Estado autonómico

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Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. Los Tiempos: LA LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

  2. El Deber: Tarea de todos

  3. La Razón: Estado autonómico

  4. Cambio: Se perfila un acuerdo

  5. La Prensa: Un mar cada vez más lejano

  6. El Diario: Exclusión social y codicia de poder

  7. El Mundo: Compromisos

  8. Opinión: Trabajar sin diferencias y por el desarrollo

  9. Clarín, Argentina: El presente y el futuro de las jubilaciones


Los Tiempos: LA LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO



Más que de leyes, que las hay, se requiere de un diagnóstico integral del contrabando para crear los instrumentos que permitan erradicarlo en forma eficiente

La lucha contra el contrabando tiene larguísima data. Es uno de los temas en los que la falta de continuidad en la aplicación de políticas públicas ha sido un obstáculo para combatirlo de manera eficaz y en el que con más entusiasmo se puede aplicar el dicho español de “hecha la ley, hecha la trampa”.

Fue en la gestión Banzer-Quiroga en la que –a consecuencia de una fuerte presión de la cooperación internacional y el compromiso del sistema político- se aprobó una nueva Ley de Aduanas, se eligió a una presidenta ejecutiva con dos tercios de votos de los miembros del Congreso y se impulsó la modernización de esta entidad, proceso en el que se invirtió bastante dinero. Sin embargo, en la medida en que hubo buenos resultados, la reforma comenzó a ser combatida desde el propio régimen y el sistema político encontró la manera de instalarse y, en algunos casos, eternizarse en el directorio de la entidad; la Policía incumplió con la selección de efectivos destinados a esta tarea, así como en el apoyo que debían darles; la nueva burocracia comenzó a malearse y aparecieron amplias redes de contrabandistas aliados con habitantes de las zonas fronterizas del país.

Con el arribo al gobierno del MAS, y como es recurrente en nuestra historia, se rechazó todo lo que venía del pasado y bastante más rápido fue el involucramiento de muchas nuevas autoridades con redes de contrabandistas (incluso en el lejano Pando) que en presentar una nueva política contra el delito, tarea que a más de cuatro años de instalarse en el poder aún está pendiente.

En ese contexto, varias autoridades nacionales aseguran que elaborarán una ley drástica contra el contrabando. Paradójicamente, el Vicepresidente del Estado ha señalado que esta norma será tan dura contra este delito como lo fue la ley antidroga aprobada en la década de los 80 contra el narcotráfico, y a la que los productores de coca tanto combatieron.

Sin embargo, no es por falta de ley que no se puede combatir eficazmente al contrabando (como tampoco es con la sola ley que se lo puede hacer). Hay condiciones estructurales que permiten que el negocio ilícito fructifique, y son precisamente esas condiciones las que son difíciles de erradicar porque están demasiado insertas en el cuerpo social y político del país. De hecho, en varias regiones el contrabando no es considerado un delito, sino una forma aceptada de generar recursos y esto responde a que fundamentalmente en lugares fronterizos la presencia del Estado es sinónimo de exacción y no de preservación de los intereses comunes; la diferencia de precios de las materias de contrabando es otro acicate de primera importancia, y hay que añadir en los últimos tiempos el empoderamiento de dirigentes comunales en lugares fronterizos coludidos con bandas de contrabandistas, y las tentaciones a viejos y nuevos burócratas, que finalmente permiten el contrabando.

Por tanto, lo prudente es contar con un diagnóstico integral sobre este fenómenos y optar por una política de Estado para enfrentarlo, lo que significa involucrar al Estado y a la sociedad en su conjunto en esta tarea, más aún si el contrabando no sólo afecta al erario y a la industria nacionales, sino también a la calidad moral de la ciudadanía.

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El Deber: Tarea de todos

Quisiéramos hacer de esta Santa Cruz de la Sierra lo que fue hasta más allá de mediados del siglo pasado. Una ciudad segura, tranquila, de grandes y señoriales portones abiertos de par en par y de noche y día, confirmando aquello de que la hospitalidad es ley del cruceño.

En cada encuentro de gente cruceña un tanto entrada en años, pero en el goce pleno de sus facultades mentales y físicas, aflora a la memoria colectiva el tema de la ciudad antañona que sólo pervive en el recuerdo, sensiblemente, con su cúmulo de cosas gratas para el cuerpo y el alma.

¿Cómo fue -es la pregunta que surge inevitablemente durante tales encuentros- que esta Santa Cruz de la Sierra extravió el viejo camino y llegó a este que es hoy su enclave? Y la respuesta siempre es la misma: las abrumadoras migraciones internas espontáneas o promovidas por los gobiernos bajo falsas promesas y en cumplimiento de políticas expansivas y de sometimiento de los indómitos orientales.

Esas migraciones, que aportaron incuestionablemente gente de la mejor ley, incluyeron asimismo, y en mayor número, rebalses humanos sin aptitudes mentales ni físicas, levantiscos, de malas entrañas, los mismos que, repudiados por sus fechorías en sus lugares de origen, enfilaron rumbo a nuestras llanuras sin al menos intentar sacudirse de sus atávicos traumas.

A influjos de esas migraciones que por cientos y miles desembarcaban a diario de camiones en una de nuestras amplias y cálidas avenidas, la Santa Cruz de la Sierra señorial fue decolorándose, desvaneciéndose en el negro olvido. Y en su lugar adquirió presencia contundente,  en este hábitat que había perdido identidad, el desacato que derivó en desorden, en quebrantamiento de la paz, en suplantaciones duras de todo tipo que arrinconaron lo nuestro en materia de cultura, costumbres y hasta modos de ser. Sí, hasta nuestros modos de ser experimentaron alteraciones, pues dejamos de ser los vecinos abiertos a todas las formas de la convivencia, para recluirnos en la estricta intimidad del hogar.

La tarea de recuperar lo nuestro, desde la calidad atractiva, seductora del medio ambiente, hasta la identidad del hombre llanero sencillo, tradicional en sus usos y costumbres, defensor insobornable de sus principios y credos, corre exclusivamente por cuenta de los hombres y las mujeres del entorno. ¿Que están adulterando las normas de vida en el campanario, que estuvieron siempre orientadas en sentido de la convivencia en paz y con amor filial? ¿Que están desnaturalizando nuestras costumbres y tradiciones e introduciéndonos prácticas de un primitivismo atávico? ¿Que la sobrevivencia a merced del crimen y de las más diversas  formas de la delincuencia nos tiene con el Jesús en la boca? ¿Que no hay poder público ni local ni foráneo que garantice el disfrute de la vida sin horrores? ¿Qué nos queda por hacer? Pues… organizarnos, defendernos como sea, incluso con la fuerza y la decisión que corresponden en casos desesperados, como es éste en que estamos a punto de vernos definitivamente precipitados.

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La Razón: Estado autonómico

Resulta complejo el análisis de las nuevas relaciones entre la CIDOB y el Palacio.

La advertencia del presidente Evo Morales de iniciar una huelga de hambre, como medida de presión a la Asamblea Legislativa Plurinacional —de mayoría oficialista— para que apruebe a tiempo la Ley Marco de Autonomías, denota el nerviosismo que se vive en el Gobierno por un tema que se anuncia como la madre de todas las batallas políticas en este año.

Los asambleístas despacharon las cuatro primeras leyes estructurales con asombrosa velocidad, pero aumenta la presión sobre ellos para que apresuren al tope la marcha y resuelvan la más intrincada de todas.

Los indígenas del oriente removieron las bases del MAS al demandar una mayor presencia en la Asamblea Legislativa y la inclusión de sus pretensiones en la ley de autonomías. Al margen de ser uno de los pilares orgánicos del instrumento político que llevó al poder a Evo Morales, ese sector ostenta un peso histórico por haber encabezado la marcha “Por el territorio y la dignidad”, la movilización que abrió las puertas al proceso en curso.

Los propios masistas consideraban al reclamo de la CIDOB como una de las crisis más fuertes que le tocó enfrentar al Gobierno, junto con los sucesos de Caranavi. Se trata de dos conflictos con sectores afines al MAS, por eso resulta complejo el análisis de las nuevas relaciones de una parte de las bases sociales de ese partido con el Palacio.

Para contrarrestar esa demanda, el Órgano Ejecutivo orientó sus argumentos en dos frentes: primero, señalando presuntos intereses personales de la dirigencia de los indígenas y, segundo, denunciando una supuesta incitación de la marcha de la CIDOB, por parte de Usaid, a través de algunas ONG. No se han dado a conocer pruebas contundentes de ninguna de las dos acusaciones, pero llama la atención que en el pasado las ONG fueran bienvenidas por el MAS porque trabajaban a favor de los originarios de tierras bajas y ahora, cuando éstos tienen un reclamo, resulta que están siendo utilizadas por la derecha o por intereses foráneos.

La CIDOB, es cierto, presentó un pliego desmedido: varios de sus puntos contradicen a la Constitución y afectan derechos de otros en las mismas regiones indígenas. El desafío de aprobar una ley justa, de beneficio para todos, coloca a la Asamblea Legislativa en un aprieto que demandará más esfuerzo que el mero apuro de desligarse de una norma por la presión del Ejecutivo o la Carta Magna.

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Cambio: Se perfila un acuerdo

Tres senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y dirigentes de la Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) sentaron este domingo las bases para superar un conflicto que se iniciara el 22 de junio, cuando centenares de indígenas emprendieron en Trinidad una marcha hacia Santa Cruz en demanda, entre otras, de un mayor número de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional, autonomía plena para las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y la titulación a su favor “de todas las tierras fiscales” identificadas por las autoridades del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Esa reunión, realizada en Ascensión de Guarayos entre legisladores oficialistas y dirigentes de la Cidob, permitió establecer un primer acuerdo, calificado “como un gran avance” por ambas partes. Su efecto inmediato fue la suspensión de la caminata y el traslado de representantes de los pueblos indígenas movilizados a la ciudad de La Paz, para que este martes, en una audiencia pública en el pleno de la Comisión Mixta de Autonomías de la Asamblea Plurinacional, expliquen y refrenden sus demandas.

Se informó que, por ejemplo, uno de los puntos más conflictivos —como los de límites territoriales para las autonomías indígenas y el referendo para la aprobación de los estatutos— fue casi superado con el acuerdo. Según el dirigente Lázaro Tacoó, la comisión legislativa pudo recoger “el espíritu de la propuesta de las autonomías indígenas”.

Los principales puntos que sentaron las bases para un acuerdo que supere el conflicto social se refieren a que el Tesoro General de la Nación (TGN) financiará las autonomías indígenas, la Cidob ratificó su apego a las prescripciones de la Constitución Política del Estado en lo referente a los límites de las autonomías indígenas dentro de la jurisdicciones departamentales, no perderán el derecho propietario sobre las TCO, la aprobación de los estatutos autonómicos indígenas se realizará inicialmente por usos y costumbres, aunque después será o no ratificada mediante un referendo.

Se acordó que las jurisdicciones departamentales no serán afectadas por las autonomías indígenas ni se eliminará el concepto de continuidad. Es decir —según la Cidob—, las TCO que sobrepasen los límites departamentales serán parte de las unidades territoriales de cada departamento y luego se convertirán en mancomunidades de las unidades territoriales. Y como base poblacional para la habilitación a las autonomías indígenas se tomará en cuenta mínimamente a mil personas.

También se considerará la libertad de elección de los pueblos para que puedan asumir o no las autonomías indígenas, además que se creará el Consejo Intergubernamental —si es que la autonomía indígena así lo exige— para manejar el dinero distribuido por el Gobierno a las entidades autónomas.

En ese contexto, el ministro de Autonomía, Carlos Romero, calificó de muy importante el papel que cumplieron los senadores oficialistas, “porque hay muchos temas de su plataforma que tienen que ver directamente con el Órgano Legislativo, básicamente nos referimos a la Ley Marco de Autonomías y al Régimen Electoral”.

Dicho de otro modo, es trascendente que la dirigencia de la Cidob cuente con los insumos correspondientes para lograr un mayor dominio de sus demandas, pero también para que desde la visión del Órgano Legislativo se establezca la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ellas.

Un hecho ponderable es que esos acuerdos que evitaron que la marcha indígena prosiga es que los senadores Gabriela Montaño, Freddy Bersatti y Adolfo Mendoza no actuaron de manera unilateral, sino en permanente coordinación con el Órgano Ejecutivo, sobre todo en lo referido a las autonomías.

Y con ese principio de acuerdo que permitirá que hoy los dirigentes de la Cidob expliquen sus demandas ante el pleno de la Comisión Mixta de Autonomías de la Asamblea Plurinacional se superó definitivamente —los hechos lo señalan así— una presión social orientada a violentar los preceptos de la Constitución Política del Estado, cuya aprobación tuvo en los pueblos indígenas a uno de sus principales actores durante el desarrollo de la Asamblea Constituyente como en la aprobación popular, mediante el referendo del 25 de enero de 2009, de la hoy vigente Carta Magna.

Ya lo habíamos advertido en un anterior editorial de Cambio: Nadie que sea parte del proceso de cambio que vive hoy Bolivia y que ha estudiado la historia reciente de los movimientos sociales puede negar que la Cidob ha liderado luchas fundamentales por la tierra y el territorio, y por la misma Asamblea Constituyente, pero también es necesario que sus dirigentes de hoy comprendan que este proceso político no es propiedad de ningún sector social, sino del pueblo en su conjunto.

Por eso es trascendente que los dirigentes de la Cidob hayan asumido que nada es posible sin el respeto a los preceptos de la Carta Magna —la ley suprema de todos—, y que el único camino para consolidar sus históricas demandas, secularmente marginadas por el viejo Estado colonial, es el diálogo con un gobierno que resume un proceso político de transformaciones estructurales del que somos parte la gran mayoría de los bolivianos.

De igual manera, es pertinente suponer que la exigencia indígena de conseguir 18 escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional —que es considerada “irrenunciable” por la dirigencia de la Cidob—, también será asumida por la madurez que posibilitó el principio de acuerdo que comentamos. En este contexto, la marcha indígena deja una lección que debería ser asumida en su real dimensión por dirigentes y autoridades de gobierno, porque superar cualquier diferencia en la edificación del nuevo Estado requiere del desprendimiento y de la solidaridad de sus protagonistas, y la Cidob lo sabe.

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La Prensa: Un mar cada vez más lejano

Ha llegado la hora de hablar claro y de explicar los avances (si los hubo) en el tema marítimo, como también la profundidad de las dificultades.

La ciudadanía vio con agrado el acercamiento con Chile luego de algunas estridencias y confrontaciones del reciente pasado que a nada bueno conducían. El gestor del nuevo proceso fue el ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, seguido desde enero de 2006 por el entonces nuevo mandatario constitucional, Evo Morales. Con justa razón, se esperó que ese acercamiento se refleje en diálogos constructivos que permitan lograr entendimientos sobre diversos temas bilaterales de interés común y, esencialmente, procurar una solución a la siempre anhelada salida al mar, esa ventana al mundo que Bolivia perdió en la funesta Guerra del Pacífico de 1879.

Se iniciaron diálogos y reuniones sobre la base de una agenda de 13 puntos, entre los cuales estaba el problema marítimo. Con la anterior administración chilena de Michelle Bachelet se habló siempre con optimismo, pero al final nada se obtuvo en lo que a Bolivia más le interesa: la solución de su injusta mediterraneidad. Ahora y con el Gobierno de Sebastián Piñera prosigue el diálogo y vemos que incluso se incrementa la cordialidad, pero he aquí que tampoco ?pasa nada?.

Es más, se ha hecho público el hecho de que el Presidente chileno habría manifestado claramente al vicepresidente Álvaro García Linera ?durante la reunión que ambos sostuvieron? que ?Chile no está disponible para ceder soberanía?. Fue Alfredo Moreno, canciller chileno, quien reveló este hecho ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de su país.

Los representantes chilenos habrían mostrado a García Linera que La Moneda no estaba disponible para conversar sobre cesión de soberanía. Y esto ha sucedido a escasas tres semanas de la próxima reunión bilateral de los dos vicecancilleres.

Esto confirma lo manifestado varias veces por el mismo Piñera en su campaña electoral y abre interrogantes muy serios acerca de la futura marcha de las negociaciones con Chile sobre el tema marítimo. Se han mencionado ?otras alternativas?, pero resulta obvio que ninguna de ellas incluye la posibilidad para Bolivia de volver a contar con una faja costera soberana. Se tratará seguramente de ofrecer ?facilidades portuarias?, ?mejorar el libre tránsito?, etcétera.

Aunque proliferan las mutuas demostraciones de cordialidad, es un hecho que la dureza de La Moneda es parte de su política de Estado en la materia. Cada gobernante, de una u otra tendencia, se ha mantenido firme.

Sin negar la prudencia de mantener los vínculos cordiales, ha llegado la hora de hablar claro y explicarle al pueblo boliviano los verdaderos avances (si los hubo), como también las dificultades. La solución del enclaustramiento boliviano es uno de los puntos focales de la política exterior boliviana y hay que asumir con firmeza las responsabilidades por lo hecho, como también dar explicaciones. Si no hay avances, tendrán que estudiarse otras variantes para encaminar el objetivo histórico o denunciar nuevamente ante el mundo esta injusta situación que Bolivia arrastra ya por más de 131 años y que representa una herida abierta en el corazón de América del Sur.

Negar la realidad o seguir con almibarados contactos no llevará a ningún lado. Está visto que, al menos por ahora, nuestro retorno soberano al mar está tan lejos como siempre.

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El Diario: Exclusión social y codicia de poder

Las famosas “leyes marco” que con gran precipitación viene aprobando la Asamblea Plurinacional, entre muchas de sus disposiciones tendentes al monopolio, conservación y reproducción del poder para el MAS, tienen como denominador común la exclusión de las clases medias del ejercicio de las funciones electivas y del aparato estatal. Uno de los requisitos para postularse al Órgano Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura y Órgano Electoral es poseer dos lenguas oficiales, vale decir el castellano y cualquier otra nativa. Bajo este condicionamiento los más altos niveles políticos resultan reservados al componente indígena de la sociedad boliviana, incurriendo en una marginación no sólo anticonstitucional, sino, por lo mismo, de escandalosos alcances ante la comunidad internacional.

Constituye también exclusión social la valoración de haber sido autoridad de la Justicia Comunitaria para que la Asamblea Plurinacional seleccione a los candidatos a la cúpula de las indicadas instancias judiciales. Se dirige a lo mismo la prohibición a dichos postulantes de tener militancia política, mientras que los organismos sociales pueden postular a sus candidatos. Asimismo, para el Órgano Electoral se tomará en cuenta el ejercicio de alguna dirigencia sindical. Por esta legislación caprichosa los ciudadanos víctimas de exclusión y discrimen, solamente son tales para el pago de impuestos, cargas fiscales y para el voto, mientras los demás sectores están liberados de impuestos, derecho aquel sin peso específico electoral para las minorías. Sin duda, se trata de ciudadanos que son buenos como electores, pero no como elegibles.

Capítulos como este suman y siguen, esta vez contra las atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, sobreponiendo la interpretación del Órgano Legislativo a las sentencias de supremacía constitucional, de modo que en esta materia la última palabra no la tiene el Tribunal Constitucional, sino la mayoría legislativa. Por otra parte, se ha colocado candados a cualquier modificación de las cinco “leyes marco” al negar toda posibilidad de su reforma, inclusive mediante referéndum, medida extraña si se constata que la propia Constitución admite su reforma parcial por la Asamblea Legislativa. He ahí una inédita contribución al derecho público universal, contrapuesta al principio de que toda norma es revisable.

Si la revocatoria del mandato es general por dos tercios del Legislativo para las señaladas autoridades, el Presidente y Vicepresidente sólo pueden ser revocados por un porcentaje aun mayor, privilegio que también les asiste para ser reelectos en el mandato sin previa renuncia, a diferencia del resto de dignatarios que deben renunciar previamente.

Otra perceptible muestra de inseguridad de los actuales gobernantes se estrella contra la libertad de expresión y el derecho a la información -contemplados constitucionalmente- en circunstancias en las que la Ley del Sistema Electoral prohíbe a los medios de comunicación la difusión de encuestas preelectorales, así como la intervención de analistas por dichos medios. El argumento esgrimido es que las primeras son digitadas por determinados candidatos y los segundos o son políticos o carecen de imparcialidad, perjudicando a ciertos candidatos. Dichas prohibiciones condenan a los procesos electorales a la falta de información y contribuyen a la desorientación de los votantes, dejando entrever su origen preventivo, debido a la merma considerable de votos del oficialismo en las elecciones de abril pasado, cerrando los ojos ante otros factores distintos, pero conocidos, como la falta de gestión, aspecto fundamental descuidado desde hace cinco años.

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El Mundo: Compromisos

La empresa de resolver algún problema, especialmente cuando éste viene acompañado de medidas de presión, pasa generalmente por el compromiso de tomar algunas decisiones que resulten favorables, para quien se sentía en desventaja y pedía ser atendido.

Algo así ha sucedido con los miembros de la Cidob que marchaban hacia la sede de Gobierno, pero que finalmente decidieron dejar la medida en suspenso, luego del diálogo con una comisión de parlamentarios del partido de Gobierno.

Dentro de sus pretensiones, los miembros de la Cidob afirmaron que no iban a reunirse con nadie más que con el Presidente del Estado Plurinacional, ya que habían encontrado un diálogo que casi se convirtió en un enfrentamiento, con el ministro de Autonomías que trataba de imponer su posición.

Finalmente, los marchistas accedieron a dialogar con una comisión parlamentaria del MAS que posiblemente, con una actitud más racional, diferente de la que permite el tener el poder en las manos, pudo persuadirlos para suspender el esfuerzo que venían realizando.

El acuerdo ha llegado de una manera temporal, con seguridad porque los afectados por las decisiones del Gobierno esperan ver que sus peticiones sean cumplidas, por lo menos en una parte, demostrando así la buena voluntad de ser atendidos.

Por lo general, en este tipo de negociaciones, quienes desean conseguir que las medidas sean suspendidas, dentro de las negaciones, no vacilan en ofrecer todo lo que sea, con el fin de conseguir sus objetivos y luego las promesas son incumplidas, cuando la medida ha sido retirada.

Es de esperar que los parlamentarios que han hecho el compromiso con los representantes de los pueblos del oriente, una vez retirada la medida, tengan la capacidad de cumplir con la palabra empeñada, dando los pasos necesarios para que las promesas sean cumplidas.

Desde la presentación del proyecto de Ley de Autonomías, se ha realizado una cantidad de críticas, no sólo al contenido de la norma sino al espíritu con que ha sido redactada la misma y que dista mucho de satisfacer los conceptos básicos de lo que es un régimen autonómico, donde las regiones deben tener una cuota de poder que les permitan tomar decisiones sobre los beneficios que generan y que pueda servir para proyectar su desarrollo.

Tradicionalmente, en nuestro país ha venido sucediendo lo contrario y era siempre un Gobierno paternalista que decidía qué cosas se debían y cuáles no se debían hacer y por lo general, esas decisiones comenzaban por asegurar el bienestar en la sede de sus funciones, a costa de los demás distritos del país.

Lo grave de lo acontecido hasta el presente es que los gobernantes no sólo trabajaron en beneficio del distrito donde se encuentra la sede de sus funciones, sino que además los recursos del Estado debían satisfacer las necesidades personales de los gobernantes, no sólo durante el tiempo en que estaban en ejercicio del poder, sino también después, utilizando para ello los bienes del Estado como un botín de guerra.

En la teoría, el actual Gobierno había decidido trabajar en beneficio de los pueblos originarios, generalmente explotados; sin embargo, en la práctica han constituido una nueva élite privilegiada que serían los pueblos originarios a los que las autoridades se encuentran más próximas, dejando relegados a los demás.

De esa manera, la injusticia social continúa manifestándose en forma patente; sin embargo, existe la posibilidad de que trabajando más racionalmente, los beneficios puedan alcanzar a todos.

El hecho importante es que si se quiere realizar una buena administración del Gobierno, no sólo se debe pensar en el ejercicio del poder, sino también en la generación de una mayor cantidad de beneficios que puedan ser distribuidos de una manera más racional.

Si se mantiene la política centralista, el esfuerzo por producir en mayor cantidad y con mejor calidad, quedará desvirtuado, ya que nadie se esforzaría para beneficiar a unos cuantos privilegiados.

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Opinión: Trabajar sin diferencias y por el desarrollo

En una reciente exhortación el presidente Evo Morales ha pedido a gobernadores y alcaldes que trabajen sin importar su afinidad política partidaria en favor del desarrollo de sus regiones y teniendo como base la integración del país.

Se trata en realidad de una convocatoria reiterada, ya que en dos ocasiones anteriores, durante una reunión con gobernadores del Movimiento Al Socialismo (MAS), y en la posesión de todos los gobernadores en Sucre, tuvo similares palabras. En esta última, les dijo a los gobernadores opositores que se había acabado el tiempo de la conspiración y que ante su fracaso de sacarlo del Palacio de Gobierno ahora tocaba el tiempo de trabajar juntos, lo que nuevamente creó un ambiente de tensión con las autoridades electas de Santa Cruz, Beni y Tarija, a punto tal que el gobernador de Santa Cruz le pidió que ya no lo llame conspirador.

De cualquier modo, el pedido del presidente Morales da a entender la necesidad que el Gobierno central tiene para empezar una nueva etapa con los alcaldes y gobernadores, tanto oficialistas como de oposición. El Gobierno puede estar consciente de que los próximos años, uno de los asuntos centrales tendrá que ver con el desarrollo nacional, para lo cual las relaciones con todas las autoridades que configuran el nuevo mapa político administrativo del país tienen que ser no sólo llevaderas sino de coordinación.

Si las palabras del Presidente encierran relación con este propósito, más que un simple enunciado, se estaría planteando el reconocimiento del Gobierno central a las necesidades de cada una de las regiones y de los municipios, entidades que deben trabajar de manera coordinada para llevar desarrollo a sus habitantes y a sus poblaciones. Hay quienes negativamente sostienen que lo que ha dicho el Presidente más tiene que ver con el ánimo de hacer prevalecer el centralismo frente a las autonomías nacientes, aunque en realidad, cualquier propósito centralista podría tener en el tiempo una serie de rechazos, precisamente, porque los pueblos han decidido en sus regiones enfrentar el futuro con su propia visión y esfuerzos.

El presidente Evo Morales ha sido claro en señalar que las regiones tienen sus propias particularidades y cada partido político sus propuestas, pero por encima de estas diferencias, la obligación en base a la sinceridad es unirse para mejorar la vida de los pueblos.

En estas afirmaciones del Presidente, que aunque no han sido difundidas con la importancia que ellas merecen, se podría notar un cambio de actitud y de percepción, no sólo en la característica del discurso presidencial muchas veces crítico y confrontador, sino una especie de línea de acción respecto a las autonomías y a los gobiernos municipales que tienen de forma inmediata enormes desafíos con la gente.

El camino de las autonomías y el trabajo de gobernadores y alcaldes puede encontrar muchas complicaciones emergentes de la situación que en el país es inédita y que ha sido decidida por el pueblo mediante el voto popular. Sin embargo, no se puede negar que las dificultades más grandes pueden ser superadas, poco a poco, si existe entendimiento entre el Gobierno central y las regiones, en términos de respeto y de reconocimiento de las autonomías en una labor de interrelación positiva.

En lo inmediato queda aprobar instrumentos legales importantes como la nueva Ley Marco de Autonomías, pero en el futuro próximo aplicarla y empezar a recorrer el camino en una interacción entre Gobierno central, gobernaciones y alcaldías, que tendrán que lograr acuerdos sobre asuntos complejos como las competencias, su ejecución en la práctica y los ingresos fiscales.

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Clarín, Argentina: El presente y el futuro de las jubilaciones

El deterioro de los haberes jubilatorios afecta a millones de personas de bajos ingresos y el incumplimiento de la ley del 82% genera una catarata de juicios, al mismo tiempo que el Gobierno descapitaliza a la ANSeS . Por otra parte, diferentes sectores de la oposición han presentado proyectos para la actualización de haberes que, de aplicarse, pueden desequilibrar el sistema afectando jubilaciones futuras.

Debido al atraso en los ajustes de las jubilaciones en relación a la inflación real y, en particular, por la caída en la participación proporcional de la Prestación Básica Universal, las jubilaciones de las personas que se retiraron con 30 años de aportes, llega en la actualidad al 36% del sueldo promedio de los trabajadores registrados. El pago mensual no llega a los 1.300 pesos, por lo que se encuentra muy por debajo de los 2.700 o 3.000 pesos que cuesta la canasta de consumo presentada por muchos sindicatos en sus negociaciones salariales. La proporción pagada en relación a los haberes previos a la jubilación está también muy alejada del 82% del salario mínimo, lo cual ha generado una ola de juicios contra el Estado.

En el debate por el nivel de las jubilaciones el Gobierno esgrime que decidió aumentar los haberes que habían estado congelados durante años. Esto es así, sin embargo, el incremento benefició a las categorías más bajas achatando la pirámide de ingresos y condenando a las más altas a una progresiva reducción real de ingresos. Lo mismo ha pasado con el sistema en su conjunto porque, cuando se tiene en cuenta la inflación, se comprueba que la mayor parte de los haberes perdió la mitad del poder adquisitivo en los últimos ocho años.

Ante este cuadro se han presentado en el Congreso varios proyectos para la actualización de las jubilaciones, con diferentes propuestas de ajuste. El Gobierno considera que los mismos no son viables dado que implicaría desbalancear las cuentas de la ANSeS. Efectivamente, cualquier actualización inmediata y significativa de los pagos absorbería importantes recursos del Organismo previsional y, si se financiara con la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se produciría una devaluación de los títulos que deterioraría el conjunto del fondo jubilatorio. Y, si se recurriera al aumento de la presión previsional, se afectaría a las empresas y se fomentaría el trabajo no registrado. Pero el Gobierno es responsable de la falta de capacidad de la ANSeS para cumplir con la ley porque, por una parte, está financiándose con los fondos del Organismos colocándole títulos de deuda que, en algunos casos, pagan menos intereses que los que podría obtener en otras inversiones.

Por otra, está descapitalizando la ANSeS destinando parte de sus ganancias a financiar el programa de asignación por hijo, una erogación que debería cubrirse con ingresos fiscales generales. La utilización de los fondos de la ANSeS es consecuencia, a su vez, de una creciente distorsión en las formas de financiamiento del sector público, que podrían corregirse en parte con una administración más racional de partidas como los subsidios al transporte -que están en la mira de la Justicia por causas de corrupción- y del gasto público en general.

Dada la inocultable pérdida de ingresos de los jubilados y de las exigencias planteadas por la Justicia, es necesario que el Estado encuentre una opción que articule una mejora en las jubilaciones con el sostenimiento del equilibrio del sistema, tomando en cuenta tanto las necesidades presentes, como el futuro de las jubilaciones.

Los haberes jubilatorios han sufrido un progresivo deterioro y no se aplica el 82% dispuesto por la ley, lo cual ha generado una ola de juicios. El Gobierno sostiene que no puede cumplir con ese mandato porque desequilibraría el sistema, pero tiene responsabilidad por la forma en que utiliza fondos de la ANSeS. La oposición presentó proyectos de actualización que, de aplicarse, afectarían las jubilaciones futuras.

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