Municipios. FAM teme gastar Bs 221 MM al mes por la Ley del Trabajo

Demanda: La confederación de trabajadores ediles pide que sus afiliados dejen de regirse por el Estatuto del Funcionario Público. La Federación de Asociaciones Municipales (FAM) teme verse obligada a erogar alrededor de 221millones de bolivianos por mes si es que los trabajadores ediles salen del alcance del Estatuto del Funcionario Público y pasan a la Ley General del Trabajo.

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Autoridades: Edwin Castellanos y Carlos Vargas, dirigentes de la FAM, en Cobija



Actualmente, el 85 por ciento de los trabajadores ediles del país rigen sus labores por el Estatuto del Funcionario Público y el 15 por ciento, por la ley laboral.

Bajo supervisión del Gobierno se elabora el proyecto de la nueva ley laboral. Entre los redactores se encuentran representantes sindicales de los trabajadores municipales que piden ser incorporados a la Ley General del Trabajo.

Entrevistado por La Prensa, el director ejecutivo de la FAM, Ramiro Zuazo, explicó que si todos los servidores públicos municipales pasaran a la normativa laboral ordinaria, los municipios afrontarán problemas económicos.

Los trabajadores ediles “quieren entrar en la Ley General del Trabajo, pero eso implicaría que las 337 alcaldías del país tengan que prever recursos para atender beneficios sociales y desahucio”.

A fin de contar con datos exactos del monto que los gobiernos municipales deberían destinar a ambos rubros, la FAM solicitó al Ministerio de Economía copias de las planillas de pago de haberes, pues actualmente el organismo no cuenta con información sobre el tema.

“Sólo entonces sí podremos hacer un cálculo real sobre cuánto significaría el perjuicio”. Aunque cree que debería destinar alrededor de 221 millones de bolivianos al mes para atender las mencionadas obligaciones sociales.

Para analizar el asunto y adoptar una posición oficial, el directorio de la FAM se reunirá en La Paz el próximo viernes 5.

Zuazo considera que la preocupación de los servidores públicos del sector edil es la inamovilidad laboral, vale decir que no sean relevados de sus cargos cuando se produce un cambio de autoridades políticas o un superior renuncia a sus funciones.

“Debemos trabajar en la inamovilidad del funcionario público, ése es el gran problema, debemos trabajar en el respeto de sus derechos, de que no sean cambiados por un tema político y reforzar la institucionalidad de los municipios”.

Una de las bases para alcanzar ese objetivo es definir los marcos en los que se debe desarrollar la carrera administrativa, que dará estabilidad laboral a los trabajadores, les garantizará la retención de fondos para su jubilación, aunque en este caso, los funcionarios pierden el derecho a cobrar beneficios sociales y el desahucio si son despedidos.

A través de la Central Obrera Boliviana, la Confederación de Trabajadores Municipales de Bolivia solicitó al Ministerio de Trabajo que sus afiliados sean incorporados a los alcances de la ley laboral.

Mientras se espera que las autoridades de esa dependencia del Estado se pronuncien sobre el particular, la FAM planteó a los dirigentes sindicales tolerancia y abrir un compás de espera para impulsar su demanda, mientras efectúan un estudio acerca del impacto económico, técnico y social que generaría una disposición de esa naturaleza.

“Es aspiración de los obreros”

El secretario general del Sindicato Municipal de Constructores de La Paz, Simón Quelca, sostuvo ayer que “ser plenamente incorporados a la Ley General del Trabajo es una aspiración de nuestro sector por la que venimos luchando desde el año 2000”.

Quelca explicó que hace 10 años, algunos trabajadores municipales fueron incorporados al Estatuto del Funcionario Público, aunque otros quedaron bajo los alcances de la Ley General del Trabajo.

“En realidad, la FAM (Federación de Asociaciones Municipales) se opone a que volvamos a ser amparados por la Ley del Trabajo porque dice que se causaría un grave daño económico a las alcaldías del país, pero eso no es verdad. El problema es que no quieren pagar beneficios sociales”.

Quelca aseguró que se pudo sufrir esa enorme pérdida en 2000, cuando sólo en La Paz había 2.800 obreros ediles, pero que actualmente no son más de 120 personas las que tienen ítem de planta en el Gobierno Autónomo Municipal paceño.

“Incluso, hay algunos que están dentro de la Ley del Trabajo. O sea que cumplen igual trabajo, pero reciben un trato distinto”.

El dirigente lamentó que, en aplicación del Decreto Supremo 21060 y de la Ley de Municipalidades, las alcaldías “relocalizaran a miles de trabajadores y las plantas de trabajadores se redujeran a la mínima expresión. De todas maneras, tarde o temprano, las alcaldías tendrán que pagar los beneficios sociales que corresponden a los trabajadores”.

Este sector forma parte de la comisión redactora de la nueva Ley General del Trabajo. Los constructores municipales son parte de la representación de la Central Obrera Boliviana en el empeño de reformar la ley laboral boliviana.

Para destacar

El país está dividido en 337 municipios, aunque otros fueron creados recientemente y funcionarán desde 2015.

El Estatuto del Funcionario Público no reconoce en este sector el derecho a la sindicalización, al desahucio y otros.

La Prensa