Ex supremos del Poder Judicial están involucrados en supuestos ilícitos

Radio noticias. Actual consejero Rodolfo Mérida y Eduardo Rodríguez Veltzé se encuentran entre las 17 ex autoridades denunciada por la supuesta malversación de Bs.60 millones.

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Sucre: La Contraloría General del Estado denunció este viernes ante la Fiscalía de Distrito de Chuquisaca a ex consejeros de la Judicatura y ex ministros de La Corte Suprema de Justicia por consolidación ilegal de depósitos y pago ilícito de bonos.



Los involucrados son: Héctor Sandóval Parada, María Teresa Rivero de Cusicanqui, Guido Chávez Méndez, Rodolfo Mérida Rendón, José Hurtado Poveda, Carlos Javier Garrón, José Luís Dabdoub López, Eddy Walter Fernández Gutiérrez, Julio Urquizo G., Mario Castellanos, Eduardo Rodríguez Beltzé, Adán Soria Diez Canseco, Hugo Salvatierra, Gualberto Dávalos, Edgar Rosales Lijerón, Hugo Dellien Barba y Armando Villafuerte Claros.

El gerente departamental de la Contraloría, Amilcar Ayala, al amparo del Artículo 35 de la Ley 1178, interpuso la denuncia por que los acusados habrían “consolidado depósitos judiciales de particulares a favor del Poder Judicial y por el pago de los bonos Pantaleón Dalence (Complementario I), (Complementario II) y de antigüedad (congelado), realizados en las gestiones 2007 y 2008”.y de antigüedad, realizados en las gestiones 2007 y 2008”.

El daño económico identificado por estos pagos ilegales sólo por las gestiones 2007-2008 supera los Bs.60 millones, según la información de la Contraloría General.

“Los acuerdos y resoluciones pronunciados por los funcionarios del Concejo de la Judicatura y ministros, fueron emitidos invocando una normativa no solamente contraria a las Leyes vigentes, sino que exhortaron como fundamento normas fuera de vigencia y que por tanto no podían ser aplicadas”, asegura el documento de la Contraloría. (Erbol)

CONTRALORIA TIPIFICA DELITOS DE EX AUTORIDADES JUDICIALES COMO RESOLUCIONES CONTRARIAS A LAS LEYES Y CONDUCTA ANTIECONOMICA

Según el contralor General del Estado, Gabriel Herbas, el Reglamento de Depósitos Judiciales aprobado mediante acuerdo es contrario a lo dispuesto en la Ley de 17 de noviembre de 1923, puesto que los depósitos judiciales caídos en abandono por más de 3 años solo podían y pueden pasar a formar parte del Tesoro Nacional.

A estos funcionarios nosotros les encontramos que están tipificados en el ámbito de los delitos penales respecto a resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y conducta antieconómica’, indicó.

Remarcó que el único que no cobró estos estipendios fue José Decker. (Erbol)

Ref. fotografía. Rodolfo Mérida, consejero de la Judicatura.