Opositores dicen que continuarán la batalla, ex candidata a asambleístas por UN aseguró que sólo cometieron errores de forma en el planteamiento de los amparos.
Antonio Costas, presidente de la CNE. – Agencias Agencia
Los Tiempos. (Anf y Erbol). La Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Distrito de La Paz rechazó ayer dos amparos constitucionales interpuestos por agrupaciones ciudadanas chuquisaqueñas y algunos candidatos de esa región contra el presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), Antonio Costas, y contra las vocales Roxana Ibarnegaray y Amalia Oporto.
Según la información de la CNE, los amparos fueron presentados por la agrupación ciudadana Chuquisaca Somos Todos (CST), la Alianza por Chuquisaca-Chuquisaca Somos Todos (AC-CST) y candidatos a asambleístas de la organización política Frente de Unidad Nacional (UN) contra los mencionados y contra los vocales de la Corte Departamental Electoral (CDE) de Chuquisaca.
La primera acción legal fue presentada ante la Corte Superior de Distrito de Chuquisaca a principios de mayo. La Sala Civil Segunda de esa instancia declinó competencia y remitió el caso a la Corte Judicial de La Paz, argumentando que en esta ciudad estaba la sede de la CNE. La segunda acción fue presentada ante la Corte Superior de Distrito de La Paz.
Las demandas interpuestas solicitaban que se deje sin efecto las directivas de la Presidencia de la CNE 30 y 31 del 8 de abril de 2010, referidas a la forma de distribución de escaños de asambleístas departamentales, y que se deje sin efecto la distribución de escaños de asambleístas departamentales, alegando su inconstitucionalidad.
La decisión de la justicia señala que los accionantes no cumplieron requisitos de forma y contenido y que, por ende, las demandas carecieron de mínima fundamentación sobre la manera en que los presuntos actos ilegales denunciados suprimen o restringen derechos, de acuerdo a la información de la CNE.
Costas informó, además, que todas las resoluciones emitidas por los órganos competentes serán remitidas al Tribunal Constitucional “de manera que éste pueda conocer toda la fundamentación jurídica que nos respalda”, señaló.
"En la resolución que emitió la Corte Superior de Distrito respecto a dos amparos en contra de las directivas emitidas por la CNE indica que los demandantes no han realizado la fundamentación de los artículos de la Constitución Política del Estado, la Ley 4021 y la Ley 02 del 5 de febrero, sin llegar a explicar dónde se vulneraron derechos. Por esa razón la Corte ha rechazado estos dos amparos", dijo Costas.
El titular del ente electoral recordó que, el 30 de mayo, las autoridades tomarán posesión y se completarán los detalles de la elección de las autoridades indígenas campesinas en departamentos donde quedaron pendientes esas tareas, como los Pueblos Uru y Murato en Oruro, además de los Guarayos y Yuracarés en Santa Cruz, para que el 30 puedan ser posesionados como autoridades en sus asambleas departamentales.
La tarea electoral dejó de tener la intensidad de abril y las cortes departamentales (CDEs) y Nacional se dedican a efectuar informes finales que serán enviados a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Opositores dicen que continuarán la batalla
Claudia Rodríguez, una de las ex candidatas a asambleístas por UN aseguró que sólo cometieron errores de forma en el planteamiento de los amparos y aseguró que se continuará la batalla jurídica sobre este tema.
“Para proseguir con esta pelea jurídica y porque nosotros confiamos en la justicia boliviana, hoy presentamos un memorial de aclaración en el que señalamos que se nos ha vulnerado nuestro derecho al ser elegidos por el pueblo”, señaló Rodríguez.
En la resolución de la Corte Superior de Distrito, además, se aclara que la acción planteada en contra de la CNE no tomó en cuenta que los jueces y tribunales no tienen competencia para declarar constitucionalidad o lo contrario, y que ésa es tarea exclusiva del Tribunal Constitucional.
Los opositores observaron que las directivas 30 y 31 emitidas por el presidente de la Corte Nacional Electoral modificaban las leyes 002 y 4021, que en su artículo 38 establecía en cuatro incisos una fórmula proporcional de distribución de escaños. Las directivas establecían una fórmula distinta a la concebida por la oposición y favorable al MAS.
Corte de La Paz rechaza recursos contra la CNE
La oposición presentó dos amparos, uno en Chuquisaca y otro en La Paz, contra los vocales electorales por la distribución de escaños.
El Día. La Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Distrito de La Paz rechazó ayer dos amparos constitucionales interpuestos por agrupaciones ciudadanas chuquisaqueñas y algunos candidatos de esa región contra la distribución de escaños que realizó la Corte Nacional Electoral (CNE).
Las demandas interpuestas contra el presidente de la CNE, José Antonio Costas, y las vocales Roxana Ibarnegaray y Amalia Pando, pedían dejar sin efecto las directivas 030 y 031 del 8 de abril de 2010, referidas a la forma de distribución de escaños de asambleístas departamentales y que se deje sin efecto dicha distribución, alegando su inconstitucionalidad.
Esto provocó que en cinco departamentos se activen protestas y huelgas por Unidad Nacional y agrupaciones opositoras, sin embargo se levantaron luego de la entrega de credenciales.
La decisión de la justicia en La Paz señala que los demandantes no cumplieron requisitos de forma y contenido y por tanto las demandas no tuvieron fundamentación sobre los presuntos actos ilegales denunciados, donde habrían restringido derechos, de acuerdo a la información de la CNE.
Los amparos fueron presentados por la agrupación ciudadana “Chuquisaca Somos Todos” del ex candidato a la Gobernación John Cava en Sucre a principios de mayo, sin embargo esta sala civil declinó competencias y remitió el caso a la Corte de La Paz, porque ahí estaba la sede del organismo electoral. Entonces los asambleístas de la organización Frente de Unidad Nacional presentaron otra denuncia contra los vocales nacionales y los departamentales en Chuquisaca.
El presidente de la CNE, que se presentó ante la Cámara de Senadores y Diputados, ratificó que no se violó ninguna Ley para aprobar estas directivas.
Mientras que en Santa Cruz el conflicto por la Alcaldía de Pailón continúa. El alcalde electo de la agrupación Todos por Santa Cruz, Carlos Ruiz, realizó durante tres días vigilias en las puertas de la CDE esperando una respuesta oficial del organismo nacional. Ayer aclaró que ante la falta de resultados positivos, debido a que la CNE remitió la investigación a la Fiscalía, desde el próximo lunes iniciarán nuevamente un bloqueo en la carretera a Trinidad. Un informe grafológico determinó que hubo alteración del acta en la casilla del MAS./ED-Erbol
Para saber
Conflictos • En La Paz, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca reclamaban que la distribución de escaños favorece al MAS y no cumple con la Ley Electoral Transitoria.
Municipios • Según el ministro de Autonomías, Carlos Romero, serán posesionados de acuerdo a la Ley de Municipalidades. La Ley Corta de Autonomías regula a los gobernadores y asambleas departamentales.
Sin resolver • También se espera la decisión del séptimo concejal en San Julián y las apelaciones contra los dos representantes indígenas de Mojeños y Guarayos.
OEP reclama administración directa de Identificaciones
Propuesta: El OEP sugiere que la transición a esa institución debe ser gradual y no inmediata, como plantea el MAS. Rechaza la creación de un directorio multisectorial.
Diálogo: Costas (izq) conversa con el senador Adolfo Mendoza ayer en el Senado
La Prensa. El presidente del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), Antonio Costas, demandó ayer que la Dirección de Identificación Personal, que depende de la Policía, sea administrada directamente por el OEP y no mediante un directorio, como plantea el Movimiento Al Socialismo (MAS) en su proyecto de Ley del Órgano Electoral.
La autoridad también observó la propuesta oficialista de cesar en sus cargos a los vocales del OEP tras 60 días de la aprobación de la nueva norma, y consideró que la transición de autoridades debe ser gradual.
Costas realizó estas observaciones ayer en una audiencia en la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores. “El criterio de la Corte Nacional Electoral es la creación de una instancia que tenga autonomías de gestión técnica, operativa, pero que la Corte Nacional Electoral tenga tuición sobre esa instancia, que tendrá la responsabilidad de organización y administración”.
El partido oficialista, en su propuesta de ley del OEP, plantea la creación del Servicio Intercultural de Registro Ciudadano (SIRC) que se encargaría de administrar las cédulas de identificación, el Registro Civil y el Padrón Electoral.
Esta institución, según la propuesta, será presidida por el Órgano Electoral Plurinacional, pero contará con un directorio integrado por representantes del Órgano Electoral, Órgano Legislativo Plurinacional, Órgano Judicial, Órgano Ejecutivo y la Defensoría del Pueblo.
Costas recordó ayer que la Constitución Política del Estado establece que el Tribunal Supremo Electoral es el encargado de organizar y administrar el Registro Civil y el Padrón Electoral, pero el MAS plantea que ambas bases de datos se unifiquen en el SIRC, que estará bajo la tuición de un directorio.
No obstante, en el proyecto que presentó el OEP a la Asamblea Legislativa Plurinacional propone la administración directa de Identificaciones y la entrega del Documento Único Nacional de Identificación (DUNI) que reemplazará a la cédula de identidad y al Registro Único Nacional (RUN).
La Policía se opone a este traspaso porque representa la pérdida de 39,6 millones de bolivianos anuales que recibe por concepto de trámites de carnets.
Costas, en contacto con los medios, también pidió que la transición sea “ordenada” y no inmediata, como plantea el MAS, que tras dos meses de la aprobación de la Ley Electoral pretende designar a nuevos vocales. Para Costas, “siendo un órgano fundacional debe haber una solidez institucional”.
Las propuestas
Proyecto de Ley del Órgano Electoral
Esta institución plantea la creación de un Documento Único Nacional de Identificación (DUNI) y la administración directa de la Dirección de Identificación.
Proyecto de Ley presentado por el MAS
Los oficialistas plantean la creación de un Documento Único de Identificación (DUI) y que Identificación sea administrada por un Directorio con representantes de los cuatro poderes del Estado y el Defensor del Pueblo.
Propuesta de Identificación de la Policía
La institución del verde olivo reclama el traspaso de Identificación porque le representa una pérdida de 39,6 millones de bolivianos que recauda por el trámite de cédulas de identidad. La entidad pide que si Identificación pasa al OEP, esta cantidad de recursos sea compensada por el Estado.