Otra ejecución en Potosí y madura juicio contra Evo

Linchamiento. Un hombre de 51 años fue victimado en Juruma, luego de ser acusado de asesinato. Policía Alcócer murió 4 días antes de la entrega de su cadáver. Los ayllus dicen que tienen pruebas del abuso policial, confesiones fueron arrancadas bajo tortura.

image Dolor. Las tres viudas de los uniformados de Uncía estallan en llanto durante el entierro de los policías; exigen justicia

Marco Chuquimia, El Deber, y El Potosí



Comunitarios de Juruma, del municipio de Betanzos (Potosí), ejecutaron el lunes, a las 15:30, a Santiago Flores N., un hombre de 51 años al que supuestamente encontraron en flagrancia cuando abusaba sexualmente de una anciana de 70 años, según el informe proporcionado por el fiscal de distrito, Sandro Fuertes. Este suceso se produjo 15 días después de los hechos de Uncía, en el que fueron linchados cuatro policías, en un incidente que amenaza con complicar incluso al presidente Evo Morales.

El hombre fue golpeado brutalmente con palos y pateado hasta caer inconsciente. De acuerdo con el informe obtenido por El Potosí, no confirmado por la Policía y la Fiscalía, los campesinos continuaron agrediéndolo hasta darle muerte.

El episodio violento sucedió el lunes, alrededor de las 15:30, y se conoció por un llamado de auxilio de una mujer a la radio Aclo, que pedía presencia policial para evitar que el ejecutado, en presunta aplicación de justicia comunitaria, sea enterrado. El fiscal Fuertes confirmó el hecho e informó de que había destinado a Javier Montesinos como investigador.

Flores era un agricultor que fue acusado de asesinar a dos mujeres en 2009 y otra más a principios de año. Además, supuestamente abusó sexualmente de una mujer, de 35 años, y el 3 de junio fue sorprendido mientras violaba a una anciana, de 70 años. Fuertes prometió una investigación exhaustiva en Juruma, para detener lo que puede convertirse en una ola de linchamientos en su distrito.

Mientras tanto, el tema de Uncía se complica. Pese a que Fuertes anunció que enviará una comisión de fiscales a la localidad, los familiares están a un paso de proponer un juicio contra el presidente Evo Morales y al menos siete autoridades, entre policiales, gubernamentales y judiciales, por diversos delitos, al no reaccionar a tiempo para brindar auxilio a los cuatro policías en Uncía.

Los familiares de los caídos acusan de incumplimiento de deberes y omisión de socorro al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti; los fiscales regionales de Uncía y Llallagua; a los fiscales de distrito de Oruro y Potosí, al Comandante General de la Policía, general Óscar Nina y al Comandante Departamental de Policía de Oruro, además del Presidente.

Según el abogado Johnny Castelú, lo único que detiene a las familias son las posibles represalias del Gobierno, que puede demorar los trámites de las pensiones y beneficios que corresponden a los deudos de los linchados.

Dos de las viudas, Mónica Corrales, esposa del suboficial Nelson Alcócer, y Lola Pallarico, esposa del cabo Rubén Cruz, aseguraron que existe presión sobre las familias por parte del Gobierno y dicen que ahora intentan desacreditar a los policías fallecidos, cuando no se pueden defender.

Otro problema que tienen es que hasta ahora no les entregan los certificados de defunción de los cuatro caídos. El único que fue dado fue el de Alcócer, que certifica que falleció producto del golpe de una picota sobre la base del cráneo el 30 de mayo, el día en que Morales ordenó a Llorenti y Coca trasladarse a Uncía. Pallarico explicó que los forenses de Oruro se han asustado y quieren entregar los otros tres certificados sin fecha de muerte, pese a que la forense Wilma Gabriel concluyó que murieron una semana antes que Alcócer.

Se oponen a una nueva necropsia

El fiscal de distrito de Potosí, Sandro Fuertes, reclamó la jurisdicción de la investigación de las muerte de Uncía y anunció que enviará una comisión de fiscales a la zona para comenzar las indagaciones. También ratificó que solicitará una nueva necropsia sobre los cuerpos de los cuatro policías linchados, algo a lo que se oponen los familiares de las víctimas.

“Estoy dispuesta a irme a vivir a la tumba de mi esposo, pero basta de humillaciones, ya los han ultrajado en vida y ahora, en muertos, qué más les quieren hacer. No voy a permitir que saquen de la tumba a mi esposo”, dijo Lola Pallarico, viuda de Rubén Cruz.

Su abogado, Johnny Castelú, dijo que la única forma de impedir una nueva necropsia es anular el documento en el que desistieron del juicio contra los responsables de las muertes, que firmaron bajo presión en Uncía.

En su criterio, no es necesario el nuevo examen posmorten, porque existen muestras de tejido y humor vítreo de los fallecidos que pueden ser examinados nuevamente.

“Tenemos la certeza de las causas de las muertes, en lo único que no hay acuerdo es en la fecha de la muerte entonces con esas muestras, que deben ser analizada en el IDIF, se puede conocer la fecha”, dijo Castelú.

El comandante de la Policía, Óscar Nina, prometió que caerá todo el peso de la ley sobre los linchadores y ratificó que en la negociación de los ministros con los ayllus nunca se habló de la posibilidad de que haya algún efectivo con vida. Inteligencia había informado de que los cuatro estaban muertos.

En detalle

– Jurisdicción. Sandro Fuertes, fiscal de distrito de Potosí, exigió a sus colegas de Oruro ‘inhibirse’ de realizar cualquier investigación de los hechos de Uncía, ya que no está en su jurisdicción y les recordó que la única forma de que ellos participen de las pesquisas es que él les solicite cooperación directa, como indica el código penal.

– Pugna. Johnny Castelú, abogado de la defensa de los familiares de los cuatro policías ejecutados en el municipio de Uncía, desafió ayer al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, a debatir en torno a las acciones que derivaron en la liberación de los cadáveres, así como la fecha de las muertes. Castelú quiere enjuiciar al ministro. 

– Asustada. Esther Morales, hermana del presidente Evo Morales, denunció ayer amenazas de muerte contra ella y sus hijos tras el ataque del sábado a su domicilio, en Oruro.  Afirmó que no presentó ninguna denuncia, pero que está asustada porque «ellos dicen que van a matar a mis hijos, que van a sacar los ojos de mis hijos”.

Los ayllus de Uncía acusan de asesinato a los policías

La Federación de Campesinos del Norte de Potosí denunció los presuntos robos y violaciones cometidos por los cuatro policías que fueron linchados el 23 de mayo en la localidad de Cala Cala, municipio de Uncía. En la nota de la gubernamental agencia ABI se dice que los efectivos fueron ‘ajusticiados’, porque, según los dirigentes, no eran policías sino maleantes que habían matado a siete personas y robado nueve autos de Uncía y Llallagua. Los efectivos fueron a la zona investigando el robo en Oruro de cinco vagonetas. ABI describe el linchamiento como una ‘trifulca’ y los comunitarios aseguran que encontraron a los cuatro efectivos después de que estos asesinaron a un joven, al que le exigían $us 200 para dejarlo pasar con un vehículo sin papeles. Ese hecho habría sucedido en Juntuna, pero no había sido denunciado hasta ayer. Los dirigentes aseguran que la matanza sucedió el 25 de mayo, cuando se realizaba un campeonato de fútbol en la zona. Sin embargo, el 25 al mediodía ya se conocía la noticia de los linchamientos.

“No se ha hecho justicia comunitaria. Ha sido un enfrentamiento con los que transportan los autos y estos cuatro maleantes, porque tenían cuchillos, sus pistolas, escopetas  y dinamitas», dijo un dirigente citado por ABI.

El dirigente aseguró que estaban sin uniformes, con chalecos antibalas y que tienen fotografías de lo sucedido.

Alcócer murió 4 días antes de la entrega de su cadáver

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Documento: el certificado de defunción del suboficial Nelson Alcócer (foto) establece la fecha y las causas de su deceso

La Prensa

Acciones: Los familiares aún no decidieron si enjuiciarán al Gobierno y a la Policía. Temen sufrir represalias, si lo hicieran.

El informe emitido por la médico forense Wilma Gabriel Ramos, quien practicó la autopsia al cadáver del suboficial Nelson Alcócer Casano, determinó que el policía falleció el pasado domingo 30 de mayo, una semana después de haber sido capturado por comunarios de dos ayllus de Uncía en proximidades de la comunidad Saca Saca.

Nelson Alcócer, Rubén Cruz, Emilio Alave y Miguel Ramos fueron capturados por comunarios de dos de los cuatro ayllus de Uncía la tarde del domingo 23 de mayo, cuando iban en busca de los ladrones de dos vagonetas Land Cruiser robadas días antes en Oruro. Fueron acusados de asesinar, el viernes 21, a un taxista y los lincharon por ese motivo.

El certificado de defunción de Alcócer da cuenta de que la causa básica del deceso fue la “acción de un objeto vulnerante”, que produjo un traumatismo cráneo facial abierto.

El golpe propinado con una picota derivó en una fractura de la base del cráneo. Sobrevino, entonces, la acumulación de líquido que inundó su cerebro y le privó de oxígeno, lo que ocasionó la muerte de la víctima.

El 30 de mayo, cuando se produjo el fallecimiento del cuarto policía capturado una semana antes, el presidente Evo Morales ordenó a los ministros de la Presidencia, Óscar Coca, y de Gobierno, Sacha Llorenti, viajar a Uncía para recuperar los cuatro cadáveres.

Coca y Llorenti llegaron la mañana siguiente y regresaron a La Paz por la tarde, después de no haber persuadido a los campesinos de entregar los cuerpos.

El Gobierno informó, sin embargo, que los cuatro uniformados murieron por linchamiento a las 17.15 del martes 25 de mayo.

La controversia tomó carácter político cuando el Gobierno acusó al abogado de los familiares de los asesinados, Johnny Castelú, de politizar la situación y recordó que éste defiende a algunos acusados por la llamada matanza de Porvenir, en Pando.

Castelú respondió que “me ha molestado mucho que se haga ver mis actuaciones como si fueran actos políticos. Éste es un acto que lo hice en sentido de familiaridad, pues el señor Alcócer era mi amigo desde la infancia, vivió en mi casa cuando estaba en la Escuela Básica Policial, su hermano se casó con mi hermana, tenemos una relación íntima de familia”.

Los deudos se oponen terminantemente a que los cadáveres sean sometidos a una necropsia, pues, según el jurista, “queremos que se respete a los muertos, porque ellos en vida han sufrido vejámenes y torturas que tuvieron como consecuencia la muerte y, ahora, volverlos a sacar sería faltarles el respeto, a ellos, a sus memorias y a sus familias”.

Sin embargo, el fiscal de Potosí, Sandro Fuertes, aseguró que como quiera que los hechos se produjeron en una provincia de ese departamento, corresponde que supervise la investigación, por lo que envió una comisión a la zona para indagar los hechos.

Por ello, anotó que la autopsia practicada en Oruro fue ilegal, y recordó que el Ministerio Publico de Potosí dio inicio a la investigación correspondiente en su jurisdicción y recomendó a sus pares de Oruro “inhibirse del conocimiento porque simple y llanamente están obstaculizando el caso”, con resultados mínimos que tergiversan la verdad.

Los familiares de los policías fallecidos rechazan la posibilidad de que se practique una necropsia a los cadáveres de sus seres queridos, porque consideran que se quiere evitar responsabilidades del Gobierno.

Juicio al Gobierno

Los parientes de los cuatro fallecidos exigen que, independientemente del proceso penal que instaurarán contra los campesinos, el Gobierno identifique a los autores materiales e intelectuales del linchamiento y no abrirán una acción legal contra autoridades gubernamentales por temor a sufrir represalias y no recibir los beneficios que les corresponden por ley.

Mónica Corrales viuda de Alcócer expresó su preocupación, pues en caso de que abran una querella contra el ministro Llorenti o el comandante general de la Policía, Óscar Nina, temen no poder cobrar las pensiones de ley y que sus hijos queden en indefensión total, porque los fallecidos eran los únicos responsables de llevar el sustento a sus hogares.

Lola Pallarico, esposa del cabo Rubén Cruz, afirmó ayer que “estamos pasando de un calvario a otro. Esto lo están politizando, cansa escuchar lo que dice el ministro Sacha Llorenti (…) Está buscando trabas para que no se investigue el caso. No hacen nada por dar con la identidad de los verdaderos asesinos, para aplicarles el castigo que corresponda y nos acusan de haber apedreado la casa de la hermana del Presidente”.

Los ayllus dicen que tienen pruebas del abuso policial

Una autoridad originaria del ayllu layme, quien pidió guardar su identidad en reserva, informó ayer a radio Uncía, de esta capital provincial, que los comunarios tienen pruebas de que los cuatro policías linchados en Saca Saca incurrieron en excesos, lo que motivó su reacción.

El líder campesino afirmó que la del domingo 23 no era la primera oportunidad en la que los agentes Miguel Ramos, Emilio Alave, Rubén Cruz y Nelson Alcócer llegaban a la región para cometer abusos y exacciones a los lugareños.

“Tenemos pruebas, que en su momento las presentaremos, de lo que afirmamos”.

Mencionó la existencia de fotografías en las que se ve al grupo mientras uno de sus integrantes apunta al conductor de un automóvil indocumentado para exigirle una coima.

Dijo que tienen el testimonio grabado en la filmadora de un teléfono celular, mediante el cual los cuatro admiten haber asesinado el viernes 21 de mayo al taxista Adalid Escapa Condori (21), cuyo cuerpo fue encontrado en la región, pero no el vehículo, aunque esa confesión, en caso de existir, fue arrancada bajo tortura.

“No eran unos santos y lo vamos a probar cuando llegue el momento”.

El poblador expresó su preocupación porque a través del manejo mediático que se da a la zona se hace ver a los campesinos uncieños como si fueran salvajes. “Nuestros parientes, que viven en el interior, reciben burlas. Nadie va a querer venir por aquí. Eso es malo para nosotros”.

Los ayllus no descartan iniciar una marcha para llegar a La Paz a fin de explicar lo ocurrido y para ratificar que no son delincuentes. La Prensa