismo, para mostrar lo “burdo” de similares informes que revela la oposición sobre el operativo del 16 de abril.

El diputado Tomás Monasterio reveló un reporte del capitán Wálter Andrade, donde se informa que la desarticulación del supuesto grupo terrorista “fue exitosa” y conforme a lo “acordado por el Ministerio de Gobierno, Vicepresidente y la Embajada de la hermana República de Venezuela”.

En una conferencia de prensa, Torrico aseguró que el documento que mostraba la oposición era falso y que personal del ministerio entregaría a los periodistas el informe oficial, que también resultó ser falsificado sobre la base del contenido del primer reporte.

“Entonces, si ustedes (prensa) son capaces de recibir esto (informe de la oposición), por qué no van a recibir y considerar que esto (el supuesto informe oficial) es cierto”, preguntó el viceministro.

En lugar de la parte del Ministerio de Gobierno, Vicepresidencia y la Embajada de Venezuela, el documento que entregó Torrico establecía que el plan (operativo) fue elaborado entre las logias Los Caballeros del Oriente y Toborochi, y que los sujetos a ser neutralizados fueron “El Pato Lucas, la Bella Durmiente y el Súper Ratón”.

Torrico, finalmente, entregó el documento oficial del informe que hizo Andrade sobre el operativo, donde explica que actuaron en el marco del “interés nacional y la seguridad interna del Estado”.

Gobierno dice que aún existen células del grupo terrorista

Pesquisa. El Vicepresidente pide hallar a los autores intelectuales

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EL OPERATIVO. El fiscal Soza (der.) muestra, el 20 de abril del 2009, las armas y otros objetos que secuestraron al supuesto grupo irregular.

La Razón – La Paz

A un año de la desarticulación del grupo del abatido Eduardo Rózsa, el Ejecutivo, a través del viceministro de Gobierno, Gustavo Torrico, aseguró que el caso terrorismo aún “está vigente” porque quedaron otras células de la organización. No precisó cuántas o qué hacen para anularlas.

“Para nosotros el caso terrorismo está vigente; se ha disuelto una de las células, las otras han quedado”, afirmó en una conferencia en la que salió en defensa del operativo del 16 de abril, dirigido por el capitán y líder de la disuelta Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc), Wálter Andrade.

Ese día, el operativo en el hotel Las Américas terminó con la vida de Eduardo Rózsa, Árpad Magyarosi y Michael Dwyer, y la detención de Mario Tadic y Elöt Tóásó. Desde ese entonces, la Fiscalía inició una investigación que, a partir de testigos “clave”, involucró a la élite cruceña con el caso.

El vicepresidente Álvaro García demandó la pronta identificación de los autores intelectuales de la supuesta organización terrorista. “Esperamos que la Fiscalía y el juzgado, las siguientes semanas o los siguientes meses, nos pueda esclarecer con detenimiento a los culpables intelectuales”, dijo.

El fiscal del caso, Marcelo Soza, informó a La Razón que la investigación tiene un avance del 97 por ciento y que resta, entre otros aspectos, identificar a las personas que contactaron y trajeron al país al grupo de Rózsa.

denuncia. El diputado opositor Tomás Monasterio mostró un supuesto informe sobre el operativo de abril, firmado por Andrade. En el documento se señala que el operativo fue exitoso y conforme a lo acordado “por el Ministerio de Gobierno, la Vicepresidencia y la Embajada de la hermana República de Venezuela”.

Torrico cuestionó la veracidad del documento y, deliberadamente, entregó a los periodistas otro documento que, inicialmente, dijo que era el oficial, pero más tarde lo desmintió.

“Rechazamos que se dañe la imagen de policías y los oficiales que han arriesgado su vida para salvar al país de una inminente destrucción”, cuestionó, aunque denunció que aún quedan células terroristas.

La logia Los Caballeros del Oriente, de la que sería parte el gobernador electo, Rubén Costas, y otros líderes político-empresariales cruceños, habría financiado al supuesto grupo irregular. El secretario de Cámara de la Corte Electoral cruceña, Marco Monasterio, fue vinculado y reveló a la Fiscalía que escuchó hablar de asesinar al presidente Morales.

El Mandatario, en Cochabamba, cuestionó versiones que dan cuenta de que el vicepresidente García estaría relacionado con un plan magnicida.

La Fiscalía ampliará su pesquisa a Beni y Pando, donde Rózsa habría tomado contacto con algunas personas.

Denuncian secuestro por el caso

El empleado de Freddy Asbún, Justo Romero, denunció que fue secuestrado y que lo interrogaron sobre armas y el caso Rózsa. “Me esposaron y me cubrieron con una bolsa negra mi cabeza”, denunció poco después de ser liberado. Asbún está preso en EEUU por traficar armas.