Advierten colapso de cárceles por ley antidelincuentes

La nueva ley prohíbe libertad condicional a delincuentes reincidentes. El director de Penitenciarías dice que el presupuesto no alcanzará.

image



LA PAZ. El penal de Chonchocoro es uno de los más seguros del país.

La Razón – La Paz

La agudización del hacinamiento y el colapso del presupuesto carcelario serán los problemas inminentes que ocasionará la ley que prohíbe libertad condicional a delincuentes reincidentes. En el último mes, el número de presos subió de 8.125 a 8.300. 

La información la proporcionó el director nacional de Régimen Penitenciario, Wilson Soria, quien expresó su preocupación por esta situación en la medida que podría, explicó, generar conflictos en las cárceles, que ya enfrentan problemas de hacinamiento.

“El 80 por ciento de las cárceles están sobrepobladas; es más, presentan signos evidentes de hacinamiento y de convivencia infrahumana”, advirtió Soria consultado sobre las condiciones carcelarias para enfrentar los retos que representará la ley 007.

Norma. El 18 de mayo se pusieron en vigencia las modificaciones al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal que, entre otros aspectos, refieren que los delincuentes reincidentes no podrán beneficiarse con las medidas sustitutivas a la detención.

Hasta el mes de abril la población carcelaria, con algunas fluctuaciones, llegaba a 8.125; sin embargo, este número subió en mayo a 8.300. Soria evitó relacionar este incremento a la vigencia de la ley, aunque anticipó que esta tendencia será permanente.

El director consideró que normas como la ley 007 deben estar acompañadas de iniciativas que vayan a paliar o a responder a sus consecuencias.

“No es suficiente que nuestra Asamblea Legislativa emita leyes que van a sobrepoblar las cárceles, sino que, a través del Tesoro General de la Nación, tiene que haber un presupuesto que responda a las consecuencias de la emisión de estas layes”, exigió.

De los 8.300 privados de libertad, el 30 por ciento está recluido por narcotráfico, mientras que el resto po diferentes delitos. El 77 por ciento de los reclusos tiene detención preventiva y sólo 23 por ciento sentencia ejecutoriada.

La Ley Financial prevé un presupuesto para Régimen Penitenciario de 17.089.754 bolivianos y recursos de donación de 23.321.613 bolivianos. De este dinero se destinan 5,50 bolivianos para el prediario de cada interno.

Soria dijo que se requiere de al menos 50 millones de dólares para ampliar y construir cárceles en el eje troncal del país, aunque también planteó otras alternativas contra el hacinamiento.

Propuso que los presos del área rural sean juzgados y condenados en sus comunidades bajo la justicia comunitaria o que haya castigos de servicio comunal.

Las reformas penales en Bolivia

La Ley 007 permite a Régimen Penitenciario el traslado de presos, sin autorización judicial. Las condenas de cinco a diez años contra jueces, fiscales y personal judicial que retarden justicia. Allanarán domicilios a sola orden fiscal.

Denuncia aprestos de conflicto

El director de Régimen Penitenciario, Wilson Soria, denunció que existen grupos dentro de los recintos carcelarios que pretenden generar conflictos para exigir su renuncia.

Evitó identificar a estos grupos, aunque precisó que la información fue facilitada en el curso de las visitas que realizó a diferentes recintos carcelarios. En las diferentes penitenciarias existe un total de 8.300 reclusos, entre hombres y mujeres.

Soria informó que se ejecuta un plan para mejorar las condiciones de vida de los reclusos en diferentes aspectos, entre ellos mencionó que se apunta a mejorar la infraestructura, facilitar apoyo legal y médico al recluso.

Añadió que iniciará un proceso de diálogo con gobernadores y alcaides para hacer efectiva la atención a los reclusos.

Paralelamente se ejecutarán, dijo, proyectos que permitan un mejor y mayor acceso a la educación primaria, secundaria e incluso universitaria, sin descuidar las ramas técnicas.

El objetivo es “humanizar” los centros penitenciarios del país, explicó la autoridad, quien destacó que la gobernación de Potosí destinó cinco millones de bolivianos a infraestructura penitenciaria, mientras que Pando nueve millones de bolivianos. En su opinión no existen motivos que justifiquen malestar entre los privados de libertad.