El ‘ranking’ de la infamia

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Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: Las confesiones del Presidente

  2. Bajo el Penoco, El Día: Ilustres comedidos

  3. Los Tiempos: BOLIVIA Y LA LIBERTAD DE PRENSA

  4. El Deber: El ‘ranking’ de la infamia

  5. Cambio: Rebelión popular en Francia

  6. La Prensa: Un cuestionado ranking

  7. El Diario: Los periodistas y el momento actual

  8. El Mundo: Negociación

  9. Opinión: El tráfico automotor y la inseguridad de la gente

  10. Clarín, Argentina: Un crimen producto de la violencia sindical


El Día: Las confesiones del Presidente

El Presidente ha hecho muchas confesiones en público y todavía se da el lujo de tener ilustres alcahuetes internacionales que se prestan para redactar una “ley mordaza”. El más célebre de sus  testimonios lo hizo hace unos años cuando dijo que a él las leyes lo tienen sin cuidado y cuando hace algo ilegal, les pide a sus abogados que lo legalicen. Hace unos días reconoció que hizo trampa para conseguir una segunda reelección, lo que viene a ser la puesta en práctica del paradigma inicial y más recientemente ha admitido que los sindicatos que están bajo su mando en el Chapare, desvían parte de su producción de coca al narcotráfico.



Este comentario, que parece inocente, tan inocente como aquel que hizo meses antes, cuando dijo que estaba asombrado por el inmenso poder que “habían tenido” los narcotraficantes, llega después de años de lucha por imponer la coca del Chapare y extender los cultivos en la zona hasta límites que se han vuelto inmanejables. Ha sido justamente durante el mandato del presidente Morales, que los cocales del Chapare han subido de las 3.200 hectáreas hasta las 7.000, extendiéndose hacia reservas naturales, parques y también hacia el departamento de Santa Cruz, en las áreas del Choré, Yapacaní y Amboró.

Durante todos estos años el Presidente no ha pasado de las amenazas con sus compañeros del Chapare, a quienes ha venido exhortando para que “la paren un poco” con los cultivos y recientemente manifestó su asombro por el lujo en el que viven y los automóviles que usan. El Primer Mandatario no lo ha dicho, pero debería autorizar a la Policía a denunciar lo difícil que se le ha puesto a las fuerzas antidrogas hacer incursiones en los territorios controlados por los sindicatos que dependen de Evo Morales y que prácticamente han instaurado una republiqueta independiente, un estado dentro de otro, con ramificaciones en distintas zonas de Cochabamba, donde hay numerosas comunidades que viven de la protección a los narcotraficantes.

Es posible que las declaraciones del Presidente hayan surgido a raíz de las acusaciones de los cocaleros de Los Yungas que mantuvieron bloqueada la carretera a La Paz por casi dos semanas exigiendo mayor libertad para vender su coca. Los yungueños afirman que sus colegas del Chapare son los adulados de Evo Morales. Algunos creen que como todo “niño mimado”, los chapareños se han vuelto inmanejables y que el comentario presidencial suena más a queja que a confesión o descubrimiento.

De cualquier forma, a partir de la afirmación de Evo Morales se debería exigir al Estado Plurinacional una toma de posición firme y decidida. Si se ha dicho que la coca del Chapare se destina en gran parte al narcotráfico, lo que corresponde por lo menos es admitir de qué lado va a estar el conjunto de la institucionalidad nacional y determinar qué políticas se van a aplicar al respecto. Si todo se deja tal como está, dentro de no mucho tiempo los cocaleros estarán en condiciones de ejercer un dominio tal, capaz de establecer en el país una narco-república. Si el Presidente no va más allá del diagnóstico y de las amenazas, estará cayendo en una complacencia inadmisible, al igual que la comunidad internacional y toda una pléyade de organismos no gubernamentales que brindan su apoyo a este proceso político, que acaba de hacer su confesión más delicada y peligrosa.

Se debería exigir al Estado una toma de posición firme y decidida sobre el narcotráfico, y qué políticas se van a aplicar al respecto.

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Bajo el Penoco, El Día: Ilustres comedidos

Finalmente hubo quién señale al gran comedido de todo este embrollo que se ha formado en torno a la Ley contra el racismo. La diputada oficialista Marianela Paco ha dicho que fue Denis Racicot, el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, el que redactó los polémicos artículos 16 y 23 que establecen serias restricciones a la libertad de expresión en Bolivia. El funcionario del organismo internacional estuvo apareciendo en un spot del Gobierno afirmando reiteradamente que dichos párrafos no representan una mordaza para la prensa, mientras que su compañera de abordo, la representante de las Naciones Unidas en Bolivia, Yuriko Yosukawa, insiste en que los periodistas deben participar en la reglamentación de la ley, lo que equivale a ayudar a hacerle el nudo a la soga del ahorcado. Algunos podrán sorprenderse por la posición de ambos representantes, pero los que más saben, tienen la seguridad de que los dos no hacen más que cuidar la pega. Mientras más Haitís, Zimbabwes y países como Bangladesh haya en el mundo, más trabajo habrá para este tipo de comedidos bien remunerados.
 

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Los Tiempos: BOLIVIA Y LA LIBERTAD DE PRENSA

Lograr que el próximo año nuestro país esté más cerca de Chile o Uruguay que de Cuba o Colombia debería ser un objetivo compartido por todos

Reporteros Sin Fronteras (RSF), una de las más reconocidas organizaciones defensoras de la libertad de prensa en el mundo, ha presentado en París su informe anual, el correspondiente al periodo comprendido entre septiembre de 2009 y 2010.

Según el informe, Cuba (166) y Colombia (145) son los dos países que encabezan la "lista negra" de los más adversos a la libertad de prensa en Latinoamérica, mientras que en el otro extremo se ubican Chile (33) y Uruguay (37).

La situación del periodismo en Cuba es la peor porque, como viene ocurriendo durante las últimas cuatro décadas, continúa siendo el único Estado del continente, y uno de los pocos del mundo, donde está prohibida la prensa independiente, los medios de comunicación son controlados por el gobernante Partido Comunista Cubano, se censura cualquier información que no sea avalada por autoridades estatales y el ejercicio del periodismo independiente es un delito severamente penalizado.

Colombia, aunque muchos puntos por debajo de Cuba en la escala de RSF, ha pasado a ocupar un lugar destacado por dos motivos muy concretos: el asesinato de dos periodistas y el escandaloso caso del espionaje practicado por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) sobre medios de comunicación y periodistas con el supuesto aval del régimen de Álvaro Uribe.

Muy cerca de Colombia se encuentra Honduras (143) como consecuencia de la ola represiva contra medios y periodistas que se desencadenó tras el golpe de junio de 2009.

México (136) por la violencia ejercida por el narcotráfico y Venezuela (134) que pierde 10 puestos desde el pasado año debido a la censura y la falta de pluralismo derivadas del acaparamiento que hace el poder de la red audiovisual son los otros dos países que figuran en la parte más negativa de la escala.

En una sección intermedia, pero ambos en constante deterioro, se clasifica a Perú (109) y Ecuador (102), pues en los dos países se ha reportado un número elevado de agresiones contra periodistas, censura ordenada desde las altas esferas gubernamentales y abuso de procesos legales contra la prensa. Y para completar el cuadro negativo de la región andina, el informe de RSF ubica a Bolivia (103) entre los que sufren un proceso de paulatina pérdida de libertad.

Como se puede constatar, Bolivia ocupa un lugar relativamente intermedio, lo que debe ser motivo tanto de satisfacción como de cautela. Satisfacción porque entre los muchos motivos que los bolivianos tenemos para sentirnos orgullosos figura el haber logrado que la libertad de expresión sea uno de los más sólidos pilares de la institucionalidad democrática y uno de los más difíciles de destruir para quienes quisieran instaurar en nuestro país regímenes autoritarios similares a los que fueron derrotados en décadas pasadas, aunque de signo opuesto.

Pero también cautela, pues el hecho de que durante los últimos años se haya iniciado un proceso de deterioro de la situación es algo que debe motivarnos a advertir los riesgos y a reforzar nuestro compromiso con la defensa de la libertad de prensa. Lograr que el próximo año Bolivia esté más cerca de Chile o Uruguay que de Cuba o Colombia debería ser por eso un objetivo común. Y, en este sentido, sería positivo que el Gobierno revisara sus últimas actuaciones en este campo que afectan expresamente a las libertades de expresión, opinión e información.

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El Deber: El ‘ranking’ de la infamia

Mientras en todo el país no dejan de aumentar espontáneamente las firmas ciudadanas contra el pretendido amordazamiento de la libre expresión y Bolivia ha descendido hasta un sombrío puesto número 103 de la clasificación mundial sobre la libertad de prensa, el ensoberbecido régimen masista ha puesto en marcha una intensa como artera campaña de descrédito contra los medios de comunicación que no están alineados y menos aún comprometidos con el oficialismo.

Con todos los trazos de una ‘guerra sucia’ encomendada a pseudo-periodistas y funcionarios afines que aparecen chapaleando a su gusto en medio de la inmundicia, el canal estatal, que todos los bolivianos sostienen con el pago de sus impuestos, acaba de divulgar los resultados de un ‘ranking de los medios racistas’ que ‘clasifica’ al Diario Mayor EL DEBER en el tercer lugar entre otros medios de comunicación impresos, radiales y audiovisuales.

Según el autor de un presunto estudio cuyos resultados han servido supuestamente de sustento al curioso ‘ranking’, los indicadores del condenable racismo dizque practicado por EL DEBER tienen que ver con repetidas entrevistas al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y con la exclusión de sus coberturas a organizaciones sociales como la Central Indígena del Oriente Boliviano (Cidob).

El sesgo y lo disparatado del ‘informe’ en cuestión apuntan a minar la credibilidad de este medio de comunicación, lograda e incentivada al máximo en más de medio siglo de trayectoria transparente. Los gratuitos detractores de turno, según lo que era absolutamente previsible, no consideraron mínimamente el derecho a réplica que está contemplado en el parágrafo II del artículo 106 de la Constitución Política del Estado. En realidad, y habida cuenta de la deplorable manera como se viene manejando la ‘aplanadora’ mediática gubernamental, habría sido una rareza de sus conductores una actitud condigna con los principios y valores éticos que rigen la actividad periodística.

Este Diario Mayor, que dicho sea de paso fue uno de los primeros en franquear su tribuna al propio presidente Evo Morales cuando fungía sólo de líder cocalero, siempre supo y seguirá haciendo trascender su insobornable apostolado en servicio de la verdad, la justicia y el bien común. Y como desde siempre le queda muy claro que su papel es de un servicio insobornable a la comunidad a la que se debe y tiene bien templado su espíritu, no se dejará corretear con la vaina del sable.

Normalmente, el Diario Mayor EL DEBER no hace alusión a las moralmente regias y enaltecedoras distinciones nacionales e internacionales que le han sido otorgadas con solemnidad durante sus largos años de vida. Nos sirven, fundamentalmente, para reforzar nuestro convencimiento de que, aun con las fallas propias en toda gestión humana, hemos cumplido nuestros roles como Dios lo manda y el pueblo se lo merece.

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Cambio: Rebelión popular en Francia

Una revuelta popular que se mantiene desde hace al menos dos semanas en contra del proyecto de reforma de pensiones que impulsa el presidente Nicolás Sarkozy puso contra las cuerdas la pretensión de elevar la edad de jubilación de 60 a 62 años —y de 65 a 67 años para cobrar la pensión completa—, además de introducir una serie de modificaciones que los sindicatos y organizaciones sociales denuncian como un intento de cargar sobre los hombros de los sectores más desfavorecidos la creciente crisis financiera que sacude la economía gala.

En los últimos días, organizaciones sindicales, transportistas, estudiantes y movimientos de oposición han protagonizado protestas, tomas a refinerías, marchas y disturbios en rechazo a la reforma de pensiones que impulsa el Ejecutivo.

Reportes de la prensa internacional señalan que los manifestantes exigen cambios al proyecto de reforma, principalmente en los artículos que elevan la edad de jubilación y postergan el derecho a cobro de la pensión completa en dos años.

Por medio de movilizaciones, entre 1,1 y 3,5 millones de personas, según esos medios internacionales, han exigido con claridad que se mantengan los límites de edad actuales para el retiro: 60 años para la jubilación y 65 años para ejercer el derecho de cobrar pensión completa.

En tanto, el Gobierno francés insiste en continuar con su objetivo de reformar el sistema de pensiones y el 5 de octubre trasladó la propuesta de ley al Senado, aunque ese hecho sólo avivó la rebelión popular que sacude las principales ciudades galas.

"Esta reforma constituye la única vía para hacer frente al envejecimiento de la población", ha argumentado en anteriores ocasiones el presidente Sarkozy. "Llevaré a término la reforma de las pensiones porque mi deber como jefe del Estado es garantizar a los franceses que tanto ellos como sus hijos podrán contar con su jubilación y que se mantendrá el nivel de las pensiones", sentenció Jefe de Estado. Sin embargo, Catherin Marchais, vocera del comité de huelga de los empleados públicos de Francia, aseguró que la reforma legal que impulsa el Gobierno de Sarkozy en materia de jubilaciones busca fragilizar el sistema de pensiones en detrimento de los ciudadanos, por lo que anunció que el sector continuará las protestas en rechazo a la normativa.

"Nuestro sistema de pensiones está basado en la solidaridad entre las federaciones y lo que quieren es fragilizar este sistema para que después los asalariados tengan que cotizar en sistemas por capitalizaciones", denunció Marchais. "Es decir, por un sistema con fondos de pensiones, y eso sabemos muy bien lo que quiere decir, un fondo de pensiones es la causa de toda la crisis económica que ya vimos en 2009", explicó la dirigente en torno a los objetivos del Gobierno al impulsar el proyecto.

Pero lo que desnuda la movilización y rechazo popular a la reforma es que el Ejecutivo francés gobierna para los ricos, porque, en el fondo, la reforma de pensiones que impulsa es privatizar el derecho a las jubilaciones de los ciudadanos, y esto no es admisible para los sindicatos y otras organizaciones sociales.

A esto se suma que la nueva legislación sobre las jubilaciones no fue sometida a discusión alguna entre las partes concernidas y el incremento de los años de trabajo y de la edad de jubilación serán impuestos por la actual mayoría legislativa a espaldas de la opinión del pueblo, aunque del proyecto inicial presentado en junio la administración Sarkozy hizo algunas concesiones mínimas que de ninguna manera han satisfecho las demandas laborales.

Según un reporte del diario mexicano La Jornada desde París, la obcecación del Presidente francés —quien repite que no cederá—, el desprecio de las autoridades que disminuyen con insolencia las cifras de manifestantes, los escándalos financieros que salpican al partido en el poder y a integrantes del gobierno, los regalos financieros a las grandes fortunas —como la devolución de millones de euros de impuestos gracias al ‘escudo fiscal’, so pretexto de impedir la fuga de capitales—, frente a las exigencias a los trabajadores, no han hecho sino radicalizar la protesta.

Por eso se multiplica la movilización popular en contra de la reforma y se muestra con huelgas de transportes, de centrales de carburantes, escasez creciente de gasolina, operaciones de los camiones de carga para embotellar las carreteras, además de los paros de liceos y universidades.

En ese contexto, los sindicatos franceses confirmaron ayer la convocatoria a nuevas movilizaciones —que se realizarán el 28 de octubre y el 6 de noviembre—, mientras se hacen sentir fuerte los paros en diversos sectores de la economía, sobre todo el del abastecimiento de combustible. "Los violentos no tendrán la última palabra en una democracia", respondió Sarkozy. No obstante, ¿acaso no es violencia estatal la que intenta imponer una reforma que afectará no sólo a los actuales jubilados, sino a los jóvenes que hoy se mantienen en las calles?

Francia es una de las naciones europeas más golpeadas por la crisis del capitalismo que se desató en 2008 y en lugar del debate exprés, que debía provocar la incomprensión de los jóvenes excluidos y de los trabajadores precarios (público), las consignas y la composición de las marchas, muy diversas en edades y oficios, demuestran que el debate ha calado. La sociedad no quiere la reforma de Sarkozy, por eso la combate con fuerza bajo el lema: El que no lucha por las pensiones es que ya está muerto.

Francia es una de las naciones europeas más golpeadas por la crisis del capitalismo que se desató en 2008. La sociedad no quiere la reforma de Sarkozy, por eso la combate con fuerza bajo el lema: El que no lucha por las pensiones es que ya está muerto.

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La Prensa: Un cuestionado ranking

Consideramos que en vez de estudios sobre ?medios racistas? deberían realizarse investigaciones sobre cómo encarar la lucha para eliminar el racismo y la discriminación en el país?

Mientras en todo el país no dejan de aumentar espontáneamente las firmas ciudadanas contra el pretendido amordazamiento de la libre expresión y Bolivia ha descendido hasta un sombrío puesto número 103 de la clasificación mundial sobre la libertad de prensa, el ensoberbecido régimen masista ha puesto en marcha una intensa como artera campaña de descrédito contra aquellos medios de comunicación que no están alineados y menos aún comprometidos con el oficialismo.

Pues en los últimos días se dio a conocer un ránking de los ?medios racistas?. Un ?estudio? de dudosa elaboración porque no toma en cuenta a los medios oficiales. El trabajo, que no tiene el sólido sustento de un estudio serio y responsable, por ejemplo ?clasifica? al diario El Deber de Santa Cruz de la Sierra en el tercer lugar entre otros medios de comunicación impresos, radiales y audiovisuales, a causa de las repetidas entrevistas al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y por la exclusión de sus coberturas a organizaciones sociales, como la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).

El autor del presunto estudio, cuyos resultados han servido para una campaña de desprestigio contra ciertos medios privados, incurre en el mal que supuestamente está cuestionando pues su trabajo tiene un sesgo cuyo objetivo claro es minar la credibilidad de los medios de comunicación.

Los gratuitos detractores de turno, según era absolutamente previsible, no consideraron mínimamente el derecho a réplica que está instituido en el parágrafo II del artículo 106 de la Constitución Política del Estado. En realidad, y habida cuenta la deplorable manera como se viene manejando la ?aplanadora? mediática gubernamental, habría sido una rareza de sus conductores una actitud condigna con los principios y valores éticos que rigen la actividad periodística. La Prensa siempre supo y seguirá haciendo trascender su insobornable apostolado al servicio de la verdad, la justicia y el bien común, así como el resto de los medios de comunicación abrieron su tribuna al presidente Evo Morales cuando fungía sólo de líder cocalero. Y como desde siempre le queda muy claro que su papel es de un servicio insobornable a la comunidad a la que se debe y tiene bien templado su espíritu, no se dejará corretear con la vaina del sable. Y no se trata de recordar que los medios de comunicación siguen siendo los segundos en credibilidad y confianza de la población, pese a los posibles errores que puedan incurrir en el delicado trabajo de informar que realizan.

Ello nos sirve, fundamentalmente, para reforzar nuestro convencimiento de que, aun con las fallas propias en toda gestión humana, el papel desarrollado por La Prensa en la consolidación del régimen democrático ha sido fundamental para nuestro país pues desarrolló su misión como Dios lo manda y el pueblo se lo merece.

Consideramos que en vez de hacer estudios sobre los ?medios racistas? el oficialismo debería realizar investigaciones sobre cómo se puede encarar la lucha para eliminar el racismo y la discriminación en el país, pues nadie niega que Bolivia debe vivir bajo un principio de respeto mutuo e igualdad con el único objetivo de vivir en mejores condiciones para así lograr el anhelado desarrollo.

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El Diario: Los periodistas y el momento actual

Con motivo de la desaparición de los partidos tradicionales del escenario político nacional, el pueblo boliviano quedó descabezado y sin orientación en lo que se refiere a su desarrollo histórico. Esa situación originó una ola de reclamos sociales expresando que el país requiere con urgencia no sólo de dirigentes, sino también de grupos partidarios que canalicen el desarrollo social y éste no marche por los senderos escabrosos de la espontaneidad.

Se debe destacar que la aparición de los partidos políticos en la vida de un país no es producto de algún fenómeno cósmico o el simple deseo de algunos ciudadanos dotados de buenas intenciones. Todo lo contrario, ese resultado es únicamente producto de las necesidades del pueblo y constituye la expresión consciente de lo que regularmente se define como la evolución inconsciente de la vida social.

En años recientes, las reclamaciones por la presencia de un organismo partidario se fueron acrecentando, con mayor incidencia como reacción a políticas antinacionales y antidemocráticas dictadas a la luz de la ideología populista que en su errático andar conduce a situaciones catastróficas. El país quedó, en esa forma, navegando a la deriva, sin timón y sin rumbo. Ese estado de cosas se fue agravando todavía más por la irracionalidad, característica sobresaliente de las etapas de decadencia de una sociedad.

Sin embargo, pese a todos esos dramáticos aspectos, de pronto, frente a la llamada “Ley mordaza”, que afecta a todo el pueblo boliviano sin excepción alguna, los periodistas de toda clase de medios de comunicación, diarios, radios, canales de televisión, cartas informativas y otros, alzaron su voz de protesta, decidiendo poner coto a políticas arbitrarias que lograron poner al país en carrera desbocada hacia el abismo. Como un solo hombre, el sector pensante y más esclarecido del país, como es el de los periodistas, rechazó la medida dictatorial, lo cual los convirtió en los voceros de la opinión pública y la expresión de las demandas de la población para disponer de un mecanismo organizado que defienda los intereses nacionales y democráticos, torpemente conculcados por el izquierdismo infantil contemporáneo.

En esa forma, por presión del pueblo, los periodistas de todo el país se han convertido en la expresión partidaria objetiva de la población, hasta entonces carente de un mecanismo que exprese sus protestas y necesidades. En ese sentido, la masa de periodistas bolivianos constituye, de momento, una especie de fuerza partidaria que, por un lado, hace frente a graves problemas y, por otro, se constituye en el vocero de las necesidades históricas de la población, necesidades que fueron dejadas de lado a costa de intereses sectarios que han perdido la perspectiva histórica. La masa periodística tiene una visión clara de la situación del país y de la relación de fuerzas internas y, por tanto, sus actitudes estratégicas y tácticas deben ser meditadas y serenas, de tal forma de no caer en el vacío.

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El Mundo: Negociación

Luego de una temporada caracterizada por la tensión, hemos visto a los presidentes de Bolivia y Perú confundidos en un abrazo, ese hecho fácilmente nos hizo recordar el sueño del Libertador Bolívar y de los esfuerzos del Mariscal Santa Cruz que esperaban ver unidos a los dos pueblos del pacifico. Quedaron lejos los días en que el gordito molestaba con sus comentarios al presidente, al que había llamado chabacano, un término que a pesar de no ser muy agresivo, resultó muy poco agradable para el mandatario. Con el nuevo acercamiento, los medios se han encargado de recordar el momento en que los presidentes Paz Zamora y Fujimori comprometían el puerto de Ilo como la mejor posibilidad para que los dos países puedan permanecer unidos.

La práctica de las relaciones internacionales busca que los pueblos puedan mantener lazos de unión y de esa manera se logre intercambiar beneficios, sirviéndose unos a otros, aprovechando los recursos que cada uno posee y que munchas veces son indispensables para la vida de los vecinos y que pueden ser producto de una buena negociación.

Recordamos que hace 131 años, los dos países junto a Chile resultaron envueltos en un problema internacional que dejó hondas huellas, pero que hoy bien podrían surgir las soluciones a los problemas actuales, en el marco de la diplomacia, donde el presidente, más allá de esa exótica imagen, producto de su origen, podría mostrar la de un estadista capaz de llevar la unidad a esta parte del continente.

Redoremos que a pesar de las amenazas de desplazamiento de efectivos militares, adquisición de armamento sofisticado y otras bravuconadas que suelen acentuar las diferencias, han surgido en este momento situaciones que han dado lugar a que los países se encuentren más próximos, este movimiento de acercamiento con los gobiernos de Bachelet y Piñera que hicieron pensar inclusive en las posibilidades de una salida soberana al Océano Pacífico, que no deja de ser una quimera.

Como bolivianos, mantenemos viva la idea del retorno al mar y evocamos la guerra que nos apartó de los puertos del Pacífico; sin embargo, sin dejar de pensar en que ello, en algún momento, pueda volver a ser una realidad, debemos pensar también que en este momento, podemos buscar un acercamiento que nos brinde otras facilidades por la vía del entendimiento.

Sería muy importante para la vida de la región que nuestros gobernantes puedan sentarse a negociar y encontrar algunas tareas que logren unir a los pueblos y entablar otro tipo de relaciones más importantes.

Sin dejar de lado el recuerdo del enfrenamiento que envolvió a nuestros abuelos, es también muy posible encontrar vías de entendimiento por la vía del comercio y otras actividades de intercambio que permitan mejorar la relación entre los tres países.

Por otra parte, los aspectos de producción y otros no pueden ser dejados de lado, ya que las posibilidades de tener un intercambio de comercio y otros deberían encontrarnos en posibilidades de llevar al mercado productos altamente competitivos, ya que nuestra industria, cuando se lo ha propuesto, ha sabido entrar con ventaja en los mercados.

Resulta interesante ver cómo el camino del entendimiento, ha permitido superar situaciones que en algún momento estuvieron tensas, por el empleo de una serie de adjetivos que trataron de poner en evidencia las diferencias que afectaban a las dos naciones, presumiblemente por la intervención de una tercera que también podría ser parte del camino del entendimiento.

Pensar en el siglo XXI que podemos prescindir de algunas naciones y vivir en un circulo limitado resulta difícil y hasta soberbio, veamos el estado en que se encuentra Cuba debido al bloqueo impuesto por los Estados Unidos o Venezuela que de ser una de las naciones más ricas del continente, por la presencia de hidrocarburos en su territorio, hoy tiene dificultades por problemas de mercados y otros que lo han llevado a atravesar por una situación realmente crítica.

Por muy grandes que sean las diferencias, el camino del dialogo y del entendimiento está siempre abierto y es mejor aprovecharlo, porque ofrece mejores posibilidades de convivencia.

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Opinión: El tráfico automotor y la inseguridad de la gente

Las calles de la ciudad de Cochabamba se complican cada vez más, el parque automotor se ha incrementado de tal modo durante los últimos años que ya nadie puede negar una realidad: la ciudad ahora es para los vehículos que han desplazado a la gente.

El diagnóstico de lo que ocurre en la ciudad respecto a graves problemas que se acrecientan día que pasa, por falta de políticas que regulen y ordenen el tráfico de vehículos o por desidia de las autoridades municipales, está a la vista de todos.

De una vez por todas, los cochabambinos debemos olvidar aquella nostalgia de ciudad tranquilidad y de las cosas benignas que nos enorgullecían antes. Hoy estamos viviendo en una ciudad no sólo con los problemas que tienen las capitales donde se registran explosiones demográficas de importancia numérica, sino en una ciudad con problemas sin solución, lo que determina que los mismos se agraven con el paso del tiempo.

La gran cantidad de vehículos automotores de servicio público y particular, ha originado como consecuencia lógica y ante la falta de políticas claras sobre el ordenamiento, una serie de accidentes de tránsito que, según estadísticas, se registran por los menos tres al día, entre atropellos y colisiones de vehículos. Las autoridades de Tránsito están preocupadas por esta situación y como una medida inmediata han decidido llevar adelante, con apoyo de la Alcaldía y de los medios de comunicación, una campaña para evitar lo que denominan los malos hábitos de choferes que no respetan señales de semáforos, invaden los pasos de cebra y calzadas, y no observan límites de velocidad en zonas escolares y hospitalarias. Se trata de un esfuerzo que debe merecer el apoyo de la ciudadanía, porque esta campaña procura concienciar y, en su caso, educar a los conductores de motorizados.

Sin embargo, a propósito de esta iniciativa, es necesario pedir a las autoridades de la Alcaldía y de Tránsito analicen y desarrollen planes serios, técnicamente respaldados con estudios y con participación de todos los gremios de choferes, para el reordenamiento del tráfico vehicular de la ciudad. Es necesario atacar el problema en la causa, sin descuidar, desde luego, los efectos.

Una ciudad que tiene un tráfico desordenado, donde la circulación de líneas de micros y otros vehículos de servicio público se realiza casi de manera general bajo el arbitrio y los intereses de los choferes agrupados en sindicatos, obviamente, que está expuesta a accidentes y a situaciones que ponen en riesgo a las personas.

Una cosa es la educación de los choferes que es importante, porque puede ser considerada lo básico en el respeto que deben tener los conductores de vehículos a la ciudad y las personas, pero otra es que el municipio brinde condiciones de seguridad a partir del ordenamiento de vehículos que han invadido, por ejemplo, el centro mismo de la ciudad, situación que casi ya no ocurre en las grandes ciudades donde se imponen restricciones.

La seguridad vial engloba la educación de los choferes y el respeto que deben tener a las normas básicas de Tránsito, pero al mismo tiempo, se tienen que solucionar los problemas estructurales que desde hace varios años han determinado que la ciudad se caracterice por ser una de las más problemáticas en cuanto a su tráfico vehicular se refiere. Se trata de un asunto pendiente, pero da la impresión que las autoridades ediles ante los constantes fracasos por elaborar planes de reordenamiento, han quedado vencidas frente al poder de los sindicatos de choferes que pretenden ser propietarios de las calles y de las rutas que cubren a diario.

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Clarín, Argentina: Un crimen producto de la violencia sindical

El asesinato de un militante en una protesta de ferroviarios es un crimen de enorme gravedad que se produce en el contexto de un clima de confrontación promovido desde hace años por el Gobierno y de una política de seguridad permisiva que facilita el accionar de los grupos violentos.

Mariano Ferreyra formaba parte de un grupo que intentó cortar el servicio del ex ferrocarril Roca y fue asesinado en una encerrona realizada por otro grupo en el que había militantes de la Unión Ferroviaria y que actuó, junto a la Policía, como fuerza de choque para impedir el corte de vías.

La intervención de patotas sindicales como grupos de choque es una realidad de vieja data que, en numerosas ocasiones, culminó en hechos de violencia y, como ha sucedido el miércoles pasado, en muertes.

Todo indica, por otra parte, que las policías de la provincia de Buenos Aires y la Federal no tomaron los recaudos necesarios para impedir el accionar de sindicalistas en actividades que corresponden a las fuerzas de seguridad ni para aislar a los sectores enfrentados.

La Justicia debe investigar, además, si el ?patrullaje sindical? fue un caso aislado o es una práctica habitual en el gremio ferroviario y en otros, porque, en ese caso, habría una grave cesión de responsabilidad del Estado en materia de seguridad.

El caso se produce además, en un contexto en el cual el Gobierno tolera el accionar de grupos sindicales adictos, cuando no los utiliza como instrumento de presión contra empresas o políticos de la oposición, como ha sucedido en reiteradas oportunidades en los últimos años.

Cabe recordar que la Unión Ferroviaria está dirigida por José Pedraza, actualmente aliado a Moyano y al kirchnerismo (participó, por ejemplo, en el reciente acto oficialista de River) y que un miembro de La Fraternidad, y hombre de Moyano, es subsecretario de Transporte del Ministerio de Planificación.

La falta de prevención policial destinada a evitar una escalada de violencia debe inscribirse, además, en la política oficial en materia de seguridad que, en aras de evitar la represión, ha caído en un permisivismo que da lugar a abusos y que alienta la actividad de los grupos violentos.

Es de esperar que la cercanía entre el sindicalismo involucrado en el asesinato y el hecho de que la Policía Federal dependa del Poder Ejecutivo no obstruya la investigación judicial.

El Congreso y las fuerzas políticas y sociales deben seguir de cerca el tema para evitar problemas que puedan contribuir a ocultar realidades que obstruyan el esclarecimiento del crimen y todo lo referente al accionar de las fuerzas sindicales.

Esta prevención hay que evaluarla a la luz de la reacción del oficialismo ante el asesinato. Los habituales voceros del oficialismo que intervienen en forma inmediata, por micrófono o Twitter ante hechos que los afectan, permanecieron en silencio durante las primeras horas.

Es así que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, habló en un acto público, varias horas después de conocido el asesinato, sin hacer referencia al mismo, y sólo lo condenó al final, ante el requerimiento periodístico. El jefe de Gabinete Aníbal Fernández, en una actitud típica, intentó responsabilizar del hecho a una conspiración opositora, de lo cual tuvo que desdecirse muy poco después. Y organismos de derechos humanos que suelen responder enérgicamente ante sucesos que afectan al oficialismo, tuvieron, ante esta tragedia, una módica reacción.

El asesinato de un joven militante en el contexto de un conflicto ferroviario obliga a revisar comportamientos gremiales y policiales y la política de seguridad pública en general. El hecho fue protagonizado por una patota de un sindicato afín al oficialismo y ante graves fallas de prevención policial. Se produce en el contexto de una política de seguridad permisiva que da lugar a los abusos y a la acción de los grupos violentos.

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