El departamento de Justicia de Estados Unidos ha recurrido la ley del estado de Arizona que convierte en delito penal la inmigración ilegal y ha pedido al juez que suspenda de forma preliminar su entrada en vigor, prevista para el 29 de julio.
Los abogados del Gobierno han argumentado que la norma infringe la Constitución estadounidense al adjudicarse competencias en materia de inmigración que corresponden al Gobierno federal.
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