Clarín, Argentina: El hostigamiento contra los medios

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La presión oficial contra los medios independientes por parte del Gobierno motivó un llamado de atención y condena enérgica por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: Otro show por la inseguridad

  2. Bajo el Penoco, El Día: Huyendo del país

  3. Los Tiempos: PERÚ, CHILE Y…

  4. El Deber: Pagos por nacionalizaciones

  5. Cambio: Una apuesta por el desarrollo

  6. La Prensa: Los medios en el actual proceso

  7. El Diario: La Ley INRA agrava la crisis alimentaria

  8. El Mundo: Peligroso

  9. Opinión:

  10. Clarín, Argentina: El hostigamiento contra los medios




El Día: Otro show por la inseguridad

Cada día hay más calles cerradas en Santa Cruz. Los vecinos deciden por su cuenta colocar trancas y cierran el paso a los automóviles por las noches para hacerles más difícil el trabajo a los ladrones y asaltantes. En un barrio alejado de la ciudad, una familia decide abandonar su casa para evitar el acoso de los pandilleros tras un feroz ataque que mandó al hospital a padre de un adolescente que era masacrado.

En la zona norte, un empresario es asesinado con cuatro tiros y un día después, un ciudadano peruano recibe ocho disparos mientras conduce su automóvil. Una semana antes mataban a un adolescente para robarle su teléfono celular y ayer, pandilleros le prendieron fuego a un hombre. Una joven fue violada y asfixiada, colegios atacados por grupos juveniles, un surtidor atracado por segunda vez en tres semanas, son a grandes rasgos, los hechos criminales más sobresalientes de los últimos días y que tienen preocupada a la población. El clamor de la Iglesia católica por esta ola delictiva que parece incontrolable ha provocado molestia en la Policía, la que asegura que la violencia no es generalizada y que se focaliza en ciertos grupos. Eso habría que explicárselo a los familiares de aquel joven asesinado cuya enamorada fue abusada sexualmente.

Mientras todos estos hechos ocurren y se multiplican en Santa Cruz y otras ciudades, la Policía está sumergida en una grave crisis de credibilidad, no sólo por su ineficiencia en el combate al crimen, sino porque la politización de la entidad parece estar afectando la conducta de los uniformados. En los últimos meses se han incrementado los casos de policías envueltos en delitos a lo que tiene que sumarse necesariamente la actuación de efectivos en el caso Olorio y en la represión de Caranavi, donde además de abuso se ha podido evidenciar el manejo espurio que hacen las autoridades de las investigaciones para evitar consecuencias judiciales.

En este contexto, el Ministerio de Gobierno vuelve a aparecer en escena con una vieja receta que se ha aplicado en innumerables ocasiones y que ha fallado siempre, sobre todo por la falta de continuidad. Hace unos meses, luego de la puesta en marcha del patrullaje militar que otra vez volverá a las calles, se dijo que el índice delictivo había bajado, cosa que es inverosímil, puesto que pararse en las esquinas a exigir documentos no contribuye a combatir un problema estructural, que necesita políticas públicas integrales, que involucren al conjunto de la sociedad.

La Policía está reclamando un cambio en la administración de justicia, que se ha vuelto una puerta giratoria para los criminales, verdaderos expertos en burlar el sistema. Las cárceles siguen siendo escuelas del crimen, donde la mayoría de los reclusos no tiene sentencia. El Gobierno central se niega a coordinar con las gobernaciones y los comandos de la Policía sólo obedecen consignas políticas, dirigidas especialmente a coadyuvar al esquema de persecución política que ha montado el régimen. En tanto no haya una actitud más seria de los gobernantes en relación a un tumor que se expande y compromete todo el organismo social, lo que se haga con los soldados y el movimiento de tropas es las esquinas, no será más que un nuevo show destinado a generar cierta sensación de alivio en la gente.

Lo que se haga con los soldados y el movimiento de tropas en las calles, no será más que un show destinado a generar cierta sensación de alivio.

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Bajo el Penoco, El Día: Huyendo del país

Hace unos años, el presidente Morales se quejaba porque había poblaciones donde no era bienvenido. Sucre, Riberalta, algunos lugares de Santa Cruz, Pando y otros, no eran precisamente el ejemplo de la hospitalidad hacia el Primer Mandatario hasta que, mediante ciertos procedimientos que son de dominio público, el MAS los convirtió en sus feudos. Hoy, no sólo el jefazo, sino cualquiera de sus operadores, hacen y deshacen en aquellos lugares, donde son tratados como tribunos del emperador. Pero hay otros que han sufrido el proceso inverso. Uno de ellos es Potosí, un feudo imbatible del oficialismo durante varios años que hoy se ha convertido en territorio hostil. El Presidente no sólo se niega a visitar la Villa Imperial sino que se enferma cuando llega una ocasión especial como la que se dio ayer y que ameritaba su presencia. El Vicepresidente cambió la visita a Potosí, que celebraba el Bicentenario de su grito de libertad, por un viaje a Londres donde disertará sobre los cambios en Bolivia.  Con seguridad dirá que el MAS gobierna para todos los bolivianos.

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Los Tiempos: PERÚ, CHILE Y…

Si Perú recurrió al Tribunal de La Haya y Chile aceptó ese procedimiento, lo que corresponde es que ambos países acaten lealmente el fallo que esta Corte emita

En el contencioso sobre delimitación marítima que Perú lleva adelante en contra de Chile en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, el miércoles 9 este país presentó la "réplica" a la "Contramemoria" que, a su vez, presentó Chile para responder a la demanda peruana presentada el año 2008 (denominada "Memoria").

Grosso modo, de lo que se trata es que Perú sostiene que no tiene ningún tratado de límites marítimos con Chile y que se deben realizar negociaciones para establecerlos conforme a las actuales disposiciones internacionales que rigen en el Derecho Marítimo. Por su parte, Chile señala que estos límites ya están determinados en dos documentos: uno, de 1952 denominado Declaración de Santiago sobre zona marítima y dos, el Convenio sobre zona especial fronteriza de 1954. Sin embargo, Perú los reconoce sólo como "tratados pesqueros", por lo que ha planteado la demanda señalada.

Lo que sigue requiere bastante tiempo. Chile debe presentar, hasta el 11 de julio de 2011, su respuesta a la réplica peruana, con lo que termina la fase de los documentos escritos. A continuación los jueces de la Corte Internacional deben fijar la fecha para la fase oral, que según estiman algunos entendidos será el año 2012. Una vez que ésta termine, la Corte deberá emitir sentencia en el plazo que estime conveniente.

Por tanto, hay un lapso de por lo menos dos años en los que las relaciones entre ambas naciones no serán normales por más declaraciones de buena vecindad que hagan sus autoridades. De hecho, de acuerdo a varios entendidos en estas materias complejas, la buena voluntad que Chile y Perú están mostrando hacia Bolivia en los últimos tiempos no sólo se debería a un real interés en encontrar una solución a la más que centenaria demanda marítima del país, sino a que les interesa, en este tiempo de espera, contar con un aliado y qué mejor que sea uno cuyos intereses puede afectar la decisión final de La Haya.

Hasta ahora, el país se ha mostrado cauto y aparentemente no ha cedido a tentaciones emergentes del desconocimiento y la falta de experiencia. Sin embargo, está claro que es necesario contar, tanto en nuestra Cancillería como en la Asamblea Legislativa, con asesoramiento político y técnico especializado. Para este efecto, las autoridades actuales deben comprender que no hay nada peor en el mundo de la diplomacia que la improvisación y la ignorancia. La propia historia de todos los procesos de cambio registrados en el mundo muestra que los cambios en las sociedades no afectaron al meollo de las políticas internacionales de los países o, si las afectaron en un principio a causa del entusiasmo del triunfo, rápidamente fueron restablecidos los mecanismos diplomáticos que se han ido construyendo a través de la historia de la humanidad.

Volviendo al contencioso peruano-chileno, hubiera sido mejor, desde un enfoque regional, que ambas naciones arriben a acuerdos en forma bilateral, pero una vez que Perú recurrió al Tribunal de La Haya y Chile aceptó ese procedimiento, lo que corresponde es que ambos países acaten en forma leal el fallo que esta Corte emita y, desde una perspectiva boliviana, que éste no afecte las negociaciones que se realizan para que Bolivia, en justicia, acceda al mar en forma soberana.

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El Deber: Pagos por nacionalizaciones

Una sorpresiva solución, aunque todavía parcial, del diferendo entre el gobierno boliviano y la empresa italiana ETI, ha venido a recordar al país el tema pendiente de los pagos por las nacionalizaciones de empresas privadas, nacionales y extranjeras.

Los anuncios sobre el arreglo con la empresa que administró ENTEL desde la capitalización hasta la nacionalización han sido parciales e incompletos, pero muestran que, tarde o temprano, llega siempre el momento de pagar las cuentas. Hay en la lista de las cuentas pendientes otros ocho casos.

Desde que comenzó el proceso de nacionalizaciones decididas por el actual gobierno, la cartera a cargo de la defensa de los intereses del Estado boliviano cambió cuatro veces de titular. Incluso se dio el caso de una ex ministra, Cecilia Rocabado, que iba a ser sometida a juicio por parte del mismo Gobierno al que ella había servido.

Los nervios se pusieron muy tensos cuando se supo que la empresa italiana estaba pidiendo una indemnización de más de 1.000 millones de dólares. Las acusaciones se hicieron cruzadas y hasta se llegó a decir que el propio presidente Evo Morales estuvo al tanto de lo que se estaba haciendo.

Por lo tanto, el arreglo del que se habla ahora es un alivio para todos los que tuvieron en sus manos este tema, entre ellos el actual presidente de Diputados, Héctor Arce Zaconeta, quien ocupó la mencionada cartera en el momento de la nacionalización de ENTEL.

Pero los sustos no han pasado totalmente. La empresa Atlas, que tenía a su cargo el contrato para poner en marcha el complejo metalúrgico de Karachipampa, amenaza con llevar el caso a tribunales internacionales si no le pagan una indemnización de al menos $us 850.000.

Todos los conflictos que debe atender el Gobierno de parte de las empresas perjudicadas por las nacionalizaciones parecen haber escarmentado a las autoridades.

Las próximas nacionalizaciones serán meditadas con mucho cuidado, a juzgar por la actitud nueva del Gobierno. El pedido de los dirigentes cívicos de Potosí para que se nacionalice la explotación minera de San Cristóbal en este mes de noviembre fue respondido con un elocuente silencio por parte del Gobierno.

Por lo demás, ha estado empeñado últimamente en hacer demostraciones de que se propone dar seguridades jurídicas a todas las inversiones privadas. Esas seguridades fueron repetidas en los últimos días a la ministra de Relaciones Exteriores de España, Trinidad Jiménez, que estuvo de visita en el país.

Las nacionalizaciones contribuyeron a crear la imagen negativa que tiene el país entre las instituciones que miden la confianza de los inversionistas. Para mejorar esa imagen, el Gobierno deberá dar mensajes de confianza, comenzando por seguir pagando a las empresas que exigen indemnizaciones.

Las informes sobre el caso ENTEL son todavía incompletos, pero se habla del pago de unos 200 millones de dólares. Lo otros casos de empresas que esperan ser compensadas tienen cifras que, sumadas, sobrepasan los 1.000 millones de dólares.

Cuando el gobierno haya dado las seguridades jurídicas que exigen las empresas extranjeras, deberá dirigir su atención a las empresas nacionales, igualmente desalentadas por el clima de tensión creado por las nacionalizaciones.

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Cambio: Una apuesta por el desarrollo

La estabilidad macroeconómica y la inversión son los medios esenciales para encarar el potenciamiento del aparato productivo y la industrialización del Estado y, bajo esta premisa, el gobierno del presidente Evo Morales Ayma envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional —hace un par de días— el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) por más de 119 millones de bolivianos, con la meta de alcanzar durante 2011 un crecimiento del 5,04% del Producto Interno Bruto (PIB). Es decir, se trata de una apuesta por el desarrollo nacional.

Es que el objetivo central de la nueva norma financiera es garantizar la estabilidad y la sostenibilidad macroeconómica, fortalecer la industrialización de nuestros recursos naturales, apoyar la seguridad alimentaria y la continuidad de las políticas sociales de gran impacto entre los segmentos poblaciones más vulnerables como los niños, con el bono Juancito Pinto; las madres gestantes, con el bono Juana Azurduy de Padilla; y las abuelas y abuelos, con la Renta Dignidad.

Además, el presupuesto consolidado —compuesto de inversión pública y gasto corriente— será de 119.471 millones de bolivianos, superior en 7,2% al programado para la presente gestión, que fue establecido en 111.449 millones de bolivianos.

En ese marco, para la próxima gestión se destinan 2.428 millones de dólares a inversión pública, un nuevo récord para Bolivia porque es superior en 11% respecto de los 2.179 millones de dólares que habían sido programados para este 2010.

Aquel monto es el más alto del último decenio frente a los 638 millones de dólares registrados en 2001, los 629 millones de 2005 y que trepó a 879 millones en 2006.

Es decir, el PGE del próximo año quintuplica la inversión pública respecto a la de los gobiernos neoliberales. Además, del 100% de los recursos de la inversión pública programada, el 67% será cubierto con recursos propios y el restante 33% con financiamiento externo (donaciones y créditos). En ese contexto, la principal fuente de financiamiento continuará siendo el sector hidrocarburífero, y el PGE 2011 prevé un crecimiento importante en los ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que pagan las petroleras. De los 5.649 millones de bolivianos que el Estado recibirá hasta fines de este 2010, la suma se elevará a 7.039 millones de bolivianos para la próxima gestión.

Para los ingresos por Hidrocarburos, el PGE calcula el precio del petróleo en 70,2 dólares, una previsión conservadora en palabras del ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora.

De igual manera, cada uno de los subniveles de administración verá mejorado sus ingresos por el IDH. Por ejemplo, las gobernaciones pasarán de recibir 809 millones de bolivianos (2010) a 1.008 millones de bolivianos (2011); los municipios, de 2.654 millones de bolivianos (2010) a 3.304 millones de bolivianos (2011); y el Tesoro General del Estado (TGE), de 1.521 millones de bolivianos (2010) a 1.885 millones de bolivianos en la próxima gestión. Asimismo, los recursos para las universidades subirán de 381 millones de bolivianos este 2010 a 490 millones de bolivianos para 2011, y en el caso del Fondo Indígena, pasará de 283 millones de bolivianos (2010) a 352 millones (2011).

Con relación a las regalías, la cifra prevista por el PGE para 2011 es de 3.959 millones de bolivianos, superior a los 3.226 millones de este 2010. Del monto total, Bs 2.639 millones tendrán como destino las gobernaciones, Bs 486 millones más respecto a lo que reciben este 2010 (Bs 2.153,7 millones); en tanto que el TGN captará Bs 1.319 millones, contra los Bs 1.073 millones de esta gestión. Sumando los ingresos por IDH y regalías, la cifra llega a Bs 10.999 millones, que representa 24% más a los Bs 8.876 millones de este 2010.

Además, el PGE del próximo año tiene como principal particularidad la incorporación —por primera vez— de los presupuestos de los 337 gobiernos autónomos municipales, y el Órgano Ejecutivo estima 76.434 millones de bolivianos por ingresos corrientes, 17% superior a lo previsto para este 2010.

En ese sentido, se prevé que las recaudaciones tributarias lleguen a 27.250 millones de bolivianos, superior en 21% a lo programado para este año, de 22.570 millones de bolivianos; y aunque se prevé un déficit del 4,2%, el proyecto de Ley del PGE 2011 calcula un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 5,04%, superior al 4,51% previsto para esta gestión, y una inflación de 4%. Es decir, la previsión del PIB muestra un crecimiento sostenido de la economía boliviana desde el año 2006, cuando llegó a 4,8% y marcó un récord histórico de 6,1% en 2008.

En tanto que el Tesoro General del Estado (TGE) desembolsará la próxima gestión 17.474 millones de bolivianos para el pago de sueldos y salarios a los trabajadores del sector público. Este presupuesto, para el pago de haberes de los funcionarios, es superior en 15,8% al solicitado para este 2010, que llegó a 15.080 millones de bolivianos.

Ese incremento toma en cuenta la incorporación de los gastos en sueldos y salarios que harán los gobiernos municipales, que llega a 1.335 millones de bolivianos, en tanto que el Órgano Ejecutivo aumentó de 15.080 a 16.119 millones de bolivianos, es decir el 6,89% de gasto corriente, que incluye el crecimiento vegetativo.

Es decir, se trata de un presupuesto austero que incrementa el gasto en lo estrictamente necesario, garantiza la estabilidad y sostenibilidad macroeconómica, fortalece la industrialización de los recursos naturales, apoya la seguridad alimentaria y las políticas sociales y, fundamentalmente, apuesta por el desarrollo nacional.

Es un presupuesto austero que incrementa el gasto en lo estrictamente necesario, garantiza la estabilidad macroeconómica, fortalece la industrialización de los recursos naturales, apoya la seguridad alimentaria y las políticas sociales, y apuesta por el desarrollo.

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La Prensa: Los medios en el actual proceso

Tres anteproyectos de ley acreditan todo un esquema para reducir a los medios al triste papel de ?mirones? del actual proceso político en Bolivia?

En recientes declaraciones, el Jefe del Estado alegó que el derecho a la libre expresión en Bolivia debe apuntar a la ?liberación de los pueblos?, precautelando los principios de ?igualdad y dignidad?, sin ponerse al servicio de la ?opresión?.

Tales frases presidenciales delatan, en cierto modo, el poco promisorio talante oficialista respecto de los talleres convocados para discutir la reglamentación de la denominada Ley de Lucha contra el Racismo. Más todavía con esa agraviante acusación que en contra de los propietarios de medios de comunicación social privados hizo el presidente Morales, en sentido de que aquéllos son ?racistas? y ?discriminadores?, rasgos que ahora percibiría en ellos la comunidad internacional. Como si esta sindicación fuera poco, atribuye a dichos empresarios haber presionado a los periodistas, hasta obligarlos a realizar la campaña de resistencia a los artículos 16 y 23 que en la ley referida violan las libertades de prensa e información.

?Liberación? es un concepto que se refiere a consecución de plena soberanía nacional. Bolivia accedió a este logro en 1825, al independizarse de España tras una lucha de más de 15 años. Hoy somos un país libre y soberano, por lo tanto, aquel vocablo, entre nosotros, tiene más bien ciertos tintes políticos, sociales y económicos. Alude a ciertas tareas pendientes, como la de ?liberar? de la extrema pobreza a los sectores populares que padecen este mal, en términos que les garanticen una plena integración a la sociedad, la cual es también educativa y cultural. No existen una sino muchas fórmulas para alcanzar este objetivo. Todas ellas siguen un determinado señalamiento ideológico, programático y político. Algunos consideran mucho más certero partir hacia destino tan ansiado desde una economía abierta al libre mercado y la inversión extranjera, mientras otros juzgan que lo mejor es que principalmente sea el Estado el que ponga el pie en esta ruta.

El señor Presidente del Estado quiere que los medios de comunicación social ajusten sus contenidos de información y opinión a su propio modelo de ?liberación de los pueblos?. Es lo que sugieren sus referidas declaraciones. ¿Medios que respalden al oficialismo y no cuestionen sus políticas? Si así ocurriese, se produciría el cierre definitivo del ciclo de libertades de prensa e información que gozamos desde el restablecimiento de la democracia en Bolivia. En general, resulta una situación casi recurrente que el Presidente de cualquier Estado sueñe con el apoyo incondicional de los medios de comunicación. Es en ellos en los que se graban los testimonios que califican cualquier administración pública.

Ahora, tres anteproyectos de ley listos para ser aprobados acreditan que lo anterior forma parte de todo un esquema para reducir a los medios al triste papel de ?mirones? del actual proceso político en Bolivia, sin mayores posibilidades para informar y opinar por cuenta propia. El primero regula el acceso a la información, el segundo a la autorregulación y el tercero establece los parámetros a los cuales deberá sujetarse la publicidad. Sólo se tienen datos muy genéricos de estos anteproyectos, aunque los que ya han trascendido delatan restricciones severas que sin lugar a dudas perjudicarán a diarios, radioemisoras y canales de televisión privados.

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El Diario: La Ley INRA agrava la crisis alimentaria

Ya es una realidad que toca las puertas de la desesperación general la crisis alimentaria que enfrenta la población, tanto a nivel local como nacional. La escasez en los puestos de venta de los mercados, el alza de precios, las importaciones de alimentos, el contrabando, los anuncios de que vienen tiempos peores y otros aspectos más, permiten confirmar que el país enfrenta una realidad de extrema gravedad, mientras, por otro lado, las autoridades responsables pregonan a tambor batiente que “no hay peligro”, “que todo pasará” y adoptan una actitud liberal de “dejar hacer y dejar pasar”.

En realidad, la crisis alimentaria, que por lo demás recién está empezando y en particular el alza de precios en promedio de cien por ciento, tiene su origen en que la producción agrícola y ganadera ha descendido de manera abrupta. En forma concreta, ese es el origen de la verdadera inflación que se está produciendo en el país. Pero tampoco esa es la respuesta para descubrir la causa principal de la crisis actual, que es todavía más profunda.

Esa verdadera causa que está provocando la caída de la provisión de alimentos y alza de precios (o sea reducción de la oferta de productos y crecimiento de la demanda) es la legislación agraria vigente, traducida en la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, que es una disposición corregida y aumentada de la Ley INRA del gobierno “neoliberal” de Gonzalo Sánchez de Lozada, de 1997, que puso en aplicación el Gobierno actual, aunque con otro nombre. A esa causa se suman disposiciones antieconómicas que ha puesto en aplicación la Constitución Política del Estado Plurinacional en vigencia.

Esos aspectos fueron denunciados hace meses por EL DIARIO. Es más, específicamente en varias notas editoriales se previó el erróneo tratamiento que se estaba dando al problema que se perfilaba en el horizonte con nubarrones. En efecto, notas editoriales publicadas durante septiembre y octubre pasados, con los títulos: “Un tercio de la población sufre “hambre extrema”, “Errores oficiales agravan el alza de precios”, “Medidas absurdas contra la crisis alimentaria”, “Aumenta la inseguridad alimentaria”, “Baja inflación, altos precios” y otras insistieron en que era inminente que se disparen los precios. Tales denuncias no tardaron en confirmarse en los hechos, mientras, por otro lado, las autoridades poco menos que brillaban por su ausencia y se dedicaban a especulaciones burocráticas.

Es innegable el alza de precios de los alimentos y como dicen las amas de casa: “ahora con cien bolivianos se compra lo que se compraba con diez” y “la plata no alcanza para nada”. Pero lo que se debe destacar es que frente a esa situación, las autoridades siguen pensando en soluciones pueriles (que esta palabra no sea tomada como discriminatoria) y no tienen la menor idea de las causas que originan la crítica etapa que vivimos.

La legislación agraria vigente ha agravado la situación y esa es la causa básica de la escasez y alza de precios. No se ha resuelto el centenario problema de la tierra y en el campo vuelven a imperar modos de producción esclavistas y feudales, cuya característica es la baja productividad o, en cambio, que los agricultores se dediquen al cultivo de la hoja de coca. En síntesis, si no son solucionados esos “aspectos estructurales” (como dicen nuestros ilustres servidores públicos) la situación se pondrá más negra todavía.

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El Mundo: Peligroso

El canciller Choquehuanca ha dado a conocer el estado en que se encuentra la reanudación de las relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica, las mismas que como recordarán los lectores, se encuentran seriamente debilitadas desde el 2008, cuando los gobiernos de ambas naciones decidieron expulsar a los embajadores por una situación recíproca. Mientras el canciller boliviano hace esa aseveración, asesores del gobierno norteamericano muestran su preocupación por el hecho de que Venezuela y sus amigos, entre los que bien sabemos, se encuentra Bolivia, son un peligro para el país del norte, por las actitudes belicistas que presentan.

Como recordarán, tanto Venezuela como nuestro país han adquirido armamento de Rusia y reiteradamente, anuncian el fortalecimiento de sus fuerzas armadas con la compra de aviones y otros pertrechos. Una de las principales preocupaciones de los Estados Unidos está precisamente relacionado con la instalación de plantas nucleares, como producto de los convenios de Venezuela con Irak.

Las relaciones con esa nación del medio oriente comprometen también a nuestro país que en los últimos tiempos, no sólo han girado alrededor de las mencionadas plantas sino que también se ha citado a ese país como el socio con el que se llevará adelante la explotación del litio, en la zona del salar de Uyuni y como ya se ha mencionado en anteriores oportunidades, ser estaría también en tratativas para hacer a ese país un socio en el aprovechamiento de minerales radioactivos.

Si bien se ha puesto en duda la capacidad de Irak para realizar ese tipo de actividades en nuestro país, las negociaciones se encuentran avanzadas y en cualquier momento podría concretarse, dado el nivel de las relaciones, por lo menos en la forma como las han presentado las autoridades del gobierno.

Por otra parte, resulta también interesante ver cómo la búsqueda de mejores relaciones con país del norte surge en el momento en que el partido republicano, de tendencia de derecha ha conseguido una mayor presencia dentro de los organismos legislativos.

Podemos asegurar que la nueva situación representaría el manejo de las relaciones con Cuba y sus aliados alrededor de algunas exigencias como la liberación de los presos por razones ideológicas que en los últimos tiempo ha dado lugar a huelgas de hambre y pronunciamientos a nivel internacional, a favor de esas personas, perseguidas por el gobierno castrista.

Si bien el canciller Choquehuanca ha asegurado que la reanudación de las relaciones pasa por la autonomía de los dos países en el manejo de las relaciones, reduciendo cualquier intervención, sabemos que otra de las grandes preocupaciones del país del norte es el narcotráfico que en los últimos tiempos ha incrementado su influencia en el mercado norteamericano y que aunque nuestras autoridades se esmeren en negarlo, el incremento en las plantaciones de coca que no guarda relación con las fábricas descubiertas, las plantaciones erradicadas, los decomisos u otras acciones; todo ello nos muestra más bien que la producción de cocaína se ha incrementado y ese hecho ha sido reconocido por las autoridades, que en reiteradas oportunidades han manifestado su preocupación, aunque es muy poco lo que se ha venido haciendo para revertir.

La última protesta de nuestro gobierno con relación al país del norte marcha precisamente por ese camino, recordemos que estaba relacionada con la descertificación que se había hecho de nuestro país y que fue rechazada, precisamente considerando en que las relaciones estaban rotas y no había justificación para lo que se consideraba un acto de intromisión.

Otro de los temas que actualmente gira en el ambiente internacional, está ahora vinculado con las restricciones que se anuncian a las libertades de expresión e información y que conllevan la amenaza de cárcel para los periodistas y cierre para los medios.

Por otro lado no está de más recordar que la tensión con el gobierno de Obama llegó a un momento en que nuestras autoridades hicieron algunas declaraciones discriminatorias en torno al origen y el color del gobernante del norte.

Somos conscientes de que la consideración de que los aliados de Venezuela constituyen un peligro resulta graciosos desde nuestro ángulo, pero no ser consecuentes con lo que se dice y se hace nos parece todavía más peligroso, porque no nos deja ver a qué atenernos.

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Opinión:

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Clarín, Argentina: El hostigamiento contra los medios

La estrategia de ataque constante contra los medios independientes por parte del Gobierno nacional y su aparato de propaganda acaba de motivar un llamado de atención y condena enérgica por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en el marco de la Asamblea General anual realizada en la ciudad mexicana de Mérida.

Fueron objeto de análisis el clima de confrontación permanente, las campañas de propaganda oficial destinadas a desacreditar la labor periodística y los condicionamientos directos e indirectos a la labor de medios y periodistas. Varios países de la región sufren serias dificultades para la libertad de prensa. Pero resulta fundamental la actitud que tienen los gobernantes frente a ellas. En el caso argentino, ha sido sistemática la hostilidad oficial hacia los principales medios de comunicación y la intención de avanzar sobre estos de distintas formas.

Así se instrumentaron la aprobación de la Ley de Medios Audiovisuales, las investigaciones judiciales sobre Papel Prensa y el impulso a la regulación de la producción del papel prensa, con la explícita intención de controlar a los medios e incluso mancillar su reputación. Del mismo modo se advierte la aplicación de otros mecanismos de control a través de abusos administrativos de tipo confiscatorio como la cancelación de licencias y el decreto reglamentario de la Ley de Medios, que permite el nombramiento de interventores oficiales en medios privados, entre otros indicadores de menosprecio por la libertad de prensa.

La presión oficial contra los medios independientes por parte del Gobierno motivó un llamado de atención y condena enérgica por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

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