¿Una ley para la coca excedentaria?

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Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: EEUU ¿esta vez es la vencida?

  2. Bajo el Penoco, El Día: ¡Santo robo!

  3. Los Tiempos: LA REFORMA DE PENSIONES, ENTRE DUDAS Y TEMORES

  4. El Deber: Sobre un estudio del pnud

  5. Cambio: Arce Gómez y los restos de Marcelo

  6. La Prensa: ¿Una ley para la coca excedentaria?

  7. El Diario: Limitaciones antiparlamentarias

  8. El Mundo: Sin secretos

  9. Opinión:

  10. Clarín, Argentina: Días de clases y calidad educativa


El Día: EEUU ¿esta vez es la vencida?

Nuevamente se está hablando de que está por producirse el retorno a la normalidad en las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos, algo que se ha anunciado en repetidas ocasiones y que igual número de veces, ha sido enturbiado por ráfagas de insultos y acusaciones del Gobierno de Evo Morales hacia Washington, juego que parece premeditado y especialmente pensado desde un sector de la cúpula gubernamental para ponerle trabas a las negociaciones que lleva adelante la Cancillería.

A su retorno de Irán -nada menos-, el presidente Evo Morales dijo que hay avances en la negociación de un acuerdo marco entre La Paz y Washington y expresó su deseo de que cuanto antes, se produzca el nombramiento de los respectivos embajadores, luego de la expulsión de Philip Goldberg el 2008 y la reacción recíproca en el mismo sentido de Estados Unidos. Desde que pronunció esas palabras, nadie del Gobierno ha surgido con reacciones adversas, fenómeno que ha sido repetitivo en los últimos años de avances y retrocesos, en los que la Casa Blanca ha demostrado una actitud paciente, hecho que puede cambiar en cualquier momento.

Los augurios del presidente Morales, quien no deja de machacar en el “respeto mutuo”, cuando el que no ha dejado de denunciar, acusar e insultar a Estados Unidos ha sido él, han sido ratificados tanto por el canciller David Choquehuanca como por el secretario de Estado adjunto para América Latina, Arturo Valenzuela, quienes han pronosticado que hasta fin de año podría estar listo el “acuerdo marco”, una nueva figura que la diplomacia norteamericana estrenaría justamente con Bolivia. Hasta ese punto llega la disponibilidad de la administración de Barack Obama de profundizar las relaciones con América Latina, donde ha tocado todas las puertas y por el momento, el único lugar donde no hará más insistencias es en Venezuela.

Tal vez sea esta la última oportunidad de Bolivia de normalizar las relaciones con Estados Unidos, donde recientemente se ha recompuesto por completo el mapa político, con un avance notable de la derecha más radical en el Congreso. Es en esa instancia donde se toman las grandes decisiones de la política internacional norteamericana y es seguro que Bolivia no conseguirá guante de seda como hasta ahora, de continuar con la actitud hostil, que lo llevó a Evo Morales no hace mucho a afirmar que detrás de un supuesto golpe de Estado a Ecuador estaba el Gobierno de Estados Unidos, algo que ni siquiera Rafael Correa se atrevió a ratificar.

Mientras que Evo Morales busca socios sin beneficio como Cuba o Irán, desperdicia uno de los principales aliados comerciales como Estados Unidos, país del que debe conseguir el restablecimiento de las ventajas arancelarias para los productos textiles y un adecuado presupuesto para la lucha antidrogas, entre otras ventajas. Por un lado, se han perdido innumerables puestos de trabajo por la pérdida de un mercado tan importante, y por el otro, sin la ayuda norteamericana, está demostrado, los narcotraficantes están haciendo “su agosto” en el país y a este paso pueden comprometer seriamente la seguridad interna. Nunca ha sido tan urgente una determinación definitiva sobre las relaciones con el país del norte.

Mientras que Evo Morales busca socios sin beneficio como Cuba o Irán, desperdicia un aliado comercial importante como EEUU.

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Bajo el Penoco, El Día: ¡Santo robo!

Como cosa de la trampa. Hace unos días, desde el púlpito de la Catedral de Santa Cruz se hacía un ferviente reclamo por la inseguridad ciudadana, especialmente por los asesinatos y la violencia que crecen por estos días y se exigía mayor atención de las autoridades a este problema.  Un jefe policial se molestó con esas palabras y dijo frente a las cámaras que no hay por qué asustarse, porque los hechos criminales sólo afectan a ciertos grupos involucrados en conductas delictivas, cosa que es discutible. Un día después de ese debate, justo se produce un millonario robo en el Museo de la Catedral, que conserva un valiosísimo patrimonio cultural y artístico, que incluye joyería en plata y oro. Gran parte de ese tesoro, que además es de gran antigüedad, ha desaparecido por obra de unos avezados ladrones que hicieron las cosas a la perfección. Con todo lo que ocurre en este amado país hay demasiadas razones para ser mal pensado, pero no, no hay que caer en esas tentaciones. Con seguridad la Policía va a localizar a los pícaros y va a recuperar todo lo robado, así los curas van y se postran a los pies de la gloriosa Policía y le reconocen todas sus virtudes.

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Los Tiempos: LA REFORMA DE PENSIONES, ENTRE DUDAS Y TEMORES

Pese a ser tan delicado el tema y tantas las personas que resultarán afectadas, hasta ahora no se ha actuado con la necesaria transparencia y amplitud

Aunque hace ya mucho tiempo que el proyecto de Ley de Pensiones mediante el que el Gobierno se propone reformar el actual sistema está siendo objeto de los más diversos análisis, críticas, apoyos y rechazos, todo parece indicar que será recién durante los próximos días que la polémica sobre las ventajas y desventajas del nuevo sistema alcanzará la magnitud suficiente para ponerse en el centro de la atención colectiva.

El asunto es de lo más delicado no sólo en nuestro país sino en el mundo entero. Y si en países mucho más prósperos que el nuestro el tema preocupa tanto, no podría ser de otro modo en Bolivia, donde la fría realidad de las cifras ofrece más motivos para la preocupación que para el optimismo cuando de proyectar una política jubilatoria se trata.

Por eso, porque sabemos lo difícil que es hallar una fórmula que satisfaga las expectativas de todos y que concilie de la mejor manera los buenos deseos con las limitaciones que impone la realidad, los bolivianos debemos hacer un especial esfuerzo para aprender de los errores del pasado y de las experiencias ajenas para analizar con cuidado las consecuencias que podrían tener las decisiones que sobre este asunto se tomen.

Debemos recordar, por ejemplo, que el anterior sistema de reparto no fue sustituido por un capricho de quienes por entonces gobernaban, sino porque se llegó a un punto en el que era materialmente imposible su sustentación. Se requería que por cada jubilado hubiera diez trabajadores activos que aportaran a la seguridad social. En los cincuenta años de su creación, el número de jubilados creció más rápido que el de asalariados, de manera que al final solamente había tres trabajadores activos por cada pasivo. El déficit era cubierto con fondos fiscales, lo que implicaba un subsidio encubierto a favor de los jubilados por parte del resto de los bolivianos, incluyendo los más pobres, que estaban lejos de alcanzar una jubilación.

Era imposible sostener y mucho menos proyectar al futuro tal situación, por lo que se hizo imprescindible la adopción de un sistema diferente de pensiones, como el actual, que a pesar de estar muy lejos de la perfección tiene indudablemente suficientes elementos positivos que merecen ser preservados y perfeccionados.

Lamentablemente, pese a ser tan delicado el tema y tantas las personas que para bien o para mal resultarán definitivamente afectadas por las decisiones que se adopten, hasta ahora no se ha actuado con la necesaria transparencia y amplitud. Ya está a punto de culminar la fase de consultas y "socialización" y pronto se ingresará a la de la toma de decisiones, pero es muy poca la gente que ha tenido la oportunidad de recibir información y mucho menos de hacer oír su voz sobre un asunto en el que, literalmente, se está jugando su futuro.

No son infundados por eso los resquemores de los aportantes y jubilados actuales que se preguntan si las reformas en ciernes no nos llevarán de vuelta a un pasado en el que la falta de transparencia, la irresponsabilidad de los administradores públicos y las múltiples formas de corrupción precipitaron una quiebra que podría repetirse causando devastadores daños al futuro de los jóvenes y adultos de hoy, los jubilados de mañana.

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El Deber: Sobre un estudio del pnud

Todos sabíamos que las mayores desigualdades económico-sociales se daban en la parte occidental del país. Esta realidad la percibe cualquier foráneo que recorra aquellos lares, particularmente los del altiplano y de ciertas áreas rurales de Chuquisaca. Esta apreciación visual es ahora confirmada por un estudio realizado por el PNUD para fijar índices de avance en desarrollo humano en Bolivia.

En cambio, corresponde un mayor progreso en el campo referido a la parte oriental del país. El informe de la citada organización establece que tanto en Santa Cruz como en Pando y Beni se acortaron las distancias entre los que tienen nada o poco y los que poseen mucho o lo necesario para la subsistencia. Así lo demuestran los expertos que realizaron la investigación.

Particularmente en el departamento de Santa Cruz, afortunadamente, hasta hace poco, la política no le puso trabas a un desarrollo regional basado en la economía de mercado. Tras su vertebración geográfica con el occidente, por medio de las carreteras antigua y nueva a Cochabamba, la región tuvo estímulos necesarios (mercado interno e internacional) para producir más, en condiciones de competitividad. Poco a poco fue surgiendo una élite empresarial que progresivamente fue incrementando de forma drástica las áreas de cultivo de caña de azúcar, soya, cereales y otros productos. Surgieron ingenios azucareros y plantas aceiteras con potencial productivo que en un tiempo relativamente breve excedió la demanda interna, por lo que destinó el excedente a la exportación.

Algo parecido ocurrió con la producción agropecuaria de los departamentos de Beni y Pando. El primero produjo lo necesario para exportar carne al exterior, igual que el segundo, sólo que éste agregó al producto animal las castañas de sus selvas que gozan de tanta demanda en el mercado internacional, particularmente en los países de Europa.

Consecuencias de los referidos avances, en los últimos 40 años: visible movilidad social de abajo hacia arriba en las tres regiones orientales. Surge una densa clase media compuesta de sectores diferenciados, puesto que algunos provienen de la economía informal (ferial, artesanal y un largo etc.) y otros de la formalidad o la actividad profesional. En todo caso, en este nuevo y denso agregado a la estructura social tradicional, sobre todo a la cruceña, deja su impronta la migración occidental (del altiplano paceño, potosino y de los valles chuquisaqueños y cochabambinos, principalmente), la cual no es sólo patronímica, sino también racial, pues entre los que se incorporan a la actividad económica cruceña hay mestizos, aimaras y quechuas. Ninguno de ellos encuentra vallas de tipo racial o de otras modalidades de discriminación en su ruta hacia el destino económico-social anhelado. Hoy en día, en Santa Cruz no son pocos los mestizos y gente de origen racial indígeno-occidental que figuran en la nómina cruceña de empresarios medios.

El documento del PNUD concluye que para reducir la desigualdad en Bolivia “hay que universalizar los derechos sociales, democratizar el empleo y el trabajo digno”, pero “tambien promover políticas de desarrollo de la salud y educación”. Correcto, pero no se consigue nada de esto si desde el gobierno no se ejecutan políticas de Estado destinadas a fortalecer las disponibilidades de ingresos aplicables a planes de mejoramiento de tan cruciales áreas. Nos referimos a un desarrollo económico tan creciente como sostenible, con ampliación de mercados externos para nuestras exportaciones básicas (hidrocarburos, minería, azúcar, soya y otros productos), incremento de la producción con diversificación industrial, en lo posible. La seguridad jurídica para la inversión privada nativa y extranjera equivalen a pase libre en la ruta a tal objetivo. Sin ambas condiciones, la ruta termina expurgada de transeúntes empresariales.

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Cambio: Arce Gómez y los restos de Marcelo

"Yo sé quién mató a Marcelo Quiroga Santa Cruz, yo sé absolutamente todo, por qué lo mataron, quién lo mató", afirmó el ex ministro del Interior de la dictadura de Luis García Meza, Luis Arce Gómez, en una entrevista que concedió en 1992 al desaparecido periódico paceño Última Hora cuando aún estaba recluido en el penal de Fort Lauderdale, cerca de Miami (Estados Unidos), por delitos de narcotráfico.

Dieciocho años después, el ‘Ministro de la Cocaína’ de la dictadura —según la declaración de su abogado defensor, Oswaldo Justiniano— lanzó la versión de que los restos de una de sus víctimas, del desaparecido líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, se encuentran sepultados en una hacienda de propiedad de la familia del ex dictador del septenio Hugo Banzer Suárez, ubicada en la región de San Javier, Santa Cruz.

El jurista informó que Arce Gómez dijo que el día que mataron a Quiroga Santa Cruz en la COB, el 17 de julio de 1980, su cuerpo fue llevado al Comando General del Ejército, donde inicialmente se habría determinado que lo devolverían a sus familiares. De acuerdo con Justiniano, Arce Gómez llamó por teléfono al general Banzer para comunicarle su resolución y presuntamente dejar en claro que ‘él no ordenó su muerte’, porque sólo se instruyó la realización de un operativo para detener a las personas reunidas en la COB.

El abogado agregó que Arce Gómez reveló que el cadáver de Quiroga Santa Cruz fue recogido por el entonces prefecto cruceño, Winden Razuk, en un avión que aterrizó en la que fuera la pista de tierra de la Fuerza Aérea en El Alto.

"El coronel Arce Gómez dijo que el aterrizaje fue autorizado por el general Waldo Bernal, quien era parte de la Junta Militar, y que se llevaron el cadáver a Santa Cruz, concretamente a la estancia del general Banzer, que es San Javier", aseguró Justiniano, y comentó que su cliente desconoce por qué Razuk recogió personalmente los restos mortales del líder político y los llevó a la propiedad del hoy fallecido ex dictador.

Además, según el fiscal Isabelino Gómez, la información sobre el paradero de los restos de Quiroga Santa Cruz "está contenida en este medio magnético, pero no voy a dar ni anticipar ningún detalle, porque es una información clave, así que vamos a seguir trabajando en esta investigación". De acuerdo con el fiscal Eduardo Morales, el Ministerio Público cuenta con el nombre del militar que supuestamente recogió y conoce en qué lugar fueron enterrados los restos del asesinado líder socialista.

El 17 de julio de 1980, Luis García Meza y Luis Arce Gómez encabezaron un sangriento golpe de Estado que derrocó a la entonces presidenta interina Lydia Gueiler e instauraron una feroz dictadura. El 21 de abril de 1993 se dictó la sentencia contra García Meza y una veintena de sus principales colaboradores por los delitos de sedición, asesinato, genocidio, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes, atribuirse los derechos del pueblo, organización de grupos armados irregulares, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de deberes, estafa, uso indebido de influencias, conducta antieconómica, peculado y delitos en contra de la libertad de prensa, entre otros.

La dictadura fue responsable del asesinato —tras el asalto del que fuera el edificio de la FSTMB— del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, del diputado Carlos Flores Bedregal y del dirigente minero Gualberto Vega Yapura, el mismo día de la asonada militar.

Ese edificio fue demolido el 18 de septiembre de 1980 por órdenes de Arce Gómez, quien una vez consumado ese atentado contra el movimiento obrero señaló impávido: "Con la demolición de este edificio y la construcción de uno nuevo, más útil, se acaba la época del caos y la anarquía, y empieza una nueva favorable a los trabajadores que desde aquí han sido engañados permanentemente".

Además, el 15 de enero de 1981, los esbirros del régimen asesinaron a ocho dirigentes del MIR en una casa de la calle Harrington, y meses después hirieron gravemente al dirigente campesino Genaro Flores Santos. "Vamos a ser taxativos con nuestros enemigos, que deben andar con el testamento bajo el brazo", había advertido Arce Gómez, y la dura represión causó al menos 36 asesinatos políticos, 160 muertos en masacres y un centenar de desaparecidos, numerosos heridos, detenidos y torturados. Todo apunta a que el cabecilla de estas muertes, junto a García Meza y Arce Gómez, era Banzer Suárez.

La dictadura de García Meza alimentó una escandalosa corrupción, negociados con los vidrios ray-ban, piedras semipreciosas de La Gaiba, carritos Hanne, y se vinculó con el narcotráfico, delito por el que Arce Gómez cumplió su condena en Estados Unidos antes de ser deportado a Bolivia y trasladado en 2009 a Chonchocoro, donde cumple una pena de 30 años sin derecho a indulto, al igual que su jefe y cómplice, García Meza, preso desde 1995 en esa cárcel de máxima seguridad, aunque la mayor parte del tiempo pasa en una sala del Hospital de Cossmil, en La Paz.

En la entrevista que Arce Gómez ofreció a Última Hora en 1992, el ex represor también confesó: "Yo sé todo, yo sé todo (…), sé de los homosexuales que hay en la política, grabaciones y videos de políticos (…) que me entregó el Gobierno argentino", y prometió que revelaría todo cuanto sabe. "Yo tengo que estar allá en Bolivia, yo tengo que estar allá, yo tengo que decir: usted, porque fulano lo mató, luego a tal fulano lo mataron en Santa Cruz y tal cosa sucedió, porque ésa es mi defensa, porque a mí me quieren echar de todo".

Arce Gómez está hoy en Bolivia y, si le queda algo de dignidad, está obligado a revelar el lugar preciso donde la dictadura sepultó no sólo a Marcelo, sino a todas las víctimas de la dictadura que, 30 años después de la sangrienta asonada, aún están desaparecidas.

Arce Gómez está hoy en Bolivia y, si le queda algo de dignidad, está obligado a revelar el lugar preciso donde la dictadura sepultó no sólo a Marcelo, sino a todas las víctimas de la dictadura que, 30 años después de la sangrienta asonada, aún están desaparecidas.

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La Prensa: ¿Una ley para la coca excedentaria?

Queda por preguntarse si la nueva ley a favor de la hoja de coca no es otra cosa que un intento de frenar la erradicación de coca excedentaria?

La noticia asegura que las comisiones correspondientes de la Cámara Baja han iniciado el estudio de una nueva Ley de la Coca, cuyo principal objetivo ?además de reemplazar a la Ley 1008? apunta a que la producción que no sea destinada al consumo tradicional de este arbusto ?léase coca excedentaria? deba ser ?industrializada?. De acuerdo con una de las asambleístas, la medida está destinada a evitar que el producto siga siendo ?satanizado?. Para ello se buscarían reuniones con los sectores cocaleros para analizar los contenidos de la nueva ley.

De acuerdo con datos del Gobierno nacional, para la demanda tradicional de la denominada hoja sagrada ?vale decir masticación, infusiones, el uso medicinal y su empleo en ceremonias rituales?, es necesario el cultivo de unas 20.000 hectáreas, cifra que para los especialistas ya resulta un tanto exagerada, aunque habría que tomar en cuenta que sólo en los Yungas, que es la zona tradicional del cultivo de coca, dicha cifra ya llega a las 20.900 hectáreas. En el trópico cochabambino, las hectáreas llegan a 9.700, aunque es justo recordar que en el Chapare los cultivos rinden más del doble de producción por hectárea en la zona tradicional.

Pero los cultivos de coca no se reducen a estas dos regiones. Dadas las ventajas que brinda la producción de este arbusto tanto en el cultivo como en su venta, la labranza de coca se ha extendido hacia el norte de los Yungas, al punto de haber llegado a la región de Apolo, con seria amenaza de extenderse hacia parques nacionales, como el caso del parque Madidi, y en el trópico de Cochabamba, hacia el parque Isiboro Sécure. Es más, de acuerdo con lo reconocido por el mismo Gobierno, ya se han encarado operaciones de erradicación de cocales en Yapacaní, al norte del departamento de Santa Cruz, donde también se estarían cultivando grandes extensiones del arbusto.

A todo esto, también hay que recordar que uno de los proyectos originales de este Gobierno consistió en la ?industrialización? masiva del arbusto. En este sentido, se habló de industrializar productos como licores de coca, infusiones, medicamentos, galletas y caramelos saborizados, e incluso pastas dentales y jabones para el cabello. Recordemos el caso de ese energizante que se bautizó como Coca?Colla. Sin embargo, estos procesos de ?industrialización?, hasta el día de hoy, son un misterio o su difusión ha sido muy limitada entre la población local. En cuanto a su circulación internacional, es muy dudosa, pues en el exterior su circulación legal estaría prohibida, dado que por la Convención de Viena de 1961, la hoja de coca y sus derivados son parte de las sustancias prohibidas para el consumo.

Ante esta realidad, no queda sino preguntarse si la nueva ley a favor de la hoja de coca no es otra cosa que un intento de frenar la erradicación de la coca excedentaria y la alarmante expansión de este arbusto, cuyo cultivo está invadiendo zonas que hasta hace poco nadie imaginaba, a riesgo de desplazar incluso el cultivo de otros productos. Es por demás sabido que el destino que se le da a la coca excedentaria es el del narcotráfico. Incluso, hace muy poco lo admitió el presidente Morales. Seguimos creyendo que esa expansión inaudita de la hoja sagrada le hace más daño que beneficio a nuestro país y al prestigio del Gobierno nacional.

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El Diario: Limitaciones antiparlamentarias

Entre las muchas limitaciones y falencias que sufre la actual Asamblea Legislativa Plurinacional, se acaba de plantear a nivel del Senado la reducción de 20 minutos de exposición a sólo 10 minutos en la consideración en grande de los proyectos de ley, mientras que en la etapa de detalle actualmente se contempla escasos 10 minutos, tiempo que a su vez tendría que reducirse. La única razón que sostiene el MAS es que los opositores desperdician su oportunidad sin aportes significativos y prefieren lanzar gritos y golpear los escaños. Los opositores alegan que no se quiere escuchar razones por lo que se les niega sistemáticamente el uso de la palabra y de ahí sus reacciones frente a un manejo discrecional y autoritario de las Cámaras.

Convergencia Nacional, entre otros aspectos, se aferra a que las limitaciones de tiempo “atentan contra la libertad de expresión”. Indudablemente es así, pero no se trata sólo de la defensa de dicho derecho, sino de la esencia del parlamentarismo, que es el uso del don humano natural de la palabra, que en la representación legislativa adquiere o debería adquirir su máxima expresión. Parlamento viene precisamente de parlar, hablar, expresar, derecho que no puede ser regimentado por ningún Reglamento de Debates. Sin duda, existen proyectos de ley que requieren intervenciones cortas, aun menores de 10 minutos, como los hay que exigen análisis más sesudos y que demandan espacios más amplios, por lo que las limitaciones atentan contra la idoneidad de las leyes en cuestión.

Últimas leyes defectuosas como la referida a la protección del niño, niña y adolescente son la evidencia de las cortapisas empleadas en la Asamblea Legislativa, leyes que pecan de escasas e inconsultas, sin contar que algunas otras promulgadas no han tenido aún aplicación fáctica y, por consiguiente, no han desnudado sus falencias, debidas en mucho al apresuramiento con el que corre la Asamblea Legislativa.

Las circunstancias por las que los asambleístas reciben los proyectos de ley de modo “enlatado”, parece ser la verdadera causa de las limitaciones al uso de la palabra, en vista de que al no conocerse tales proyectos a plenitud, menos se los puede defender con solvencia, sobreviniendo el apuro, el apresuramiento, para llegar al voto lo antes posible. Del apuro y de la consigna de voto han emergido leyes como la que “amordaza” la libertad de pensamiento y de expresión. Al mismo tiempo, pareciera que ese conjunto de leyes apunta más al establecimiento de un estado totalitario, que al desarrollo de la nueva Constitución -como se dice-, al sobrepasar sus disposiciones.

Ha trascendido que se confunde la labor parlamentaria con el afán mediático del que algunos representantes hacen uso y abuso, por la capacidad de intervenir en los debates legislativos. La figuración personal no es precisamente la tarea que incumbe y define el verdadero parlamentarismo. Tampoco se trata solamente de intervenir por intervenir, sino de manejar ideas y de enriquecer con altura y capacidad el debate con miras al perfeccionamiento de las leyes y al deber de fiscalización.

Este panorama se refleja también en que algunas brigadas parlamentarias defienden mejor que otras sus intereses departamentales. El caso más patético, sin duda, es el departamento de La Paz, cuya brigada en una enorme mayoría carece de la información debida en temas relativos al desarrollo de la región. Esta situación determina que La Paz se encuentra incapacitada para su promoción a nivel nacional, careciendo de proyectos que atiendan sus múltiples necesidades y que, además, sigan encarpetadas una serie de propuestas, herencia de pasados períodos parlamentarios. Se espera que más pronto que tarde la brigada paceña pueda reaccionar y representar mejor a sus mandantes.

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El Mundo: Sin secretos

La Sociedad Interamericana de Prensa SIP ha realizado su reunión anual en la que hace un análisis de la situación de los países del continente, en su relación con los medios informativos, ya que como se ha mencionado en numerosas oportunidades, se trata de un derecho de las personas, no sólo a nivel de los países sino a nivel universal, como lo ha proclamado la Organización de las Naciones Unidas ONU.

Los casos puestos en evidencia en la oportunidad se relacionan especialmente con México, donde en los últimos tiempos se han cometido innumerables asesinatos, especialmente relacionados con las actividades del narcotráfico, precisamente por el manejo que hacen los medios de información sobre ese delito, condenado en todos los países del mundo y que tiene en ese país un centro importante, especialmente relacionado con el tráfico de drogas, por su proximidad al principal mercado que son los Estados Unidos de Norteamérica.

Dentro de los países observados, no pudo quedar al margen el nuestro, por las reiteradas denuncias que se han hecho sobre una Ley que por su contenido, podía haberse convertido en una norma ejemplar, pero que de una manera por demás intransigente, el Gobierno ha querido mantener dos artículos que constituyen un atentado contra ese derecho.

Pese a la negativa de las autoridades, sobre la intención de los artículos citados, los reclamos se han multiplicado y aún hoy continúan recogiéndose las firmas para hacer que la medida pueda ser revertida, mediante la aplicación de un referéndum, media establecida por la Constitución Política del Estado, para consultar a la ciudadanía sobre normas que le competen directamente.

La SIP afirma que en los 28 años de democracia que se llevan en nuestro país, es la primera vez que se atenta directamente contra ese derecho de los ciudadanos, y eso sucede de una manera nominal, ya que la aplicación de la norma, por lo menos en un procedimiento formal, aún no se ha realizado.

La preocupación de los ciudadanos en Bolivia y de las organizaciones a nivel internacional, se apoya especialmente en los procedimientos que se han cumplido, recordemos que en alguna oportunidad, la SIP ha tenido la posibilidad de dialogar con las autoridades de Gobierno y luego de ese diálogo, la organización ha llegado a la conclusión de que en nuestro país se respetaba la libertad de expresión y de información.,

En el caso de la situación presente, el resultado no ha sido el mismo ya que en esta oportunidad, la organización internacional de la prensa no obtuvo los mismos resultados, sencillamente y como hubiera podido suceder sólo dentro de un Gobierno autoritario, como los varios que hemos conocido, la misión internacional se encontró con las puertas cerradas. Se podría afirmar que ese hecho reconocía de alguna manera la veracidad de las reclamaciones.

Sin embargo, la situación no está concluida y el riesgo de que las libertades ciudadanas sufran nuevas agresiones es evidente; ya se ha anunciado a nivel de comisiones parlamentarias la puesta en consideración de una Ley de Regulación de los Medios y no hay ningún secreto, todo hace suponer que ella podrá considerar situaciones extremas, ya que la Ley que ocasionó los reclamos, sólo estaba relacionada con el racismo y la discriminación.

Con seguridad, la Ley que se tiene proyectada cambiará el marco de la que ha sido puesta en vigencia y presentará muchas otras limitaciones al libre desenvolvimiento de la información.

Como un argumento especial de las autoridades, se ha mencionado la necesidad, en cuanto al manejo de la información, de un proceso de autorregulación, necesario para que los medios puedan desempeñar su trabajo.

Consideramos que esa autorregulación que se exige ha permanecido siempre vigente y que tanto los periodistas como los medios, han venido estudiando el contenido de los mensajes que ponen en manos de público, recordemos que la Ley de Imprenta de 1925 ya determina situaciones de irregularidad y establece sanciones y su forma de aplicación.

Por otra parte y como si eso no fuera suficiente, las instituciones de la comunicación, a diferentes niveles, cuentan con Tribunales y Consejos de Ética, cuya misión es la de regular y controlar el desenvolvimiento de los medios y los periodistas y no son pocos los casos en que esas instancias han hecho conocer su posición con relación al desempeño de los periodistas.

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Opinión:

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Clarín, Argentina: Días de clases y calidad educativa

El ciclo lectivo 2010 ha estado marcado por los conflictos y las interrupciones, los problemas edilicios y la pérdida de días y horas de clases. Este cuadro ha perturbado nuevamente el cumplimiento de la pauta legal de 180 días de clases, a la vez que ha afectado negativamente la calidad de la educación pública.

En este punto, es adecuada la sugerencia pronunciada por el Consejo Federal de Educación de formular un calendario escolar de 190 días de clases para el año próximo, de modo de compensar la pérdida de días por el incremento del número de feriados y eventuales conflictos sobrevivientes. La Ciudad de Buenos Aires y la mayoría de las provincias argentinas ya han adelantado su adhesión a la medida y se espera que toda la comunidad educativa incorpore medidas para velar por la extensión de los días de clases.

Se trata de un criterio adecuado, que privilegia el sostenimiento de los días clases. Complementariamente, y para resguardar el objetivo, es imprescindible alcanzar acuerdos con los gremios docentes a fin de evitar la adopción de medidas de fuerza. También es necesario implementar los planes de obra y refacciones en el verano, a fin de que las aulas del país estén en correcto estado para el inicio de clases. Además, se requiere que las autoridades tomen los recaudos necesarios para reducir la cantidad de días y horas libres, por falta de maestros y profesores.

Estas medidas de previsión conforman un presupuesto mínimo, a partir del cual debe construirse la mejora de la calidad de la enseñanza. El declive que se viene constatando señala la pérdida del liderazgo en calidad que supo tener la escuela argentina en Latinoamérica. Y, por sobre todo, este ocaso del sistema de instrucción público provoca inequidad y exclusión, ya que deja a los chicos y adolescentes provenientes de los hogares con menos recursos sin herramientas para el diseño de un plan de vida autónomo y para la construcción de un futuro que difiera del presente de marginación y pobreza.

La formulación de un ciclo lectivo de 190 días de clases es una medida positiva, que debe ser apoyada por otras de fondo que logren revertir el declive de la calidad educativa.

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