Dudas sobre el caso Rózsa

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La revelación de un incómodo detalle referido a uno de los personajes del caso Rózsa, que el Gobierno nacional llama de “terrorismo y separatismo”, deja demasiados interrogantes que sería preciso` tratar con mucha responsabilidad.

Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: No hay crimen perfecto

  2. El Día: Alasita vs. Satélite chino

  3. El Día: ¿Estamos a la deriva?

  4. El Día: Bolítica

  5. El Día: No Mentirás

  6. El Día: Presupuesto perverso

  7. Los Tiempos: UN VIDEO COMPROMETEDOR

  8. El Deber: Dudas sobre el caso Rózsa

  9. Cambio: La derecha conspira y se protege

  10. La Prensa: Advertencia preocupante

  11. El Diario: Un reglamento para ser impuesto por la fuerza

  12. El Mundo: Revelador

  13. Opinión:

  14. Clarín, Argentina: Incertidumbre sobre la inflación




El Día: No hay crimen perfecto

Tribuna.

A algunos, la tecnología les está jugando muy malas pasadas. Cuando los utilitarios teléfonos celulares aparecieron con cámaras de foto y luego de video, se acabó del todo la privacidad. La avalancha de cámaras indiscretas venció tanto leyes como buenas costumbres. Desde entonces los rasgos paranoicos han pasado a formar parte de la conducta social. Si a las imágenes le sumamos Wikileaks la figura es más que clara. Ya no hay garantía para la mínima indiscreción y menos para el soborno de alto nivel. No quiero ni pensar lo que sería con un satélite chino como un gigante tercer ojo sobre nuestro territorio. La atmósfera se ha enrarecido tanto en las últimas semanas, que si algo de cordura queda después del gasolinazo, ese satélite tendría que esperar aires más limpios.

Llevamos un importante récord de imágenes que son obras de arte de la manipulación. Sin embargo, quedó también al descubierto que por muy buenas que éstas sean no todo lo pueden ocultar. No existe el crimen perfecto. Mochilas y armas que caminan de habitación en habitación, audio de ríos que no concuerdan con sonidos circundantes o lectura de labios, orificios de balas que aparecen y desaparecen, abatidos por disparar esposados a la espalda y muchísimos más.

Sobre esta última filmación, no hay por qué extrañarse. De otro modo, el susodicho sobornado no hubiera mutado en horas de “testigo clave” a “acusado”. Protección al testigo y súbitamente,  prófugo. Al primero, fondos suficientes para desaparecer nada menos que en Buenos Aires y contacto seguro en caso de necesidad. Al segundo, ni una orden de captura internacional. Me parece muy generoso de parte del Fiscal Sosa no haberlo hecho. Los otros Fiscales que andan a la caza de opositores, políticos y empresarios, deberían aprender y ojala que esa generosidad se extendiese hacia decenas de personas involucradas por tan  esbirro y triste personaje.  Por otra parte, será digno de espectar los malabarismos que hará el Fiscal estrella para no contradecir al jefe sin ponerse la soga al cuello.  Intrigantes puntos de vista sobre todo porque vienen del mismo lado.

De confirmarse que el cajero de la operación es la misma persona que estuvo muy activa en el hotel Las Américas y luego se acomodó en el anonimato y placidez de la Defensoría del Pueblo, nos dará la medida precisa  que en este gobierno, para ciertas actividades, todo está interconectado y entrelazado.

Por esa razón es que las instrucciones impartidas al más alto nivel exigiendo una “investigación exhaustiva por autoridad competente” sobre la autenticidad del video, tiene una connotación truculenta. Cada vez que tiene que entrar en acción un competente por órdenes superiores, puede pasar cualquier cosa. En todo caso tengo el pálpito que la investigación irá más encaminada a descubrir quién y por qué puso el ventilador a funcionar, que por la entrega de esos fondos que mucho tienen de reservados en el sentido que están reservados para selectas personalidades y actividades privativas del poder.

Se especula mucho a estas horas, dónde y quién tenía bajo el poncho esta perla de discreción y cuántas más de estas joyas esperan su turno para rutilar acá e internacionalmente. Esta repentina publicación, le ha hecho un tremendo boquete en la línea de flotación  a todo el rebuscado libreto terrorista-separatista-secesionista y para algunos, entre promocional y lucrativo.

¿Recibo grabado? No es extraña la desconfianza entre ellos y que la palabra no valga nada.  ¿Policías enojados por un destino no deseado o por una promoción no cumplida?  ¿Un aspirante a Gabinete que guarda un as (o varios) bajo la manga?  Las conjeturas son tantas como las posibilidades.

Lo que ha dejado de ser conjetura, es que el caso terrorismo se está disolviendo y se está ridiculizando. Las exageraciones son calamitosas y se ha tirado demasiado de la cuerda como arma para coartar libertades y eliminar antagonistas.

Hay personas perseguidas, humilladas y encarceladas.  Hay familias dolidas y destruidas. Hay hijos que hace mucho no ven a su padre y madres que no ven a sus hijos. Eso no se disolverá y tampoco se olvidará. Dicen que no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague.

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El Día: Alasita vs. Satélite chino

¿Es o no es Verdad?

El título de este comentario parecerá al exigente lector, una extravagancia. No saben Uds. lo que me ha costado demostrar que no es una incongruencia ni una rareza. Como todos los años, en la ciudad de La Paz, se celebra la popular Feria de Alasita en la que se venden miniaturas de toda clase de formas y colores. ¿Quién no habrá salido de casa, algún año en estas fechas para comprar alguna figurita en ese pintoresco bazar? Es una hermosa tradición digna de atención y de cuidado. En lo que discrepó es en la creencia (más exactamente, superstición), de hacer bendecir esos objetos en las iglesias, porque dizque, así se cumplirán los más íntimos deseos de comprador: El bebé, la casita, el camión, y unos billetes moneda primorosamente imitados hasta hacer posible que pasen por buenos.

Pero detrás de este escenario pintoresco se descubre todo un armazón económico digno de ser tenido muy en  cuenta. Alasita es  un modelo de la actividad económica de los pobres, en un país en donde apenas existe industria capaz de crear puestos de trabajo fijo, y en proporción a su crecimiento vegetativo. El pequeño artesano, con sus habilidades manuales se las ingenia para que, donde no hay trabajo, lo invente. Y para hacerlo más meritorio tiene que superar mil trabas burocráticas inútiles, tanto del Estado y de los municipios como de los propios sindicatos, todos ellos, burocratizados, reglamentistas, ineficientes, centralistas y corruptos. Estas ideas fueron desarrolladas, oportuna e inteligentemente por el peruano Hernando de Soto en su libro “El otro sendero”. Un libro escrito en los años de plomo y sangre que vivió el Perú en los ‘80, cuando Sendero Luminoso pretendía aniquilar la sociedad burguesa peruana y la de todo el subcontinente latinoamericano.

Pues bien, los artesanos de diferentes habilidades -casi siempre informales – constituyen la sociedad paralela, trabajadora y activa que desde el 24 de enero exhibirá su vitalidad en la Feria de Alasita. Es una respuesta popular, espontánea y creativa, una de tantas que son patrimonio de la iniciativa privada, ante la incapacidad estatal para crear industrias con suficiente capacidad de empleo que absorba el crecimiento numérico de la fuerza de trabajo.

Mientras en La Paz, vemos cómo crece el número y variedad de tenderetes feriales, el país sufre  con admirable estoicismo la escasez y la carestía de los productos fundamentales de la canasta familiar: cada vez más difíciles de encontrar y más costosos de pagar. Jauja para los especuladores y los coimeros, penuria para el pueblo llano.

Los proyectos de nuevas industrias productivas que el Gobierno ha creado y las que promete instalar son modestos (fábricas de productos lácteos, de cítricos, de cartón y de papel). Pero van pasando los años prometiendo las plantas separadoras de líquidos y otras de la industria petrolera, y la estatal YPFB es incapaz de llevarlas adelante. Y no hablemos de los megaproyectos, tales como el satélite chino de comunicaciones, “nacionalizado” prenatal con el nombre originario de Túpac Katari. El “nasciturus” no llegará a la mayoría de edad pues su término de vida son 15 años. Al  país le cuesta un endeudamiento (comprometido sin licitación) de 300 millones de dólares. Con estos megaproyectos palidece cualquier plan de industrialización productiva. Me pregunto, si todavía sirve preguntar ¿Cuántos puestos de trabajo permanente generará ese pajarraco del espacio exterior?

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El Día: ¿Estamos a la deriva?

Fulcros

El Estado Plurinacional parece estar a la deriva porque nadie está seguro de que los que mandan saben dónde están, lo que imposibilita llegar a donde quieran ir siempre que lo sepan. El desaliento está cundiendo en el país incluyendo El Alto, las minas y Oruro; hasta el Chapare está mostrando desaliento. Los movimientos sociales no solo se dividen sino que van cayendo en cuenta que respaldar y votar en las urnas por un grupo que ofrece “el oro y el moro” retóricamente no es suficiente. Tampoco parece ser suficiente ni menos cauto e inteligente votar por ellos como venganza de lo que ha sido gobierno en Bolivia desde 1952 e incluso antes. El empleo en el Estado Plurinacional escasea más que nunca porque no hay inversión privada como debería haberla dadas las inmensas necesidades estructurales y microeconómicas. La inseguridad jurídica perjudica y la empleomanía política, sin enfatizar productividad, es una epidemia.

“Hechos y no palabras” dice el adagio pero desde hace seis años que abundan las palabras sobre todo en lo que se refiere a la industria del gas estatizada a codazos, lo que continúa sembrando desaliento por doquier y peor, cimenta el convencimiento de que tomará décadas en recuperar una Bolivia factible. Peor si se sopesa el daño causado a las relaciones con PETROBRAS lo que en su momento, dicho sea de paso, parece haber disgustado a la actual presidente de Brasil. Se trata de un mayúsculo error de un proyecto de país que no cuaja posibilidades de convivencia. Y no las cuaja porque fuera de estatizar a empujones, se quiere obligar a echar por la borda libertades como la de prensa y la de educación de los hijos. ¡Qué insensateces!

Incontrolablemente enigmáticos van perfilándose asuntos como: (1) el increíble gasolinazo y su secuela de retracciones y resultante desbarajuste administrativo e inflacionario que, aunque disguste, sólo empieza; (2) el descubrimiento de que los asesinatos del hotel de Las Américas de Santa Cruz parecen apuntar a todo menos a una presunta conspiración cruceña; (3) la romántica promesa de construir un ferrocarril seguramente de Puesto Suárez a Tambo Quemado cuando una autopista sería menos onerosa, más útil y sobre todo apta a ampliarse en redes de caminos, avenidas y calles donde transitarían vehículos de todo tipo, ¿acaso los rieles del tren pueden llegar hasta la casa de todo vecino? (4) El silencio oficial que rodea el estado de cuentas de las empresas que ha creado el Gobierno como EMAPA, PAPERBOL, CARTONBOL, ECEBOL, LACTEOSBOL, AZUCARBOL y EBA, en las que en gran medida ha puesto sus creces seudo socialistas, fuera de haber dado pega a sus adeptos invirtiendo más de un millón de dólares del Tesoro General de la Nación (TGN).

(5) La proclama de los 10.000 millones de dólares de reservas de Banco Central sin mencionar que desde enero de 2006 hasta octubre de 2010 el TGN aumentó la deuda pública interna en US$ 1.364 millones para alcanzar US$ 4.502 millones en octubre de 2010, o sea un aumento de 44 por ciento. Pese a generosas condonaciones de organismos internacionales y países amigos negociadas antes de 2006, la deuda pública externa subió de US$ 4.941 millones en enero de 2006 a US$ 6.379 millones en octubre de 2010. A propósito, según datos oficiales recopilados por el profesor Julio G. Alvarado, el gasto corriente del Estado Plurinacional, de diciembre de 2005 a agosto de 2010, aumentó cincuenta por ciento, mientras que los egresos de capital, importantes “para que se genere más riqueza”, pasaron de US$ 7.832 millones en 2005 a solo US$ 7.975 millones en agosto de 2010, o sea un aumento insignificante de 1,8 por ciento. El Estado debe más de lo que tiene en reservas lo que debería darse a conocer porque se trata de dinero del pueblo o sea de los movimientos sociales, la informalidad, el ejército y la policía, entre otros.

¿Estamos yendo a la deriva en un mar agitado que puede hundir naves incluyendo la del Estado? Sí, y no hay señales de reversión.

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El Día: Bolítica

La Emapa realiza una competencia desleal respecto a las tiendas de abarrotes, al vender productos importados, libre de aranceles y subvencionados. Los abarroteros tienen que buscar alimentos en zonas alejadas para obtener alguna ganancia".

Francisco Figueroa
Pres. conf. nal. gremialistas


Se dice que: La intervención estatal en la economía genera desabastecimiento y problemas que afectan a la tranquilidad de la población".


    El Gobierno debería darse cuenta de que el Estado no resuelve problemas de abastecimiento. La inestabilidad se debe a la presencia del Estado en la elaboración o la venta de alimentos, y advirtió con la experiencia de la hiperinflación de la UDP".

Samuel Doria Medina
Jefe nal. de un

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El Día: No Mentirás

Bajo el Penoco.

¿Qué hacía un tipo como Carlos Núñez del Prado en un alto cargo de la Defensoría del Pueblo? Supongamos que Rolando Villena no conocía sus antecedentes en el Ministerio de Gobierno y de sus enredos con “El Viejo”, y que le dio trabajo de buena fe. En ese caso, se podría haber tratado de una suerte de infiltrado, alguien con la misión de husmear e informar sobre las andanzas del Defensor o tal vez influir en él, algo que explica la orientación de esta entidad, para la cual, los derechos humanos sólo valen para una parte de los bolivianos. Podríamos suponer también que Villena recibió una llamadita desde “arriba” pidiéndole que le haga espacio a Núñez del Prado, el hombre que le pagó los viáticos a un prófugo de la justicia y ex testigo clave del caso Rózsa. Cualquiera sea la explicación, el defensorcito, con su cara de humilde pastor de Iglesia ya no puede alegar inocencia, pues acaba de comprobarse que mintió cuando le preguntaron por Núñez del Prado. Primero, dijo que había renunciado hace un mes y luego dijo que desapareció ni bien se divulgó el famoso video de los 31.500 dólares. Menos mal que ahora ya no hay duda sobre la calaña del Defensor.

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El Día: Presupuesto perverso

Amenos que el satélite Túpac Katari, de casi 300 millones de dólares, sea consignado en el sector de “educación” y que el avión de 38 millones de dólares del presidente Morales figure en el rubro “turismo”, el presupuesto del Gobierno Nacional del 2011 refleja la misma tendencia perversa en la administración de los recursos públicos, que convierte a Bolivia en un país estructuralmente fracasado, con una deuda social impagable y condenado a arrastrar los mismos viejos problemas de por vida.

Un país con una democracia inestable y de gran debilidad institucional, siempre ha requerido un abultado presupuesto para defensa y seguridad interna, eso nadie lo duda y efectivamente ha sido una constante en todos los gobiernos. Lo que no se explica es que con la llegada de Evo Morales al poder, que supuestamente implicaría un periodo de estabilidad política, las asignaciones para mantener cuarteles, soldados y equipamiento bélico se hayan incrementado en un 64 por ciento, lo que ha disparado los gastos en un 123 por ciento en la última década.

Los gastos en Defensa de los últimos años representan el 26 por ciento del total asignado a los ministerios y reflejan perfectamente el derroche en el que ha incurrido el régimen de Evo Morales, quien inexplicablemente se ha sumado a la carrera armamentista que encabeza en la región su colega venezolano, Hugo Chávez. La compra de armamento y la desmedida concentración de recursos para remozar instalaciones militares, contrastan con la extrema pobreza que aún agobia al 70 por ciento de la población boliviana.

El presupuesto militar, de alrededor de dos mil millones de bolivianos es apenas superior a los gastos del Ministerio de Gobierno, algo que refleja muy bien la orientación de este régimen, concentrado casi en su totalidad en tareas políticas y represivas y descuidado de los compromisos sociales históricos del país. Los cuatro mil millones de ambas carteras, representan seis veces más de lo que se invierte en salud y 17 veces de lo que se asigna a la educación; incluso es cuatro veces mayor de lo que asigna a la construcción de obras públicas. Lo peor de todo es que mientras los gastos militares han ido aumentando, como se ha observado líneas arriba, el presupuesto educativo muestra una disminución del 15 por ciento en la última década y todavía no pasa del tres por ciento del total de la inversión del Estado, hecho que tiende a consolidar la situación de atraso del país, según los estándares internacionales. Las naciones que han llegado a salir de la postergación y la pobreza, lo han logrado invirtiendo el 15 por ciento de sus fondos en educación. Así de lejos estamos.

Ninguna de las explicaciones que brindan los representantes del Estado Plurinacional son convincentes. Su orientación y la falta de compromiso social, los convierte en detentadores del continuismo, en élites que gobiernan de espaldas a las necesidades de la gente, en políticos carentes de iniciativa y de valentía para enfrentar los verdaderos cambios que necesita Bolivia. Esta conducta, sumada a la ineficiencia, la corrupción y la insistencia en dogmas económicos muertos, condena a Bolivia a repetir su triste historia por mucho tiempo más.
 

El presupuesto militar, de alrededor de Bs 2 mil millones es apenas superior a los gastos del Ministerio de Gobierno, algo que refleja la orientación de este régimen, concentrado casi en su totalidad en tareas políticas y represivas y descuidando los compromisos sociales históricos del país. El presupuesto de ambas carteras es 6 veces más de lo invertido en salud y 17 veces de la educación.

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Los Tiempos: UN VIDEO COMPROMETEDOR

Dados los antecedentes del caso conviene, como sugirió Los Tiempos desde que el caso se inició, que se invite a una comisión internacional especializada

La difusión de un video en el que aparece un importante cuadro del MAS -exmilitante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que habría recibido entrenamiento militar en Cuba, exfuncionario del Ministerio de Gobierno y hasta la difusión de ese material, importante autoridad de la Defensoría del Pueblo– entregando dinero a un testigo (luego imputado) del hasta ahora no resuelto caso Rózsa, insinuándole, además, abandonar el país, ha puesto en un serio aprieto al Gobierno y al Ministerio Público.

La reacción de las autoridades -como ya nos tiene acostumbrados– ha sido culpar a otros por la difusión de ese material, emitir una serie de declaraciones intentado amedrentar a periodistas y a dirigentes cruceños y, a través del fiscal general, convocar al conductor del programa de televisión en el que se difundió originalmente el video para que denuncie a quien le proveyó ese material, olvidando que la Ley de Imprenta garantiza el secreto de la fuente.

Peor aún, algunas autoridades han afirmado que la difusión de este material sólo estaría destinada a paralizar las investigaciones del caso Rósza, cuando este material ha salido de las mismas entrañas del Gobierno. Además, este caso tiene dos vertientes separadas. Una, la existencia de ese grupo presumiblemente mercenario cuyos principales dirigentes fueron ejecutados en un Hotel de Santa Cruz en el que -qué casualidad– se alojaban funcionarios venezolanos y en el que poco antes pernoctó una importante autoridad del Ministerio de Gobierno. La otra, la infiltración que ese grupo hizo en algunos círculos de dirigentes cruceños.

De ahí que, por un lado, quién contactó a esa gente, quién la trajo, quién le dio cobertura y cómo murió son dudas que se deben aclarar. Por el otro, el fiscal encargado de la causa, que tiene, por lo demás, un buen manejo mediático, ha asegurado haber avanzado bastante en sus indagaciones (de hecho se ha convertido en un funcionario al que se le teme por su poco apego a la ley y el respaldo que tiene de parte de las autoridades) y es de esperar que termine de una buena vez su labor y se atreva a impulsar el proceso judicial correspondiente.

Además, la divulgación de este video da cuenta de otro fenómeno: Confirma que dentro del Gobierno y el MAS hay corrientes en plena confrontación, y en esta pelea toda arma es útil al punto de difundir un material que no sólo afecta a los directamente involucrados sino a toda la gestión gubernamental.

Dados estos antecedentes cada vez más escabrosos, es preciso que el Gobierno adopte decisiones trasparentes en beneficio de su propia imagen y la del país. Una de ellas sería, como sugirió Los Tiempos cuando se develó el caso Rózsa, que el Órgano Ejecutivo invite a una comisión internacional especializada e imparcial para investigar todos antecedentes y los pormenores de este caso. Esto es más necesario ahora, porque, definitivamente, tanto el Ministerio Público como los organismos se seguridad del Estado han perdido toda legitimidad para continuar con las pesquisas correspondientes.

Si no se procede de esta manera, se ahondarán las dudas y las susceptibilidades, peor aún si la lucha interna devela otros documentos tan o más comprometedores.

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El Deber: Dudas sobre el caso Rózsa

La revelación de un incómodo detalle referido a uno de los personajes del caso Rózsa, que el Gobierno nacional llama de “terrorismo y separatismo”, deja demasiados interrogantes que sería preciso` tratar con mucha responsabilidad.

Uno de los investigados en este caso, Ignacio Villa Vargas, alias El Viejo, vinculado al grupo del boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores, fue enviado fuera del país por un funcionario público que le pagó 31.500 dólares para que no vuelva, según se observa en una grabación que se filtró a los medios audiovisuales.

El personaje en cuestión no fue una ‘pieza clave’ en la investigación, dice ahora el Gobierno, sino uno más de los investigados. Pero sus declaraciones sirvieron para que el fiscal Marcelo Soza, de La Paz, encargado de un caso acaecido en Santa Cruz, iniciara una investigación que  terminó involucrando a decenas de ciudadanos.

Las reacciones de funcionarios del Gobierno han sido numerosas; incluso el presidente Evo Morales se refirió a la grabación diciendo que había que investigar, mientras el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que todo era una tramoya para debilitar la investigación sobre “separatismo”. También el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, se refirió al tema en los términos del Vicepresidente, pero precisando que la investigación debe culminar en vista de que así se podrá castigar a quienes pretendieron dividir Bolivia.

La conmoción política causada  por la grabación coincidió con la noticia de que el gobierno de Brasil concedía refugio político al juez Luis Tapia Pachi, quien huyó de Bolivia cuando el gobierno de Morales le estaba iniciando un juicio por prevaricato a raíz de que él se había declarado competente para procesar el caso Rózsa en Santa Cruz.

Se trata de la última evidencia de que el caso Rózsa está perjudicando la imagen del Gobierno masista en el exterior. Las primeras evidencias de ese efecto fueron los pronunciamientos de los gobiernos de Hungría e Irlanda sobre la necesidad de que  se realice una investigación completa e imparcial sobre lo que ocurrió en el hotel Las Américas de Santa Cruz el 16 de abril de 2009, cuando murieron Rózsa, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer.

Hay demasiados hilos sueltos en este caso. Hay el caso de un policía que participó en el grupo, al igual que la denuncia de que Rózsa llegó a Bolivia con un pasaje pagado por la embajada de Venezuela y las dudas sobre las circunstancias del asalto policial al hotel.

La denuncia de ahora, según la cual existe margen para sospechar que el Gobierno sobornó a “El Viejo” por supuestos servicios prestados y le pidió que desapareciera, viene a poner en duda todo el caso. Si el Gobierno, como dicen los voceros de la oposición, manejó uno de los testigos, ¿quién garantiza que no haya manejado a otras personas más y que todo haya sido un montaje?.

En el Parlamento se ha planteado la necesidad de que todo el caso Rózsa sea anulado. Sería más conveniente someterlo a una verdadera investigación. La  imagen del país se perjudica con estos escándalos cuyas repercusiones comienzan a cruzar las fronteras.

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Cambio: La derecha conspira y se protege

El suspendido gobernador de Tarija, Mario Cossío, engrosó ayer la larga lista de políticos bolivianos que en los últimos años fueron beneficiados con asilo político en países como Estados Unidos, Perú, Brasil y ahora Paraguay, bajo el argumento de que son "perseguidos políticos" del gobierno del presidente Evo Morales Ayma, pese a que en realidad se trata de personas que tienen cuentas pendientes con la justicia boliviana.

Esa larga lista de políticos bolivianos acusados por la comisión de una serie de delitos comunes y que hallaron refugio en los países mencionados tiene un denominador común: pesaron más el interés y las vinculaciones políticas con los ahora prófugos que la acción legal orientada a la aplicación de justicia.

En este contexto, la Conare del Paraguay concedió ayer refugio político a Cossío al considerarlo un "perseguido político", a pesar de que enfrenta cargos de corrupción. "La Conare tomó la decisión por unanimidad, por fundados temores de persecución política" en Bolivia, expresó la senadora del partido Liberal oficialista Zulma Gómez, integrante del organismo.

"La resolución de la Conare bajo ningún sentido puede afectar las relaciones entre los gobiernos del presidente Fernando Lugo y de Evo Morales", dijo, por su parte, el ministro de Obras Públicas, Efraín Alegre, precandidato presidencial por el Partido Liberal, que encabeza la coalición que apoya al presidente Fernando Lugo. Según la senadora Gómez, el refugio concedido impedirá que el suspendido gobernador sea extraditado a Bolivia para ser juzgado por presuntos hechos de corrupción.

Es más, el beneficiario de la decisión de la Conare, tras conocer el fallo pronunciado por "unanimidad", señaló que su "salida de Bolivia por razones políticas ha dejado en evidencia la fragilidad de la democracia boliviana", e insistió en que le "fabricaron" un proceso penal para perseguirlo. "No hay ninguna causa de denuncia de corrupción, hay un artificio para la persecución", sostuvo Cossío.

Sin embargo, en la Corte Superior de Distrito de Tarija cursan ocho procesos penales en contra del suspendido gobernador de ese departamento —lo confirmó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge von Borries— y al menos una docena de acusaciones se tramitan ante el Ministerio Público por corrupción en el desempeño de sus funciones, desde cuando fungía como prefecto (2006-2010).

Es decir, el banal argumento de la derecha boliviana y paraguaya de que Cossío "es un perseguido político" no halla base de sustento legal, menos moral, porque los delitos que presuntamente cometió son comunes y nada tienen que ver con su posición política e ideológica vinculada a la corriente más ultraconservadora que en Bolivia lideraba otro prófugo de la justicia: Sánchez de Lozada, principal responsable de la masacre de 67 bolivianos entre septiembre y octubre de 2003, además de medio millar de heridos que hoy sufren las secuelas de la barbarie criminal dirigida desde el Palacio de Gobierno.

Es que el gonismo no cayó tras la revuelta popular de hace casi ocho años, sino que se recicló inmediatamente en su expresión mediática que confundió al pueblo sublevado. El sucesor de Sánchez de Lozada prometió justicia, no venganza, pero nunca cumplió; al contrario, posibilitó la rearticulación gonista en el oriente y sur del país, y el fortalecimiento de lo que el neofascismo denominó ‘media luna’.

Es en este contexto, tras la asunción al poder del presidente Evo Morales, el gonismo puso en marcha un tenebroso plan para dividir Bolivia que incluía el golpe de Estado, el magnicidio del Presidente, la guerra civil, el terrorismo separatista, y bañar en sangre al pueblo para conseguir sus objetivos.

Y mientras la estrategia separatista marchaba, los prefectos departamentales de la ‘media luna’ administraban los recursos regionales a su libre albedrío, sin ningún tipo de fiscalización, porque tanta era su seguridad de que derrocarían al gobierno legalmente constituido y alcanzarían sus objetivos que nunca se imaginaron que la fortaleza de la democracia haría abortar sus planes secesionistas y que más temprano que tarde rendirían cuentas ante la justicia boliviana.

Es en ese contexto que Mario Cossío administró —como si fueran suyos— millonarios recursos de todos los tarijeños. Y en la ofuscación del poder que detentaba incurrió en una serie de delitos penales, cuyos indicios y pruebas fueron descubiertos por las investigaciones del Ministerio Público. Con ese material, fruto de las pesquisas, el fiscal Gilbert Muñoz lo acusó formalmente por la comisión de los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, tipificados y sancionados por los artículos 224 y 154 del Código Penal boliviano.

Éstos son los hechos que ninguna decisión de otorgar asilo político a personas acusadas de delitos comunes podrá borrar de la memoria colectiva de los bolivianos, pese a las expresiones de alegría —por el refugio paraguayo que beneficia a Cossío— que ayer expresaron varios gonistas, hoy parapetados en comités cívicos y en organizaciones políticas que nunca aceptaron el proceso de cambios estructurales que recorre los caminos de la patria.

Es por eso que el discurso opositor de que en Bolivia "gobierna una dictadura y no hay justicia", y que "Paraguay dio una lección de democracia", cae en el cajón de la ignominia porque son mentiras que no impedirán que, más temprano que tarde el gobernador de marras rinda cuentas a la justicia boliviana, no a la paraguaya, por 49 millones de dólares que, según las pruebas, estafó al pueblo tarijeño.

La mentira de que Cossío es un "perseguido político" no impedirá que, más temprano que tarde, el gobernador de marras rinda cuentas a la justicia boliviana —no a la paraguaya— por 49 millones de dólares que, según las pruebas del Ministerio Público, estafó al pueblo tarijeño.

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La Prensa: Advertencia preocupante

En Bolivia, además de los factores que complican la situación, se debe mencionar la vigencia de políticas que desalientan la producción?

Los organismos internacionales están advirtiendo sobre la inminencia de un grave déficit alimentario en el mundo como resultado de la combinación de diversos factores, comenzando por el incremento de la demanda.

Los gobiernos deberán tomar previsiones más inteligentes para enfrentar esta situación, poniendo énfasis en medidas que lleven a mejorar la producción de alimentos, lo que implica que deberán descartar todas aquellas que perjudiquen al sector productivo.

Los problemas climáticos que se han presentado en diferentes regiones del mundo han hecho que crezcan los precios de los alimentos esenciales, como el maíz y el trigo. Las estadísticas de los organismos internacionales señalan que los países más eficientes en la producción de alimentos podrían no dar abasto a toda la demanda.

Los agricultores de Estados Unidos, que son responsables de la mitad de todo el maíz y un tercio de la soya que se exportan en el mundo, están preparándose para una siembra nunca vista, pero está claro que no se puede confiar en la producción de un solo país.

Mientras Rusia y China enfrentan problemas de producción creados por el mal tiempo, otros países productores han reducido sus expectativas para las próximas cosechas debido a dificultades referidas a las políticas económicas que aplican sus gobernantes. En nuestra región las cosas no están mucho mejor. La capacidad argentina de participar en la provisión de alimentos se ha reducido al mínimo como resultado de una mortal combinación de factores negativos: medidas que desalientan las exportaciones y un devastador efecto de La Niña.

Venezuela, que hasta hace poco participaba en algunas exportaciones, como es el caso del café, se ha convertido en un país que importa el 80% de los alimentos que consume, con la perspectiva de que ese porcentaje aumente. En efecto, los últimos decretos del presidente Hugo Chávez contra los productores de la región del Zulia podrían acabar con la poca producción interna de granos y de carne que queda.

El caso venezolano sirve para ilustrar otra faceta de esta situación. Es un país que sólo exporta petróleo, pero los precios de los alimentos que importa suben más rápido que el precio del crudo. Esto pone a ese país en la urgencia de prestar atención a su sector productor de alimentos. Y obliga a sus gobernantes a desechar la tesis de que la única ?vocación? de Venezuela es la producción de petróleo.

En Bolivia, entretanto, se dan todos los factores mencionados respecto de otros países, pero otros más que complican la situación. Está el caso de la excesiva dependencia de la exportación de materias primas, pero también se debe mencionar la vigencia de políticas que desalientan la producción, ya sea con caprichosas prohibiciones de las exportaciones como con amenazas contra la propiedad de la tierra. Importar azúcar, importar GLP, diésel y gasolina, importar papa y frutas, porque la producción nacional ha bajado, pone al país en la perspectiva de vivir de la venta de las materias primas, si no fuera que también ese sector está en crisis.

Bolivia es un catálogo de situaciones negativas para la producción de alimentos. Alguien debería mirar este panorama con la intención de dar soluciones, no nuevos problemas, que son lo único que sobra.

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El Diario: Un reglamento para ser impuesto por la fuerza

El Gobierno, persistente e incansable en su ambición de controlar a los medios de comunicación social, mantener prevenidos a los periodistas y hasta poder cerrar algunos medios, tal vez con la intención de hacerlos portavoces del régimen, aprobó el reglamento de la Ley antirracista y antidiscriminación, cuyos artículos 16 y 23 son totalmente contrarios a la libertad de expresión o, más concretamente, baldones contra la prensa, la radio, la televisión y los periodistas.

Pero hay una verdad que es preciso tomar en cuenta: la libertad de expresión -derecho de todos los habitantes, sin distinción alguna- deriva de la libertad de pensamiento que es intocable, irrenunciable, inregulable, imbatible y contraria a toda imposición de la fuerza porque es la libertad que tiene el ser humano en su mismo espíritu, en su forma de ser y sentir a su propia vida y es de ahí que la libertad de expresión sólo puede cumplir el mandato del pensamiento.

Quienes buscan regular o violentar la libertad de los periodistas han equivocado los caminos al intentar, por la fuerza, imponer reglas que será imposible cumplir mientras se tenga conciencia de bien, sentido de país y vocación de servicio; además, quienes ejercen la libertad de expresión lo hacen sólo basados en la responsabilidad, la honestidad y respeto a la verdad. ¿Tendrán que tergiversar su propio pensamiento tan sólo por cumplir con un reglamento? ¿Será este instrumento lo suficientemente poderoso para imponer miedo, pánico, terror y otros sentimientos negativos a quienes emiten opinión, criterios y pensamientos sobre cualquier situación que se produce en el país, sea en los ámbitos políticos, sociales, económicos, culturales, etc.?

Es lamentable creer que se tiene todo el poder cuando se ejerce un poder; en este caso, el haber logrado, mediante procesos electorales y el voto ciudadano, cargos que, por esa mayoría de votos, tienen el respaldo y la consideración del pueblo. Muchas veces, pues, lo que más amamos -en este caso la libertad con lo que implica la democracia- resulta contraproducente contra sí mismos. En otras palabras, por respetar lo institucionalmente aceptado, se debería acatar lo hecho a la fuerza e impuesto porque estaría conforme a la Ley de Leyes.

El reglamento del Gobierno resulta, en las actuales circunstancias, dando poderes absolutos a quienes vayan a aplicarlo. Cabe preguntar: ¿habrá la suficiente moral y conciencia para juzgar los casos puestos a consideración y decisión de su juicio? ¿Será posible que en esos juicios haya equidad, ecuanimidad para lograr algo de justicia? ¿Estarán munidos de los valores necesarios quienes juzguen a los medios y a los periodistas?

Por otra parte, es importante responder a una verdad: ¿creerá la comunidad a medios que sabe están controlados, censurados y obligados a publicar sólo lo que convenga a las autoridades y al partido de gobierno? ¿Se podrá creer que los medios y periodistas siguen mereciendo la confianza y fe de las que hoy disponen? Para el propio Gobierno, ¿hasta qué punto será conveniente la información y la opinión, la guía y la orientación controladas, sometidas a censura y que, en última instancia, son productos del temor a las consecuencias de ser juzgados mal, aun sabiendo que se obró correctamente? Hay, pues, preguntas que el propio Gobierno debería responder.

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El Mundo: Revelador

Una de las armas de batalla que el Gobierno utilizó en la última temporada con relativo éxito, acaba de mostrar una faceta inesperada que resulta aportando pasajes reveladores, sobre la intervención de la autoridades en el mencionado tema.

Uno de los momentos más importantes de lo que se convirtió en una novela de terror, se fue desarrollando a media que “El Viejo” comenzó a dar los nombres de los presuntos cómplices en la conjura que según se dijo, pretendía dar fin con la vida del Presidente del Estado Plurinacional.

La persona central de la obra era el Fiscal Soza que cada vez que abría la boca, implicaba a nuevos personajes, en especial de la región oriental, calificada como opositora al Gobierno y ente los factores determinantes para esta persecución, estaban precisamente las declaraciones del personaje que recibió el calificativo del testigo clave.

Como se recordará, las únicas personas que podrían haber dado luces sobre este tema, eran las tres que murieron en un hotel de Santa Cruz, sobre quienes se afirmaba que habían ofrecido resistencia, pero que las imágenes del hecho permitían una interpretación diferente.

El último capítulo que se presentó, ampliamente difundido por casi todos los medios de comunicación, consiste en un video en el cual, el nombrado testigo clave recibe de manos de un personero del Gobierno, una entrega de dinero, con el encargo de desaparecer del panorama informativo.

Este hecho muestra con claridad la participación de personeros del gobierno en el desarrollo de la trama, de la cual el Fiscal resulta ser solo un instrumento, cuya labor venía dirigida desde niveles superiores.

Identificado el autor de la entrega del dinero, éste decidió desparecer, presentando una renuncia ante el Defensor del Pueblo, de cuya autoridad dependía últimamente, aunque cuando se cumplió la entrega, era funcionario del Ministerio de Gobierno.

Como no podía ser de otra manera, las autoridades han determinado una severa investigación sobre la aparición del video, mientras otras directamente involucradas, han asegurado que desconocían el tema, especialmente el ministro del cual dependía el funcionario, en el momento de los hechos y el actual Ministro de Gobierno que asegura que ese personaje no se encuentra en los registros del Ministerio.

Mientras esos hechos matizan el panorama político que ha caracterizado el desempeño de las autoridades desde su llegada al poder, el económico tiende a mostrar una imagen cada vez mas critica y las medidas que se adoptan para corregirlo no parecen las más apropiadas.

Algunos factores aislados, como el crecimiento en un porcentaje mínimo, favorecen el desempeño de las autoridades, pero muchos otros, como la elevación de precios en el mercado ante la escasez de alimentos, el contrabando, la diferencia en el costo de los combustibles con los países vecinos, las subvenciones, la baja de las reservas de hidrocarburos y otros hechos, muestran a la economía nacional como un aspecto que deber ser visto con seriedad, para evitar que se convierta en un factor inflacionario, fenómeno sobre el cual el país ya tiene una experiencia digna de ser recordada.

Sería importante que las autoridades dejen de lado los elementos de distracción para el pueblo y se pongan a corregir situaciones que puedan mejorar la economía del país y por consiguiente de los ciudadanos, aprovechando y estimulando a quienes tiene la posibilidad de poner en marcha un proceso productivo efectivo a pesar de que muy pocas veces contaron con el apoyo necesario.

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Opinión:

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Clarín, Argentina: Incertidumbre sobre la inflación

La intervención del INDEC y la manipulación de las estadísticas de precios profundiza en forma creciente la incertidumbre sobre la inflación real y sobre las variables asociadas, como el salario real o la pobreza.

Según la última información del INDEC, el aumento de precios al consumidor del año pasado fue del 10,9%, la mitad de la que señalan los organismos estadísticos provinciales que evalúan la evolución de los precios en sus jurisdicciones, la que elaboran las consultoras privadas y, también, incluso, la que toma como referencia el sindicalismo oficialista.

Hasta los meses previos a la intervención del INDEC, en 2007, los indicadores provinciales y los privados avanzaban con discrepancias pero en la misma senda del Indice de Precios al Consumidor nacional, pero a partir de ese momento, se produce una creciente discrepancia entre los números del INDEC y el resto. Esta situación dificulta el cálculo económico privado y público sobre las variables más relevantes para la toma de decisiones e impide conocer aspectos cruciales de la situación social. Por ejemplo, si, en lugar del índice oficial, se toman en cuenta indicadores privados o provinciales, o las cifras utilizadas por los sindicatos en sus negociaciones salariales, el número de pobres y la tasa de pobreza duplican al admitido por el Gobierno.

A medida que se prolonga la distorsión de los índices estos problemas se agravan y se hace más difícil la corrección del índice existente. En estas condiciones, el Indice actual, en algún momento deberá ser abandonado y suplantado por otro que refleje la realidad, lo cual creará un problema en el ajuste de series históricas de estadísticas.

Mientras tanto, el Gobierno sigue aplicando medidas fiscales y monetarias expansivas, como si la inflación real fuera la proclamada por el INDEC, estimulando la tendencia inflacionaria en curso, con graves consecuencias para los ingresos más bajos y para la predictibilidad y estabilidad de la economía en general.

La manipulación de las estadísticas de precios del INDEC genera incertidumbre sobre el nivel real de inflación y la situación de aspectos importantes de la economía y la sociedad.

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