Índice de los Editoriales de Periódicos
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El Día: Amores y odios
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Bajo el Penoco, El Día: Las otras autonomías
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Los Tiempos: POTOSÍ EXIGE UNA PRONTA SOLUCIÓN
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El Deber: Catástrofe y veda
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La Razón: Arizona y apartheid
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Cambio: Ley anticontrabando
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La Prensa: Catástrofe y veda
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El Diario: Incoherencias frente a los conflictos
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El Mundo: Sana sana
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Opinión: La huelga de Potosí y los efectos para la gente
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Clarín, Argentina: Respaldo regional por Malvinas
El Día: Amores y odios
El cariño de Evo Morales por Santa Cruz no le alcanzó ni siquiera para desfilar junto a las autoridades y líderes cruceños el 6 de agosto. El discurso del Presidente hubiera sido más creíble el pasado viernes, si por lo menos hubiera participado en el Tedeum celebrado en la Catedral. Pero cuando él habla de afecto, con seguridad, la reciprocidad no figura en sus intenciones. Pretende hacerse querer y que lo acepten, pese a que su régimen no tiene previsto abandonar la hostilidad que ha expresado durante casi cinco años contra las regiones y los sectores que piensan distinto.
¿Discurso improvisado? ¿Sólo palabras? Los hechos siguen demostrando que el MAS no busca la reconciliación, pese a que la gran mayoría de los opositores ha bajado la guardia y se observan gestos de sumisión por doquier. Las figuras de campesinos ensayando tiros de fusil en un cuartel militar del norte cruceño no hacen más que confirmar que la pacificación no está en los planes del oficialismo y que, cuando menos, se buscará usando el miedo como forma de Gobierno.
El presidente Morales habla de “integración”, pero todos sabemos qué significa para él esa palabra. “O estás conmigo o están contra mí”, es la idea fuerza con la que ha conducido la política estos años. “Yo no voy a trabajar con gobernadores de la oposición”, dijo antes de las elecciones regionales y municipales del 4 de abril, promesa que ha cumplido no sólo ayudando a desestabilizar a los gobiernos locales, sino que ya son numerosos los alcaldes que han tenido que dejar sus cargos por la acción de fiscales y jueces convertidos en inquisidores del régimen. En ese contexto, “integración” sólo puede ser entendida como sometimiento y rendición ante la amenaza de aniquilamiento no sólo político, sino también económico y cultural. Obligar a Santa Cruz a arriar sus banderas es algo inadmisible, pero que aún así, puede ser entendido por ciertos ingenuos como una demostración de tolerancia de algunos sectores cruceños que tal vez aguardan ser correspondidos o al menos recompensados con la misericordia.
Por último, los cruceños no tienen por qué sobreactuar con nadie. Esta tierra ha sido generosa con el resto de los bolivianos y tiene calor humano de sobra para repartir a cualquiera que se acerque con la mano abierta. Que lo digan las decenas de miles de paceños, potosinos, orureños, cochabambinos y chuquisaqueños que han conseguido prosperidad en Santa Cruz. Ellos son los mejores testigos de los sentimientos que albergan estas llanuras.
En este momento, lo pertinente ya no es hablar de amores y odios, sino de conveniencia. ¿Qué le ofrece el señor Morales a Santa Cruz? Como nunca antes, durante los años de la administración del MAS, el aparato productivo cruceño ha sufrido duros golpes que amenazan su competitividad. La inseguridad jurídica, la toma de tierras, las prohibiciones de exportación de los derivados de la soya, maíz, carne, azúcar, etc., han sido acciones ruines sobre la principal matriz productiva del oriente boliviano. Y en lo político ¿qué? ¿Se va a terminar la persecución? ¿Van a respetar a las autoridades elegidas por el voto popular? Esas son las condiciones indispensables para llegar a la conclusión de que lo del viernes no fue una simple zalamería.
¿Hablar de amor y odios? Ya todo está dicho. Es mejor hablar de conveniencia. ¿Qué planes tiene el MAS con Santa Cruz? ¿Qué le ofrece?
Bajo el Penoco, El Día: Las otras autonomías
Los campesinos y dirigentes de los ayllus del norte de Potosí están atrasados de noticias. El décimo departamento boliviano ya fue creado en el Chaco tarijeño y se lo hizo para quitarle los recursos del gas a la Gobernación de Tarija. Si lo desean, tendrán que conformarse con el décimo primero y, así como los chaqueños se especializan en gas ellos podrían dedicarse al contrabando, idea que ya fue aprobada por los líderes indígenas de la zona. Esta nueva propuesta surge a raíz de los gritos de federalismo que se han estado escuchando entre los potosinos descontentos con el Gobierno. Los “oficialistas”, entre los que no figura ni siquiera el gobernador masista, elegido con el 80 por ciento de los votos, pretenden recurrir a la otra forma de autodeterminación que ha estado aplicando de facto el MAS, la que no necesita constitución ni ley marco. Se trata de la autonomía de los chapareños, la de las narcocomunidades de Cochabamba, la de Caranavi y Uncía, hecho que demuestra que ya sea por derecho o por revés, en todos los rincones del país está saltando la liebre autonomista.
Los Tiempos: POTOSÍ EXIGE UNA PRONTA SOLUCIÓN
El Gobierno está ante una grave responsabilidad política. El no asumirla puede tener graves consecuencias para Potosí y todo el país
Exceptuando el tema del diferendo limítrofe con Oruro, las demandas planteadas por el pueblo potosino al Órgano Ejecutivo no parecen ser desmedidas, como lo es, desde cualquier enfoque, la actitud asumida por las autoridades del Gobierno para conducir su tratamiento. Esta actitud gubernamental ha ocasionado que el movimiento cívico-popular de Potosí se radicalice y hay un serio temor por que la posición irreductible de autoridades y pobladores pueda desencadenar escenarios de violencia.
A lo anterior se debe agregar que residentes potosinos radicados en otras latitudes se van sumando a la movilización generando, por tanto, polos de conflictos en varios departamentos del país.
En ese contexto, hay que extremar esfuerzos para abrir espacios de diálogo, más aún si Potosí ha sido un departamento que sostenidamente ha respaldado al Presidente y su proyecto desde que en 2005 ganara las elecciones generales, más allá de cómo haya sido el comportamiento de las nuevas autoridades respecto al departamento. Con la justificada excepción de la elección municipal del pasado mes de abril -en la que triunfó René Joaquino y al que desde el Gobierno se intenta defenestrar utilizando las armas más innobles- el Presidente y el MAS han ganado todos los eventos electorales que se han realizado en los últimos tiempos.
Es probablemente por esta razón que la población potosina se encuentra, además de frustrada, desorientada, pues no se puede explicar fácilmente las razones por las que el Gobierno se ha mostrado tan displicente y soberbio en el tratamiento de sus demandas. Incluso las convocatorias al diálogo hechas por algunos ministros han caído en saco roto porque éstas han ido acompañadas de condiciones que, hasta muy poco tiempo, eran duramente criticadas por los mismos actores. Es decir, en los variados conflictos entre el Gobierno central y los movimientos regionales y sociales que hubo en la historia contemporánea, los sucesivos Gobiernos de turno exigían, como condición sine qua non para negociar, que se suspendan las medidas de presión, actitud que los entonces dirigentes de esos movimientos -y hoy autoridades del Órgano Ejecutivo- criticaban por ser una muestra de insensibilidad e indiferencia hacia los movilizados.
Hoy, ya en el ejercicio del poder, conminan con la misma exigencia a sus ex compañeros de ruta y eso, como es fácil colegir, no es entendido por una población que parece estar ya cansada de tanta retórica y poca eficiencia en la gestión pública; que privilegia los enfrentamientos antes que la búsqueda de soluciones y que parece que se encuentra incapacitada para atender la buena marcha del Estado.
Reflexionando sobre estos antecedentes es necesario, para frenar la escalada de violencia que se va configurando, que sea el propio presidente de la República quien tome a su cargo el tratamiento de este conflicto. Todo indica que ya no es posible dejar pasar el tiempo, sino que urge encontrar los mecanismos que permitan desarmar los espíritus y encontrar voluntad política para debatir la forma en que pueden resolverse las demandas potosinas.
Se trata de una grave responsabilidad política que no asumirla puede tener graves consecuencias para la región y el país.
El Deber: Catástrofe y veda
El mayor desastre natural ocurrido en la región del oriente boliviano comprendida entre Santa Cruz y Beni tiene adquirida la magnitud de una catástrofe ambiental. En cerca de medio siglo, no se había registrado en la zona semejante calamidad reflejada en una gigantesca e insospechada mortandad de peces, tortugas, lagartos y otras especies como consecuencia de la ola de frío polar que ingresó desde el sur del continente en los días precedentes. El descenso de la temperatura y el bajo nivel de las aguas en ríos y lagunas de ambos departamentos fueron los factores desencadenantes del fenómeno que puso a tope vastos sectores de los cauces con los restos de animales que no pudieron sobrevivir al enfriamiento de su hábitat.
Las dantescas imágenes recogidas por diferentes medios de comunicación dieron cuenta cabal del terrible suceso que, de acuerdo con los informes divulgados, habría ocasionado la muerte de seis millones de peces en los ríos Grande, Piraí e Ichilo en una extensión de aproximadamente 300 kilómetros.
La putrefacción por causa de la mortandad, además de olores insoportables, trajo aparejada la contaminación de las aguas que son de consumo de las poblaciones ribereñas, adonde se dispuso el envío de plantas potabilizadoras del líquido vital y de brigadas médicas para controlar eventuales problemas sanitarios y de salud, aunque ya se conocieron algunos reportes sobre casos de diarreas y otras afecciones gastrointestinales registradas especialmente entre la población infantil.
La falta de recursos económicos y técnicos para retirar cuanto antes los restos de los peces muertos es otro de los problemas emergentes del desastre mientras que las comunidades afectadas, al no poder seguir contando temporalmente al menos con la pesca como su fuente alimenticia, la están buscando en la caza de animales silvestres, situación que pone en riesgo de exterminio a otras varias especies de la fauna.
Ante el desastre y mientras se espera que el Gobierno central acelere sus evaluaciones y decida el tipo de acción a tomar, la Gobernación de Santa Cruz ha declarado ‘alerta naranja’ y anunció una pausa ecológica, con veda en la pesca y la caza, para permitir la recuperación natural de la biodiversidad que en la región ha resultado prácticamente devastada. Incluso, autoridades provinciales solicitaron a sus pares departamentales que dicha veda sea declarada por los próximos dos años.
Entre otras medidas, es necesario implementar una intensa campaña de concienciación sobre lo que puede suceder con la riqueza piscícola del oriente, si dicha pausa no es observada rigurosamente. En este acápite es necesario poner el mayor énfasis por cuanto inescrupulosos e insensibles pescadores y cazadores suelen transgredir toda disposición orientada a reparar daño colosal como el lamentablemente ocurrido en nuestros ríos. Sobre ellos debe ejercitarse el mayor control posible y recaer las más duras sanciones.
La Razón: Arizona y apartheid
El rechazo a la ley, tanto de Morales como de Obama, puede ser un punto de unión
Severa, como la referida ley, fue la misiva de Morales a Obama. En ella, le expresa sin reparos que “no puede permitir que el racismo se mantenga en su país” y lo exhorta a evitar que retornen a EEUU “los oscuros días de persecución por el color de la piel y el origen racial”.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, criticó por su parte, en su momento, la “discriminación contra la población latina, migrante y no migrante”, que depara la aprobación de esta legislación.
En verdad que los parlamentarios de Arizona, al votar a favor de esta ley, pasaron por alto la valiosa contribución de miles de inmigrantes mexicanos en todos los ámbitos de la vida de aquel estado del sur de EEUU. Esto no significa apañar la situación ilegal en la que se encuentran los perseguidos con esta medida, pero sí criticar el exceso de una sanción migratoria que afecta la dignidad de las personas.
Ahora bien, con su carta, el presidente Morales se dirige a su par estadounidense, Barack Obama, a cuyo gobierno ha venido cuestionando de manera sistemática, especialmente, por su política internacional con relación a las drogas. En esta oportunidad, tras calificar de injusta a la Ley Arizona y objetar además la directiva de retorno voluntario de la Unión Europea, le solicita que haga esfuerzos para impedir que la resistida disposición legal continúe en vigor. Cabe recordar que esta norma entró en vigencia parcialmente a fines de julio, después de que una jueza logró bloquear los artículos más criticados.
Sería conveniente aprovechar este acercamiento epistolar y, también, el saludo fraternal que con motivo del Día de la Patria hizo llegar la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, para recomponer las relaciones diplomáticas entre ambos países, en crisis desde que el Gobierno de Bolivia expulsó el 2008 al embajador Philip Goldberg y Washington, por su parte, respondió echando a Gustavo Guzmán.
Hillary Clinton, es bueno mencionarlo, felicitó a Bolivia por sus logros y deseó “tener más oportunidades de trabajar juntos”.
El espíritu de cuerpo que se advierte en torno al rechazo de la Ley Arizona puede ser una plataforma no sólo para encontrar puntos en común con EEUU, sino para bajar la intensidad de las críticas de un lado a otro en momentos en que se prepara el terreno con el propósito de reconciliar a dos países que se necesitan mutuamente.
Cambio: Ley anticontrabando
Las modificaciones a la Ley General de Aduanas y al Código Tributario fueron sancionadas anoche por la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional y se espera que en las próximas horas la norma sea promulgada por el presidente Evo Morales y se abra una nueva etapa en la lucha contra el contrabando —delito que causa daños económicos por aproximadamente 1.000 millones de dólares a las arcas del Estado cada año— y en defensa de los intereses de millones de bolivianos.
No obstante, la jornada se vio marcada por el incendio de dos galpones de los Depósitos Aduaneros de Bolivia (DAB) en la ciudad de Oruro, presumiblemente provocado por comerciantes de la Súper Feria. Cuatro personas sospechosas de cometer este hecho delictivo fueron detenidas, acusadas de ser los autores directos del siniestro que causó millonarios daños materiales.
Según las versiones recogidas, el incendio se inició aproximadamente a las 12.40, posiblemente por la explosión de petardos o una bomba molotov que vándalos, amparados en el anonimato, lanzaron al techo de los depósitos, ubicados en pleno centro de la ciudad. Como no podía ser de otra manera, el fuego se extendió rápidamente en los dos galpones de la DAB, donde se guardaban varias cajas de cigarrillos y artefactos electrónicos incautados en días precedentes por el Comando Operativo Aduanero (COA). La intensidad de las llamas provocó daños al tendido eléctrico, situación que dejó sin energía a edificios colindantes, amén de millonarios daños materiales.
Además, mientras el fuego consumía las instalaciones, muchos gremialistas intentaban ingresar al lugar por una puerta alterna, mientras efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas, junto a funcionarios de la Gobernación, de la Alcaldía de Oruro y vecinos, hacían todo lo posible para controlar las llamas, ayudados de un carro bombero. La irracionalidad en pleno auge, un atentado en contra de un recinto que es propiedad de todos los bolivianos.
En este marco, el incendio deliberado de los depósitos aduaneros desveló el grado de irracionalidad que alcanzó la oposición a las modificaciones a la Ley de Aduanas y del Código Tributario que sancionó la Asamblea Legislativa Plurinacional por medio del Senado.
Pero, ¿qué intereses se esconden detrás de esas movilizaciones en diversas ciudades en contra del proyecto de ley aduanera? Todos los caminos nos conducen a los grandes contrabandistas que manejan millones de dólares en mercadería ilegal, mantienen redes mafiosas con alcances internacionales y cosechan también millonarias ganancias.
Por eso, los peces gordos del contrabando rechazan la norma que modificó la ley aduanera y el Código Tributario, porque está orientada a frenar una ilícita actividad que desangra al Estado. Las modificaciones sancionadas establecen penas como la privación de libertad para los contrabandistas procesados, con un mínimo de cinco años de cárcel y un máximo de diez.
Además, consignan un agravante de un tercio adicional de pena para los servidores públicos que estén implicados en ese delito. Es decir, si el contrabandista recibe un castigo de 10 años de cárcel, los funcionarios corruptos deberán purgar 13 años de sentencia.
En ese contexto y no obstante que el ministro de Economía y Finanzas, Luis Alberto Arce, anunció en varias oportunidades la total apertura del Gobierno para recibir propuestas y sugerencias para mejorar aquel proyecto de ley, la respuesta se trasladó a las calles con manifestaciones violentas, como las de ayer en Oruro.
Además, como si fuera poco, los capos del contrabando hicieron circular —en los últimos días— un ‘proyecto trucho’ entre los comerciantes minoristas como si fuera el documento que anoche sancionó la Asamblea Plurinacional.
Su intención fue utilizar al sector gremial para defender sus intereses, pues no sólo temen a la nueva ley, sino también a la participación de las Fuerzas Armadas en el combate a ese delito. Ese falso proyecto de ley, en el artículo 4, incluye un falaz párrafo que textualmente indica: "Desaparece el régimen simplificado y todos los comerciantes minoristas deberán migrar al régimen general". Se trató de una de las tantas mentiras con las que los peces gordos movilizaron a los comerciantes minoristas. Con ellas intentaron ocultar que el contrabando es un flagelo que aqueja a la sociedad con daños millonarios por la defraudación fiscal, por el no pago de impuestos y porque es una competencia desleal a comerciantes que internan productos de forma legal.
En este sentido, el Gobierno nacional diseñó las modificaciones al Código Tributario, en el marco del artículo 325 de la Constitución, que establece sanciones a quienes incurren en el delito de contrabando, a lo que se suma un proceso legal abreviado que tendrá una duración de 60 días. Asimismo, el proyecto de ley establece la confiscación de mercancías, pero no de facto sino después de un debido proceso, en el que el juez determinará la confiscación de los bienes.
Además, en el tema de la defraudación aduanera —respecto de precios, tipo de mercadería y otros, para pagar menos tributos— se define una pena de entre 4 y 8 años de cárcel.
Los comerciantes minoristas deberían entender que fueron utilizados por los magnates del contrabando en contra de las modificaciones a la ley aduanera y al Código Tributario, que protegen la industria nacional y generan recursos para invertir en políticas sociales, infraestructura, educación y salud. Por eso, ni el atentado de Oruro frenó una norma que defiende los intereses de millones de bolivianos.
Las modificaciones a la ley aduanera y al Código Tributario protegen la industria nacional y generan recursos para políticas sociales, infraestructura, educación y salud. Por eso, ni el atentado de Oruro frenó una norma que defiende los intereses de millones de bolivianos.
La Prensa: Catástrofe y veda
El gran problema radica en que gran parte de la población que habita en esas regiones depende para su subsistencia diaria de la caza y la pesca.
El mayor desastre natural ocurrido en la región del oriente boliviano, comprendida entre Santa Cruz y Beni, tiene adquirida la magnitud de una catástrofe ambiental. En cerca de medio siglo no se había registrado en la zona semejante calamidad reflejada en una gigantesca e insospechada mortandad de peces, tortugas, lagartos y otras especies como consecuencia de la ola de frío polar que ingresó desde el sur del continente en los días precedentes. El descenso de la temperatura y el bajo nivel de las aguas en ríos y lagunas de ambos departamentos fueron los factores desencadenantes del fenómeno que puso a tope vastos sectores de los cauces con los restos de animales que no pudieron sobrevivir al enfriamiento de su hábitat.
Las dantescas imágenes recogidas por diferentes medios de comunicación dieron cuenta cabal del terrible suceso que, de acuerdo con recientes informes, ha ocasionado la muerte de seis millones de peces en los ríos Grande, Piraí e Ichilo en una extensión de aproximadamente 300 kilómetros.
La putrefacción por causa de la mortandad, además de olores insoportables, ha traído aparejada la contaminación de las aguas que son de consumo de las poblaciones ribereñas, adonde se ha dispuesto el envío de algunas plantas potabilizadoras del líquido vital y de brigadas médicas para controlar eventuales problemas sanitarios y de salud, aunque ya se conocieron algunos reportes sobre casos de diarreas y otras afecciones gastrointestinales registradas especialmente entre la población infantil.
La falta de recursos económicos y técnicos para retirar cuanto antes los restos de los peces muertos es otro de los problemas emergentes del desastre, mientras que las comunidades afectadas al no poder seguir contando temporalmente al menos con la pesca como su fuente alimenticia la están buscando en la caza de animales silvestres, situación que pone en riesgo de exterminio de otras varias especies animales.
Ante el desastre y mientras se espera que el Gobierno central acelere sus evaluaciones y decida el tipo de acción que tomará, hace poco más de una semana la gobernación de Santa Cruz ha declarado “alerta naranja” y anunció una pausa ecológica, con veda en la pesca y la caza, para permitir la recuperación natural de la biodiversidad, que en la región ha resultado prácticamente devastada. Incluso, autoridades provinciales han solicitado a sus pares departamentales que dicha veda sea declarada por los próximos dos años.
Entre otras medidas también es necesario implementar una intensa campaña de concientización sobre lo que puede suceder con la riqueza piscícola del oriente si dicha pausa no es observada rigurosamente
El gran problema radica, como ya lo habíamos sugerido antes, en que la población que vive de la caza y la pesca en esas regiones es realmente numerosa.
Es en este sentido urge la acción del Gobierno nacional, cuya tarea pendiente consiste en apoyar con algunos productos alimenticios y la organización de grupos médicos que atiendan esencialmente a los niños. Esta ayuda ya debiera haber sido implementada, pero la atención de muestro supremo Gobierno parece concentrada en otros objetivos, como la conquista necesaria de mayores espacios de poder.
El Diario: Incoherencias frente a los conflictos
No debe ser fácil para el Gobierno hacer frente a los problemas una vez que han adquirido cuerpo, que han mostrado situaciones graves, que han dado lugar al surgimiento de reacciones que, muchas veces, son difíciles de encarar. Esto es, exactamente, lo que ha ocurrido en Potosí, donde la población ha reaccionado airada ante políticas incoherentes y arbitrarias de las autoridades de Gobierno.
Potosí, departamento siempre en abandono, al igual que Pando, por las autoridades centrales del país, busca que se respete lo que mediante el voto ha conseguido, un Alcalde de consenso; quiere atención a sus pedidos sin ingresar en gastos extraordinarios; requiere atención a obras de infraestructura siempre prometidas y no llevadas a cabo; busca, en general, respeto y consideración a sus derechos.
Los paros, las huelgas y manifestaciones, se lleven a cabo donde sea, no acarrean bien a nadie y Potosí ha ingresado en esa vorágine para protestar en demanda de atención y respeto a sus pedidos; muchos grupos de trabajadores y campesinos, mineros y comerciantes se han unido a las protestas que han adquirido proporciones peligrosas y, ante ello, recién el Gobierno busca el diálogo.
¿Por qué actuar sólo cuando “las papas queman” y los hechos adquieren proporciones? ¿Por qué se tiene que atender lo que legítimamente corresponde al país sólo cuando se vislumbra algún peligro? ¿Por qué esperar a que los conflictos se solucionen por cansancio antes que por los cauces del diálogo y la concertación? Son interrogantes que las autoridades no se hacen y, si las toman en cuenta, no tienen respuesta tan sólo por actuar de improviso, a “topatolondras” e impelidos por los acontecimientos.
Un Gobierno constitucional y legítimo como es el del presidente Morales, no debería improvisar los remedios a los problemas que, en todo caso, deben merecer atención, estudio y solución antes de adquirir condiciones de gravedad. La improvisación, el tomar medidas atropelladas, el actuar con temor ante el curso que puedan adquirir las amenazas y las posiciones intemperantes no son aconsejables y menos acordes con políticas que, se entiende, deberían ser coherentes y responsables en las autoridades.
El Gobierno citó a las partes para el pasado 4 de agosto; los grupos que protestan no conciliaron acuerdos para la reunión; el propio Alcalde potosino trataría, como en otras oportunidades, de mostrar los caminos de la conciliación y la buena disposición para dialogar; por supuesto, en el entendido que el Ejecutivo efectivamente atienda los problemas planteados y el diálogo no sea simplemente una cortina de humo para postergar soluciones que deberían encontrar remedios definitivos.
Cada uno de los problemas que se plantea al régimen masista muestra, de alguna manera, lo que por cuatro años anteriores se había acumulado, situaciones a veces insalvables porque son de larga data y que, de encarárselos oportunamente, no hubiesen adquirido las dimensiones que hoy tienen. Este conjunto de yerros es culpa de ambas partes: de los que hoy muestran el caso que no han sabido plantear y encarar oportunamente, y del Gobierno que no sabe encarar los problemas existentes en el país tan sólo por falta de coherencia en sus actos, por no haberse rodeado de colaboradores idóneos, experimentados y responsables que entiendan que hay que olvidarse “del partido” y actuar en la función de servicio al país. Es de esperar que las experiencias recogidas sirvan para atender lo que se debe con la oportunidad requerida.
El Mundo: Sana sana
De acuerdo con las tradiciones cruceñas, cuando una persona ofende de alguna manera a otra, para reparar el daño, hace una compensación que se llama hacer el sana sana.
Hemos tocado el tema porque precisamente, si a alguien molestó el traslado de la sede de la Asamblea Nacional en la fecha cívica del 6 de agosto, fue a Sucre que en su condición de capital de la República y luego del Estado Plurinacional también, contaba con lo que consideraba un privilegio.
Los cruceños pudieron haberse molestado porque una bandera que no tiene relación con el civismo local, iba a ser enarbolada junto a la tricolor, mientras que Sucre hubiera aceptado eso con gusto, para albergar a la Asamblea que en buena cuenta es la representación de todos lo sectores de la nacionalidad.
Ahora el presidente llegó a Sucre con un aporte para la ejecución de 12 importantes obras, con una inversión de tres millones de dólares, algo que con seguridad es muy inferior a lo que quedó en el tintero, por la reducción de los ingresos del IDH para la capital, pero que resultaba atractiva para la coyuntura actual.
Mientras esas acciones tratan de favorecer a algunos distritos, otros como Potosí tiene que apelar a medidas de presión, de las más duras, para poder conseguir que se cumplan los ofrecimientos y lo que es más, para que se reconozcan los derechos.
Nos imaginamos que el viaje del dignatario a Potosí está cada vez más lejano, a pesar del pedido de los potosinos para que considere las peticiones que le hicieron llegar y que se fueron incrementando a medida de que la respuesta era la indiferencia.
Los emisarios del Gobierno han sugerido la posibilidad de que la negociación se realice en un lugar neutral, considerando que la sede del gobierno reúne esas condiciones, creemos que los dirigentes potosinos, además de las condiciones de imparcialidad de la sede que no parecen tales, temen que les suceda lo mismo que a algunas personas que fueron citadas para hacer una declaración y terminaron en San Pedro.
Es de imaginar que los asesores del Presidente no están aconsejando de la manera adecuada, ya que a pesar de estar haciendo el sana sana a algunos lugares, para reparar ofensas menores, en otros lugares se han producido situaciones tan especiales que obligarían a los asesores a revisar su trabajo con algo más de prolijidad.
Las encuestas a las que las autoridades de gobierno no les tienen ninguna simpatía, como lo han manifestado en una ley que las condena, a pesar de su condición democrática, ahora nos cuentan que la simpatía con que gozaba el mandatario al asumir el poder, ha bajado considerablemente. Sería absurdo consultar sobre las causas que han dado lugar a esa forma de actuar y que ha sido reflejada en la consulta realizada por instituciones especializadas en esa forma llegar a la opinión popular.
Y esas actitudes no sólo se presentan dentro del país, sino también a nivel internacional, donde han surgido protestas por algunas decisiones contrarias a lo que se predica con tanta intensidad, ese es el caso de la preservación del medio ambiente que será seriamente afectado por la instalación de unas plantas de generación de energía, con venia boliviana, en la frontera con el Brasil.
En ese caso, el sana sana será más difícil y en esas condiciones, ese premio Nobel que en algún momento pasó por los labios, desaparecerá como por encanto, ante las actitudes actuales.
Dentro de casa estamos acostumbrados a ver esas cosas con frecuencia, baste mencionar la incredulidad con que las instituciones cruceñas recibieron el discurso amigable y conciliador del 6 de agosto, sabiendo que continuará la distribución de citaciones y la búsqueda de pelos en la leche, para eliminar a los alcaldes que no son afines al partido de gobierno y que fue la raíz del problemón que se enfrenta en Potosí, pero fuera de ella las costumbres son diferentes.
Opinión: La huelga de Potosí y los efectos para la gente
Una de las huelgas más duras que se han realizado durante los últimos años es la que dirigentes cívicos, sociales, laborales y el pueblo mismo de Potosí está llevando adelante y que incluye el bloqueo de caminos mediante la acción de los transportistas.
Entre las medidas de presión que en determinados momentos disponen las regiones o grupos ciudadanos está esa especie de protesta generalizada que incluye marchas y manifestaciones, huelgas de hambre, el paro cívico y el bloqueo de caminos, es decir, que todas estas extremas medidas confluyen en Potosí que reclama entre sus principales peticiones, la solución a un conflicto limítrofe con el departamento de Oruro y donde se encuentran yacimientos de piedra caliza para la fabricación de cemento y terrenos aptos para el cultivo de quinua.
La huelga y los bloqueos en Potosí han ingresado ayer al décimo tercer día, situación que está agudizando la desesperación de los ciudadanos que pese a la falta de alimentos y al estado de convulsión social, que es propio de este ambiente de protesta, persisten en las medidas extremas.
La huelga de Potosí puede tener justificados reclamos, pero como habíamos sostenido en este mismo espacio hace algunos días, cuando se trata de un diferendo de límites las soluciones no aparecen de la noche a la mañana, porque se trata de generar condiciones adecuadas para la verificación de documentos, de datos históricos y de otras fuentes de conocimiento que demuestren la validez de los reclamos. Sin embargo, lo que no se puede aceptar bajo ningún punto de vista es que un conflicto se prolongue sin mostrar mínimas expresiones de voluntad para ingresar al plano de la negociación y del diálogo. Y esto es lo que está sucediendo en el problema de Potosí, donde las partes antagónicas se han atrincherado en sus propias posiciones, sin dejar paso al diálogo o al acercamiento. Los dirigentes cívicos que esgrimen el hecho de ser una región tradicionalmente olvidada por todos los gobiernos, hoy desconfían de cualquier propuesta oficialista y por ello mismo consideran que este es el momento de expresar su fortaleza institucional y cívica. Por su parte el Gobierno sigue en una postura en la cual sostiene que no puede dialogar bajo presiones y medidas de hecho y menos aún que ministros o el Presidente asistan a Potosí para una eventual reunión porque no existen las condiciones de seguridad.
Mientras las posiciones parecen no ceder ni un milímetro en la búsqueda de las soluciones el conflicto se profundiza y crece. De las medidas de hecho en Potosí, como la huelga de hambre, se instalan otros grupos en La Paz y en el interior del país. Algunos vestigios de acercamiento entre dirigentes potosinos y el Gobierno que se habían dado este último fin de semana han quedado en nada, mientras la Iglesia católica y el Defensor del Pueblo han exhortado al Gobierno iniciar el diálogo con los dirigentes cívicos de Potosí y resolver el conflicto.
No se puede desconocer que este problema parte de peticiones concretas, pero tiene que ver con la aplicación de las autonomías, lo que de algún modo está reproduciendo un antiguo e histórico pedido potosino del federalismo que de hecho no está reconocido como figura política y administrativa en la Constitución Política del Estado.
Siendo como se ha dicho que los conflictos de límites son complicados en su análisis y solución, por ello mismo requieren el tratamiento oportuno, porque tienden a generalizarse dentro de la misma región. Y esto puede representar otro acápite de mayor preocupación cuando los ayllus del norte potosino expresan su deseo de ser departamentos independientes.
Clarín, Argentina: Respaldo regional por Malvinas
La Cumbre del Mercosur realizada en San Juan reiteró el respaldo al reclamo argentino por la soberanía de las islas Malvinas, que hizo extensivo a la plataforma continental de nuestro país. Se trata de un avance en el reclamo regional, en vistas del interés económico y estratégico por los recursos naturales que existen en el área en disputa.
El histórico conflicto bilateral que la Argentina mantiene con Gran Bretaña incluye nuevos factores. Uno de ellos es su tratamiento regional en el marco de procesos de integración supranacional y transnacional de más amplia escala.
La inclusión de las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur como territorios de ultramar por parte de la Unión Europea representó un nuevo desconocimiento del reclamo soberano de nuestro país.
El inicio de las exploraciones petrolíferas de empresas británicas en aguas del Atlántico Sur sumó otro factor incidental que afecta los derechos e intereses argentinos y latinoamericanos. Por contrapartida, el acompañamiento sudamericano a la reivindicación argentina refleja que dicho reclamo adquiere dimensión regional no sólo desde el punto de vista diplomático, sino también por su importancia económica y estratégica. Brasil, poseedor de enormes yacimientos hidrocarburíferos en su extensa plataforma marítima, refuerza su carácter de aliado fundamental para nuestro país.
Se revela, además, la importancia de tener una política de desarrollo energético de mediano plazo, algo que nuestro país desatendió en los últimos años.
El respaldo del Mercosur a la soberanía argentina de la plataforma continental del Atlántico Sur, que surgió en la reciente reunión de San Juan, tiene importancia estratégica.