Indígenas desechan negociación con el Gobierno por la llamada «carretera de la coca»

Hay irregularidades flagrantes, como el dividir en 3 el proyecto de la carretera Cochabamba-Beni. 64 comunidades del Territorio Indígena TIPNIS, rechazan el proyecto. El Gobierno adjudicó el proyecto a OAS, una empresa brasileña por 415 millones de dólares bajo modalidad “llave en mano”.

image

OPINIÓN (periódico de Cochabamba)



Indígenas desechan negociación con el Gobierno por la carretera

Se radicalizan las medidas de pueblos indígenas que denuncian que se quiere partir en dos su territorio

Hay irregularidades flagrantes, como el dividir en tres el proyecto de la carretera Cochabamba-Beni, para volver más vulnerables a indígenas del Territorio Comunitario de Origen. Senador del MAS lidera la aceptación a la polémica vía.

Las 64 comunidades de los tres pueblos indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro  Sécure (TIPNIS), decidieron rechazar de manera tajante y suspender toda negociación con el Gobierno respecto del proyecto de construcción de la carretera Cochabamba-Beni, y buscan apoyo de otros pueblos indígenas del país para resistir la construcción de la obra ya adjudicada.

La carretera Villa Tunari (Cochabamba) – San Ignacio de Moxos (Beni), ya fue adjudicada por el Gobierno a la empresa brasileña OAS, por 415 millones de dólares, llave en mano, y la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) (ex Servicio Nacional de Caminos), tenía previsto iniciar obras a fines de este mes de mayo. Sin embargo, la resistencia de los pueblos indígenas, en defensa de ese territorio declarado Parque Nacional, ha demorado el proyecto.

Los indígenas mojeños, yuracarés y chimanes, habitan ese territorio por donde se pretende que la nueva carretera prácticamente parta por casi la mitad el parque. Se oponen porque advierten que sería el fin de esos pueblos pero también del parque, territorio que por ley no puede ser afectado de ninguna manera, ya que está considerado como área de preservación.

Sin embargo, varias instancias del Gobierno han realizado una serie de acciones para reducir la resistencia de los indígenas, según los documentos verificados, en absoluta contradicción con el discurso oficial de preservación y cuidado de la Madre Tierra, la legislación vigente sobre el tema y normas internacionales que obligan a tomar en cuenta la opinión de los habitantes originarios de los territorios antes de emprender algún mega proyecto.

Según documentos y diversas fuentes consultadas por OPINIÓN, la Sub Central de Pueblos Indígenas Mojeños, Yuracarés y Chimanes, del TIPNIS, ante la persistente intención de sectores gubernamentales de maniobrar de diversas maneras para ejecutar la construcción de la carretera, decidieron suspender toda negociación sobre el tema.

El XXIX Encuentro Extraordinario de corregidores del Territorio Indígena, realizado hace como diez días, resolvió “rechazar contundente e innegociablemente la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos a todo trazo carretero que afecte nuestro territorio, nuestra casa grande”.

También, “exigir al Gobierno del Estado Plurinacional y los gobiernos del mundo, sean consecuentes y coherentes con los derechos de la Madre Tierra y los Pueblos Indígenas”. Asimismo, se declaró “estado de emergencia y movilización inmediata y permanente de defensa de nuestros derechos, la integridad territorial y los derechos de la madre Tierra. Por último, anunciaron que asumen “como nuestros los problemas que están enfrentando nuestros hermanos de TCO’s y áreas protegidas que sufren la violación de los derechos constitucionalmente adquiridos”.

Esa resolución pretende crear lazos de resistencia con otros pueblos que también enfrentan problemas de agresión a su medio ambiente, contradictoriamente, desde el propio Gobierno. Entre esos pueblos están los guaraníes que habitan la zona del Aguaragüe, en el Chaco boliviano, agredidos por empresas petroleras que han provocado daños ambientales en su región.

También están el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo (Conamaq), que entre sus reclamos de respeto al medio ambiente, tiene el caso de la mina cuprífera de Coro Coro, en el departamento de La Paz, explotada por la estatal Comibol, que no cuenta con estudios de impacto ambiental, pero que además ha desviado aguas de ríos de la zona.

Otros pueblos en conflicto con el Gobierno por problemas de medio ambiente son los de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), que rechazan las tareas de prospección de hidrocarburos en el bloque Liquimuri-Río Hondo, que también es área protegida.

El TIPNIS

El Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), es un territorio ubicado en la frontera no definida aún entre Cochabamba y el Beni. Tiene forma de triángulo y es rico en madera mara (riqueza forestal declarada extinta en el resto del país), hidrocarburos y, desde hace poco, coca, a cargo de colonos trasladados del Chapare, con apoyo estatal, lo que generó roces e incluso enfrentamientos con los indígenas del lugar, con el saldo de un cocalero muerto.

El año 1990, los tres pueblos indígenas que habitan ese territorio marcharon en la caminata de los pueblos originarios de tierras bajas hasta La Paz, para exigir que se les adjudique el territorio. El año 1993 se tituló como Territorio Comunitario de Origen y Parque Nacional de estricta conservación.

En su reciente Encuentro de autoridades originarias del 18 de mayo, se recordó que el título ejecutorial que otorga al TIPNIS la condición de Área Protegida y parque Nacional, además de territorio indígena, fue entregado en junio del año 2009 por el propio presidente Evo Morales.

Desde el Gobierno se impulsó la construcción de la carretera de 306 kilómetros, sin la previa consulta a los pueblos originarios que determina la propia Constitución y el Artículo 164 de la Organización Internacional del Trabajo.

Posibles trazos

Existen tres posibles trazos de la carretera. El principal que pasa por casi el medio del Territorio Indígena y Parque Nacional, otro que bordea el territorio por la cordillera (zona alta) y un tercero que bordea por la zona baja, susceptible de inundación y que sólo en un tramo cruza el parque.

Llama la atención que autoridades de la ABC sostengan que aún no se definió cuál de las tres opciones se adoptará, cuando ya se adjudicó la obra por 415 millones de dólares para construir 306 kilómetros. Esos 306 kilómetros sólo pueden conseguirse mediante el trazo que va por medio parque, porque las otras dos opciones, que vadean el parque, resultan mucho más extensas.

Irregular

Además de la falta de consulta a los pueblos originarios, se ha podido confirmar que una de las mayores irregularidades es el haber dividido el proyecto vial en tres partes. La primera, que parte de Villa Tunari, Cochabamba, hasta el territorio que detentan productores de coca, que ya plantaron coca en la zona, es considerado, por el Viceministerio de Medio Ambiente como un proyecto, que por supuesto tiene el apoyo de los habitantes del lugar, los colonos cocaleros y, por tanto tiene estudio de impacto ambiental favorable.

La otra parte del proyecto es del parque hasta San Ignacio de Moxos, en territorio beniano, que también tiene estudio de impacto ambiental favorable. Y la tercera es el Parque Nacional, que por la resistencia indígena aún no cuenta con licencia ambiental.

Entendidos en el tema explicaron a OPINIÓN que ésa es una situación irregular, ya que la Ley del Medio Ambiente no admite la división de un mismo proyecto en tres o más partes, sino que un proyecto es considerado único es indivisible para fines de impacto ambiental.

La Ley del Medio Ambiente, en su artículo 25, señala que “Todas las obras, actividades públicas o privadas, con carácter previo a su fase de inversión, deben contar obligatoriamente con la identificación de la categoría de evaluación de impacto ambiental”.

El artículo 26 dice que “las obras o proyectos o actividades que por sus características requieran de Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental según lo descrito en el artículo anterior, con carácter previo a su ejecución, deberán contar obligatoriamente con la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), procesada por los organismos sectoriales competentes, expedida por las Secretarías Departamentales del Medio Ambiente y Homologada por la Secretaría Nacional.”

Según las fuentes consultadas, el senador cocalero Julio Álvarez, ha intentado mediar en el conflicto, pese a ser parte interesada, ya que su sector pretende mayores áreas de colonización en el Parque. También la ABC ha planteado que se haga una consulta entre todos los actores de la zona, lo que pondría en desventaja numérica a las 64 comunidades de tres pueblos indígenas.

Las múltiples observaciones al proyecto

image

✔ Son múltiples las observaciones que existen para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, adjudicada por el Gobierno a una empresa brasileña por 415 millones de dólares bajo modalidad “llave en mano”, por un tramo de 306 kilómetros, pero que tiene la oposición de los tres pueblos indígenas que habitan el Parque Nacional Isiboro –Sécure.

✔ Según una ayuda memoria a la que tuvo acceso OPINIÓN, y que es de manejo en niveles de Gobierno, se considera, en lo político, que la ejecución de esa obra, en las actuales condiciones, contradice por lo menos trece puntos de la Declaración Internacional de los Derechos de la Madre Tierra, aprobada en abril pasado en Cochabamba, en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático.

✔ Vulnerar esa cantidad de conclusiones de ese evento, podría provocar pérdida en la credibilidad a nivel internacional, en el Gobierno, debido a la afectación de un territorio indígena y área protegida, e incluso, pérdida de apoyo a las conclusiones de esa Conferencia.

También se violan derechos de indígenas al no ser consultados, se incumple el convenio 169 de la OIT y el convenio de la Biodiversidad Biológica, además de transgredir la propia Constitución. Esas situaciones se advierte que podrían generar riesgos de tensión y confrontación entre pueblos, potenciales conflictos entre pueblos indígenas y diversas instancias del Estado, pérdida de credibilidad de los pueblos en el planteamiento del Gobierno.

✔ En lo legal, se advierte que no se observan disposiciones de la Constitución, como el artículo 9, de construcción de una sociedad justa y armoniosa para consolidar las identidades plurinacionales y el aprovechamiento responsable y planificado para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

Respeto de garantías

✔ El artículo 30, que obliga al Estado a garantizar y proteger los derechos de los pueblos indígenas, el artículo 242 sobre participación y control social, el artículo 256 sobre tratados de derechos humanos de aplicación preferente sobre la Constitución, el artículo 342, en sentido de que es deber del Estado mantener el equilibrio del medio ambiente, el artículo 347 sobre la obligación de mitigar y resarcir daños al medio ambiente, el artículo 376 que obliga al Estado a evitar acciones que ocasionen daños a ecosistemas y el artículo 385 de reconocimiento de áreas protegidas como bien común y patrimonio natural y culturas.

Atenta contra las leyes

✔ Además se vulneraría la Constitución en sus artículos 386, 390 y 403. Este último artículo señala la integralidad del territorio indígena.

✔ Las disposiciones vulneradas de la Ley del Medio Ambiente son: Artículo 5: Incorporación de la Dimensión en los procesos de desarrollo. Artículo 36: Prioridad nacional de planificación, protección y conservación de las aguas en todos sus estados y Artículo 60, sobre áreas protegidas, que son de interés público y social y son patrimonio natural y cultural del Estado.

✔ En cuanto a las disposiciones del Reglamento General de Áreas Protegidas, se menciona  el artículo 20, que reconoce la categoría de Parque Nacional con protección estricta y permanente de ecosistemas y el artículo 33, que obliga a la declaratoria de interés nacional mediante decreto o mediante ley, si existiere riesgo de cambio en los objetivos de creación del área protegida.

Vulnera decretos

✔ Además, se tiene la vulneración del Decreto Supremo 22610 del 24 de septiembre de 1990, sobre creación del TIPNIS. El artículo 1 dice que se reconoce el Parque Nacional Isiboro-Sécure como territorio indígena de los pueblos Mojeños, Yuracarés y Chimanes, como espacio socio económico para su desarrollo. Y el artículo sexto en el que se indica que la infraestructura caminera debe hacerse con un pormenorizado Estadio de Impacto Ambiental con la participación de la organización indígena.

✔ También se vulneran cuatro artículos del convenio 169 de la OIT: Artículo 6, sobre consulta, el artículo 7, sobre derecho a decidir prioridades de desarrollo, por los pueblos indígenas, en la medida que se afecte su vida, bienestar y tierras, el artículo 19, sobre consentimiento libre, previo e informado y el artículo 32 sobre el derecho a elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de tierras o territorios.

✔ También se indica que se vulneran seis artículos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

✔ También se advierte que el único cultivo que es previsible que se extienda en el Parque Nacional es el de la coca, lo que contradice las políticas oficiales del Gobierno.

Reparten tierras

Se pudo conocer también que ante la adjudicación de la obra, sectores con influencia política ya se adjudicaron tierras a los lados del trazado de la carretera, fenómeno que es habitual en este tipo de proyectos. Se recordó, por ejemplo, que en la carretera Cotapata-Santa Bárbara, en La Paz, las tierras adyacentes a la carretera pasaron de un valor de 300 a 7.000 dólares la hectárea.

Según la legislación los parques nacionales son considerados áreas de preservación, por lo que no puede realizarse ningún tipo de actividad que afecte el medio ambiente.

Variante

Las fuentes consultadas señalaron que llama la atención la insistencia de algunos sectores del Gobierno por ejecutar esa obra, pese a las transgresiones a diversa legislación y derechos adquiridos por pueblos indígenas, cuando ya se tiene un trazo paralelo y en ejecución. Se mencionó que el proyecto está a cargo de la ABC y tiene el trazo: Trinidad-San Ignacio de Moxos- Porvenir- San Borja- Yucumo- Quiquibey- Palos Blancos-Caranavi- Yolosa- Cotapata- La Paz- doble vía Oruro- Potosí.

Uno de los argumentos para insistir en la polémica obra es el traslado de ganado del Beni hacia el occidente, de modo que se deje de depender de la ruta que pasa por Santa Cruz, por donde actualmente se envía ganado beniano a mercados de Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí.

Se unen más voces indígenas contra el camino y sus efectos

image

Las autoridades de los pueblos originarios Yuracaré, Chimán, Mojeño (Tipnis) y Guaraní (Tarija), suman fuerzas en rechazo a la construcción de la carretera Cochabamba – Beni y a futuras exploraciones hidrocarburíferas en el parque Aguaragüe, en Tarija que vulnera sus derechos legítimos.

“Hay expresiones de sentimiento legítimo de rechazo rotundo e innegociable a la construcción del camino que atraviesa la zona núcleo de reserva de biodiversidad del parque Isiboro Sécure”, dijo el presidente del territorio indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure, Adolfo Moye.

La apertura de esta carretera además de dividir el territorio ampliará la “invasión” de colonizadores que siguen avasallando tierras para el cultivo de coca.

Guaraníes

El responsable de recursos naturales del Concejo de Capitanes Guaraníes, Jorge Mendoza, expresó su rechazo a futuras exploraciones hidrocarburíferas y sísmicas por los daños en el Parque Nacional Aguaragüe en Tarija, de más de 108 mil hectáreas.

“No vamos a permitir que se hagan más exploraciones, porque entre 2002 y 2005 no tuvieron ningún resultado, pero sí hubo impacto negativo en el ecosistema”, replicó Mendoza.

Los pueblos guaraníes  denuncian que fueron afectados en la reducción de recursos hídricos, la erosión de suelos y la desaparición de su fauna silvestre, hechos que les causan desequilibrios en su forma de vida.

Los derechos de la Madre Tierra

Los pueblos del Parque Isiboro Sécure explican que la vía que une Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, vulnera derechos de la “Madre Tierra” y los derechos legítimos de los pueblos originarios reconocidos por la Constitución y promovidos en la última Cumbre Mundial en Defensa de la Madre Tierra.

De la misma manera, los guaraníes denuncian que son afectados 52 pueblos originarios y campesinos de Yacuiba, Caraparí y Villa montes en Tarija. Autoridades de ambas regiones esperan respuesta del Gobierno, mientras realizan una agenda común de acciones futuras.

En Cochabamba el proyecto fue resistido por organizaciones de profesionales que advirtieron riesgos e irregularidades en el contrato, pero no fueron escuchados