La “Ley 1008 contra el contrabando”

- Opinión

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La experiencia dejada por la Ley 1008 enseña que la dureza de una ley no necesariamente implica su éxito. Puede ocurrir todo lo contrario

Relacionado: Ley de modificaciones al Código Tributario y Ley General de Aduanas de Bolivia

Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: El difícil reto del diálogo

  2. Bajo el Penoco, El Día: El gran ejemplo

  3. Los Tiempos: LA “LEY 1008 CONTRA EL CONTRABANDO”

  4. El Deber: ‘Narcocaos’ en los cielos

  5. La Razón: Itamaraty

  6. Cambio: Un paro político

  7. La Prensa: Condiciones para invertir

  8. El Diario: Mensaje conciliador

  9. El Mundo: ¿Por dónde vamos?

  10. Opinión: El informe de Diputados sobre el caso Caranavi

  11. Clarín, Argentina: Trágico derrumbe en Villa Urquiza



El Día: El difícil reto del diálogo

El Gobierno todavía no ha llamado “separatistas” a los potosinos, pese  a que el grito federalista sigue propagándose por todo el departamento. No puede decirles “oligarcas” porque no entiende de humor negro. Tampoco los ha tildado de “terroristas”, ni ha imaginado alrededor de las protestas de Potosí un “alzamiento armado” o un intento de “magnicidio”.  Es raro que no hubiera ordenado el repliegue de la Policía como hizo en Sucre y en Cochabamba. Recurrir a Fidel Surco para sitiar la región como sucedió en Santa Cruz el 2008 sería una payasada a estas alturas y seguramente los milicianos que hacen lagartijas en el regimiento Manchego de Montero todavía no están en forma como para aventurar otro 11 de septiembre al estilo Pando.

Aunque parezca una caricatura, pero eso es lo que ha ocurrido en Bolivia en los últimos cinco años. Esa ha sido la forma del Gobierno del MAS de resolver los problemas y superar la crisis política, de alcanzar supuestamente el “punto de bifurcación”, de superar el “empate catastrófico”. Los intentos de diálogo han sido apenas artilugios mediáticos, poses y formas veladas de chantaje hacia los opositores. Más de medio centenar de muertos le ha costado al país este particular estilo de unos gobernantes que dicen ser la fiel encarnación del pueblo y de los movimientos sociales.

En realidad, el Gobierno no sabe dialogar, mejor dicho, no tiene esa palabra en su diccionario político. Ninguna de las leyes que ha aprobado, ni siquiera la Constitución Política del Estado han sido sometidas a debate y el término “consenso” es asumido como una señal de debilidad por un oficialismo que sólo pretende imponer, aplastar y doblegar, sin importar  que en la ruta quede llena de muertos. La Calancha, Huanuni, El Porvenir, Cochabamba, Caranavi, son todos ejemplos de una conducta política que ha comenzado a provocar hartazgo y el mejor ejemplo de aquello es Potosí.

Si bien, decíamos, el Gobierno no ha aplicado sus propios métodos, que en realidad forman parte de los manuales de los regímenes autocráticos, durante estas dos semanas ha repetido viejas consignas de los “odiosos gobiernos neoliberales”. “No negociamos bajo presión”. “El diálogo sólo se hace en La Paz”, “son unos cuantos los que protestan”. Sólo falta apelar a la Iglesia para que oficie de mediadora, factor que podría resultar improbable, aunque todos saben el papel que jugaron las sotanas en el rescate de los cadáveres de los cuatro policías que fueron linchados en Uncía.

Están por cumplirse quince días de paro general en Potosí. Escasean los alimentos, la gente está agobiada y hasta el gobernador masista le ruega al presidente Morales que se abra al diálogo. El Gobierno llama intransigentes a los potosinos, tremenda acusación para un pueblo que vive postergado desde hace un siglo, que es denominado “la cenicienta de Bolivia” y que por esos factores creyó como muchos en este país que “ahora es cuando”. Ahora es cuando, Presidente, ahora es cuando debe gobernar con democracia y diálogo, ahora es cuando debe resolver los problemas de los más pobres, ahora es cuando debe enfrentar la realidad de los que más sufren. Y.. “sin muertos”, como usted lo prometió.

El Gobierno del MAS no sabe dialogar. Hasta ahora ha resuelto los problemas políticos con trucos, acusaciones, cercos y represión.

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Bajo el Penoco, El Día: El gran ejemplo

Bolivia ha servido de ejemplo en los últimos años para ciertos países, aunque algunos se adelantaron a afirmar que simplemente el país estaba haciendo las veces de un conejillo de indias para experimentos muy raros. Ese fue el caso del concepto de “Plurinacional” que fue tomado por los ecuatorianos y que ha fracasado casi en simultáneo. Mientras que en Bolivia se decía que los indígenas del oriente eran manejados por Usaid, en Ecuador, Rafael Correa se lamentaba que “algunos gringuitos” manipulan a los originarios de su país. Todo se originó en la “ejemplar” figura creada por la Constitución boliviana, consistente en consultar a los indígenas sobre proyectos extractivos en sus territorios. En Perú quisieron imitarlo y la cosa terminó en una matanza y en Ecuador existe una pugna que ha llevado al primer mandatario a tildar de “fundamentalistas” a los indígenas por intentar que se cumpla la famosa consulta. El hecho es que Correa ha vuelto a poner de ejemplo a Bolivia, pero al revés. Esta vez los ha invitado a copiar lo abiertos y flexibles que se han vuelto los bolivianos con las petroleras y las compañías mineras.

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Los Tiempos: LA “LEY 1008 CONTRA EL CONTRABANDO”

La experiencia dejada por la Ley 1008 enseña que la dureza de una ley no necesariamente implica su éxito. Puede ocurrir todo lo contrario

La aprobación de la Ley Modificatoria de la Ley General de Aduanas y el Código Tributario, luego de herméticas sesiones de las cámaras legislativas y en medio de furiosas manifestaciones de protestas protagonizadas por quienes se sienten afectados por la nueva disposición legal, ha dado lugar a múltiples reacciones, análisis e interpretaciones. Y aunque la ley ya fue promulgada -en un acto en el que no estuvo presente el presidente Evo Morales, lo que no deja de ser muy significativo- todo parece indicar que el asunto no ha quedado zanjado.

Al contrario, por lo complejo que es el tema, lo grande que es el número de personas afectadas directa o indirectamente y por las consecuencias económicas, políticas y sociales que la nueva ley traerá consigo, todo parece indicar que será un tema digno de atención durante mucho tiempo.

Los previsibles efectos de esta ley, entre los que están las polémicas doctrinales y los enfrentamientos físicos entre quienes intentarán imponerla y quienes tratarán de evitarla, pueden compararse a los que en su momento tuvo la famosa Ley 1008 de lucha contra el narcotráfico, figura a la que las mismas autoridades gubernamentales recurrieron cuando la pusieron en manos de los legisladores para que procedan a su aprobación. "La Ley 1008 para el Contrabando", la denominaron, y no sin razón.

En efecto, son muchas las similitudes que hay entre una y otra ley. La permanente actualidad que la Ley 1008 conserva más de 20 años después de haber sido promulgada, las severas críticas que todavía se suelen hacer a sus fundamentos doctrinales, la rigidez con que fue aplicada por todos los Gobiernos -incluido el actual, que nunca puso en tela de duda su vigencia- son algunas de las características que probablemente inspiraron a los autores de la ley contra el contrabando para usarla como punto de referencia.

Se puede suponer también que las actuales autoridades, al recurrir a la Ley 1008 como fuente de su inspiración, tenían en mente su rigor, su aspecto "draconiano", y no los resultados que arrojó tras dos décadas de aplicación. Es que de haberlo hecho, habrían notado que lejos de ser un modelo digno de ser emulado por su eficiencia, la ley de lucha contra el narcotráfico es todo lo contrario. Es, como lo evidencia la actualidad noticiosa de todos los días, la máxima expresión del fracaso pues el narcotráfico no ha sido erradicado; más bien, ha crecido. Es decir, en los hechos, de nada sirvió aquello de "dura lex, sed lex".

Que eso haya ocurrido no es un pequeño detalle. Es, más bien, la más elocuente comprobación de que la eficiencia de una ley para alcanzar los objetivos que se propone no necesariamente tiene relación con su rigor, sino con la capacidad de las instituciones del Estado, y de la sociedad en su conjunto, para hacerla cumplir. Cuando las instituciones son frágiles, como en nuestro caso, no es difícil prever que el efecto más probable de una ley dura será la multiplicación de la corrupción, el abarrotamiento de las cárceles de las personas más débiles de la sociedad, entre otros efectos no deseados, pero no la solución del problema que se pretende atacar, en este caso el contrabando, como ocurrió y ocurre con el narcotráfico.

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El Deber: ‘Narcocaos’ en los cielos

Mientras el Presidente del Estado Plurinacional va y viene en su costosa ‘herramienta de trabajo volante’, las Fuerzas Armadas están ocupadas en entrenar militarmente a civiles dizque para ‘contingencias nacionales y la defensa de la patria’ y la Policía se ve con frecuencia en figurillas para encarar la lucha contra el mal, el narcotráfico sigue fortaleciéndose y dando muestras de su arrollador avance en Bolivia. Es así que el espacio aéreo nacional parece haberse convertido en el último tiempo en la ruta alternativa y preferencial de los ‘narcos’ para transportar, por dentro y más allá de las fronteras de la patria, la droga que llega de paso o que se produce en cantidades industriales en el país, donde la elaboración y el tráfico de cocaína se han convertido para mucha gente en una creciente y muy lucrativa ‘actividad productiva’. Se dice que hoy en día el narcotráfico en Bolivia supera en sus registros y efectos el auge alcanzado en la década de los 80 del siglo pasado, al que solamente puso freno la muerte del destacado científico Noel Kempff Mercado a manos de sicarios. Entonces eran conocidos y contados los ‘peces gordos’. Ahora, por la ‘democratización’ y expansión del ilícito negocio ya puede hablarse de un cardumen…

Casi no pasa día sin que en el departamento de Santa Cruz -convertido en epicentro del narcotráfico- se descubra una moderna factoría en plena producción o toneladas de la droga listas para su comercialización, tal como se registró el pasado fin de semana cuando las fuerzas especiales se incautaron de cerca de mil kilos de cocaína.

Pero acaso lo más novedoso del ‘narcoauge’ que se registra por estos tiempos y que acaba de reconocer el propio Gobierno central, sea el medio de transporte que están empleando los narcos. La vía aérea parece haberse convertido en la mejor, más rápida y más segura opción para transportar la mercancía de un punto a otro, utilizando en la mayoría de los casos pistas clandestinas habilitadas en el vasto territorio departamental.

En menos de dos semanas, fue reportada en Santa Cruz la caída de tres avionetas. Una de ellas, con uso para tareas de fumigación, incluso había sido reacondicionada para cargar la droga en un depósito adicional al del combustible. Una oportuna acción antidroga hizo abortar la operación y permitió la captura del piloto de la nave y de sus ayudantes, además de la incautación de una importante carga de cocaína. En los días precedentes, otra pequeña aeronave de supuesta matrícula brasileña y que aparentemente tuvo que efectuar un aterrizaje forzoso cuando debía recoger un alijo de droga, fue incinerada junto a un cañaveral del norte cruceño, buscándose eliminar todo indicio que contribuyera a identificar su ‘plan de vuelo’ y a sus tripulantes.

Ante los recientes episodios, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ha admitido sus ‘debilidades’ para vigilar el espacio aéreo, tarea imposible de cumplir sin el material de vuelo necesario y el apoyo de un sistema de radares que permita controlar con mayor eficacia el tráfico aéreo civil que, particularmente, se ha incrementado de modo considerable en los últimos años, según los datos oficiales.

Sin aviones ni radares para tareas de vigilancia y seguimiento, es posible concluir que el desprotegido espacio aéreo de Bolivia es un auténtico caos que aprovecha el narcotráfico para levantar vuelo y que la lucha contra aquel flagelo está en una más que evidente desventaja, tomando en cuenta las enormes limitaciones de las fuerzas encargadas de combatirlo.

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La Razón: Itamaraty

Brasil debe saber que, para promover sus valores, los mejores aliados son sus vecinos

Con el desarrollo de una diplomacia presidencial, la presencia internacional de Brasil, no obstante la experiencia de Itamaraty, ha estado ligada más a las políticas e imágenes de los dos últimos mandatarios, particularmente del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, quien ha intentado incorporar a su país en el concierto de las naciones como una nueva potencia del sur emergente.

El secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, formalizó, no sin fundamentos, en la década de los 70, el criterio de que Brasil debería ejercer alguna tuición sobre los países de América Latina. Sin embargo, han surgido críticas a la política exterior brasileña al incorporar a sus intereses los asuntos de otras regiones. Así por ejemplo, el columnista Andrés Oppenheimer sostuvo que Brasil tuvo un lamentable “traspié” con el programa nuclear de Irán, involucrándose luego en el conflicto palestino-israelí y dejando a un lado la mediación en disputas que están mucho más cerca, en Latinoamérica.

En la misma dirección, el ex canciller mexicano Jorge Castañeda afirmó crudamente que “los fracasos acumulados por Lula da Silva en su política externa no son equivalentes a sus éxitos en el ámbito interno. Brasil se abstuvo de ejercer su liderazgo en temas sudamericanos y, en cambio, dedicó la mayor parte de sus esfuerzos a convertir a su país en un actor de peso en el escenario de los grandes temas internacionales. No consiguió obtener un lugar permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y trató de priorizar la Ronda Doha (de la OMC);  pretendió un acuerdo sobre cambio climático en Copenhague y no lo alcanzó”. Finalmente, expresó Castañeda que “en los conflictos cercanos como los de Uruguay y Argentina, de Colombia y Venezuela, de Perú y Chile, de Colombia y Nicaragua, de Chile y Bolivia, Brasil no ejerció liderazgo alguno”.

El lugar donde Brasilia más se preocupó por emplear una política de no intromisión es justamente en esta región. “Despegar” de América del Sur y de sus naciones inconsistentes e inestables ha sido un objetivo tan ansiado como mal disfrazado a lo largo de los últimos años.

Los cuestionamientos se dan también en el ámbito interno. El ex canciller Celso Lafer opina que la política exterior de Lula no identificó correctamente las prioridades nacionales en el plano internacional, ignoró los valores tradicionales y debilitó por consiguiente el legado histórico que labró Itamaraty.
Brasil debe saber que para promover sus valores y objetivos, los mejores aliados son los vecinos inmediatos.

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Cambio: Un paro político

Transcurridos 14 días del paro indefinido que lleva adelante el Comité Cívico Potosinista (Concipo), que afecta de manera dramática a esa capital y a cientos de inocentes pasajeros varados en los caminos y turistas nacionales y extranjeros que sufren sus consecuencias, no queda margen de duda de que esa extrema medida tiene un alto grado de componente político, porque sólo así se explica que a minutos de instalar la mesa de negociación —la noche del miércoles en Sucre—, dirigentes radicalizados hayan impedido por la fuerza la apertura de ese espacio democrático para la búsqueda de soluciones al conflicto.

Pero, ¿cuáles son las demandas de la dirigencia cívica potosina que precipitaron el paro indefinido en ese departamento?

Éstas se centran en seis puntos: la definición de límites interdepartamentales con Oruro en el sector de Coroma, infraestructura vial, un aeropuerto internacional, la conservación del Cerro Rico, un polimetalúrgico y la instalación de una fábrica de cemento en la región en disputa.

Es que el camino de la presión para obligar una solución a un problema que data de hace decenas de años —en el caso del problema limítrofe potosino-orureño— no es el correcto, porque sólo profundiza el conflicto, alimenta intereses políticos subalternos e incuba posiciones que orillan la legalidad, cuando algunos dirigentes violan los derechos constitucionales de quienes dicen representar al impedir que instalen una mesa de diálogo para buscar una salida al problema que comentamos.

En este contexto, las voces para que las demandas regionales potosinas se analicen en una mesa de negociación se multiplican y todas apuntan a que los radicales comprendan que todas las demandas sociales, económicas y regionales —en el marco del sistema de derecho que vive Bolivia— no pueden ser atendidas si existen presiones de por medio.

Así se pronunciaron hasta ayer instituciones tan respetables como el Defensor del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Asociación de Mártires por la Liberación Nacional, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y la Fundación UNIR, que invocaron la paz y ofrecieron mediar en el conflicto desatado por la dirigencia cívica de Potosí.

El Alto Comisionado de la ONU considera que el "bloqueo y las otras medidas de protesta que duran desde hace trece días, están causando graves y masivas violaciones de los derechos humanos, de las que están siendo víctimas amplios sectores de la población potosina. En particular se han visto seriamente perjudicados el derecho a la libre movilización, a la salud, a la educación, además de los derechos económicos y sociales de los grupos más vulnerables. Además, niños y niñas han sido utilizados en la protesta en abierta violación de la Convención de los Derechos del Niño". Por eso, el Alto Comisionado de la ONU exhorta a los dirigentes cívicos de Potosí y a las autoridades del Gobierno nacional a propiciar una solución negociada al conflicto y demanda a los medios de comunicación coadyuvar en los esfuerzos para instalar el diálogo.

No obstante —hasta el cierre de este espacio de opinión—, los dirigentes cívicos de Potosí no habían decidido llevar sus demandas regionales a una mesa de negociación, por los caminos que nos señala la Constitución y la democracia, mucho más si ésta dictó su veredicto inapelable por el proceso de cambio en las elecciones de diciembre de 2009, comicios en los que el respaldo del pueblo potosino fue tan contundente como comprometido.

Es en este sentido que el Gobierno nacional convocó en al menos seis oportunidades a los dirigentes de Concipo para instalar una mesa de negociación en la que expongan sus reivindicaciones regionales y asuman responsablemente la representación del pueblo potosino. No obstante, la respuesta a la invitación  gubernamental es una medida de presión que viola los derechos constitucionales de su propio pueblo, desprecia los mecanismos de la democracia para superar los conflictos y no da margen a la instalación de las negociaciones que reclama el pueblo potosino.

"Ya no tenemos más qué comer y no podemos salir ni volver", señala un hombre que mira hacia ambos lados de la ruta cortada en un intento por corroborar lo que acaba de declarar a una radio de La Paz, vía teléfono celular.

Un reporte de la agencia ABI indica que "hay mucha gente crispada en el camino noroeste que comunica Betanzos con Potosí, aislado del resto de Bolivia por un corte de rutas y un paro cívico que deja medio millón de dólares de pérdidas al día y que ha convertido a esa mítica ciudad andina, mundialmente famosa por su Cerro Rico, en una prisión para 40 turistas extranjeros".

Éste es sólo uno de cientos de dramáticos testimonios que no logran humanizar un conflicto llevado al extremo de la intolerancia y la irracionalidad por dirigentes  políticos vinculados a partidos opositores sucesivamente derrotados en las urnas durante los últimos cinco años, y la situación no es mejor en la ciudad de Potosí. Ya no hay alimentos en los centros de abasto y el dinero ha perdido su principal valor de intercambio.

Sin embargo, nada conmueve a una dirigencia con claros objetivos políticos. Según el Gobierno, Gonzalo Barrientos, Amílcar Barral, Marco Antonio Villa y Guido Romay son los operadores de la desestabilización del diálogo.

Por eso, y si aún les queda un espacio para defender los verdaderos intereses regionales que movilizan a miles de personas, es imprescindible que los cívicos potosinos se despojen de sus compromisos políticos, asuman la representación de un noble pueblo que exige una solución negociada a sus demandas, en el marco de la democracia y los intereses comunes de los bolivianos, y acudan al diálogo.

Es necesario que los cívicos potosinos se despojen de sus compromisos políticos, asuman la representación de un noble pueblo, busquen la solución a sus demandas en el marco de la democracia y de todos los bolivianos, y acudan al diálogo.

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La Prensa: Condiciones para invertir

Por el momento, el Gobierno dio a las empresas petroleras garantías de que los pueblos originarios no van a ser un obstáculo para sus operaciones.

En su discurso del 6 de agosto, el Jefe de Estado nombró, una por una, a todas las organizaciones empresariales de Santa Cruz y las alentó a avanzar en sus proyectos de expansión de sus actividades, concretando la etapa de la ?reconciliación? nacional.

El gesto presidencial podría ser la luz al final del oscuro túnel que estaban atravesando las inversiones debido a las condiciones adversas creadas por la tensión política de casi toda la década.

Lo que corresponde ahora es que el Gobierno traduzca los ofrecimientos de su discurso en leyes y normas que sean capaces de crear la confianza que hace falta para que el ahorro interno y el externo se conviertan en inversiones en el país. La tasa actual de inversión en Bolivia es la más baja de América Latina al situarse en sólo un 16% del PIB, frente al 26% del promedio regional.

Esa realidad ha llegado a conocimiento del presidente Morales, pues definió la baja inversión como una de las fallas de su gestión, junto con el descontrol del narcotráfico y del contrabando.

Cada vez que se hace alusión al elevado ahorro interno que se da en el país, surge la pregunta de por qué los bolivianos no invierten esos recursos en actividades productivas y dejan de pensar sólo en la compra y construcción de viviendas.

Para que la invitación del Presidente llegue al corazón ?y a los bolsillos? de los ahorristas nacionales e inversionistas extranjeros, están haciendo falta señales más precisas.

Se ha revelado, de parte del embajador de un país extranjero, que el Gobierno boliviano prepara una nueva ley de inversiones. Esa será la oportunidad para dibujar el nuevo rostro de Bolivia, un rostro que sea capaz de seducir a los inversionistas.

Por el momento, lo que ha hecho el Gobierno es dar a las empresas petroleras la garantía de que los pueblos originarios de las tierras bajas no van a ser un obstáculo para sus operaciones. Ahora está haciendo falta un mensaje similar para las empresas que quisieran invertir en actividades mineras en el occidente del país, donde los pueblos originarios han creado un clima de inseguridad mediante la toma violenta de explotaciones mineras, como lo sucedido en Potosí, donde un grupo de comunarios tomó los predios de la planta que provee de energía eléctrica a la mina San Cristóbal advirtiendo que apagarán los generadores para interrumpir la actividad extractiva de la región.

Del mismo modo, habrá que dar señales de confianza a quienes quisieran invertir en el campo de la agricultura después de los temores creados por las amenazas a la propiedad de la tierra.

Por último, será preciso que el Gobierno cambie radicalmente su actitud en relación con la necesaria apertura de mercados extranjeros para la producción industrial boliviana, luego de haberse negado a llegar a acuerdos en ese sentido con Estados Unidos y la Unión Europea.

Por el momento, la invitación hecha por el Primer Mandatario es una señal positiva. Sus asesores, los que integran el gabinete de ministros y la Asamblea Legislativa, deberían ser capaces de convertir esa buena voluntad en leyes y normas que viabilicen estas declaradas buenas intenciones.

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El Diario: Mensaje conciliador

El mensaje del Presidente, con motivo del aniversario patrio, tuvo la virtud de ser conciliador. El Primer Mandatario, contrariamente a lo ocurrido en años pasados, fue bastante conciliador y convergente a situaciones de unidad y entendimiento entre todos los bolivianos; además, el hecho de estar acompañado de un reconocimiento de las debilidades del régimen, muestra que, esta vez, cabrían las esperanzas para un cambio real en quienes gobiernan a Bolivia.

Desde que asumió el mandato de la nación, el Presidente, el Vicepresidente y el partido político MAS han demostrado espíritus belicosos contra todos los que ellos consideraban sus enemigos o contrarios, a más de tachárselos con una serie de epítetos porque seguramente no cabía en su mentalidad el derecho de discrepar, de expresar los propios pensamientos y sentimientos; en otras palabras, parecería que han asumido el poder con el aditamento de ser dueños del país y que la comunidad nacional, en sus diversas formas de sentir, perdió el derecho a todo.

El reconocer debilidades y anunciar un propósito de unidad es digno de reconocimiento; pero el anuncio fue en un ambiente caldeado por las protestas, las manifestaciones, los reproches al régimen, exigencias de toda laya. Esas expresiones caen en una población que ha perdido mucho de la confianza que tenía en el régimen -al margen de los que nunca confiaron y de grupos de oposición que se han conformado-. Dudas y desconfianzas basadas en el hecho de que muchas veces se han formulado promesas que jamás se cumplieron.

Con seguridad, hay que partir del principio de que ninguna crítica, por sana y constructiva que sea, es aceptada por el Presidente y su partido porque no hay ninguna confianza de que haya sinceridad y honestidad en quienes se expresan de cara a los hechos y realidades en que se vive. Por otro lado, la credibilidad en la palabra del Presidente ha caído estrepitosamente por todos los hechos negativos que han sucedido en más de cuatro años.

Si bien se reconoce que hubo errores, muy periféricamente se anotan las debilidades que son la falta de gestión, la carencia de inversión pública, el contrabando; pero extrañamente, no se hace alusión a la corrupción que ataca seriamente al régimen, y, menos, a la acción del narcotráfico que ha crecido mucho debido a la permisividad de las autoridades y al apoyo para más cultivos de coca que no tienen otro fin que el de proporcionar más materia prima a los fabricantes de cocaína que han proliferado en el territorio nacional.

El presidente Morales debe entender que sus promesas tienen que estar acompañadas de hechos ajustados a la realidad y urgencias del país; por otra parte, si él se decide por el cambio de la situación anterior a lo que será el futuro, corresponde que actúen el Vicepresidente, los ministros, el entorno y el partido MAS; en otras palabras, si no hay cambio en todas las esferas gubernamentales, todo quedará en simples palabras que engrosarán a la demagogia que ha sido característica del régimen.

Reconocer los errores, proponer evitarlos, tener la intención de corregir lo mal hecho y buscar caminos para las realizaciones, es digno de encomio y puede ser el principio para que el Gobierno gobierne, pero bajo parámetros de unidad, concordia, servicio, conciencia de país y la debida responsabilidad; de otro modo, el peligro es que todo lo malo ocurrido hasta ahora podría adquirir mayores proporciones con graves consecuencias. Será preciso que el Presidente y su entorno den seriedad a su reconocimiento de la realidad y actúen de consuno con lo que el país requiere; de otro modo, las esperanzas de mejores días habrán terminado, otra vez, en desilusiones.

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El Mundo: ¿Por dónde vamos?

En reiteradas oportunidades se ha mencionado el hecho de que el gobierno nacional se ocupa por repetir las acciones que ejecuta su par venezolano; posiblemente para mostrar que se cumple los compromisos asumidos en las varias reuniones en que decidieron encaminar sus pasos en la misma dirección, con el objetivo de implementar un socialismo de la post guerra mundial y que nada tiene que ver con la realidad del siglo XXI en el que nos encontramos.

Acabamos de escuchar la denuncia del gobierno peruano que indica que se estuviera preparando tropas de guerrilleros en territorio boliviano, para actuar en ese país, debemos recordar que desde hace varios años, el Perú ha tenido el asedio constante de los grupos de Sendero Luminoso y que a pesar de haber sido apresados y varios de sus cabecillas, el problema se mantiene.

Por otra parte, en alguna oportunidad se ha denunciado la presencia de personas pertenecientes a ese grupo trabajando como asesores del gobierno boliviano y el silencio ha sido una respuesta contundente, ya que es sabido que quien calla otorga.

Recordando que Chávez ha estado realizando una actividad similar en territorio venezolano, con las guerrillas de las FARC colombianas, podemos pensar que la denuncia tiene algo de cierto y que bien valdría la pena poner en evidencia la realidad, si ella no va de acuerdo con las acusaciones, para que no se repita la experiencia.

Por otra parte, se tiene evidencia, pues se ha visto imágenes en los medios de comunicación, de que se estuvieran preparando grupos civiles en el manejo de armas de guerra, no se sabe a ciencia cierta si es para atacar a los vecinos que no dejaría de ser una aventura absurda, o enviar tropas de refuerzo para que el ejército venezolano pueda cumplir sus planes anticolombianos.

En ese sentido sería interesante poner al tanto a los gobernantes de los avances que han tenido los acontecimientos en ese aspecto, ya que mientras el presidente Chávez intercambia abrazos con el sucesor de Álvaro Uribe sus émulos siguen en planes agresivos.

No quisiéramos pensar ni por casualidad que los preparativos están orientados a hacer que las fuerzas preparadas de esa manera tengan la misión de intervenir en conflictos internos, como el que se mantiene con el departamento de Potosí y que tiende a agravarse día a día, debido a la intransigencia, no sólo de los potosinos que por el abandono en que se encuentran, tienen cada día nuevos argumentos; sino también de parte del Gobierno que sugiere salidas que comprensiblemente nos son las más aceptables.

La posibilidad de que los dirigentes potosinos se trasladen a la sede de gobierno o a otro lugar, ha sido vista como la intención de detenerlos y ponerlos a buen recaudo, como ha pasado con otros dirigentes, en otros lugares del país y con razón lo desean correr el mismo riesgo.

Por otra parte, los negociadores que el Gobierno considera los más idóneos, han demostrado no ser tales, por actuar con soberbia frente a un grupo de personas dispuesto a hacer escuchar su voz, para resolver problemas que datan de mucho tiempo.

El resto en dilatar los acontecimientos, en este caso sucede que a medida que avance la situación, irán saliendo a la mesa de la discusión nuevos problemas y los ánimos estarán más exaltados, por el deterioro de la salud de los huelguistas y aun el fallecimiento de otras personas, como los que ya se han producido y que se suman a un total que dice mal de un gobierno que asegura actuar en favor de los necesitados y los más pobres.

En este día en que las Organización de las Naciones Unidas ha decidido rendir homenaje a la juventud, bien vale la pena demostrar que el ejemplo que se desea dejar para el futuro, dista mucho de lo que lamentablemente estamos viendo.

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Opinión: El informe de Diputados sobre el caso Caranavi

El informe final de la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados que está controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) respecto a los luctuosos sucesos de Caranavi, ha liberado de culpa y de responsabilidad al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti y al comandante general de la Policía, Óscar Nina.

En el mes de mayo pasado en Caranavi se registró una situación de violencia extrema a partir del bloqueo de caminos de los pobladores que pedían la instalación de una planta procesadora de cítricos, situación que estalló varios días antes de la intervención policial, lo cual en su momento fue calificado como un acto de negligencia e insensibilidad del Gobierno para atender un problema que podía derivar precisamente en los enfrentamientos que se dieron entre policías y pobladores. El saldo de la intervención policial fue de dos jóvenes que murieron por impacto de bala y 20 personas heridas.

El informe de la comisión de Diputados a tiempo de rechazar las acusaciones y responsabilidades sobre el ministro de Gobierno y el comandante de la Policía, responsabiliza de lo sucedido a los sectores sociales y a los medios de comunicación social por haber incitado a la violencia, y asegura que los ministros hicieron todo lo necesario hasta el final para buscar el diálogo.

En líneas generales ninguna autoridad gubernamental tuvo culpa de lo acontecido en la localidad de Caranavi, ni siquiera la mínima responsabilidad por no haber actuado oportunamente los primeros días del conflicto, cuando todos conocen que el problema fue dilatado en las soluciones de pacificación, posiblemente en aquel mal entendido concepto de que se tiene que debilitar primero los movimientos de protesta y de acciones que derivan en bloqueos de caminos y de otras medidas extremas, para luego recién tomar atención en el problema.

Lo que se repite en estas situaciones, donde sobreviene la violencia y la muerte de bolivianos y de otros tantos heridos que luego sobrellevan las consecuencias física y mentales de los hechos, es que las investigaciones en niveles parlamentarios siempre dejan un sabor amargo por la enorme duda sobre la imparcialidad con la que actuaron los diputados. Es una repetición de antes, una especie de calco cuando en los gobiernos que son denominados neoliberales, las comisiones manejadas por la mayoría del partido oficialista o de los acuerdos congresales, siempre dejaban sin pena ni culpa a los ministros o altas autoridades comprometidas con matanzas o hechos de violencia.

En situaciones como las comentadas nunca hay culpables de los muertos y de los heridos, jamás se sabe si las autoridades actúan por cumplir primero estrategias de acción gubernamental ante conflictos sociales, o sencillamente no intervienen por negligencia o incapacidad de resolver los problemas. Por ello mismo, los muertos en conflictos sociales, los de antes como los actuales, parecería que no interesan mucho y que se trata al final de los conflictos en estadísticas que se añaden a otras y que siguen inscribiéndose en la historia de tragedia y de luto que envuelve a Bolivia desde hace muchos años, y que ahora, no parece cambiar.

En el caso de Caranavi, el informe de los asambleístas que han investigado el caso, no señala ningún vestigio de responsabilidad contra los ministros. Es decir, el informe lo que sostiene al final es que los ministros y el comandante policial actuaron de manera impecable e irreprochable. Los que pecaron son los pobladores y de paso los medios de comunicación social, culpables de las muertes y de los heridos.

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Clarín, Argentina: Trágico derrumbe en Villa Urquiza

El derrumbe de un gimnasio en Villa Urquiza, que ha causado tres muertes, ha puesto en evidencia, como ha sucedido en numerosas ocasiones, una grave falta de pericia o descuido en los responsables de la obra. Estas conductas plantean la necesidad de reforzar los controles sobre las construcciones.

El derrumbe de las instalaciones ha estado ligado a una obra nueva, la cual había sido denunciada por el gremio de la UOCRA, que habría detectado irregularidades y motivado quejas de los vecinos.

Situaciones similares se produjeron en la ya extensa nómina de derrumbes que afectaron a la Ciudad en los últimos años, entre los cuales hay varios casos de caídas de medianeras y losas por obras nuevas.

Esto muestra la necesidad de mejorar los controles de las edificaciones, en especial en las zonas donde se concentra la mayor cantidad de construcciones.

El caso de Villa Urquiza es significativo porque sólo es superado por Palermo en cantidad de metros cuadrados autorizados a edificar durante 2009.

También es necesario mejorar los dispositivos de intervención en catástrofes. La actuación de bomberos y policías, por su parte, debe ser bien planificada para que no se pierda tiempo y se eviten improvisaciones y desaciertos. Además de fortalecer la coordinación, se debe disponer con inmediatez del equipamiento adecuado.

Después de la tragedia de Cromañón, las fallas en los controles e inspecciones del Gobierno de la Ciudad han pasado a tener una gravedad mayor.

El caso de Villa Urquiza requiere una investigación para determinar las responsabilidades del momento y para contar con los elementos necesarios para rediseñar los sistemas de control, con el objeto de prevenir irresponsabilidades y evitar que las construcciones sean una fuente de molestias y un peligro para la vida.

El derrumbe de Villa Urquiza pone de manifiesto la impericia o falta de cuidado de los constructores como la necesidad de mejorar los controles de obras.

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