Daniel A. Pasquier Rivero
Acto primero. Unos segundos en pantalla son suficientes para poner en apuros al gobierno departamental y al nacional. Según el Gobernador Costas el Vicepresidente García “debe responder por casos de corrupción, terrorismo y narcotráfico”. La respuesta del Vice, muy afectado, repite una y otra vez que renuncia al privilegio de un “juicio de responsabilidades” para defender su inocencia desde el llano, como un ciudadano cualquiera. El mentado juicio se da por descontado que es un imposible después del reconocimiento público del Presidente, frente al Vice y ratificado en el Senado por el jefe de bancada del MAS que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) es simplemente “un sindicato”, no la institución de los Padres de la Patria.
Acto segundo. El país entero contempla azorado cómo se pierde el tiempo, mientras los grandes desafíos se mantienen alejados de la atención de sus gobernantes. La economía crece a un ritmo que no permite avizorar ni de lejos la disminución de la pobreza, la verdadera recuperación de la dignidad de los bolivianos y estudios económicos serios concluyen que a este ritmo harían falta centurias para salir del subdesarrollo y sus consecuencias.
La soberbia, rectora de la política plurinacional, opta por la confrontación. Un Estado Plurinacional (EP) concebido sólo para masistas o para adoradores de sus líderes. Cuando la CPE, parida como fuera, se trata de implementar mediante las llamadas leyes estructurales, complejidad mayúscula, el Ejecutivo manda los proyectos a la ALP para que sean aprobados sin cambiar coma en el plazo señalado. La formalidad de escuchar opiniones y sugerencias se cumple convertida “en un saludo a la bandera” (senadora E. Pinkert), en algo simbólico guardando apariencias democráticas, sin efecto legislativo alguno. Los oficialistas tienen los oídos tapados, no buscan como legisladores mejorar y enriquecer los proyectos, abriendo espacios a las múltiples visiones que representan al EP. Son abogados (a veces sin saber Derecho ni de leyes) defensores del proyecto oficialista.
Las empresas nacionalizadas, en menos que canta un gallo, han perdido eficiencia, profesionalismo, competitividad. YPFB, la joya de la mamita, toda en manos del EP no arranca todavía desde el 1 de mayo 2006. La empresa de energía ELFEC, de capitales nacionales privados, sufrió “dinamitazos” ocho veces antes de su “nacionalización” sin que hasta ahora se haga luz sobre móviles y autores, ¿sospechoso, al menos? ¿A dónde va ENTEL, fuera de la telefonía móvil? Y los grandes proyectos, Mutún, Salar de Uyuni, enredados en idas y venidas de burócratas sindicalistas y políticos apegados a la tradicional e imbatible corrupción del nada cambiado centralismo.
Las señales nos acercan al tan mencionado, pero no temido, “estado fallido”. El territorio nacional convertido en polvorín por la violencia ligada a la pobreza, la marginalidad y el narcotráfico. La Policía Nacional, un apéndice del Ministerio de Gobierno, ocupada en perseguir “terroristas políticos” mientras se registran muertos todos los días, empezando por los mismos policías, ahora blanco del narcotráfico: Pantipata, a 30 kms. de Cochabamba, con policías secuestrados, torturados y asesinados es un caso más en la lista sin fin. No son delincuentes aislados sino comunidades indígena campesina, en este caso, aliadas públicamente a los narcotraficantes. Si el juez Tapia ha tenido que exiliarse y pedir asilo político al Brasil, sólo por haber defendido su jurisdicción y competencia en el supuesto caso de terrorismo que recibió “mediante sorteo computarizado”, pero tan útil al gobierno para perseguir a la oposición. ¿Qué garantía le queda al ciudadano de a pie si una empresa poderosa como AEROSUR y su principal accionista luchan como gato panza arriba para no ser destruidos por la soberbia gubernamental?
Al ciudadano de a pie Álvaro García aparentemente lo descompuso la mención al narcovínculo, no así a la corrupción y al terrorismo. Los casos de corrupción en funcionarios y empresas públicas no es ningún secreto y algunas de los más sonados están en los estrados judiciales, con presos incluidos. La responsabilidad en última instancia tocaría a las máximas autoridades del gobierno siempre que no se combatiera con la ley en la mano semejante flagelo. En todo caso tiempo habrá para las debidas investigaciones que seguramente apuntarán ante todo a la invasión de competencias, actos contrarios a la CPE y las leyes, daños económicos al Estado por adquisiciones por encima de los controles previstos por ley, omisión de responsabilidades, etc. El tema terrorismo podía haber merecido alguna atención del Vice por sus antecedentes judiciales, pero los paso por alto.
¿Es sólo la soberbia de García Linera el problema? En muchas ocasiones la ha demostrado, sin empacho, como para dejar asentado “soy el mejor, el único, el intachable”; con expresiones amenazantes, sin misericordia, implacable y, también, equivocadas, como la reciente amenaza de cárcel a todos los promotores y organizadores de los referendos que son el antecedente jurídico para el reconocimiento constitucional de la Autonomía Departamental. No basta ser inteligente para demostrar sabiduría y ser buen gobierno, la humildad ayuda. Eso no parece reconocerlo el Vicepresidente. Sin embargo, debe haber pesado en su ánimo que el narcotráfico es la piedra en el zapato de los países del proyecto bolivariano. Se apunta a altas esferas y hasta se especula con similitudes al antecedente socialista antiimperialista del General Noriega quien a pesar del amenazante machete en mano terminó preso 27 años en EEUU y enfrenta otra condena en Francia. Es que, como en otras épocas los “contactos del tercer tipo”, la relación con el narcotráfico es un contacto peligroso, el Vice lo sabe. Es el momento, no es fácil, pero sí aconsejable, que bajen los tonos soberbios y todos se dediquen a gobernar, que es lo que el país y la región esperan.