Ministro Romero aclaró que el proyecto de ley no está dirigido a la inhabilitación, es un procedimiento de suspensión temporal, el mismo que se encuentra vigente.
Carlos Romero, Ministro de Autonomí. | Foto archivo – Foto | Los Tiempos Los Tiempos
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, reconoció hoy, que no consultó con la oposición el contenido del proyecto la Ley Transitoria de Autonomías, que fija en su artículo 8 la suspensión de los gobernadores electos o en ejercicio de sus funciones cuando tengan una imputación formal en su contra.
Indicó que en un principio el gobierno buscó una reunión con los prefectos opositores de Santa Cruz, Beni y Tarija, pero ante la imposibilidad de coordinar agendas se dejó el tema para una segunda oportunidad; sin embargo, por el poco tiempo y lo complicado del escenario político a raíz de los conflictos sociales, no se concretó el encuentro.
Asimismo, el Ministro de Autonomías justificó que si bien no se realizó la consulta a los sectores opositores, se espera lograr un consenso a nivel Senado cuando se debata la norma en esa instancia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El problema se suscita por los artículos 8 y 9. El primero plantea “La Gobernadora o el Gobernador podrá ser suspendida o suspendido temporalmente de su cargo cuando pese sobre ella o él acusación formal en materia penal emitida antes de la fecha de posesión o durante el ejercicio de su mandato”.
La oposición, a través de una conferencia de prensa brindada por los Senadores Marcelo Antezana y Luis Pedraza, manifestó su descontento sobre la ley haciendo hincapié en los mencionados artículos.
“En vez de discutir las competencias exclusivas de la autonomía nacional y departamental, de quien recauda, administra y distribuye los ingresos en cuanto a la descentralización económica, nos distraen con incluir dos artículos que apuntan directamente contra los gobernadores Cossio, Costas y Suárez”, señalaron los legisladores.
“Los gobernadores representan la figura emblemática de cómo los ciudadanos interpretamos la autonomía desde las regiones”, afirmó el senador Antezana, a tiempo de indicar que el problema no es que la oposición defienda a los corruptos, sino que ya existen los mecanismo legales para procesar a las autoridades a través de la ley de anticorrupción.
En tanto, el ministro Romero aclaró que el proyecto de ley no está dirigido a la inhabilitación, es un procedimiento de suspensión temporal, el mismo que se encuentra vigente.
Sobre la postura opositora señaló que los problemas de institucionalidad se producen cuando se toman entidades, se confrontan regiones, se busca llevar a un escenario de violencia al país. Aludiendo al caso de los gobernadores indicó que en estos casos quien cometió el delito debe ser procesado porque el voto de la población no subsana hechos pasados.
Actualmente el debate se encuentra en comisión de Organización Territorial y Autonomías del Senado y luego desembocará en una sesión de plenaria, donde el oficialismo pretende aprobar la ley sin mayor inconveniente. Los Tiempos, (Erbol)