Investigación. Fuentes señalaron que se quiere proteger el tráfico de drogas. Zona sin ley: Fiscales no pudieron ingresar a ayllus linchadores. Los representantes del Ministerio Público intentarán hoy tomar declaraciones de sospechosos en las aldeas potosinas Cala Cala y Saca Saca.
Daniela Romero – Potosí, LA RAZÓN
AYLLUS SE CIERRAN; LOS VINCULAN CON NARCOS
La llegada de la comisión de fiscales e investigadores a Llallagua (Potosí) para iniciar la investigación de la muerte de los cuatro policías fue suspendida por la negativa de los ayllus y por órdenes superiores. El motivo sería las relaciones de algunos comunarios con el narcotráfico.
Oficialmente se informó que el ingreso de la comisión fue postergado debido al inicio de una fiesta patronal en la localidad de Cala Cala, cerca del lugar donde torturaron y mataron a los cuatro uniformados. La comisión recibió una orden superior de no ingresar por “razones de seguridad”.
Otra información señala que el grupo a cargo de la pesquisa llegará hoy a las 10.00 a Oruro para realizar una evaluación y diseñar las estrategias de la investigación.
Sin embargo, fuentes de la investigación y de la zona señalaron que el principal motivo es que algunos comunarios pretenden cubrir el tráfico de droga en la región.
“No les conviene que la Fiscalía o la Policía ingrese ahí, porque ellos tienen muchas cosas en su contra”, afirmó un hombre que trabaja en la zona y que prefirió mantener su nombre en el anonimato.
Contó que desde hace mucho tiempo se registran casos de tenencia de cocaína, pero que las investigaciones ni siquiera empiezan “porque los investigadores reciben dádivas de ellos. Eso yo he visto y puedo asegurarlo”, aseveró.
Otras fuentes consultadas por este medio indicaron que las supuestas acciones ilícitas de los indígenas no habrían sido conocidas si es que no hubieran aparecido vehículos nuevos, construcciones de casas en las comunidades.
“De pronto se los vio con un coche nuevo, con un tractorcito por ahí, con más animales, con una casa en construcción y nos preguntábamos de dónde sacaban ellos dinero si siempre se los vio gente muy pobre”, manifestó una fuente.
Contó que incluso los indígenas tienen viviendas de descanso en el departamento de Cochabamba. “Ahora los vehículos que salen de viaje ya no van a Oruro. La mayoría va a Cochabamba, especialmente en tiempo de vacaciones”, aseguró. La Razón no pudo entrevistar a comunarios de la región.
Un caso concreto es el de Valerio Mamani, un dirigente indígena que fue detenido con 50 litros de droga líquida antes de la muerte de los policías. Tras su reclusión, Mamani habría amenazado a los policías de que no volvería a entrar en la región. Hace pocas semanas fue liberado por un juez. El vicepresidente Álvaro García Linera anunció un proceso en contra del magistrado.
Mamani llegó a ser oficial mayor administrativo de la Alcaldía de Uncía. También fue denunciado por la venta ilegal de una casa de propiedad privada como si hubiera pertenecido a la comuna; sin embargo tras las pesquisas no fue detenido y el proceso quedó en nada, según informó un poblador de la zona.
MÁS DATOS SOBRE LAS MUERTES
Fiscal
Sandro Fuentes señaló que la diferencia en el estado de descomposición de los cuerpos se debería a los distintos tipos de suelo en los que fueron enterrados.
Forense
La doctora Wilma Gabriel determinó que los cuatro cuerpos fueron desenterrados de un mismo lugar. Todos estaban atados con cuerdas.
Comisión de fiscales no pudo ingresar a ayllus linchadores
Zona sin ley. Los representantes del Ministerio Público intentarán hoy tomar declaraciones de sospechosos en las aldeas potosinas Cala Cala y Saca Saca.
La Prensa
Fiscales y policías intentarán ingresar por 2.ª vez en Uncía
Linchamiento: La comisión de investigación no pudo llegar ayer a Cala Cala. En este lugar se cometió el asesinato de cuatro policías entre el 23 de mayo y el 1 de junio.
El Potosí y La Prensa.- La comisión de fiscales de materia que investiga el linchamiento de cuatro policías de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Oruro no logró entrar ayer en Cala Cala, la comunidad donde ocurrieron los asesinatos entre el 23 de mayo y 1 de junio. Sin embargo, la delegación intentará nuevamente hoy llegar a esa localidad.
La información fue proporcionada al diario El Potosí por fuentes de la investigación, que le comunicaron además que los fiscales definen una estrategia investigativa que les permita esclarecer el fallecimiento de los cuatro policías.
Existe tensión en la región del norte potosino debido a que los comunarios de los ayllus de Llallagua, Chayanta y Uncía definieron impedir el ingreso de cualquier autoridad para las pesquisas.
El trío de fiscales designados lo forman Juan Carlos Ramírez Flores, Guillermo Flores y Henry Espíndola. Por mandato constitucional y de la Ley del Ministerio Público, las tres autoridades tienen la obligación de realizar todo el actuado investigativo para conocer la verdad histórica de los hechos que estremecieron al territorio nacional.
En diálogo con La Prensa, el comandante de la Policía Nacional, coronel Óscar Nina, dijo que existe presencia policial en Uncía y que no es tierra de nadie. “Sí hay presencia del Estado”.
El grupo de fiscales está acompañado por nueve policías especializados en criminalística y criminología, quienes asumirán un papel importante y decisivo para esclarecer la muerte de los policías Nelson Alcócer Casano, Rubén Cruz Aruquipa, Emilio Alave Arias y Miguel Ramos Palluni.
El fiscal de distrito de Potosí, Sandro Fuertes, afirmó ayer que el equipo multifuncional del Ministerio Público ya está en esa región dispuesto a hacer el trabajo de investigación.
Pese a las garantías ofrecidas por el Gobierno, el equipo de fiscales no logró entrar ayer en las comunidades Cala Cala y Saca Saca. Los fiscales debieron empezar a tomar declaraciones y entrevistas para recabar información, pero no consiguieron su objetivo.
Fuertes declaró que se coordinará con el Instituto de Investigaciones Forenses para iniciar “el actuado pericial de la necropsia, para tener el dato científico del fallecimiento de los agentes y de esta manera corroborar, modificar o en su caso ratificar la causa de la muerte de los cuatro policías”.
Investigaciones complican al Gobierno
Los legisladores de oposición advirtieron ayer que las revelaciones de la médica forense Wilma Gabriel, quien ratificó que el policía Nelson Alcócer falleció entre el domingo 30 de mayo y 1 de junio, no así el 25 como aseguró el viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, complicaron más al Gobierno, informó la agencia ANF.
La senadora Centa Rek, de Convergencia Nacional (CN), afirmó que, de confirmarse ese informe, se establecerá que el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti; el viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, y el comandante de la Policía Óscar Nina “actuaron con negligencia y omisión” en este caso de linchamiento en Potosí.
Para destacar
Tres de los policías murieron entre 10 a 12 días antes del 4 de junio (entre el 23 y 25 de mayo), señaló la forense Wilma Gabriel.
Los efectivos fueron retenidos por la comunidad de Cala Cala, municipio de Uncía, donde fueron ajusticiados.
La autopsia del policía Nelson Alcócer, determinó que éste falleció entre el 30 de mayo y el 1 de junio, en plena negociación.
Un cabildo de ayllus del norte de Potosí determinó el viernes no permitir el ingreso a la comisión investigadora a la zona.