Un principio básico de la doctrina jurídica es que toda persona es inocente hasta que no se demuestre que es culpable. Si es autoridad solo puede ser suspendida cuando tenga una sentencia ejecutoriada. Pero para efectos prácticos el MAS prefiere aplicar este precepto de manera exactamente inversa: Si es opositor se presume la culpabilidad mientras no compruebe su inocencia, por tanto puede ser suspendido del cargo si así conviene políticamente al MAS. 
Era previsible, más que previsible, era un hecho. El MAS de ningún modo toleraría que algunas de las gobernaciones estuvieran en manos de la oposición, por tibia que fuera. Si no lograba el control de la totalidad de las gobernaciones por la vía del voto, lo haría por la vía judicial. Hacia eso estaba dirigida la asignación de atribuciones al presidente Evo Morales para que designe a los miembros del Órgano Judicial.
Es sabido que el MAS si no la gana la empata sin importarle mucho las formas. Llámese “ley corta” o “ley transitoria”, el propósito es siempre el mismo: generar todas las condiciones para controlar todas las entidades del Estado y también de la sociedad civil, además de negar cualquier posibilidad de acción a la oposición.
La “ley transitoria de autonomías” se inscribe nítidamente dentro de este propósito. No pudo acceder por la vía del voto a las gobernaciones de Tarija, Beni y Santa Cruz, pero no es un obstáculo insalvable. Para eso está la mayoría oficialista en la Asamblea que puede aprobar leyes al gusto y antojo del gobierno y corregir algunos “desajustes” producidos por el voto popular.
Esta vez se trata de impedir que los gobernadores de los tres departamentos puedan acceder al cargo para el cual fueron elegidos alegando que tienen una acusación formal en su contra. Se trata de una disposición claramente arbitraria, autoritaria y antidemocrática. Significa, nada más y nada menos que darle carta blanca al gobierno para que pueda actuar contra cualquier gobernador que no sea de su agrado utilizando a los jueces que controla sin importarle que esto implique el desconocimiento de la voluntad popular.
El MAS utiliza hasta donde puede y le conviene el recurso del voto pero si este no es suficiente acude a otros métodos. El peligro es evidente. Nos estamos acostumbrando a que las maniobras de todo tipo sustituyan al ordenamiento legal y se está promoviendo una cultura antidemocrática.
Las leyes no son buenas por definición, así hayan sido aprobadas por mayoría, dos tercios o, aun, unanimidad. Existen leyes que están paradójicamente dirigidas a vulnerar el ordenamiento legal, socavar el sistema democrático y atentar contra los derechos ciudadanos.
Nadie en su sano juicio podría decir que eran buenas o justas las famosas leyes de Nuremberg sobre la pureza racial que fueron aprobadas por una mayoría parlamentaria nazi elegida en elecciones democráticas pero que implicó el genocidio del pueblo judío.
De la misma forma el MAS no puede utilizar su mayoría parlamentaria para aprobar leyes que son, a todas luces, anticonstitucionales y decir que son buenas por obra y gracia de una eventual mayoría. No se debe olvidar que la propia comunidad internacional y organismos defensores de los derechos humanos ya han cuestionado la aprobación de leyes expresamente diseñadas para condenar a tres ex presidentes y un ex vicepresidente.
Un principio básico de la doctrina jurídica es que toda persona es inocente hasta que no se demuestre que es culpable. Si es autoridad solo puede ser suspendida cuando tenga una sentencia ejecutoriada. Pero para efectos prácticos el MAS prefiere aplicar este precepto de manera exactamente inversa: Si es opositor se presume la culpabilidad mientras no compruebe su inocencia y por tanto puede ser suspendido del cargo si así conviene políticamente al MAS.