Tambien el Fiscal General rechaza amenazas de comunarios del norte de Potosí. Ayllus anunciaron que impedirán ingreso de policiías y fiscales. 
Policías cargan el ataúd con los restos de uno de los cuatro policías asesinados en Saca Saca, Uncía.| Foto archivo La Prensa, Los Tiempos
LA PAZ | ANF. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Julio Ortiz Linares, afirmó que en el país no pueden existir territorios «libres» y al margen de las leyes bolivianas, más aún cuando se trata de investigar delitos comunes, o, linchamiento.
«Yo creo que en el país no puede haber territorios libres, todos estamos sometidos a la Ley, todos estamos sometidos a la Constitución Política del Estado, así que nadie, nadie puede abrigarse el derecho de decir que determinadas personas ingresen, o, transiten por un determinado territorio», dijo el supremo.
Para Ortíz Linares, el anuncio de los ayllus de Uncía de impedir el ingreso de fiscales y policías a Uncía para realizar la investigación del linchamiento de cuatro policías ocurrido en mayo pasado, ingresa en el campo específico del «delito».
«La labor del Ministerio Público es establecer responsabilidades, reitero nadie puede decir cómo o hasta donde puede transitar los fiscales o policías, la Ley es de cumplimiento obligatorio, con mayor razón de autoridades que están en cumplimiento de sus funciones para realizar la investigación», sostuvo.
En la misma línea, el fiscal General del Estado, Mario Uribe, rechazó la advertencia de los ayllus del norte de Potosí que dieron un plazo de 24 horas para destituir a los fiscales que realizan la investigación y advirtieron con represalias para impedir esclarecer el linchamiento en Saqa Saqa en el norte de Potosí.
«No olvidemos que el Estado se maneja bajo el sistema democrático del derecho por lo tanto el imperio de la Ley se impone y la Ley no puede ser aplicada a criterio o capricho de ningún grupo o persona», dijo.
Recordó que los fiscales y Policías del Ministerio Público están realizando un trabajo en el marco de sus atribuciones y competencias que les otorga la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley Orgánica del Ministerio Público y están actuando bajo ese control jurisdiccional.
PIDEN REVISAR DECISIÓN
Por su parte, el viceministro de Régimen Interior Oscar Farfán, pidió a los dirigentes de los nueve ayllus de Uncía en el norte de Potosí, revisar su decisión de vetar fiscales y policías del norte de Potosí, para impedir la investigación del linchamiento de cuatro policías ocurrido en mayo pasado.
«Hay que evaluar las decisiones de los dirigentes de los ayllus de Uncía, si son acciones de tipo personal o por el contrario es una decisión de los nueve ayllus y bueno veremos que se va a hacer se está evaluando», dijo, sin ingresar en mayores comentarios.
Los nueve ayllus del Norte Potosí dieron a conocer, el martes pasado, las resoluciones del cabildo abierto, realizado el fin de semana, donde decidieron dar 24 horas, para que los Fiscales que investigan la muerte de los cuatro policías en Uncía abandonen la región y además se proceda a la liberación del sospechoso Hilarión Escapa, quien se encuentra recluido de manera preventiva en Cantumarca.
Los comunarios advirtieron que no permitirán el ingreso a Uncía de Fiscales y policías, para seguir la investigación del linchamiento de los cuatro policías de DIPROVE.
Boris Colque Mallku de la Federación de campesinos del Norte de Potosí, al término de la reunión con Evo Morales sostuvo que «los nueve ayllus de la Provincia Bustillos sacamos una Resolución de ser los guardianes en nuestros territorios, si entran los Fiscales o policías a nuestro territorio camuflados de civiles van a tener las consecuencias. Los Discales de Potosí, Uncía y Llallagua, deben renunciar en 24 horas», acotó.
Fiscal General rechaza amenazas de comunarios del norte de Potosí
SUCRE| ANF. El Fiscal General, Mario Uribe, rechazó este miércoles la amenaza de dirigentes indígenas del norte de Potosí, quienes se niegan al ingreso del Ministerio Público y la policía a la región de Uncía para llevar adelante la investigación del crimen de cuatro policías.
Uribe dijo que nada podrá detener la acción de la ley porque «Bolivia se maneja bajo un estado democrático y de derecho», y que por ello la ley no podía ser aplicada «a criterio o capricho de ningún sector o persona».
Añadió que el trabajo de la Fiscalía está encuadrado en las atribuciones que le señala la propia Constitución, y que los encargados de llevar adelante las investigaciones actuaban bajo control jurisdiccional.
«Rechazamos cualquier presión; estamos prohibidos de negociar la acción de la ley», manifestó Uribe, quien además solicitó a la Policía tomar los «recaudos necesarios» para hacer cumplir las disposiciones legales vigentes.
Sobre este tema también se pronunció el vocal del Tribunal Agrario Nacional (TAN), Luis Arratia, quien opinó que le parecía «excesiva» la pretensión de los dirigentes comunitarios de Uncía de pedir que el Estado se excluya de la investigación.
Arratia dijo también que la posición expresada por representantes de los grupos indígenas del norte potosino era «una mala interpretación» del contenido de la Constitución Política del Estado, que establece los márgenes sobre los cuales debe regirse la justicia comunitaria, y además defiende el derecho a la vida como una de sus principales proposiciones.
En días pasados, las fuerzas del orden detuvieron a un de los presuntos autores de la matanza de cuatro efectivos policiales pertenecientes a la división contra el robo de vehículos, hecho que movilizó a los dirigentes del norte potosino, quienes, además de exigir la liberación del detenido, amenazaron con iniciar medidas de hecho. Lostiempos.com