Presunta libertad sexual en menores

image

Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: Hora de producir

  2. Bajo el Penoco, El Día: Nos quedamos cortos

  3. Los Tiempos: EL PAPEL DE LA INFORMACIÓN

  4. El Deber: La ley de minería

  5. Cambio: La estrategia mediática de la derecha

  6. La Prensa: La ley de minería

  7. El Diario: Presunta libertad sexual en menores

  8. El Mundo: A ninguna parte

  9. Opinión: Polémica sobre la edad para el sexo

  10. Clarín, Argentina: Proyecto para controlar la prensa


El Día: Hora de producir

El Banco Central de Bolivia (BCB) ha salido a la palestra a tratar de poner la cuota de credibilidad que ya no tiene el resto de las autoridades del área económica del Gobierno. Un ministro comentaba hace unos días sobre los esfuerzos que tiene que hacer para convencer a su madre de que el aumento de los precios de la canasta familiar es un asunto estacional agravado por factores externos, sobre todo, por una “inflación importada” de países vecinos.



El BCB no sólo ha repetido la versión que surge del gabinete sino que pide tranquilidad a la población que cada día da mayores señales de preocupación que se manifiestan en largas filas para conseguir azúcar, cemento y otros productos básicos cuya escasez es muy notoria, al mismo tiempo que se hace presente la especulación. La comparación con el fenómeno producido a principio de los años 80 del siglo pasado, ha comenzado a generar inquietud en la entidad reguladora, cuya situación podría complicarse si la escalada de precios persiste en los próximos meses.

La institución hace un análisis de los números y de las políticas monetarias que ha estado aplicando el Gobierno, pero tal vez no los vincula a los datos de la realidad nacional que hacen presagiar un horizonte sombrío. Es tal vez por eso que algunos agentes de la economía real, como los empresarios, que saben de costos de producción, de insumos y de demanda, no creen en las explicaciones que ha estado brindando el ministro de Finanzas. Uno de los datos, por ejemplo, tiene que ver con el municipio de El Torno, uno de los principales productores de frutas y hortalizas de Santa Cruz, que abastece gran parte de los requerimiento de los consumidores locales y de otras partes del país. Las autoridades de esa localidad la han declarado zona de desastre por la ausencia de lluvias y se teme que la producción pueda retrasarse varios meses. Lo mismo podría ocurrir con el maíz, base de la alimentación de pollos y cerdos principalmente. Si este año, la situación se pudo difícil porque el quintal del cereal llegó a los 100 bolivianos, nadie imagina qué podría pasar el 2011. Tal vez ese día el ministro Arce, quien hasta no hace mucho no conocía bien la diferencia entre la papa y la yuca, se de cuenta que “lo estacional” podría prolongarse más de lo que ha estado calculando.

Enfrentar las consecuencias de la sequía será sin duda alguna, la mayor lección que deberán enfrentar las autoridades de este Gobierno, que hasta ahora han podido capear la situación gracias a los elevados ingresos fiscales que le han permitido equilibrar la caída de la producción con importaciones subsidiadas, que a su vez han incidido negativamente, desincentivando las inversiones en el sector agropecuario.

El régimen optó por este camino justamente por motivos políticos e ignoró por completo las acciones tendientes a fomentar la producción y el empleo. Hoy tendrá que redoblar sus esfuerzos, si lo que quiere es evitar una crisis alimentaria sin precedentes para el año que viene. Algunos están convencidos que será inevitable.

Enfrentar las consecuencias de la sequía será sin duda, la mayor lección que deberán enfrentar las autoridades de este Gobierno.

Ir al Indice

Bajo el Penoco, El Día: Nos quedamos cortos

Hace unos días decíamos por aquí cerca, que algo raro está pasando en Bolivia. Es como si le hubieran bajado la tranca a la estupidez y la estampida tiende a crecer. A lo mejor los practicantes de esta disciplina ahora se sienten seguros de propalar sus barbaridades, porque en un contexto de extrema tolerancia, ya ni siquiera se podrá discriminar a los estúpidos de los que no lo son. Hay otros que siempre lo han sido y nunca trataron de disimularlo, pero es como si el brote los haya estimulado a exacerbar sus dotes, tal vez para evitar que le arrebaten el cetro. La última de uno de estos ilustres señores tiene que ver con la propuesta para que expulsen del país a un personaje extranjero nada convencional, que además de expresar sus antojitos amorosos en público, también opina sobre política. El parlamentario ha solicitado que se aprehenda al susodicho y se lo extradite, porque según él, él ha caído en la discriminación contra la investidura de los más altos mandatarios. Este Penoco había pensado que iban a suspender las telenovelas. Nos venimos a enterar de esta llamada “Capulina no come pollos”.

Ir al Indice

Los Tiempos: EL PAPEL DE LA INFORMACIÓN

Si hubiera buenas intenciones en quienes quieren controlar la libertad de información, no habrían introducido de contrabando los artículos 16 y 23 en la Ley 045

El presidente del Estado ha declarado que prefiere ver o leer medios que no le son afines "para saber qué me está diciendo mi enemigo" y no los medios estatales, "que seguramente no me están diciendo nada". Después, "cada uno saca su conclusión".
Salvando lo de "amigo-enemigo" que tiene el primer mandatario, lo cierto es que tiene absoluta razón: una de las funciones principales que tienen los medios de comunicación es informar con prescindencia de los afectos y desafectos que tienen los periodistas.

Sólo de esa manera se puede calibrar el decurso de los acontecimientos y, en la medida en la que se cuenta con información idónea, se puede adoptar decisiones correctas. Es válida en este sentido la moraleja del cuento "El rey está desnudo": los periodistas debemos asumir el lugar del niño y decir si el rey está vestido y no desnudo, en contra, incluso, del criterio de los cortesanos.

De ahí es que en muchos ámbitos del periodismo es difícil explicar la saña con la que el poder quiere controlar la libertad de expresión e información. Incluso, utiliza armas innobles para alcanzar ese fin como presionar a diferentes personas que han tenido un cierto recorrido en defensa de esas libertades para militar en el campo de los nuevos censores; para tratar de confundir a la población en sentido de que la defensa de esas libertades sería orquestada por omnipotentes propietarios que manejarían a su antojo a los trabajadores de la información, o para intentar incluso sobornarlos señalando que medio que sea clausurado pasaría a manos del sindicato respectivo.

Pero, la afirmación presidencial sobre la importancia de los medios que él considera sus adversarios abre esperanzas de que el Gobierno podría revisar los ampliamente debatidos artículos 16 y 23 de la Ley 045, porque son claramente atentatorios a las libertades de expresión y opinión.

Hay que insistir en que la defensa de ambas libertades no significa la impunidad del periodista. De lo que se trata es defender el principio de que la información que se selecciona y difunde no esté al servicio de los poderosos en desmedro de la ciudadanía y la verdad. Por eso se insiste en la vigencia del espíritu de la Ley de Imprenta, que establece que el proceso por delitos y fallas que se cometen en el ejercicio del periodismo debe ser dirigido por un tribunal que emerja de la ciudadanía y no del poder político.

De ahí que si hubiera buenas intenciones en quienes ahora quieren controlar la libertad de información, no sólo que no habrían introducido de contrabando los artículos 16 y 23 en la Ley 45, sino que podrían haber propuesto, por ejemplo, hacer más ágil el proceso establecido en la Ley de Imprenta (que puede atender los nuevos delitos de discriminación) para sancionar a quienes violen sus disposiciones. Sólo así se podría creer efectivamente que quieren servir a la gente y no a los gobernantes de turno.

Ojalá, pues, que el criterio presidencial sea tomado en cuenta por quienes se resisten a modificar la Ley 045 y, peor aún, quieren seguir elaborando más normas para controlar la libre difusión de ideas e informaciones y contenidos comunicacionales en general; en fin, por quienes pareciera que se han adherido y quieren hacer realidad aquello de tener el control total de la sociedad.

Ir al Indice

El Deber: La ley de minería

Desde hace tres años el Gobierno central viene anunciando la aprobación de una nueva ley de minería, pero lo único que ha logrado hasta ahora es frenar las inversiones, mientras sigue la espera.

Lo último que se ha sabido sobre este tema es que la nueva ley modificaría las cifras de referencia para la aplicación de las regalías mineras, en vista de que los precios internacionales han triplicado a los de hace cinco años.

Este panorama de incertidumbre se presenta cuando los precios han llegado a niveles jamás vistos, como consecuencia de movidas de especulación en los mercados internacionales y también a un incremento real de la demanda.

El caso del oro es el más comentado, con una cotización que supera los 1.300 dólares la onza troy, con un incremento del 40% respecto a los niveles de principios de año.

La plata ha llegado hasta los 24 dólares la onza troy, con un incremento del 60% respecto a enero, mientras que el estaño ha estado rozando los 13 dólares por libra fina, como jamás se había visto.

Los expertos internacionales atribuyen estas alzas a operaciones de especulación, pero también admiten que el oro sube porque hay muchas dudas acerca de la salud de las monedas, sobre todo del dólar. El oro sirve de refugio para los ahorristas preocupados por la salud de las monedas.

La plata sigue los pasos del oro, mientras que el estaño está subiendo debido a problemas de producción que se han presentado en Indonesia, combinados con una fuerte demanda de parte de los países asiáticos y de sus industrias electrónicas.

Esos tres metales tienen en este momento cotizaciones que, como se ha dicho líneas arriba, triplican a las de hace cinco años. El oro, que está en 1.300 dólares, estaba en 2005 en solamente 400 dólares; la plata está en 23 dólares y hace cinco años estuvo en 7 dólares y el estaño está en 13 y estuvo en 4 dólares la libra fina.

En circunstancias parecidas a la presente, el gobierno de Chile decidió, hace diez años, aplicar a la producción de cobre un impuesto adicional, que llamó “royalty”. Se trataba de un impuesto extraordinario para utilidades extraordinarias.

La idea del presidente Ricardo Lagos fue el viejo concepto de que es bueno tomar previsiones para los tiempos de vacas flacas. Es decir, acumular reservas para cuando las cosas se pongan mal.

Pues bien, el fondo que se acumuló en Chile con ese propósito sirve ahora para impulsar el desarrollo tecnológico de ese país que ocupa el puesto número 54 en el ranking del FMI de PIB per cápita en el mundo, mientras que Bolivia está en el puesto 117.

Aplicar una política similar en Bolivia sería lo más conveniente, aunque para ello se necesitaría contar con un sistema de fiscalización que no existe en el país.

Como si se tratara de un país sin leyes ni Estado, en las últimas semanas las autoridades tuvieron que expulsar a extranjeros que invadieron el territorio boliviano en busca de oro.

El país con más antigua tradición minera en las Américas, no tiene leyes claras para la minería, aunque las tenga abundantemente para todos los demás fines.

Ir al Indice

Cambio: La estrategia mediática de la derecha

Desde hace ya algún tiempo la derecha boliviana ha puesto en marcha una estrategia que, en el fondo, busca frenar la aplicación de la Constitución Política del Estado aprobada por primera vez en la historia de Bolivia por el voto popular. La Constitución vigente no sólo cuenta con la legitimidad del voto del pueblo, sino que es resultado de un proceso político fundacional que tuvo su expresión máxima en la Asamblea Constituyente instalada en Sucre en agosto de 2006.

Es bueno recordar que aquel proceso político fue resultado de la ardua como sostenida lucha del pueblo movilizado en las calles, en las comunidades, en los caminos. Ya en 1990 los pueblos indígenas de tierras bajas marcaron la línea que debía seguir la patria que los excluyó desde siempre. Más allá de los medios de comunicación, el pueblo se abrió a pulso para derrotar al viejo proyecto oligárquico que se impuso en Bolivia desde su fundación y que tuvo en el neoliberalismo su expresión terminal.

Ayer, un representante de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) cometió un verdadero exceso (es decir, mintió descaradamente) ante una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Afirmó, palabras menos palabras más, que el actual presidente de Bolivia, Evo Morales, llegó a ese sitial poco menos que por el favor y gracias a los medios de comunicación. Nada más falso. Si por los medios de comunicación hubiese sido, los gobernantes de Bolivia serían quienes se enriquecieron desde y fuera del Estado por décadas. En algo no se equivocó el enviado de esa asociación, es que muchos medios catapultaron y catapultan hoy a los políticos confundiendo de lleno su labor de servicio a la comunidad, de servicio a la verdad con ética, con responsabilidad.

Hoy, es cierto, los medios catapultan a las expresiones más retrógradas de la derecha. Ellos amplificaron las posturas no sólo racistas, sino separatistas en Bolivia. De eso hay muchos estudios y pruebas que han hecho precisamente que algunos medios privados, cuyos propietarios tienen intereses económicos poderosos, se conviertan en los más virulentos enemigos no sólo de Evo Morales, sino del proceso político que conquistó el pueblo con su lucha, con su sangre.

¿Qué hicieron y qué dijeron pues los medios que hoy dicen defender la libertad de expresión cuando en octubre de 2003 el pueblo estaba en las calles y expulsó al gonismo? ¿Qué hicieron y qué dijeron esos mismos medios en mayo de 2008 cuando en la plaza de Sucre se humillaba y ofendía a indígenas y campesinos de Chuquisaca?

Es necesario revisar las páginas de la historia de la prensa, por ejemplo, durante la dictadura. Que hubo periodistas que se enfrentaron al banzerismo, los hubo, pero en su generalidad se pusieron al servicio del dictador y reprodujeron cuanta mentira e infamia propalaba aquel gobierno del crimen respecto de los bolivianos de izquierda, de los obreros y campesinos que sí dieron sus vidas por la democracia. Revisemos, pues, la prensa. Caben algunas interrogantes al respecto: ¿Cómo se erigieron muchas empresas de prensa, radio y televisión en dictadura como en democracia? ¿Qué favores recibieron de los gobiernos neoliberales y de los grupos empresariales?

Paralelamente y a raíz de las afirmaciones de la APLP en la OEA, resulta pertinente revisar cuál ha sido la trayectoria de Evo Morales, cómo nace su liderazgo y se convierte en un referente político para los pueblos indígena originarios y el campo popular.

Nadie, que tenga honestidad intelectual,  puede poner en duda que Evo se hizo en múltiples batallas, en marchas y bloqueos de caminos contra el intervencionismo norteamericano en el Chapare y contra las expresiones de la derecha conservadora. Lo hizo en el marco de la consecuencia y la ética que hoy por hoy lo convierte en el presidente más honesto que haya tenido Bolivia en su historia reciente. Y ésta no es una afirmación gratuita ni una adulonería, es cuestión también de revisar los nombres y apellidos de quienes pasaron por el Palacio de Gobierno.

En ese contexto, y desde la perspectiva trazada por el proceso de transformaciones, la Constitución Política del Estado se erige en el hecho político de mayor trascendencia. Es, en resumidas cuentas, el cimiento clave para la construcción del nuevo Estado Plurinacional al cual, en el fondo, se oponen las expresiones de derecha. Sin gravitación en el escenario democrático formal —es decir en la Asamblea Legislativa Plurinacional— y sin convocatoria en las calles, la oposición desquiciada ha hecho de los medios privados de comunicación a su servicio su principal campo de acción para sabotear, desgastar, desprestigiar y finalmente conspirar contra el gobierno del presidente Morales para precisamente ‘catapultarse’ como alternativa al proyecto de las mayorías.

Como resultado de su derrota en las urnas, la derecha dejó de ser ‘la mayoría’ construida con base en sus facciones minoritarias, elitistas y excluyentes, y hoy es lo que es en Bolivia, la minoría derrotada. Su casi muerte política hace que sus representantes en la Asamblea pasen inadvertidos y guarden sus voces para reproducirlas a través de muchos medios privados que, en el fondo, no hacen más que amplificar imposturas y mentir, perdiendo cada vez más el más preciado bien de los periodistas, la credibilidad.

Por suerte, la voz rebelde del pueblo se escuchó siempre en las calles.

¿Qué hicieron y qué dijeron pues los medios privados de comunicación que hoy dicen defender la libertad de expresión cuando en octubre de 2003 el pueblo estaba en las calles y expulsó al gonismo?

Ir al Indice

La Prensa: La ley de minería

Acumular reservas para la época de ?vacas flacas? sería algo conveniente, aunque se necesitaría un sistema de fiscalización que no existe?

Desde hace tres años el Gobierno central viene anunciando la aprobación de una nueva ley de minería, pero lo único que ha logrado hasta ahora es frenar las inversiones, mientras sigue la espera.

Lo último que se ha sabido sobre este tema es que la nueva ley modificaría las cifras de referencia para la aplicación de las regalías mineras, en vista de que los precios internacionales han triplicado a los de hace cinco años.

Este panorama de incertidumbre se presenta cuando los precios han llegado a niveles jamás vistos, como consecuencia de movidas de especulación en los mercados internacionales y también de un incremento real de la demanda.

El caso del oro es el más comentado, con una cotización que supera los 1.300 dólares la onza troy y un incremento de 40 por ciento respecto de los niveles de principios de año.

La plata ha llegado hasta los 24 dólares la onza troy, con un incremento de 60 por ciento respecto de enero, mientras que el estaño ha estado rozando los 13 dólares por libra fina, como jamás se había visto.

Los expertos internacionales atribuyen estas alzas a operaciones de especulación, pero también admiten que el oro sube porque hay muchas dudas acerca de la salud de las monedas, sobre todo del dólar. El oro sirve de refugio para los ahorristas preocupados por la salud de las monedas.

La plata sigue los pasos del oro, mientras que el estaño está subiendo debido a problemas de producción que se han presentado en Indonesia, combinados con una fuerte demanda de los países asiáticos y de sus industrias electrónicas.

Esos tres metales tienen en este momento cotizaciones que, como se ha dicho líneas arriba, triplican a las de hace cinco años. El oro, que está en 1.300 dólares, estaba en 2005 en solamente 400 dólares; la plata está en 23 dólares y hace cinco años estuvo en siete dólares y el estaño está en 13 y estuvo en cuatro dólares la libra fina.

En circunstancias parecidas a la presente, el Gobierno de Chile decidió, hace diez años, aplicar a la producción de cobre un impuesto adicional, que llamó royalty. Se trataba de un impuesto extraordinario para utilidades extraordinarias.

La idea del presidente Ricardo Lagos fue el viejo concepto de que es bueno tomar previsiones para los tiempos de vacas flacas. Es decir, acumular reservas para cuando las cosas se pongan mal.

Pues bien, el fondo que entonces se acumuló en Chile con ese propósito sirve ahora para impulsar el desarrollo tecnológico de ese país que ocupa el puesto número 54 en el ránking del FMI de PIB per cápita en el mundo, mientras que Bolivia está en el puesto 117.

Aplicar una política similar en Bolivia sería lo más conveniente, aunque para ello se necesitaría contar con un sistema de fiscalización que no existe en el país.

Como si se tratara de un país sin leyes ni Estado, en las últimas semanas las autoridades tuvieron que expulsar a un grupo de extranjeros que invadieron el territorio boliviano en busca de oro.

El país con más antigua tradición minera en las Américas no tiene leyes claras para la minería, aunque las tenga abundantemente para todos los demás fines.

Ir al Indice

El Diario: Presunta libertad sexual en menores

El Legislativo, dependiente del Ejecutivo, una vez más dio prueba de lo mucho que improvisa, de la ausencia de los análisis que debe hacerse de posibles disposiciones a ser aprobadas; de las improvisaciones en que incurre con tal de complacer a una especie de angurria por aprobar leyes con miras a reemplazar o corregir disposiciones anteriores.

El caso de una modificación al Código Penal sobre la libertad sexual para menores es patético; aprobar esa disposición sería ampliar, una vez más, el campo del libertinaje. Es, quiérase o no reconocer, violentar la inocencia o ingenuidad de los niños en relación con el sexo. La niñez, un estado hasta los doce o trece años, antes de ingresar en el campo de la pubertad o adolescencia, pese a la amplia difusión sobre el libertinaje sexual, la pornografía televisiva y el hedonismo aún tiene criterios y conceptos muy claros en relación con el respeto que debe existir entre las personas y un ejemplo es, con seguridad, el comportamiento de los padres.

Promover, incitar, permitir, aprobar y hasta inficionar la actividad sexual a partir de los doce años, en los resultados no es más que promover los embarazos no deseados y, en la mayoría de los casos, incitar a la violencia y a la violación de niñas. Las consecuencias serán llegar al aborto que, en la mayoría de los casos -especialmente en jóvenes de 16 años adelante-, infunde temores y vergüenzas incontenibles; miedo a la reacción de los progenitores, complejos para el futuro porque las experiencias que deja el aborto, en la gran mayoría, son traumáticas.

Promover el libertinaje en la actividad sexual es irresponsable y atentatorio a los derechos humanos de niños y adolescentes que no tienen la educación sexual necesaria y menos conocimiento de las consecuencias del acto sexual prematuro. El libertinaje sexual no deja de ser una especie de desafío a la autoridad de los padres, desconocimiento íntimo de los valores que preservan la inocencia, la candidez y la ingenuidad que hasta determinada edad es patrimonio de los jóvenes.

La permisividad de las autoridades judiciales, la indiferencia de los policías ante los casos de violación y la falta de juicios drásticos contra los violadores, tienen resultados funestos en la vida de la comunidad, puesto que el hedonismo que practican muchos jóvenes, conjuntamente la pornografía destructora de valores, es incitativo inclusive para el consumo de drogas y éstas, a su vez, promueven la actividad sexual desmedida, con graves riesgos para la salud y la seguridad de contagio con enfermedades de diversa índole.

Preservar a la niñez y la juventud de los excesos sexuales, de la pornografía, del inmenso daño que causan las drogas y del hedonismo en todas sus formas, debería ser función de las autoridades legislativas que, en concordancia con las autoridades de salud y de educación podrían frenar los excesos y todo aquello que implica graves daños a la niñez y la juventud.

La permisividad sexual para niños a partir de los 12 años es contraproducente, contraria a sus derechos que deben ser inviolables y es, además, incitativo para embarazos prematuros y su primera consecuencia: el aborto preñado de peligros. El ejecutivo, conjuntamente el Legislativo, tendrá que tener mucho cuidado en este tema que, de tener vía libre -tan sólo por aprobar modificaciones al Código Penal- acarrearía infinidad de males a la niñez, la juventud y la familia en su conjunto; sería, por otra parte, incrementar la pornografía como el mejor incentivo para violadores que actuarían con inmunidad e impunidad.

Ir al Indice

El Mundo: A ninguna parte

En su afán de mantener la atención de la población, el Gobierno emprende cada día la aprobación de normas que lejos de regular la aplicación de la Constitución Política o mejorar la relación entre los ciudadanos, lo que hacen es abrir debate sobre los temas más inverosímiles.

Actualmente, los políticos, la Iglesia y los mismos empresarios se encuentran empeñados en analizar la decisión de los genios del Parlamento, de permitir las relaciones sexuales entre menores de 12 años, sin que ello pueda hacerlos imputables, como sería si fueran mayores de esa edad.

Mientras los parlamentarios masistas se devanan los sesos tratando de imponer la aplicación de la norma mencionada, las páginas rojas continúan informando a la comunidad sobre atropellos y violaciones cometidos por los adultos, ante la falta de seguridad que es cada vez más evidente en las ciudades.

Como unas cosas vienen seguidas de otras, con seguridad, como consecuencia de la ley que se encuentra en estudio, el próximo paso liberará a los menores de edad de la necesidad de autorización de los padres para contraer matrimonio, como consecuencia de las relaciones que hoy se intenta proteger y como lo ha manifestado más de una persona, se trata también de incentivar ya que si no lo hacen ahora, en el futuro correrían riesgo de sanciones y otras medidas.

Como las relaciones y el matrimonio traerían nuevas obligaciones para las parejas infantiles, será muy difícil obligar a los padres a que se hagan cargo de la educación de los hijos casados, en edad escolar y con seguridad tendrían también que mantener a los nietos.

Una situación de esa naturaleza tendría que llevar luego a nuestros legisladores a pensar en crear nuevas fuentes de ingresos y en ese sentido, las empresas nacionalizadas se verían obligadas a albergar dentro de sus planillas a nuevos trabajadores que con la formación recibida hasta la edad de doce años, estarán relativamente capacitados para esas tareas, por lo que las funciones serían más nominales que reales.

Tal vez la idea esté centrada en la posibilidad de que esas familias jóvenes, nacidas al amparo de la Ley de la Niña, Niño y Adolescente, a la conclusión de la actual gestión de Gobierno, estarán habilitadas para emitir su voto y gracias al apoyo ofrecido por el Gobierno para llevar adelante esa relación, podría permitir acumular algunos votos más al régimen que ya nos ha manifestado su propósito de mantenerse todavía por varios años.

Como nos parece que por ese camino la situación se irá complicando en forma paulatina, una de las soluciones que tradicionalmente ha venido aplicando la humanidad para resolver problemas de esa naturaleza, tendrá que ser puesta en práctica y ante la sorpresa de la sociedad conservadora y con mayor razón a las autoridades de la Iglesia y de otros sectores, el Gobierno tendría que verse obligado a dictar una ley de legalización del aborto que permita brindar una solución momentánea a los padres imberbes que no se encuentren en condiciones de llevar adelante las consecuencias de una relación autorizada por las normas legales. De esa manera tenderían a resolver el problema antes de que alcance las complicaciones que acabamos de señalar.

Otra de las medidas podría llegar con la aplicación de la Ley del Divorcio, otra de las discutidas normas con que se dotó en algún momento a nuestra legislación y que fue también el centro de enconados debates, debido al debilitamiento que ella representaba para la estabilidad de la familia.

Estas reflexiones no tienen otro motivo que mostrar que el entusiasmo de los legisladores por aplicar medidas originales dentro del ordenamiento de nuestro país debería ser motivo de un análisis más serio, antes de buscar acciones de cambio revolucionario que no llevan a ninguna parte.

Ir al Indice

Opinión: Polémica sobre la edad para el sexo

En estos tiempos en que el Gobierno está embarcado en la aprobación de leyes que tienen relación con la Constitución Política del Estado, el debate nacional sobre los asuntos que son considerados más sensibles debería ser práctica del ejercicio democrático.

No sólo nos estamos refiriendo al debate en instancias de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que desde luego es el escenario para la consideración y comparación de ideas, sino también a la participación de sectores ciudadanos e institucionales. Se dice que algunos proyectos de leyes son consultados en audiencias ciudadanas y mediante la participación de representantes de organismos sociales. Sin embargo, no se sabe hasta qué punto estas intervenciones tienen la fuerza necesaria para modificar o introducir conceptos en las futuras leyes.

Ahora en el tapete de la polémica está un artículo sobre la práctica sexual reconocida a partir de los 12 años de edad, dentro de un compilado legal que establece otras normas y que pretende proteger a los menores, habiendo endurecido, entre otros aspectos, las penas para los violadores de menores hasta los 25 años de cárcel sin derecho a indulto. Esta decisión responde a un pedido de grandes segmentos de la población, que horrorizados con las violaciones y asesinatos de menores, claman sanciones drásticas contra los violadores.

El artículo polémico ha desatado una serie de dudas en sentido si las niñas están preparadas a los 12 años para ser madres, dejando el beneficio de la duda si es permisible que practiquen sexo con personas de su misma edad. Hay voces especializadas que afirman que una niña de esa edad, no está preparada para ser madre y que si hay sexo a esa edad, una de las potenciales probabilidades es que haya embarazo. Sostienen que existe una incorrespondencia entre la maduración fisiológica, biológica y la maduración emocional o psicológica, lo que necesariamente no va a la par y que siempre es difícil legislar en torno específicamente a la edad, porque la edad siempre es un referente de tipo demográfico y no corresponde parámetros de orden cultural, social o económico.

El artículo de la polémica, sin embargo, podría ser revisado, tal cual han señalado predisposición los legisladores y el mismo presidente Evo Morales que se mostró partidario de aportar alternativas.

El debate en esta ley, por sus características sociales y de interés general para el conjunto de la sociedad boliviana, no puede menos que ser analizada de manera amplia y con la participación de expertos y entendidos en la materia. En la realidad nacional, respecto al trabajo de los legisladores, antes y ahora, los criterios profesionales y especializados sobre asuntos de importancia nacional deben ser mejorados. El artículo 15 tiene relación con la pena cuando señala que quien tuviera acceso carnal con persona de otro sexo menor de catorce años con fines libidinosos será sancionado con privación de libertad de veinte a veinticinco  años sin  derecho a indulto, pero  quedan  exentas de esta sanción las relaciones consensuadas entre adolescentes menores de dos años siempre que no exista diferencia de edad mayor de un año en ambos.

Como en toda norma que se legisla, existen diferentes interpretaciones, algunas son para establecer contextos que persiguen la protección, aunque también pueden inducir a situaciones permisivas. La discusión está abierta, mucho más, si existe la posibilidad de escuchar opiniones y aportes especializados en un debate que es imprescindible.

Ir al Indice

Clarín, Argentina: Proyecto para controlar la prensa

Con la manifestación de su preferencia de una prensa ?nacionalizada?, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner contribuyó a explicitar su programa de subordinación al Gobierno para los medios de difusión.

En una presentación pública, la Presidenta sostuvo que ?sería importante? nacionalizar los medios de difusión, aclarando que no se refería a una estatización. Considerando que desde el inicio de su gestión el kirchnerismo se asume como representación exclusiva de lo que entiende como nacional y que considera a cualquier opinión o interés diferente, como anti nacional, es evidente que la frase presidencial revela el interés de que los medios de difusión sean tan sólo canales de las informaciones y las opiniones que el oficialismo considera como correctas, a saber, las propias.

Esta posición ha sido expuesta en términos concreta y en forma sistemática en los últimos años a través de agresiones a la prensa independiente y, más recientemente, con el proyecto de controlar Papel Prensa y, en consecuencia, la distribución de papel de diario. Como derivación de este propósito el oficialismo, con el apoyo de legisladores de la centroizquierda, logró un dictamen de comisión en Diputados para un proyecto que declara de ?interés público? el papel de diarios y propone la creación de un organismo de fiscalización con un director nombrado por el Poder Ejecutivo.

Como señala la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), en una solicitada publicada el domingo pasado, el proyecto choca contra el artículo 32 de la Constitución, que impide dictar leyes que restrinjan la libertad de prensa y con el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que prohíbe el control abusivo del Estado en la producción de papel prensa.

Por otra parte, un ordenamiento de esa naturaleza crearía una enorme capacidad de presión de los gobiernos sobre la prensa independiente, poniendo en riesgo libertades básicas del sistema democrático.

La preferencia presidencial por una prensa ?nacionalizada? explicita el disgusto oficial con la prensa independiente, que tiene forma concreta en el propósito de controlar Papel Prensa.

Ir al Indice