Mallkus temen arrestos, siguen en Uncía y el Fiscal pide 20 días

- Política

Para el viernes, familiares aceptan la necropsia de los 4 policías linchados pero exigen presencia de un perito independiente.

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Feria: comunarios de Cala Cala el domingo reciente en su fiesta patronal

La Prensa

Entrega: El Ministerio Público de esa capital provincial recibió ayer una camioneta para que investigue 11 muertes.

Los mallkus del norte potosino temen ser detenidos por el linchamiento de cuatro policías en Cala Cala, en caso de que se presenten en La Paz, por lo que decidieron permanecer en sus comunidades, mientras que el fiscal potosino Sandro Fuertes llegó ayer a Uncía, donde anunció que la comisión investigadora de los hechos presentará los resultados iniciales de su trabajo dentro de unos 20 días.

El 23 de mayo, cuatro efectivos de la Policía orureña fueron atrapados por comunarios de dos ayllus cuando cumplían una misión oficial y viajaban en un motorizado secuestrado en Oruro, pero los campesinos aseguraron que eran ladrones y asesinos, por lo que los lincharon.

Fuertes llegó ayer a Uncía para entregar un vehículo al Ministerio Público local para que sea empleado por los investigadores en sus desplazamientos por la región, y en declaraciones a la radio local no sólo anunció que en 20 días se conocerán los resultados iniciales de la indagación, sino que se aclararán los siete asesinatos atribuidos por los campesinos a los uniformados. Fuertes aseguró que todos los casos se aclararán.

Entretanto, Feliciano Gabriel, mallku de la Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte Potosino (FAOI-NP), explicó ayer a La Prensa que “existe susceptibilidad de los hermanos, eso yo digo, porque, sí, ellos creen que pueden ser arrestados por la Policía”.

Los dirigentes de la FAOI-NP, agregó, se reunirán en Llallagua —no señaló cuándo— para decidir su traslado a la ciudad de La Paz.

Leoncio Calluni, segunda mayor (autoridad originaria) del ayllu Layme, dijo: “No habrá una comisión. No tenemos acuerdos para ir. Para hacerlo, tendríamos que reunirnos los nueve segundas mayores de los ayllus, pero no lo hemos hecho todavía”.

El líder campesino refirió que los ayllus no quieren entorpecer las investigaciones sobre la muerte de los cuatro policías, siempre y cuando se averigüen las condiciones y circunstancias en las que murieron siete comunarios, a quienes les robaron sus vehículos y de cuya muerte, durante la tortura a la que eran sometidos, se hicieron responsables los uniformados capturados.

Por ello, advirtió que “se están resintiendo los ayllus, habrá que amainar la rabia para solucionar este problema”.

Los comunarios, anotó, tampoco desean que se regularice a todos los vehículos indocumentados que circulan por la región, sino que cada caso debe ser sometido a análisis para hacer la regularización correspondiente.

La justicia comunitaria puede matar

Dos estudiosos del tema, Víctor Hugo Cárdenas, ex vicepresidente, pedagogo y literato, y Felipe Quispe Huanca, historiador y ex secretario ejecutivo de la Confederación Única Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), expresaron ayer discrepancias sobre la aplicación de la pena de muerte en la justicia comunitaria.

Mientras que Cárdenas aseguró que esa figura no existe en la justicia indígena, que es preventiva y educativa, Quispe dijo que la pena máxima se aplica a los reincidentes.

Cárdenas comentó que la nueva Constitución, al haber equiparado la justicia ordinaria con 36 versiones de la originaria, ha eliminado la apelación, que es uno de los principios de la justicia. “Uno no puede apelar a una instancia mayor si alguien fuera sancionado por este fuero”, lo que viola derechos fundamentales de las personas.

Quispe anotó que, para ejecutar una acción, toda comunidad aymara consulta con las personas mayores, porque son quienes atesoran las tradiciones que pasan de generación en generación. “Son como una Biblia, que nos relatan algunos pasajes de otros tiempos. Entonces según eso se actúa”.

Reveló que hace más de 60 años fue testigo en su comunidad del ajusticiamiento de un ladrón de ganado, a quien “le perdonaron una y dos veces, pero a la tercera había que deshacerse de él, porque no servía. Se aplica la pena de muerte cuando las cosas son graves, y nadie habla de ese hecho porque esa muerte se queda reducida dentro de la comunidad. Ahora que han pasado tantos años puedo decir, pero en su momento se me prohibió hacerlo”. Esa práctica, añadió, está al margen de los preceptos de la Constitución vigente, pero se ha ejecutado durante siglos.

Piden cárcel para cogoteros

Un centenar de comunarios de Llanga Belén marcharon ayer por las calles de Sica Sica, capital de la provincia Aroma, en demanda de que seis integrantes de la familia Marca Moya sean procesados por la justicia ordinaria y encarcelados, según informó un funcionario edil de ese municipio.

La fuente reveló que los manifestantes portaban pancartas que exigían justicia contra los cogoteros, pues éstos pudieron haber sido sobreseídos en un proceso al que se los sometió.

Los comunarios expulsaron a esa familia de Llanga Belén en una manifestación de la justicia comunitaria.

Familiares aceptan la necropsia de los policías linchados

Investigación. Las familias ponen condiciones

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VÍCTIMA. El féretro de uno de los policías linchados, tras el primer examen.

Daniela Romero – La Paz, La Razón

Para este viernes se prepara una nueva necropsia a los cuerpos de los cuatro policías linchados en ayllus de Uncía, a fin de conocer detalles sobre su muerte. Los familiares aceptaron con la condición de que intervenga otro perito.

El director nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Antonio Tórrez Balanza, informó a La Razón que se conoce sobre la realización de ese examen el viernes; “sin embargo, no me llegó la nota oficial”, afirmó.

Fuentes allegadas a los familiares de los policías confirmaron que la necropsia está prevista para ese día. Las esposas y madres de las víctimas aceptaron que sus seres queridos sean sometidos a la necropsia, pero con la condición de que un perito contratado por ellas participe del examen, según el entrevistado.

La comisión de fiscales e investigadores a cargo de esclarecer el fallecimiento de los uniformados ya se habría trasladado a Uncía. El fiscal de Distrito de Potosí, Sandro Fuertes, llegó ayer a esa región para entregar un vehículo al Ministerio Público con el fin de que mejore la seguridad ciudadana.

La autoridad declaró a radio Panamericana que es urgente que se realice la necropsia a los cuatro cuerpos para establecer con exactitud la causa de las muertes y además la data de las mismas.

Un primer examen, realizado por la médica forense Wilma Gabriel, estableció que el suboficial Nelson Alcócer falleció el 30 de mayo, seis días después que sus otros tres compañeros.

El informe fue respaldado por Tórrez, sin embargo, el fiscal Fuertes lo invalidó hace una semana y señaló que es necesario realizar otro examen.

El fiscal general Mario Uribe aseveró que Fuertes tiene instrucciones precisas para realizar todas las diligencias de persuasión para que la Fiscalía desarrolle la indagación. “Obviamente en este momento no se podrá tomar una declaración a una persona, pero se está recogiendo la información que posteriormente será materializada cuando las condiciones así lo ameriten”, sostuvo.

En un cabildo de cuatro ayllus de Uncía se determinó no permitir el ingreso a la zona a la comisión de investigadores. Uno de los mallkus, Leoncio Calluni, dijo que como autoridad no se hace responsable si hay algún conflicto.

Gobierno reitera dudas sobre víctimas

El viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, reiteró las dudas sobre el motivo que llevó a los cuatro policías a Saca Saca (Potosí), dado que estaban destinados en Oruro.

“Si hay policías que se van a hacer un trabajo extra, cómo vamos a prevenir que alguien los ataque. Seamos claros”, manifestó ayer el viceministro en una conferencia de prensa.

Los cuatro policías que fueron a Uncía trabajaban en la Dirección y Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Oruro. Fueron retenidos por ayllus y luego linchados en Saca Saca. Tras 12 días, sus cuerpos fueron entregados.

Torrico afirmó que era imposible ingresar al lugar. “Es un tema de preservar la vida tanto de nuestros policías como de la gente que estaba enardecida”, indicó.

Por otro lado, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, aseveró que presentará su informe sobre lo acontecido este jueves a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Para la autoridad, hubo inacción y retardación del Ministerio Público y de la Policía en el rescate de los policías.

Torrico agregó que el Gobierno presentará cualquier informe que sea requerido por otras instancias de investigación del caso.




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