Chantaje: Ayllus indígenas que mataron policías darán cadáveres si hay indulto; Evo los defiende

Policías fueron torturados hasta morir y enterrados en ritual indígena. Ayllus se amparan en la justicia comunitaria. Evo los justifica y dice que son «usados» por contrabandistas que les inducen a matar. Indígenas hacen vigilia y están armados.

Confirman torturas y entierro ritual: El defensor del Pueblo, Rolando Villena, confirmó que los cuatro policías capturados por los campesinos de Uncía fueron torturados hasta morir, aunque sus cadáveres no fueron incinerados, sino sepultados en diferentes puntos con la boca abajo para que, explicó, sus espíritus nos los persigan.

image



Drama. Familiares de los policías que murieron linchados en Uncía se encuentran en la región reclamando sus restos. Lidia y Vilma Alcócer, hermanas del policía linchado Nelson Alcócer, antes de partir hacia Uncía, ayer. (foto el Deber y La Prensa)

Williams Farfán V. – La Paz, La Razón

Ayllus darán los cadáveres si hay indulto

Los comunarios demandan que se reconozca la justicia comunitaria para evitar ser procesados. Según el Defensor del Pueblo, los indígenas realizan turnos para vigilar, y tienen piedras y chicotes

Comunarios de cinco ayllus potosinos, reunidos ayer en un cabildo, condicionaron la entrega de los cadáveres de los cuatro policías linchados a que la justicia ordinaria no investigue el caso. La versión acerca de lo ocurrido en el encuentro de bases, que se desarrolló bajo estricto hermetismo, corresponde a un comunario.

La persona, que pidió a La Razón  no ser identificada por razones de seguridad, contó que se exigieron tres condiciones. La primera, que se respete la justicia comunitaria, hoy reconocida en la Constitución Política del Estado.

Según un despacho de radio Fides en su sitio web, otra fuente manifestó que se entiende que “la misma incluso reconoce la muerte”.

La segunda exigencia es que se investigue el asesinato de siete personas en los últimos seis años, supuestamente, a manos de policías corruptos, dado que las víctimas del lugar se dedicaban a internar vehículos de contrabando. Como último punto se demanda que las autoridades repongan los motorizados robados en dichos asesinatos.

Hace 10 días, comunarios de cinco ayllus de Uncía ajusticiaron a cuatro policías a los que acusaron de extorsión, y luego declararon a la región zona roja. Los familiares de las víctimas claman por la recuperación de los restos para darles sepultura.

El Gobierno —a través de los ministros Sacha Llorenti (de Gobierno) y Óscar Coca (de la Presidencia)— aseguró el lunes que la vigencia de la ley no se negocia y que se debían realizar dos indagaciones sobre el hecho.

El presidente Evo Morales reafirmó ayer la posición. La primera, dijo, debe estar abocada a conocer las circunstancias de la muerte de los uniformados y la segunda a conocer qué hacían los efectivos en Uncía cuando pertenecían a una unidad de Oruro.

“Esperemos que el Ministerio Público pueda avanzar raudamente en este hecho lamentable y repudiable. Las gestiones del Gobierno van a seguir”, añadió.

La red Erbol reportó que una comisión de la Fiscalía partió a Uncía, pero el representante de la Defensoría del Pueblo local, Juan José Tórrez, dijo que se decidió parar la avanzada hasta tener señales de que los ánimos de los comunarios se han calmado.

El vicario episcopal del Norte de Potosí, William Ugarte, informó que el cabildo de los ayllus layme, puraka, aymaya y karacha, realizado en la subsede de Karacha, entró en cuarto intermedio. “El cabildo aún no concluyó y este miércoles continuará”, dijo.

La reunión habría empezado en la mañana y concluyó cerca de las 20.00. A la cita asistió el diputado Luis Gallegos (MAS), originario de la región, quien se habría retirado a su ayllu, aymaya, aunque también se prevé que regresó a La Paz. El propio Gallegos dijo que fue chicoteado por sus coterráneos por pretender negociar.

Entretanto, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, manifestó que hoy tendría que recibir la respuesta de los ayllus sobre la entrega de los cadáveres.

Los policías asesinados

Los policías Nelson Alcócer Casano, Rubén Cruz Aruquipa, Esteban Alave Arias y Miguel Ramos Palluni fueron linchados en Saca Saca (Uncía). El reporte oficial indica que pertenecían a la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (Diprove) de Oruro. El 23 de mayo habrían ingresado a Uncía tras un vehículo de contrabando.

Familiares renuncian a demanda

image

Foto: Afectados en Uncía. El abogado Castelú (izq.) y familiares llegaron al poblado.

Familiares de los policías de la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (Diprove), que fueron ajusticiados por los ayllus de Uncía, renunciaron a interponer alguna demanda judicial si es que se les devuelve los cuerpos.

El grupo llegó ayer a Uncía a las 13.15 para reunirse con el vicario episcopal del Norte de Potosí, William Ugarte, al que le pidieron formalmente que sea el mediador para recuperar los cadáveres.

El encuentro se desarrolló en predios de la radio de esa  población potosina.

El abogado Jhonny Castelú señaló que se había decidido que las familias de los policías ingresen de rodillas y con pañuelos blancos a Cala Cala-Saca Saca, pero esto se descartó porque el párroco del lugar alertó que sería arriesgar su vida debido a que los comunarios están inquietos.

“Nos aclaró el párroco que los comunarios tienen el temor de ser perseguidos judicial y legalmente, por esto es que para tener el resultado esperado las familias renuncian de manera expresa a realizar acciones legales contra los dirigentes, con el único objetivo de recuperar los cuerpos”, agregó.

Sin embargo, aclaró que si la Fiscalía o la Policía deciden ir por ese camino, no será de responsabilidad de los parientes.  “Hemos solicitado de manera formal a la Iglesia Católica que sea la institución que pueda mediar y conciliar, si se puede, para la devolución de los restos de los policías”.

Indígenas hacen vigilia y están armados

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, informó que los ayllus se encuentran armados con piedras y chicotes, no dejan ingresar a cualquier persona al lugar y realizan turnos para vigilar la zona en el día y la noche.

“El permiso sólo puede dar la autoridad segunda mayor en jerarquía. En el día controlan las mujeres, en las noches los varones, y evidentemente ese clima de zozobra hace pensar que las cosas no son pacíficas”, señaló Villena.

A pesar del tenso clima del lugar, el Defensor manifestó que las autoridades originarias no descartaron la posibilidad de entregar los cuerpos de los policías. Sin embargo, le explicaron que tienen que consultar a sus bases la devolución de los cadáveres.

Villena sostuvo que de parte de los ayllus existe mucha desconfianza hacia la Policía. El domingo 23 de mayo, cuando los cuatro uniformados fueron tomados como rehenes, al parecer “el vehículo en el que iban éstos, donde había dinero, fue capturado y luego quemado por los comunarios”.

Los dirigentes de los indígenas denunciaron al Defensor la muerte de siete de sus compañeros en seis años. “Preguntaron en qué quedarán esos casos”, indicó.

La autoridad expresó que en la zona hay ausencia del Estado. “Hay infraestructura y servicios básicos, pero son insuficientes”, declaró. Añadió que ni la Fiscalía ni la Policía cumplen a cabalidad con su labor en esa región.

Evo defiende a los comunarios y dice que los ‘usaron’

Según el Mandatario, contrabandistas les indujeron a matar

La Razón – La Paz

El presidente Evo Morales salió ayer en defensa de los ayllus potosinos acusados de linchar a cuatro policías en un cantón de Uncía hace 10 días y acusó a contrabandistas que operan en la zona de usar a los comunarios para cometer el delito.

“Es lamentable, es repudiable lo que pasó en Uncía. Yo sé que no es toda la población. Estoy informado, ni siquiera son todos los ayllus. Es la misma gente usada por los contrabandistas”, dijo en conferencia de prensa.

El 26 de mayo, indígenas de los ayllus karachas, aymaras, laymes, urakas y ukumanis marcharon en Uncía en contra de la Policía. La manifestación cerró con un cabildo en el que los dirigentes admitieron que comunarios mataron a los cuatro policías, a los que tildaron de “ladrones disfrazados de policías”. Ese mismo día, declararon la región zona libre para el tránsito de mercadería de contrabando.

Acerca de las víctimas, Morales sostuvo: “Decir a los hermanos que se trata de la vida. Es obligación de cualquiera de ellos devolver en este momento (los cuerpos) por cuestiones familiares y humanitarias”.

El Defensor del Pueblo y los ministros de Gobierno, Sacha Llorenti, y de la Presidencia, Óscar Coca, estuvieron el lunes en Uncía para gestionar la entrega de los cuerpos, pero su misión fracasó. Ayer, el Jefe de Estado descartó la posibilidad de militarizar la zona o de realizar una incursión policial a pesar de la negativa de “algunos grupos” que no quieren entregar los cuerpos de los efectivos.

“No vamos a buscar ninguna intervención militar, ni policial. Confiamos en que los hermanos, dirigentes originarios, algunos vecinos (estén) dispuestos a dialogar por una cuestión humanitaria”, dijo el Mandatario.

Iglesia intenta mediar

El vicario episcopal del Norte de Potosí, William Ugarte, exhortó a los dirigentes de los ayllus a devolver los cuerpos de los policías fallecidos. El padre intenta dialogar con las autoridades originarias para poder ingresar al lugar.

“Yo quiero decirles que como Iglesia Católica vamos a hacer todo lo que podamos hacer en nuestras manos para mediar en el conflicto y pedir que se devuelvan los cuerpos” señaló.

El párroco anunció que buscará ingresar a Saca Saca, previa comunicación con los comunarios, porque también existe preocupación por los catequistas que prestan su servicio.

“Debemos procurar que los restos de los policías, estén como estén, sean recuperados y entregados a sus familias por caridad cristiana, por un mínimo de sentido de la vida para los familiares, quienes no tienen la culpa de lo que está pasando”.

Ayllus ponen tres obstáculos para no devolver los cadáveres

Exigencia: Los ayllus dicen que la Policía mató al menos a siete campesinos. Quieren intercambiar restos y que nada se investigue.

image

Angustia: el abogado Johnny Castelú y familiares de los fallecidos, ayer, en Uncía

Uncía / La Prensa y El Potosí.- Los ayllus de Uncía imponen tres condiciones imposibles para devolver los cadáveres de los cuatro policías linchados el lunes 24 de mayo; que no se investigue ese hecho de sangre, que la institución del orden entregue los cuerpos de una cantidad no determinada de desaparecidos en operativos efectuados en la región por la institución del orden, y que se indague las denuncias de abusos de los uniformados.

El suboficial Nelson Alcócer, los cabos Rubén Aruquipa y Esteban Alave, y el policía Miguel Ramos fueron capturados por comunarios el domingo 23 por la noche en inmediaciones de Uncía cuando supuestamente buscaban un automóvil robado; tras ser acusados de haber asesinado dos días antes a un taxista de la zona, fueron torturados y ejecutados un día después.

El Potosí reveló ayer que el planteamiento en cuestión fue transmitido por las autoridades originarias a los ministros Sacha Llorenti, de Gobierno, y Óscar Coca, de la Presidencia, el lunes, cuando ambos se presentaron en Uncía.

El Consejo de Mallkus de los ayllus jucumani, layme, puraka, qaracha y aymaya se reunió ayer en la comunidad de Cala Cala para analizar la propuesta del Gobierno transmitida por ambos ministros, de que devuelvan los cuerpos de los ajusticiados para iniciar un diálogo.

Además, Evo Morales, ayer desde Palacio, los exhortó por razones humanitarias a devolver los cadáveres, y calificó como “lamentable y repudiable lo que pasó en Uncía. Yo sé que no es toda la población, estoy informado de que ni siquiera son todos los ayllus. Es alguna gente usada por los contrabandistas”.

Pero hay señales de división entre los campesinos. Juvenal Pacheco, dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios de Ayllus Norte de Potosí (FSUTOANP), aclaró que no todo el norte potosino fue declarado zona roja, sino sólo la región de los ayllus donde ocurrió el linchamiento, y que éste no puede definirse como justicia comunitaria, sino como un linchamiento que debe ser sancionado por las leyes vigentes.

En tanto, el Mandatario aseguró que algunos campesinos se resisten a entregar los despojos y otros se inclinan por dejar que sus familiares se los lleven, pese a lo que aseguró que se descarta la posibilidad de efectuar una intervención militar o policial en la región, declarada el miércoles 26 “zona roja” a través de la cual un cabildo campesino autorizó la circulación de vehículos indocumentados y mercadería de contrabando.

“Esto ya no solamente es de responsabilidad del Gobierno, sino también del Ministerio Público, que de oficio debería hacer una profunda investigación sobre dos casos: uno, por la pérdida de vidas humanas, y otro, por qué un grupo de policías que no son del COA se encontraba allá. Es muy sospechoso”.

El Consejo de Mallkus no logró hasta anoche una definición sobre el tema y abrió un cuarto intermedio hasta hoy.

Florencio Grabiel, dirigente de la Federación de Ayllus, Indígenas y Originarios del Norte Potosino (FAOI-NP), dijo anoche a La Prensa que todavía no había recibido autorización para dar informaciones y que las autoridades locales convocarán oportunamente a los medios para hacer conocer sus decisiones sobre el particular.

Leoncio Calluni, segunda mayor del ayllu layme, fue designado como vocero del colectivo campesino. En su condición de autoridad originaria llegó ayer a Uncía para dialogar con el diputado uninominal Luis Gallego, del Movimiento Al Socialismo (MAS), y, según El Potosí, será portavoz de los comunarios para que nuevamente se entable la negociación en la que se cree que se propondrá el intercambio de cadáveres.

Los ayllus denunciaron que desde 2002 a la fecha siete comunarios choferes fueron asesinados para robarles sus automóviles, aunque algunos de éstos, en especial el último, Adalid Escapa Condori, fue encontrado cerca de la comunidad Yauriri, mientras que su taxi todavía no fue hallado.

Familiares en Uncía

Los familiares de los policías desaparecidos se reunieron ayer por la tarde con el vicario espiscopal del norte potosino, sacerdote William Ugarte, a quien comunicaron que dejan en manos de la Iglesia Católica la recuperación de los cadáveres de sus seres queridos.

Florencio Pallarico Gutiérrez, padre del cabo Rubén Cruz; Sandra Mendoza y Bárbara Alave, cuñada y hermana respectivamente del cabo Esteban Alave; Dilma Lidia y Efraín Alcócer, hermanos del suboficial Nelson Alcócer, se comprometieron a no iniciar acciones legales contra los victimadores si es que éstos devuelven los cuerpos sin vida.

A su llegada a Llallagua, Pallarico dijo que “no hemos venido a hacer problemas. Lo único que queremos es que nos devuelvan los cuerpos de nuestros seres queridos. Por favor, por amor a Dios, pedimos a los ayllus que me devuelvan el cuerpo de mi hijo, eso es lo único que quiero. Es lo que queremos todos”.

El asesor legal de los deudos, Johnny Wálber Castelú, confirmó esa versión mientras sus clientes se replegaban a Llallagua y Oruro. El abogado retornó a La Paz para atender sus obligaciones profesionales.

El sacerdote Ugarte expresó su disposición para mediar e incluso solicitó autorización a los mallkus para participar en su reunión, aunque no recibió una respuesta de los campesinos.

“No queremos entorpecer el trabajo que realiza el Gobierno en este tema y por eso nos vamos a abstener de prestar otras declaraciones. Lo único que buscamos es que los cuerpos de los policías sean devueltos a sus familiares para que les puedan dar cristiana sepultura”.

Mientras tanto, por disposición del Comando Departamental de la Policía, 18 efectivos se restituyeron en Uncía. Son otros efectivos, quienes hablan quechua y que relevaron a sus camaradas expulsados de esa región.

El nuevo contingente llegó a esa capital provincial alrededor de las 13.45.

Confirman torturas y entierro ritual

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, confirmó ayer que los cuatro policías capturados por los campesinos de Uncía fueron torturados hasta morir, aunque sus cadáveres no fueron incinerados, sino sepultados en diferentes puntos con la boca abajo para que, explicó, sus espíritus nos los persigan.

El Defensor solicitó permiso el sábado a las autoridades originarias para dirigirse a la zona e ingresó el domingo. Permaneció allí hasta el lunes, cuando emprendió su retorno a La Paz, pues ni siquiera pudo reunirse con los comunarios.

En declaraciones ofrecidas ayer a diversos medios, Villena indicó, asimismo, que los campesinos “hacen reventar dinamitas para llamar a la gente. Cuando salen, vienen con piedras y con chicotes. No hemos visto armas. Eso sería muy aventurado decirlo”.

Entretanto, el Presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia calificó la muerte de los cuatro uniformados como un asesinato y no como un acto de justicia comunitaria, pues “nadie en este país o en ninguna parte del mundo puede hacer justicia por mano propia, para eso están las leyes y hay que respetarlas”.

Por ello, invocó al Ejecutivo que actúe para imponer la ley no solamente en ésa, sino en todas las zonas del país, en todo el territorio nacional.

Ayllus piden intercambio de cadáveres con el Gobierno

Linchamiento. Quieren los restos de siete campesinos desaparecidos

El Potosí/Agencias, El Deber

Los dirigentes y autoridades originarias de los cuatro ayllus del municipio de Uncía consideran que la solución al conflicto suscitado por el linchamiento de cuatro policías pasa por el intercambio de cadáveres. Aseguran que la Policía mató a siete campesinos y, si quieren recuperar los cuerpos de los uniformados, deben devolver los restos de aquéllos.

Ayer por la tarde debió efectuarse un cabildo abierto en la capital de la provincia Rafael Bustillo pero los originarios determinaron evitar la filtración de la información y suspendieron esa asamblea.

También se confirmó que existen diferencias entre los ayllus respecto a devolver o no los cadáveres de los policías linchados en la zona. Debido a ello, cada ayllu analizará la situación por separado.

De acuerdo con los datos que obtuvo El Potosí, en la primera reunión que sostuvieron los ministros Óscar Coca y Sacha Llorenti, invocaron que los originarios devuelvan los cadáveres por humanidad pero la negativa surgió de algunos grupos de ayllus.

No obstante, un segundo mayor (autoridad originaria), Leoncio Calluni, fue nominado para entablar negociación con las autoridades gubernamentales. Ayer por la tarde, esa autoridad ingresó hasta el pueblo de Uncía para dialogar con el diputado por el Movimiento Al Socialismo, Luis Gallego.

Aparentemente, el parlamentario será el portavoz de los originarios de los cuatro ayllus para que nuevamente se entable la negociación en la que se prevé que se propondrá el intercambio de cadáveres.

Pero nada está dicho porque se mantiene la declaratoria de territorio sin ley y libre tráfico de autos ‘chutos’, así que desde el domingo pasado no existe presencia policial en el lugar.

El dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios de Ayllus Norte de Potosí (Fsutoanp), Juvenal Pacheco, aclaró que no todo el norte potosino fue declarado zona roja sino sólo el de los ayllus donde ocurrió el linchamiento.

Afirma que no se puede decir que hubo justicia comunitaria sino un linchamiento que debe ser sancionado por las leyes vigentes en el país.

Subrayó que lo ocurrido en la comunidad de Cala Cala es responsabilidad de la federación de ayllus y no de la organización sindical a la cual representa.

El dirigente acusó a la federación de ayllus de ser manejada y asesorada de mala manera por Organizaciones No gubernamentales (ONG), así que la Fsutoanp deslinda toda responsabilidad de lo ocurrido.

Nosotros trabajamos sin recibir sueldos, tampoco salarios. No dependemos de nadie, dependemos de nuestras organizaciones y nuestras bases para buscar el desarrollo de nuestras comunidades, dijo Pacheco.

También afirmó que la justicia comunitaria se aplica por pasos y las faltas son sancionadas con trabajo. Lamentó que se hubiera linchado a los uniformados y exigió a las autoridades de la Policía y Fiscalía para que se investigue y sancione al o los responsables del asesinato.

El dirigente de la Fsutoanp, afirmó que las autoridades policiales y fiscales deben aplicar la ley e investigar en el lugar de los hechos el linchamiento de los cuatro policías.

Nosotros pedimos que haya justicia, nosotros respetamos a los policías, expresó Pacheco al sostener que, más bien, el Gobierno debe incrementar la presencia de las fuerzas del orden en el norte potosino.

Asimismo, el dirigente afirmó que, si existe contrabando de autos y narcotráfico, los policías de Umopar deben ingresar para frenar la ilegalidad en la zona porque consideran que los hechos ocurridos se suscitan por la escasa presencia de efectivos.

Ayer llegaron hasta la localidad más policías, para reemplazar a las bajas.

Los familiares acuden a la Iglesia

Los familiares de los cuatro policías que fueron linchados por campesinos de los ayllus karacha, laimes, pukaras y aymayas cercanos a la ciudad de Uncía, dejaron ayer en manos de la Iglesia católica el rescate de los cadáveres.

Manifestaron que tomaron esta decisión ante la falta de respuesta del Gobierno que intentó el lunes pasado, sin éxito, dialogar con los lugareños y lograr la devolución de los cuerpos de los policías de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Oruro.

Los abogados de los familiares de los policías que fueron ajusticiados hace más de una semana manifestaron, tras reunirse con el representante de la Iglesia en el Norte de Potosí, que no seguirán acciones legales contra los campesinos si es que les devuelven los cadáveres. Es más, el párroco confirmó que los policías están muertos y que fueron enterrados por los vivientes de los ayllus, aunque se desconoce en qué lugar se encuentran.

Hace 10 días, campesinos ajusticiaron en cercanías de Sacaca y Cala Cala al suboficial Nelson Alcócer Casano, los cabos Rubén Cruz Aruquipa y Esteban Alave Arias y el policía Miguel Ramos Palluni, a quienes acusaron de haberlos extorsionado para hacer pasar autos que ingresan al país cruzando por este lugar.

   Paso a paso  

– Los indígenas del pueblo de Uncía, en el norte del departamento de Potosí, asesinaron hace diez días a los policías tras acusarlos de supuestos homicidios, robos y extorsiones.

– La Policía y el Ministerio Público no han podido ingresar desde entonces a Uncía para recuperar los cuerpos, ya que los «ayllus» (clanes de indígenas) declararon «zona roja» la región.

– El presidente boliviano, Evo Morales, envió el lunes a sus ministros de la Presidencia, Óscar Coca, y Gobierno (Interior), Sacha Llorenti, a negociar con los indígenas para pedirles que devuelvan los cadáveres.

– La negociación se suspendió sin éxito ni fecha de reanudación, ante la negativa de los indígenas a entregar los cuerpos, aunque luego acordaron que cada ayllu volverá a analizar la petición.

– El defensor del Pueblo, Rolando Villena, cree que la devolución de los cadáveres será un asunto ‘complicado’ por la concepción indígena ‘sobre la vida misma’.

Gobierno no interviene Uncía y la oposición ve complicidad

El Mandatario instruyó no intervenir en Potosí para recuperar los cuerpos de cuatro policías que habrían sido linchados. Los familiares exigen justicia. Al cierre de esta edición, los ayllus decidieron en cuatro cabildos la devolución de cadáveres.

image

EL DÍA, 2 de Junio, 2010

A diez días del linchamiento de cuatro policías en Uncía, a 230 km de la ciudad de Potosí, el presidente Evo Morales descartó ayer alguna intervención militar y policial para recuperar los cuerpos, esperando el diálogo con los cuatro ayllus. Mientras que la oposición y analistas políticos califican la acción como complicidad, encubrimiento, impunidad y ausencia de Estado.

“El Gobierno siempre busca mediante el diálogo resolver los problemas, es repudiable lo que pasó en Uncía, pero no son todos los ayllus, sino alguna gente usada por los contrabandistas”, dijo Morales desde Palacio de Gobierno, al referirse a los dirigentes que en un cabildo decidieron, hace una semana, declarar la zona libre de comercialización de autos “chutos” y prohibir la entrada a la Policía.

El Mandatario aclaró que los sucesos en Sacaca no sólo es responsabilidad del Gobierno sino también del Ministerio Público, que debe investigar de oficio y esclarecer el motivo de las muertes. Añadió que tiene “sospechas” en la presencia de los policías de Diprove en esta comunidad.

El pasado 23 de mayo el suboficial Nelson Alcócer Casano, los cabos Rubén Cruz Aruquipa y Esteban Alave Arias y el policía Miguel Ramos Palluni desaparecieron y luego fueron linchados por los comunarios, que según los habrían encontrado extorsionando a contrabandistas de vehículos, aunque otra versión señala que investigaban el robo de dos vagonetas de marca Toyota en la ciudad de Oruro.

“Lamentablemente es una ausencia de Estado, de la ley y sobre todo el encubrimiento y complicidad de parte del Órgano Ejecutivo”, explicó la diputada por Convergencia, Norma Piérola, cuestionando la actitud “solapada y de tardanza” no sólo del Gobierno sino también del comandante nacional de la Policía, Óscar Nina, para intervenir y recuperar los cuerpos. Añadió que esta acción no puede quedar impune y pretender que los ayllus (clanes indígenas) no cumplan con la ley, por tanto reveló que como parlamentarios pidieron la conformación de una comisión para investigar los hechos, pero que el oficialismo no dio respuesta.

Para el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Jorge Flores, muestra la mala utilización de la justicia comunitaria y sobre todo calificó de “patética” la actuación del Gobierno que tiene diferencias para reaccionar con seguidores del oficialismo y de la oposición.

“Si eso hubiera sucedido en Santa Cruz sin lugar a dudas haya habido una cantidad de detenidos y militarizada”, dijo el diputado opositor, recordando que en el 2008 tres jóvenes quedaron presos por golpear al entonces comandante de la policía en Santa Cruz, Wilge Obleas.

El Gobierno no ha podido persuadir a los ayllus para que devuelvan los cuerpos, inclusive fueron enviados los ministros de Gobierno, Sacha Llorentty y de la Presidencia, Óscar Coca, quienes junto al defensor del pueblo, Rolando Villena, según la radio Pío XXI propusieron a los indígenas dos investigaciones, una para esclarecer el fallecimiento de los policías y otra por la muerte de siete indígenas, en manos de policías, que según los comunarios se dieron en los últimos seis años.

Para el analista político Cayetano Llobet es el resultado de la ausencia de Estado, aclarando que el Gobierno no tiene posibilidades, “salvo costos muy altos” no sólo políticos sino humanos, de hacer una intervención en Uncía. Añadió que detrás de todo hay informalidad y contrabando.

“Es omisión”, dijo el analista Jorge Landívar explicando que no se cumple ni se acata las leyes.

Los familiares que aún permanecen en la sede de Gobierno, piden la devolución de sus muertos y dejaron todo en manos de la Iglesia.