Hay acuerdos parciales para pacificar el país

Con la promesa de la construcción de dos plantas de cítricos, el Gobierno desactivó el conflicto de Caranavi. También la dirigencia de la COB declaró un cuarto intermedio en la negociación salarial.

Fugaz. La marcha convocada por la Central Obrera Boliviana sólo duró un día. Los mineros eran la vanguardia y terminaron enfrentándose contra sus compañeros.



El Deber. Luego de 10 horas de negociación, el Gobierno logró una tregua en las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB) para seguir con el diálogo sobre el salario y la Ley de Pensiones. El único resultado concreto que dejó el encuentro entre los dirigentes obreros y el ministro de la Presidencia, Óscar Coca, celebrado en la población orureña de Panduro, es que la COB quedó dividida, luego de que los mineros arremetieran con cachorros de dinamita en contra del resto de los marchistas que protestaban por el acuerdo que se estaba discutiendo dentro de la escuela de la localidad.

Según el ejecutivo de los fabriles, Ángel Asturizaga, se definió ‘un cuarto intermedio’, tanto en la marcha que había partido el lunes desde Caracollo hacia La Paz, como en la huelga general convocada por la COB que no tuvo gran acogida. La propuesta del Ejecutivo era cerrar el acuerdo por la Ley de Pensiones y abrir mesas de diálogo sobre el incremento salarial del 5%, cuyo rechazo fue lo que originó las propuestas. Sin embargo, sólo logró arrancar una tregua.

La negociación amenazó con naufragar al final de la tarde. Los maestros, fabriles y salubristas no aceptaban el acuerdo que se estaba fraguando dentro de la escuela y procedieron a encerrar tanto al ministro Coca como al principal ejecutivo de la COB, Pedro Montes.

Gritaban consignas contra ambos, tildando a su líder de traidor. Como el máximo dirigente obrero proviene del sector minero, éstos reacionaron contra sus compañeros, haciéndolos escapar del lugar a punta de dinamitazos. Los estallidos despejaron el lugar y consiguieron liberar al ministro, a Montes y a otros dirigentes, que se fueron del lugar para precautelar su seguridad. Vanos fueron los intentos de hacerlos volver.

A las 19:15, el dirigente minero Rolando Huanca aseguraba que ya estaba todo acordado y que se hallaban satisfechos con la disminución de la edad de jubilación a 58 años y que en el caso de su sector puede ser incluso de 51 años. Anunció además que han solicitado un encuentro con Evo Morales. “Hubo algunos debates y los maestros han querido hacer su desbarajustes, pero los mineros están siempre a favor de lo que se ha estado concertando”, dijo a radio Fides.

Los marchistas retornaron a sus distritos, fabriles, maestros y salubristas aceptaron la tregua, tanto que el magisterio urbano levantó la huelga de 48 horas que debía acatarse desde hoy en Santa Cruz. Así lo explicó Millan Ribera, ejecutivo del magisterio urbano. El rural se encuentra en un ampliado nacional en Montero y hoy definirán si se movilizan o aceptan la pausa.

Por su parte, los fabriles tendrán ampliados departamentales hoy a las 11:00, en los que se expondrá la propuesta del Gobierno y se tomarán decisiones si se suspenden las medidas de presión. El ejecutivo de La Paz ya adelantó que se desconocerá el liderazgo de Montes y se masificará el ayuno. Asturizaga prefiere no adelantarse al ampliado, pero sí dice que no aceptan que la jubilación haya bajado hasta los 58 años y reiteran su exigencia que sea a los 55. “Nadie garantiza a los fabriles que van a tener trabajo a los 58”, dijo. Además, se quejó de que no se ha movido un ápice el incremento salarial, por lo que ninguna de sus demandas fueron atendidas.

Mujeres de policías suspenden ayuno
Las esposas de policías bolivianos levantaron la huelga de hambre, que mantenían desde hace una semana en la ciudad de La Paz , sin lograr un incremento salarial superior al 3% determinado por el Gobierno.
De acuerdo con la información de las representantes de las esposas de los policías, la medida de presión fue levantada de manera temporal debido a que las autoridades superiores de la Policía Nacional las convocaron a dialogar y buscar soluciones.

La huelga de hambre estaba instalada en las oficinas de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol) y llevaba ocho días.

“En horas de la tarde de ayer logramos un acercamiento con las autoridades superiores y esperamos que ahora  hablando nos entendamos. Nosotras seguimos pidiendo un mayor incremento salarial, además de que no se destine a nuestros esposos a lugares muy lejanos del país porque se desintegran las familias”, dijo una de las esposas, que pidió mantener la reserva de su nombre para no afectar a su marido./Erbol

   En detalle 

– Conflicto. El 1 de mayo, el Gobierno anunció un incremento salarial del 5%, que fue rechazado por la mayoría de los sindicatos por considerarlo insuficiente. El 7 de mayo, un ampliado de la COB decidió convocar un paro indefinido y marcha desde Caracollo. 
– En Santa Cruz. El gremio de salud cumplió un paro de 24 horas ayer, que fue cumplido a medias. En el hospital Japonés, por ejemplo, sólo se acató en media jornada, por falta de comunicación. Además, los dirigentes de la COD acataron el cuarto intermedio y exigieron al máximo ejecutivo de la COB, Pedro Montes, que se dé cuenta de que “tiene que dejar de ser un instrumento del Gobierno”.
– Negociador. El enviado del Gobierno fue Óscar Coca, ministro de la Presidencia, que el día anterior había tildado de “aventureros que querían desestabilizar al Gobierno”, tanto a los cobistas como a los bloqueadores de Caranavi.

Gobierno frena paro de la COB y desactiva Caranavi

La COB acepta suspender la huelga indefinida y la marcha hacia La Paz para instalar mesas de diá-logo para discutir la Ley de Pensiones y el incremento salarial. El Gobierno promete instalar dos procesadoras de cítricos y aplaca los ánimos en Caranavi. Hay sectores disconformes.

El Día. La Central Obrera Boliviana (COB) suspendió ayer la huelga indefinida y la marcha, que exigía mejorar el aumento salarial de 5%, tras acordar con el Gobierno la instalación de mesas de diálogo previa consulta con las bases de los subsectores.
"Hemos considerado necesario declarar un cuarto intermedio" en las protestas, dijo Jorge Valdivieso, directivo de los maestros, tras la reunión de la COB con el ministro de la Presidencia, Óscar Coca, en la localidad de Panduro donde se estacionó la marcha que había recorrido 30 kilómetros desde Caracollo rumbo a La Paz.
El acuerdo fue corroborado por el ministro de la Presidencia, Óscar Coca, que encabezó la reunión. "A partir de la firma del documento el país volverá a la normalidad", dijo.
Valdivieso informó que la mayoría de los sectores aceptó la propuesta de la ley de pensiones pero que debería firmarse un acta de entendimiento para que se inicien las mesas de discusión, de negociación.
El preacuerdo para modificar la Ley de Pensiones incluye la reducción de la edad de jubilación de 65 a 58 años, extensible hasta 51 años para los mineros.  Además acordaron el pago del quinquenio sin la pérdida del bono de antigüedad ni vacaciones y la prohibición de empresas tercerizadas en las fábricas.
El directivo espera que el Gobierno pueda convocar hoy a las mesas de diálogo para trabajar sobre todos los temas pues ninguno "está cerrado, todas las demandas plasmadas en el pliego de peticiones van a ser tocadas, incluida el salario", dijo.
De momento el tema salarial es el de mayor discordia; los trabajadores fabriles mantienen su exigencia de un 12 por ciento, aseguró el presidente de la Confederación Nacional del sector Ángel Asturizaga.
Los fabriles rechazan la propuesta gubernamental   que ratificó que no dará paso atrás en su oferta salarial del 5 por ciento, matizada con una fórmula para aumentar más a los que menos ganan (8% a salarios menores a Bs 1.000) que irá disminuyendo gradualmente mientras más alto sea el nivel salarial.
Cerca de 200 marchistas del magisterio paceño y orureño decidieron quedarse en Panduro hasta esperar los resultados de una reunión nacional del magisterio, prevista para mañana, informó a El Día el dirigente José Luis Álvarez.
Los maestros tendrán  un ampliado nacional de emergencia que será fijado hoy en una reunión del comité ejecutivo.
Este inicio formal del diálogo con el Gobierno, desactivó todas las protestas que comenzaron hace dos semanas con la instalación de piquetes de huelga de hambre en todo el país, marchas diarias del magisterio urbano en La Paz y bloqueos esporádicos en calles céntricas de Santa Cruz.
La primera protesta obrera contra la administración de Evo Morales fue combatida por autoridades del Poder Ejecutivo, que denunciaron infiltración de la derecha e intentos de derrocamiento contra el Presidente.

LAS FRASES

“Bolivia es el único país en Latino-américa que tiene una jubilación a esa edad (58)”
O. COCA – MIN. PRESIDENCIA
“Los   fabriles no renunciaremos a nuestro pedido del 12% de incremento salarial”
ÁNGEL ASTURIZAGA

Enfrentamiento entre marchistas

Un grupo de mineros intervino a dinamitazos el diálogo que se desarrollaba en  Panduro entre dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno.
Los mineros aceptaron la propuesta del aumento salarial del 5 por ciento y se retiraron del encuentro que se realizaba en una unidad educativa, pero retornaron de manera repentina haciendo explotar cachorros de dinamita en contra de otros maestros y fabriles que protestaban.
Los maestros estaban emitiendo estribillos en contra del Ejecutivo, el secretario ejecutivo de la COB, Pedro Montes.
El titular de la COB, el ministro de la Presidencia Óscar Coca y otras personas que fueron encerrados fueron liberados por los mineros y huyeron de Panduro en distintos vehículos.  “Qué pena que tengamos que enfrentarnos entre explotados. Siempre hemos mantenido al movimiento minero como la vanguardia de los obreros, pero hoy se equivocó y actuó a favor del Gobierno”, señaló la maestra María Elena Soria Galvarro. /ERBOL

Empresarios se oponen a subida de aportes

La Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) consideró ayer "injusto" el incremento de los aportes patronales que establece el proyecto de la nueva Ley de Pensiones, que afectará directamente a los ingresos del sector y los costos de la producción, reduciendo la competitividad.
"Directamente se nos echa el fardo a las espaldas del empresariado para incrementar aún más los aportes y eso resta competitividad", explicó el presidente de la Feplp, Enrique García.
A su juicio, el tema de la nueva Ley de Pensiones debe ser analizado con más cuidado, por lo menos en el tipo de administración y la edad de jubilación, que complica el problema.
Explicó que en la actual Ley de Pensiones está estipulado el 10 por ciento de aporte a la seguridad, en materia de salud; el 1,70 por ciento por riesgo profesional y el 2 por ciento a Pro Vivienda, lo que hace un total de 13,71 por ciento de aporte patronal que es considera alto. Con los cambios propuestos el aporte patronal subirá a más de 16%, critica la FEPLP.
García dijo que la administración estatal en anteriores gestiones no fue de las mejores porque se presentaron casos de corrupción que fueron superados con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), el dirigente empresarial considera que se debe aplicar un sistema mixto, con AFPs estatales y privadas.
Para garantizar la sostenibilidad de la nueva Ley de Pensiones, el Gobierno buscará nuevas fuentes de financiamiento para pagar a los rentistas, detalló el viceministro de Pensiones, Mario Guillen.

Caranavi consigue una planta de cítricos y Alto Beni tendrá la suya

Después de 12 días de bloqueos y tras los enfrentamientos que derivaron en la muerte de dos personas, Gobierno y representantes de la región llegaron a una solución

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La Razón. La instalación de una planta procesadora de cítricos en Caranavi y de otra en Alto Beni es el principal acuerdo alcanzado anoche por el Gobierno y los dirigentes de Caranavi, tras nueve horas de intenso debate.

Se trata de la única demanda que Caranavi consiguió de un total de 12 que planteó de inicio y que se redujeron a cinco para entablar el diálogo de ayer. Entre los pedidos a ser abordados a futuro están la carretera a Quiquibey, electrificación, agua potable y la constitución de una universidad y un instituto técnico en la provincia.

Los dirigentes tampoco lograron la liberación de 14 detenidos, ni la suspensión de los procesos legales en contra de éstos y menos la renuncia del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.

“Nos hemos descuidado un poco, pero tampoco queríamos más polémica y sí una solución”, reconoció al final de la cita René Alegre, dirigente de los productores de coca, quien de alguna manera resumió la resignación de la representación caranaveña. Por el lado del Gobierno, la solución le significará un gasto adicional de dos millones de dólares por otra planta de cítricos en Alto Beni, tal como exigieron desde esa región.

Tras nueve horas de reunión, fue el vocero presidencial, Iván Canelas, quien informó los detalles de la solución al conflicto que comenzó el 26 de abril con el bloqueo de la ruta La Paz-Caranavi, que provocó una intervención policial con el saldo de dos jóvenes muertos de bala y una veintena de heridos.

“Se firmó un acta con el análisis general del conflicto: la planta de cítricos, el agua, carreteras, electricidad y sobre el Instituto Superior Técnico Agroindustrial. En el debate se ha establecido que el origen del problema fue la ubicación de la planta de cítricos y el pedido de los dirigentes de acomodarla en Caranavi, sin un previo estudio técnico”, refirió la autoridad.

Además, aseguró que “por decisión del presidente Evo Morales se estableció la construcción de dos plantas procesadoras de cítricos, una en Caranavi y otra en la región de Alto Beni”.

En el acta firmada por las federaciones, también se establece que “si los dirigentes asistían el 24 de abril a reunirse con las autoridades, nunca hubieran ocurrido los conflictos”.   

En el mismo documento, los dirigentes expresaron la voluntad de pacificar la región. Para las otras demandas agendadas se determinó que los dirigentes se reunirán con ministros de cada área para analizar sus planteamientos.

“Con esto hemos encontrado una solución a un problema que no debía haberse registrado. Respecto al pedido de renuncia de Sacha Llorenti, se hizo entender que esa es atribución exclusiva del presidente Evo Morales”, aclaró Canelas.

Tras intentos de condicionamientos y posturas radicales, el Ejecutivo y dirigentes de la población de Caranavi iniciaron el diálogo a las 10.45 de ayer.

El presidente Evo Morales presidió la cita. Junto a él participaron de la reunión la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo; la viceministra de Mediana y Pequeña Empresa, Patricia Ballivián; el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Edgardo Vásquez, y el vocero. Al frente, representantes de 40 organizaciones sociales, gremiales y vecinales de Caranavi.

No estuvieron presentes en la reunión el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, ni el viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, quienes fueron actores principales durante el desarrollo del conflicto en el norte paceño.
Laruta no prometió la planta

La Prefectura de La Paz aclaró que el secretario general de la entidad, Emilio Laruta Vino, en ningún momento comprometió, a nombre de la institución, la construcción e instalación de una planta procesadora de cítricos para Caranavi, tal como erróneamente se publicó en este medio el lunes 10 de mayo.  La Razón pide las disculpas del caso a la autoridad.
Piden investigación internacional

El vocero de Gobierno, Iván Canelas, señaló que dentro de los acuerdos alcanzados para llegar a la solución al conflicto en Caranavi, está la realización de “una investigación nacional e internacional de las dos muertes registradas en el conflicto”. 

“Se ha establecido que se debe realizar una profunda investigación de los hechos registrados en Caranavi ,que derivaron en el sensible fallecimiento de dos personas y una veintena de heridos, entre ellos de la Policía”, manifestó.

“Debemos esperar esa investigación. Los compañeros quieren eso, es de interés no sólo de ellos, sino también del Gobierno y tiene que ser transparente”, puntualizó el vocero.

Además, los dirigentes, en coordinación con el Ejecutivo, asumirán una investigación de “todos los casos de corrupción” que fueron denunciados.

Los colonizadores enviaron ayer una carta a la Organización de Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos y DDHH, en la que piden la investigación de los hechos.